Son horas de extrema cautela y hermetismo comunicacional en el Gobierno. El trascendido publicado por Infobae sobre la filtración de datos sensibles de la estrategia judicial de la Procuración del Tesoro sobre la causa de YPF tuvo un correlato con cambios en la estructura de este organismo y una purga de 60 funcionarios, los cuales se implementaron hoy a través de un decreto simple.

Ayer por la tarde, fuentes oficiales de la Casa Rosada revelaban que el área que aglomera a los abogados del Estado iba a sufrir cambios que, en parte, se producían por la sospecha de venta de información de empleados de la misma a los litigantes que se enfrenta el Estado Nacional en los tribunales de Nueva York por la estatización de YPF.

“El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares, y creemos que hubo venta de información», afirmó una fuente inobjetable. En horas posteriores, la Procuración del Tesoro comunicaba informalmente que este jueves saldría un decreto con cambios estructurales en el Boletín Oficial, los cuales vendrían acompañados con la desvinculación de 60 empleados.

El anuncio se adelantó unos días de lo que estaba previsto, ya que se preveía que mañana fuera el día en el que se informaran los cambios.

Toda la comunicación del Gobierno sobre este aspecto se centralizó en la Casa Rosada. “El hermetismo es total”, dijeron ahí adentro. Los canales se cerraron tanto en la Procuración del Tesoro como en el Ministerio de Justicia, el área del que depende el organismo que lleva los servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional, tanto en litigios al interior del país como en el exterior.

Dada la sensibilidad del caso, el Gobierno no detallará -al menos no en el corto plazo- qué información se podría haber filtrado, cómo se podría haber producido, cómo se enteraron del asunto y quiénes serían los principales beneficiarios, aunque en algunos despachos oficiales se daba a entender que podían ser los mismos integrantes del fondo Burford, que tiene contratado como principal operador al ex-HSBC, Gerardo “Gerry” Mato.

Lo que sí se supo es que hay un proceso de investigación interna sobre este escándalo interno. “Las filtraciones están siendo investigadas, eso te lo puedo asegurar. Pero por el momento no se van a realizar declaraciones”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

Una altísima fuente del Gobierno comentó a este medio que son varias las posibilidades de auditorías que se pueden hacer sobre la Procuración. “Pueden ser a través de mecanismos al interior del organismo o con áreas externas. A través de organismos y medios de controles establecidos”, se limitó a responder, sin dejar a entrever cómo se está procediendo.

Un área competente es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal, y que está a cargo de Sergio Rodríguez. Se trata de un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, como podría ser el caso de la Procuración del Tesoro de la Nación.

La PTN también tiene mecanismos internos, pero estos fueron modificados en el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el cual también produjo disoluciones y cambios de denominaciones en unidades internas.

Los cambios en el organigrama de un organismo público no son cuestiones que puedan resolverse en cuestión de horas o de días, sino que llevan semanas o incluso meses.

Esto indica que la salida del anterior Procurador, Rodolfo Barra, y la llegada del nuevo, Santiago Castro Videla, podría haber disparado la motivación de realizar cambios en la estructura, en línea con la consigna de reducción de áreas dentro del Estado que pregona tanto el Presidente como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En rigor, esta área tuvo mucho que ver con los cambios implementados.

Al darse a conocer la noticia de las filtraciones, el Gobierno ya tenía preparado un anuncio de que se había desvinculado a más de 60 empleados. El último informe de Dotación elaborado por el INDEC detalla que hasta junio había 242 empleados, de los cuales 210 estaban bajo convenio, 3 por fuera y 29 por otros regímenes. De no variar, la cifra aproximada de empleados después de esta purga interna debería ser de 180.

En un comunicado interno, desde la Procuración indicaron que se redujeron de seis a cuatro Direcciones Nacionales y que disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, pero no detalles específicos sobre qué áreas se modificaron.

De la comparación del decreto publicado hoy y el último cambio administrativo que sufrió la Procuración (la Decisión Administrativa 1236/2018) se desprenden tres modificaciones:

• La Dirección Nacional de Auditoría y la de Sumarios e Investigaciones Administrativas se fusionaron en una sola: la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría.

Quien presidía la Dirección de Auditoría era Leandro Chillier, designado en 2017 durante la gestión del procurador Bernardo Saravia Frías, así como su subdirector José Alberto García. La de Sumarios e Investigaciones Administrativas era presidida por Héctor Fassi, asumido durante la titularidad de Rodolfo Barra, al igual que su segunda, María Alejandra Galatro.

Infobae consultó sobre si algunos de los funcionarios seguían en la gestión, pero el hermetismo que guarda la Procuración es tal que comunicaron que no se informará hasta que las nuevas designaciones se publiquen en el Boletín Oficial.

• La coordinación de Recursos Humanos ahora se llama Coordinación de Desarrollo Humano; y la de Gestión Informática pasó a denominarse de Tecnología y Soporte.

Los titulares de ambas áreas se designaron mediante resoluciones administrativas el año pasado durante la gestión de Barra. En la primera estaba Claudia Jara, mientras que en la segunda figura Matías Pereira. Tampoco se detalla si ambos continúan en sus cargos.

• La Dirección Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado pasó a ser una coordinación (dos escalafones menos en términos jerárquicos) llamada del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).

La anterior dirección era presidida por María Cecilia Recalde y su segundo Ezequiel Abásolo, ambos designados al comienzo de la gestión de Barra en 2024. La Procuración tampoco quiso adelantar el futuro de estas conducciones.

La estructura de empleados de la Procuración contiene capas geológicas de diferentes administraciones, aunque en el Gobierno no posan la sospecha sobre empleados de ninguna gestión en particular, al menos no por ahora. Eso sí: la mayoría de la cúpula de gestión del organismo había sido designada por Rodolfo Barra, aunque Castro Videla les renovó las designaciones en prácticamente todos los casos, ya que eran designaciones provisorias que deben renovarse cada 180 días.

En diciembre del año pasado, la Procuración había terminado de elaborar sus Políticas de Seguridad de la Información (PSI). “Están destinadas a garantizar la protección de la información institucional y la continuidad de los procesos del organismo. Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Además, busca promover una cultura de prevención y responsabilidad entre sus integrantes”, afirmaba el comunicado en ese entonces.

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