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Filtración de YPF: cómo es la investigación interna que inició el Gobierno y los 3 cambios clave que se hicieron en la Procuración

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Son horas de extrema cautela y hermetismo comunicacional en el Gobierno. El trascendido publicado por Infobae sobre la filtración de datos sensibles de la estrategia judicial de la Procuración del Tesoro sobre la causa de YPF tuvo un correlato con cambios en la estructura de este organismo y una purga de 60 funcionarios, los cuales se implementaron hoy a través de un decreto simple.

Ayer por la tarde, fuentes oficiales de la Casa Rosada revelaban que el área que aglomera a los abogados del Estado iba a sufrir cambios que, en parte, se producían por la sospecha de venta de información de empleados de la misma a los litigantes que se enfrenta el Estado Nacional en los tribunales de Nueva York por la estatización de YPF.

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“El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares, y creemos que hubo venta de información», afirmó una fuente inobjetable. En horas posteriores, la Procuración del Tesoro comunicaba informalmente que este jueves saldría un decreto con cambios estructurales en el Boletín Oficial, los cuales vendrían acompañados con la desvinculación de 60 empleados.

El anuncio se adelantó unos días de lo que estaba previsto, ya que se preveía que mañana fuera el día en el que se informaran los cambios.

Toda la comunicación del Gobierno sobre este aspecto se centralizó en la Casa Rosada. “El hermetismo es total”, dijeron ahí adentro. Los canales se cerraron tanto en la Procuración del Tesoro como en el Ministerio de Justicia, el área del que depende el organismo que lleva los servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional, tanto en litigios al interior del país como en el exterior.

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El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla

Dada la sensibilidad del caso, el Gobierno no detallará -al menos no en el corto plazo- qué información se podría haber filtrado, cómo se podría haber producido, cómo se enteraron del asunto y quiénes serían los principales beneficiarios, aunque en algunos despachos oficiales se daba a entender que podían ser los mismos integrantes del fondo Burford, que tiene contratado como principal operador al ex-HSBC, Gerardo “Gerry” Mato.

Lo que sí se supo es que hay un proceso de investigación interna sobre este escándalo interno. “Las filtraciones están siendo investigadas, eso te lo puedo asegurar. Pero por el momento no se van a realizar declaraciones”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

Una altísima fuente del Gobierno comentó a este medio que son varias las posibilidades de auditorías que se pueden hacer sobre la Procuración. “Pueden ser a través de mecanismos al interior del organismo o con áreas externas. A través de organismos y medios de controles establecidos”, se limitó a responder, sin dejar a entrever cómo se está procediendo.

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Un área competente es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal, y que está a cargo de Sergio Rodríguez. Se trata de un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, como podría ser el caso de la Procuración del Tesoro de la Nación.

La PTN también tiene mecanismos internos, pero estos fueron modificados en el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el cual también produjo disoluciones y cambios de denominaciones en unidades internas.

Los cambios en el organigrama de un organismo público no son cuestiones que puedan resolverse en cuestión de horas o de días, sino que llevan semanas o incluso meses.

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Esto indica que la salida del anterior Procurador, Rodolfo Barra, y la llegada del nuevo, Santiago Castro Videla, podría haber disparado la motivación de realizar cambios en la estructura, en línea con la consigna de reducción de áreas dentro del Estado que pregona tanto el Presidente como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En rigor, esta área tuvo mucho que ver con los cambios implementados.

Al darse a conocer la noticia de las filtraciones, el Gobierno ya tenía preparado un anuncio de que se había desvinculado a más de 60 empleados. El último informe de Dotación elaborado por el INDEC detalla que hasta junio había 242 empleados, de los cuales 210 estaban bajo convenio, 3 por fuera y 29 por otros regímenes. De no variar, la cifra aproximada de empleados después de esta purga interna debería ser de 180.

En un comunicado interno, desde la Procuración indicaron que se redujeron de seis a cuatro Direcciones Nacionales y que disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, pero no detalles específicos sobre qué áreas se modificaron.

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De la comparación del decreto publicado hoy y el último cambio administrativo que sufrió la Procuración (la Decisión Administrativa 1236/2018) se desprenden tres modificaciones:

  • La Dirección Nacional de Auditoría y la de Sumarios e Investigaciones Administrativas se fusionaron en una sola: la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría.

Quien presidía la Dirección de Auditoría era Leandro Chillier, designado en 2017 durante la gestión del procurador Bernardo Saravia Frías, así como su subdirector José Alberto García. La de Sumarios e Investigaciones Administrativas era presidida por Héctor Fassi, asumido durante la titularidad de Rodolfo Barra, al igual que su segunda, María Alejandra Galatro.

Parte de la nueva estructura de la Procuración del Tesoro de la Nación

Infobae consultó sobre si algunos de los funcionarios seguían en la gestión, pero el hermetismo que guarda la Procuración es tal que comunicaron que no se informará hasta que las nuevas designaciones se publiquen en el Boletín Oficial.

  • La coordinación de Recursos Humanos ahora se llama Coordinación de Desarrollo Humano; y la de Gestión Informática pasó a denominarse de Tecnología y Soporte.

Los titulares de ambas áreas se designaron mediante resoluciones administrativas el año pasado durante la gestión de Barra. En la primera estaba Claudia Jara, mientras que en la segunda figura Matías Pereira. Tampoco se detalla si ambos continúan en sus cargos.

  • La Dirección Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado pasó a ser una coordinación (dos escalafones menos en términos jerárquicos) llamada del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).

La anterior dirección era presidida por María Cecilia Recalde y su segundo Ezequiel Abásolo, ambos designados al comienzo de la gestión de Barra en 2024. La Procuración tampoco quiso adelantar el futuro de estas conducciones.

La estructura de empleados de la Procuración contiene capas geológicas de diferentes administraciones, aunque en el Gobierno no posan la sospecha sobre empleados de ninguna gestión en particular, al menos no por ahora. Eso sí: la mayoría de la cúpula de gestión del organismo había sido designada por Rodolfo Barra, aunque Castro Videla les renovó las designaciones en prácticamente todos los casos, ya que eran designaciones provisorias que deben renovarse cada 180 días.

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En diciembre del año pasado, la Procuración había terminado de elaborar sus Políticas de Seguridad de la Información (PSI). “Están destinadas a garantizar la protección de la información institucional y la continuidad de los procesos del organismo. Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Además, busca promover una cultura de prevención y responsabilidad entre sus integrantes”, afirmaba el comunicado en ese entonces.

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El embajador de Estados Unidos habló tras el acuerdo comercial con la Argentina: “Nunca estuvimos tan juntos”

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El Gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que llegó a un acuerdo comercial con la Argentina en el que ambos países se comprometieron a cumplir determinados puntos en busca de impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.

En ese sentido, la primera voz de la administración norteamericana en expresarse al respecto fue el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien a través de sus redes sociales escribió un posteo acompañando la comunicación de la Casa Blanca.

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El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”, sostuvo en la red social X.

El mensaje del embajador de Estados Unidos en la Argentina

De acuerdo a lo que se informó, este entendimiento contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave. Se prevé que Argentina obtenga beneficios para sus principales exportaciones a territorio estadounidense, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

En la declaración conjunta, Donald Trump y Javier Milei reiteraron la alianza estratégica entre ambos países, fundada en “valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”. El entendimiento incluye un marco de cooperación para profundizar el comercio y la inversión bilaterales, con el objetivo de fortalecer el vínculo económico, garantizar reglas claras y ampliar las oportunidades para exportadores, empresarios y trabajadores.

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Lamelas se reunió hace días con Javier Milei

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, uno de los ejes principales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles. Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

Estados Unidos, por su parte, eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico, en consonancia con la política de reforma económica del actual gobierno argentino. Asimismo, el aspecto de la seguridad nacional fue considerado en la reducción arancelaria, conforme a la Trade Expansion Act.

Donald Trump y Javier Milei se reunieron semanas atrás en la Casa Blanca

Uno por uno, cuáles son los puntos del acuerdo

  1. Aranceles: Ambos países abrirán sus mercados a productos clave. Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas. En reconocimiento a la agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en coherencia con el cumplimiento de los requisitos relevantes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas. Además, EE.UU. podría considerar favorablemente el impacto del Acuerdo sobre la seguridad nacional, incluyendo su consideración al tomar medidas comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según la última modificación (19 U.S.C. 1862). Asimismo, ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco para el comercio de carne vacuna.
  2. Eliminación de barreras no arancelarias: Argentina eliminó muchas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluidas licencias de importación, garantizando condiciones más equitativas para el comercio internacional, y con este Acuerdo se compromete a no exigir formalidades consulares para las exportaciones de EE.UU. a Argentina. Además, Argentina eliminará en forma gradual el impuesto estadístico para bienes estadounidenses.
  3. Normas y evaluación de conformidad: Argentina se adapta a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio. Permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan normas aplicables de EE.UU. o internacionales, así como regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación adoptados por EE. UU. o entes internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales, y continuará eliminando barreras no arancelarias en sectores prioritarios. Además, aceptará la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones, así como los certificados y autorizaciones previas de la FDA estadounidense para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
  4. Propiedad intelectual: Argentina actuó contra un mercado regional relevante de productos falsificados y continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital. Además, se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe “Special 301 de 2025” de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., tales como criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales.
  5. Acceso al mercado agrícola: Argentina habilitó su mercado para ganado en pie estadounidense, se comprometió a habilitar el acceso para carne aviar en el plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes. Simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos vacunos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos. Ambos países colaborarán en la eliminación de barreras no arancelarias que afecten al comercio alimentario y agrícola.
  6. Trabajo: Argentina ratificó su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará y aplicará la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales.
  7. Medio ambiente: Argentina asumió el compromiso de tomar medidas adicionales contra la tala ilegal; promover una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos; y cumplir plenamente con las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
  8. Alineamiento en seguridad económica: Argentina profundizará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas ajenas al mercado provenientes de otros países. Ambos países identificarán herramientas para coordinar enfoques sobre controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.
  9. Consideraciones y oportunidades comerciales: Los países colaborarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Además, acordaron trabajar hacia la estabilización del comercio mundial de soja.
  10. Empresas estatales y subsidios: Argentina se comprometió a abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales y a resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
  11. Comercio digital: Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios ni productos digitales de origen estadounidense. También tiene previsto aceptar, según su legislación, las firmas electrónicas válidas bajo la ley de EE.UU.
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Acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina, en vivo: repercusiones del anuncio y las próximas etapas

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El presidente Javier Milei cerró anoche el 12º Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad, con un discurso contundente en el que anunció el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ratificó su posición fuertemente reformista y dejó, ante un recinto repleto de personas, la síntesis de su proyecto económico: desburocratizar, atraer inversiones, bajar impuestos y transferir mayor autonomía a las provincias.

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Argentina se compromete al fortalecimiento de protección de propiedad intelectual reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, armonizándola su régimen en esta materia con las normas internacionales.

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para exportaciones de bienes que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una variada gama de productos agrícolas.

A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Ambos países también se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna.

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El pacto, que ocurre luego de la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, fue gestado entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, y abarca diversos puntos cruciales que aspiran a reconfigurar el panorama económico entre ambas naciones.

El presidente Javier Milei con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas

Argentina y Estados Unidos formalizaron este jueves un acuerdo comercial que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. El anuncio realizado por la Casa Blanca se trata de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

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La nueva CGT se pone en marcha: apuran una reunión clave para debatir sobre la reforma laboral y el encuentro con el Gobierno

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La nueva mesa chica de la CGT tendrá el lunes su primera reunión con un solo punto en la agenda: la reforma laboral. En realidad, se discutirá qué postura adoptarán si el Gobierno los convoca para discutir ese tema antes de que el proyecto de ley se presente en el Congreso para ser debatido en el período de sesiones extraordinarias.

De todas formas, este jueves se produjo un contacto informal entre el nuevo triunvirato de la CGT y el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando se cruzaron en la Conferencia Industrial de la UIA y allí hablaron sobre un encuentro para analizar la reforma laboral. El flamante funcionario incluso les aseguró que el proyecto no contendrá lo que afirman algunas versiones que causan mucha preocupación en el sindicalismo.

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La posibilidad de una convocatoria oficial a la CGT, anticipada por Infobae, multiplicó los llamados entre los sindicalistas para intercambiar opiniones y allí se acordó la realización del encuentro de la mesa chica cegetista, donde se producirá el debut del flamante triunvirato, que integran Jorge Sola (Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Al ser consultado sobre la decisión que tomarán si son invitados a la Casa Rosada, un importante jefe cegetista dijo a Infobae: “Veremos qué sucede. El cómo también es importante. Y el para qué es imprescindible”.

El Consejo de Mayo elabora el proyecto de reforma laboral para ser presentado al Congreso

Una de las ideas que discutirá la CGT, además, es el comienzo de contactos oficiales con los gobernadores para convencerlos de no dar su apoyo en el Congreso a una reforma laboral “antisindical”.

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El dilema para la CGT es que uno de sus máximos dirigentes, Gerardo Martínez (UOCRA), integra el Consejo de Mayo, donde se elabora el proyecto de reforma laboral, aunque hasta ahora, según fuentes oficiales, rechazó la mayoría de las propuestas impulsadas por el Gobierno.

Sin embargo, el propio Martínez dijo: “La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazada por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”.

En una entrevista con Infobae, Jerónimo, uno de los nuevos cotitulares de la CGT, respondió de la siguiente manera si la CGT está dispuesta a negociar la reforma laboral: “Estamos dispuestos no a negociar sino a sentarnos en una mesa-afirmó-. Negociar sería hoy ir ciegamente a discutir algo que están proponiendo ellos. Nosotros también tenemos propuestas».

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Si el Gobierno no flexibiliza su postura y no acepta cambiar artículos de la reforma laboral que irritan a la CGT, la relación entre ambos sectores se encamina a un duro conflicto que incluirá medidas de fuerza sindicales.

Por eso será clave la estrategia que defina la nueva conducción de la CGT, que estrenará un triunvirato y deberá coordinar su funcionamiento con una mesa chica integrada por la vieja guardia sindical: allí estaban hasta ahora Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Sergio Romero (UDA).

La mesa chica de la CGT, en su versión ampliada, se reunió por última vez el 30 de octubre

Sin embargo, algunos de esos dirigentes no fueron invitados al encuentro del lunes próximo y por eso se dieron las primeras señales de tensiones internas ante el malestar de los sindicalistas excluidos.

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Más allá de estos incipientes cortocircuitos, la CGT ya sabe que hay artículos de la reforma laboral que no aceptará, como la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo, que es el principio por el cual esos acuerdos firmados entre empresarios y sindicalistas mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro.

El proyecto oficial mantiene la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos, por ejemplo) se caen al vencimiento del convenio colectivo de trabajo.

Héctor Daer, Hugo Moyano y otros dirigentes de la CGT, a punto de entrar en la Casa Rosada

Otro de los puntos confirmados de la iniciativa, que es considerado un aspecto central de la reforma, es que se priorizarán los acuerdos por empresa, de manera que los convenios de ámbito menor (empresa u regionales) se impondrán sobre los convenios de un ámbito mayor (los de actividad), al revés de lo que estipula hoy la ley.

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Esa propuesta implica la pérdida del poder centralizado de los sindicatos y empodera a las comisiones internas en las empresas al delegarles el poder de negociar y firmar los convenios.

También se incluirá la limitación de las cuotas solidarias, que son el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo.

Para el Gobierno, no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Es la misma idea que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia tras una acción de amparo de la CGT.

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Federico Sturzenegger y Julio Cordero, dos de los impulsores de la reforma laboral

La reforma laboral que impulsa el Gobierno, además, volverá a contemplar la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades, tal como figuraba en el DNU 70 y luego en el decreto 340 (ambos suspendidos por la Justicia), al redefinir el listado de servicios esenciales y fijar mínimos de cobertura: 75% en servicios críticos y 50% en servicios trascendentales.

Otra de las innovaciones del proyecto oficial es la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.

Estas son algunas de las propuestas incluidas hasta ahora en la reforma laboral y en todos los casos seguirán siendo rechazadas de manera tajante por el sindicalismo. A menos que el Gobierno se reúna con la CGT y logre el milagro de que apoye o al menos no frene los cambios.

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