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POLITICA

Final y comienzo de un nuevo ciclo en Vialidad Nacional

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Como parte del proceso de reforma del Estado conducido por el ministro Federico Sturzenegger, se han anticipado anuncios de importantes cambios en el rol del gobierno en la construcción, el mantenimiento y la operación de la red caminera. Las medidas persiguen dos propósitos principales: aumentar la eficiencia del gasto estatal, y asegurar la competencia y transparencia para que la actividad constructora de caminos deje de ser un antro de corrupción.

Las decisiones anunciadas se limitan al ámbito nacional y no alcanzan a provincias y municipios. En todo caso marcarán un rumbo para los niveles subnacionales. El criterio aplicado, según declaraciones de Sturzenegger, se apoya en una previa definición de la función que debe desempeñar el Estado en la actividad en cuestión y desvincularlo de lo que no le corresponde. La reorganización apunta entonces a retener lo estrictamente necesario para cumplir esa función. En este caso, y en referencia al gobierno nacional, es planificar y asegurar en forma ordenada el desarrollo eficiente de la red troncal de caminos y autopistas. Esto, además, debe lograrse aplicando el principio de subsidiariedad tanto en la delegación a provincias y municipios como al sector privado en lo que hace al financiamiento, la ingeniería y la construcción.

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Estos cambios en el sector vial están concatenados con medidas recientemente adoptadas que flexibilizan y aseguran competencia en las licitaciones estatales. Por el decreto 105/24 se derogó el artículo 13° de la ley Nº 13.064, eliminándose el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, Posteriormente, mediante el decreto 206/25, se creó el Sistema de Información de Contratistas. De esta forma se sustituyeron las denominadas capacidades de contratación con otras exigencias más lógicas y menos utilizables para la cartelización de los oferentes en licitaciones públicas.

Es importante repasar la evolución del marco institucional con el que se desarrolló el sistema caminero argentino. El primer paso importante fue la sanción de la Ley 11.658 en 1932, por la cual se creó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En el mismo instrumento se creó un fondo proveniente de un impuesto a la nafta con destino específico a las obras y gastos de la DNV. El promotor de aquella iniciativa fue el ingeniero Justiniano Allende Posse, a su vez el primer director del nuevo organismo. Era necesario poner orden al desarrollo de una red caminera de carácter interprovincial e integrador. No era concebible que se fueran construyendo rutas a impulsos locales, sin coordinación y hasta sin continuidad. Esa ley establecía: “La Dirección Nacional de Vialidad efectuará el señalamiento y numeración de los caminos nacionales y propenderá a la adopción para todo el país de un sistema uniforme… hará levantar y publicar un plano general y los planos detallados que considere necesarios de los caminos de la República, haciendo constar sus características de mayor importancia… preparará la reglamentación general de tráfico para los caminos nacionales y propenderá a la adopción para toda la nación de los principios que la informen, poniéndose de acuerdo para ello con los organismos provinciales de vialidad.”

La DNV definió una red troncal de caminos, tanto existentes como por construir, que pudiera cumplir con esa calificación. Fue la Red Nacional de Caminos, que quedaría a cargo de la DNV. El resto de los caminos fueron clasificados como provinciales y municipales. La propia ley establecía una asignación territorial de los fondos. Las inversiones en la red nacional debían respetar proporciones por provincias: 20% según la superficie, 40% por la población y 40% por el consumo de nafta. Además del impuesto de 0,05 pesos m/n por litro, la ley preveía la emisión de bonos y la captación de la plusvalía de tierras e inmuebles beneficiados por el mejoramiento de cada ruta.

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La ley sancionada en 1932 sufrió sucesivas modificaciones, La Ley 12.625, de 1939, amplió los recursos y destinó una parte del fondo a la coparticipación a las provincias para ser aplicados a obras en sus redes. El Decreto Ley 505, de 1958, fijó el impuesto a las naftas y gas oil como un 35% del precio de venta al público, salvando de esta manera la desactualización por la inflación.

Desde fines de la década del 60, la DNV avanzó en la tercerización de su ingeniería en la elaboración de proyectos, la dirección de obras y los estudios de factibilidad y planeamiento. Este proceso tuvo los altibajos que imponía la ideología del gobierno de turno. En 1990 se produjo un cambio sustancial. Los decretos 435 y 2476, de 1990, y la Ley 24.354, de 1993, terminaron con el sistema de fondos viales de asignación específica, centralizando la programación en el Sistema Nacional de Inversión Pública y derivando el financiamiento al presupuesto nacional y a fideicomisos. La DNV abandonó su inmenso edificio de Comodoro Py y redujo su personal. Se amplió el uso de concesiones y contrataciones. Se creó el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) para controlar las concesiones, A partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, los vientos cambiaron. En 2009, el Occovi pasó a depender de la DNV, confirmando la pérdida de su independencia y su capacidad para evitar la proliferación de la corrupción que caracterizó la actividad vial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Por vencimientos de plazos o por rescisiones, muchas concesiones pasaron a manos del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández. Fueron consolidadas en la sociedad Corredores Viales. La nueva entidad que sucederá a la DNV incluirá a esa sociedad, seguramente para volver a concesionarla. También absorberá a la Agencia de Seguridad Vial. Las actividades retenidas por la nueva organización serán las de planificación y priorización de obras; los estándares de diseño; las especificaciones técnicas y los pliegos licitatorios; la selección, adjudicación y control de concesiones, obras y contratos de consultoría; las mediciones de tránsito y las normas de seguridad. Se prevé una dotación de 3800 personas comparable con las 5400 actuales. Seguramente se producirán sentimientos evocativos por la finalización de un ciclo de vida de Vialidad Nacional, que tantas obras nos ha dejado en sus 93 años. Sin embargo, el paso dado ahora debe ser aceptado como parte de la imprescindible reconstrucción del orden económico y social del país.

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POLITICA

El recorte de la era Milei: las provincias resignaron US$18.000 millones en fondos nacionales en dos años

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CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei reconoció un primer trimestre “difícil” y pidió “paciencia”. Lo mismo vienen escuchando los gobernadores de sus interlocutores de la Casa Rosada, quienes les plantean que en mayo habrá una mejora. Las cuentas de las provincias están bajo estrés: entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.

Ese monto combina la baja de la coparticipación por contracción de la recaudación nacional y las restricciones de los giros nacionales.

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Un informe del Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, muestra que la reducción de recursos nacionales afectó a todas las jurisdicciones. El mayor impacto provino de la poda de transferencias no automáticas, aunque la menor recaudación también recortó los envíos automáticos.

El Iaraf plantea que hay un “cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias». Por un lado, la fuerte reducción de transferencias no automáticas indica su “menor uso” como herramienta de financiamiento. Por otro, la caída de la recaudación afectó el principal canal automático de distribución de recursos.

Así, las provincias enfrentan un escenario más restrictivo. El doble ajuste reduce el margen fiscal y obliga a replantear estrategias. La proyección implícita es clara: sin una recuperación sostenida de la recaudación o un cambio en la política fiscal nacional, el nivel de transferencias difícilmente vuelva a los valores previos en el corto plazo.

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El resultado es un “reordenamiento del federalismo fiscal argentino, en el que la Nación reduce su peso como financiador directo y las provincias asumen una mayor carga del ajuste, con impactos que, aunque desiguales, alcanzan a todo el territorio».

La magnitud del ajuste se refleja en la baja acumulada de $36 billones para el consolidado de las 23 provincias, medida a precios constantes de febrero de 2026 y comparada con el promedio mensual de 2023. De ese total, 57% es explicado por menores transferencias no automáticas ($20,5 billones menos) y el resto, por la baja de los giros automáticos.

En el primer caso, el achicamiento, en términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con una caída acumulada de $10,56 billones. Muy por detrás se ubicaron Santa Fe, con $1,05 billones menos, y La Rioja, con $938.000 millones (se cortaron los giros compensatorios por la pérdida de un punto de coparticipación en los ’80). Córdoba también registró un descenso significativo, del orden de $842.000 millones, mientras que Mendoza perdió cerca de $689.000 millones.

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En el extremo opuesto, los distritos que menos recursos perdieron en términos absolutos fueron Chubut, con una caída de $44.600 millones; Tierra del Fuego, con $185.000 millones, y Jujuy, con $191.000 millones.

La lectura cambia cuando se observa el impacto por habitante. Entonces fue La Rioja la más afectada, con una pérdida de $2,31 millones por persona, seguida por Tierra del Fuego, con $1,01 millones, y Santa Cruz, con $957.000. En contraste, las menores caídas per cápita se registraron en Chubut, con $74.000; Córdoba, con $174.000, y Mendoza, con $183.000.

El segundo canal de ajuste fueron las transferencias automáticas. En este caso, la disminución acumulada fue de $15,6 billones y está relacionada directamente con la evolución de la recaudación que lleva ocho meses consecutivos de contracción.

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Entre las razones, el informe menciona que “un factor relevante que afectó negativamente la recaudación del IVA fue la medida de administración tributaria relacionada con la restitución de los certificados de exclusión” en 2025. A esto se sumaron reducciones en la carga tributaria de impuestos como Ganancias, cargas internas y Bienes Personales.

En términos absolutos, Buenos Aires volvió a liderar las pérdidas, con $3,56 billones menos, seguida por Santa Fe, con $1,47 billones, y Córdoba, con $1,42 billones. En el otro extremo, Tierra del Fuego registró la menor caída, con $176.000 millones, seguida por Chubut, con $235.000 millones, y Santa Cruz, con $238.000 millones.

Los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con el intendente de Río Grande, Martín Perez, en un homenaje a los combatientes de Malvinas

El análisis por habitante vuelve a mostrar un patrón distinto. Los fueguinos aparecen como los más afectados, con una pérdida de $966.000 por habitante, seguidos por los catamarqueños, con $929.000, y los formoseños, con $891.000. Las menores caídas los registraron los porteños con $106.000; los bonaerenses con $203.786, y los mendocinos, con $302.000.

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Al sumar ambos componentes, el resultado es un ajuste generalizado en todo el país, aunque con magnitudes dispares. Buenos Aires fue la provincia más afectada, con una pérdida acumulada de $14,1 billones. Le siguen Santa Fe ($2,53 billones), y Córdoba ($2,11 billones). Más atrás se ubicaron Mendoza ($1,6 billones), y Entre Ríos y Tucumán, con pérdidas en torno a $1,2 billones.

En el otro extremo, Chubut registró la menor caída, con $279.000 millones. Después vienen Tierra del Fuego, con $362.000 millones, y La Pampa, con $553.000 millones.

Cuando se mide el impacto por habitante, el ranking vuelve a liderarlo La Rioja, con una pérdida de $3,08 millones per cápita, seguida por Tierra del Fuego ($1,98 millones) y Formosa ($1,77 millones). En cambio, las menores caídas fueron para Chubut ($463.000), Mendoza ($485.000) y Córdoba ($533.000).

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En este escenario de ajuste generalizado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece como la única jurisdicción con resultado positivo. La explicación radica en el cumplimiento por parte de Nación de la medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, lo que compensó la caída en los envíos automáticos.


“difícil” y pidió “paciencia”,Gabriela Origlia,Javier Milei,Coparticipación,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Tensión gremial. ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril,,Pese a la guerra. Javier Milei confirmó que viajará a Israel para participar del Día de la Independencia a fin de mes

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POLITICA

En los primeros meses del año, los ministros del Gabinete recibieron un aumento de 123%

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La discusión pública alrededor de la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a traer el interrogante de cuánto cobra un funcionario público. Después de dos años de congelamiento salarial, el Presidente autorizó en enero incrementos para sus ministros y secretarios que alcanzarán el próximo mes un 123% en comparación con diciembre de 2023. Si bien la medida duplicó el salario de los funcionarios, en el Gabinete aseguran que está muy por debajo de la inflación acumulada en el periodo.

Cuando llegó a la Casa Rosada, Javier Milei dispuso una medida simbólica para acompañar el ajuste que le demandó a la población: tanto él como su vicepresidenta y sus funcionarios no percibirían ningún aumento salarial.

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Con el paso de los meses y una inflación acumulada del 194,6% entre enero de 2024 y el mismo mes de 2026, la presión interna se hizo insostenible. Según se comentaba en Balcarce 50, la situación salarial hacía difícil sostener a los funcionarios técnicos de alto rango de los Ministerios, en un contexto donde los propios sueldos de los ministros habían quedado desfasados en comparación a otros puestos.

“Lo que terminaba pasando era que un empleado de planta con antigüedad y algún cargo semijerárquico más los plus cobraba prácticamente lo mismo que un ministro. La situación se había desmadrado bastante”, reconocieron a TN cerca de una de las carteras.

Tras el descongelamiento decretado por el presidente, los ministros pasarán a cobrar a partir de mayo más de 8 millones de pesos. (Foto: X @madorni)

Por eso, el Presidente aprovechó el periodo de baja actividad política tras las fiestas para decretar el solicitado aumento. La medida, ejecutada el 2 de enero, alcanzó al jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. No así a Javier Milei y a Victoria Villarruel, quienes continúan hasta hoy con sus sueldos congelados.

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Cuánto cobran los ministros del Gobierno de Javier Milei

El sueldo que percibe Milei se mantuvo fijo en bruto en $4.066.018, y el de Villarruel en $3.764.821. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, se había aquejado Villarruel en sus redes a comienzos de 2025, cuando sus vínculos con la Casa Rosada ya estaban rotos.

En contraposición, el sueldo de los funcionarios recibió una actualización equivalente al porcentaje acumulado en la paritaria de los trabajadores del Estado, establecido por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

Leé también: El fiscal pidió levantar el secreto bancario de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

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La norma no precisaba el porcentaje exacto del incremento ni el monto final que pasarían a recibir los funcionarios. Sin embargo, según pudo corroborar TN, los ministros recibieron en enero una actualización del 98,9% en comparación con el mismo mes de 2024, y en mayo la mejora llegará al 123,8% respecto a esa misma fecha. La cifra todavía está un 70,8% por debajo de la inflación acumulada en el periodo.

En números: qué dicen los recibos de sueldo

De esa manera, un ministro que hasta diciembre cobraba $3.584.006 pasó a percibir en enero $7.129.501; en febrero $7.272.091; en abril -a cobrar en los primeros días de mayo $7.902.331; y $8.020.866 por el mes de mayo, a cobrar en junio.

Esos valores corresponden siempre al salario bruto. Tras los descuentos, el salario de un ministro correspondiente a marzo fue de $5.564.683,69.

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Pese al aumento, el salario de los ministros del Gabinete todavía está un 70,8% debajo de la inflación acumulada desde enero de 2024. (Foto: NA / Claudio Fanchi)
Pese al aumento, el salario de los ministros del Gabinete todavía está un 70,8% debajo de la inflación acumulada desde enero de 2024. (Foto: NA / Claudio Fanchi)

Los secretarios que hasta diciembre cobraban $3.282.709 pasaron a percibir $6.530.145 por enero; $6.660.748 por febrero; recibirán por abril $7.238.005; y por mayo cobrarán $7.346.575.

En el caso de los subsecretarios, estos percibían en diciembre $2.981.513, pero desde el aumento pasaron a cobrar $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero; $6.573.902 por abril; y recibirán $6.672.510 por mayo.

Otras comparativas salariales

Por encima de los ministros, los jueces de la Corte Suprema cobran -según el informe de la escala salarial vigente de febrero pasado- un básico de $9.900.643.

En el ámbito del Congreso, los senadores -que están están atados a la paritaria legislativa- cobraron en marzo $11,6 millones en bruto. Por otro lado, los diputados percibieron $7 millones, sumado a un plus por gastos de representación de $600 mil.

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Leé también: El INDEC informó que los salarios aumentaron 2,5% en enero y quedaron por debajo de la inflación

Lejos de esas cifras aparece la remuneración promedio medida por el RIPTE, de acuerdo a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los datos de enero de 2026, los trabajadores en relación de dependencia -tanto en sector público como privado- perciben en promedio $1.646.344.

Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares que mide el Indec, durante el último cuatrimestre de 2025 el promedio de ingresos para la población ocupada fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano -que equivale al 50% de las personas ocupadas- rondó los $800 mil.

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Mientras tanto, el Salario Mínimo Vital y Móvil para abril de 2026 está fijado en $357.800 mensuales.

Javier Milei, ministros, aumento salarial

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POLITICA

Diputados: crece la preocupación en el bloque libertario por el desgaste de Adorni y la oposición redobla su ofensiva

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En la Cámara de Diputados, la inquietud en el oficialismo ya es palpable. La situación cada vez más complicada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, devino en un lastre que a los libertarios y sus aliados se les hace cada vez más difícil sostener. Mira de reojo a la oposición, que aprovecha el desgaste del Gobierno para ganar musculatura y planear, en un futuro próximo, una sesión especial que termine por lapidar al funcionario.

En el oficialismo la preocupación es tal que ya se escuchan voces que sugieren que Adorni debería pegar el faltazo el próximo miércoles 29, día que él mismo fijó para dar su informe de gestión en el recinto. Envalentonado, el propio Javier Milei anticipó que lo acompañaría. El Presidente no da señales de soltarle la mano a su jefe de Gabinete, al contrario. Mientras tanto los días pasan y, con ellos, nuevas revelaciones sobre el patrimonio no declarado del funcionario. La oposición se regodea.

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“Ya le avisamos a la (Casa) Rosada: sería una locura que lo traigan a Adorni al recinto, ni qué hablar si Milei viene también -deslizó un legislador de fluido vínculo con el círculo presidencial-. Va a ser una sangría: los libertarios peleándose con toda la Cámara porque ni los aliados van a salir a bancar al jefe de Gabinete, un tipo al que no quiere nadie, ni en la política ni la gente”.

El problema que inquieta al oficialismo es que, aunque Adorni pegue el faltazo para esquivar el chubasco –lo que sería leído como una señal de debilidad del Gobierno-, la oposición no se va a quedar cruzada de brazos. Mientras el jefe de Gabinete siga en funciones buscará acorralarlo, sea con una interpelación en el recinto o, peor aún, con la amenaza de una moción de censura para desplazarlo.

Hoy por hoy los opositores no tienen la mayoría absoluta de los votos que exige la Constitución (mitad más uno de los miembros de cada Cámara) para avanzar. Pero en uno de los pasajes de la última sesión de la Cámara de Diputados hicieron, sin planificar demasiado, una demostración de fuerza que a los libertarios les preocupó. Y mucho.

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Sucedió cuando, en el arranque de la sesión, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió un apartamiento del reglamento para impulsar la citación de los funcionarios implicados en la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. No logró la mayoría agravada exigida para incorporar estos proyectos al temario, pero el tablero marcó 125 votos a favor. Poco antes, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) había pedido la interpelación de Adorni: consiguió 124 votos positivos.

Maxmiliano Ferraro charla con Esteban Paulón en el recintoHernán Zenteno

En el oficialismo se encendieron las alarmas: con estos números la oposición demostró que está muy cerca de alcanzar las 129 voluntades necesarias para el quorum y arrancar una sesión especial si decidiera convocarla para acelerar la interpelación de Adorni.

Es sugestiva la lista de los 125 votos a favor de que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados. Además de las bancadas opositoras más críticas -Unión por la Patria y la izquierda-, apoyaron los bloques de Provincias Unidas (que mostró una unidad inédita), los tres diputados de Elijo Catamarca -que responden al gobernador Raúl Jalil (aliado del Gobierno)-, como así también la radical Karina Banfi; el puntano Claudio Álvarez, ambos de perfil dialoguista. Los diputados de Innovación Federal, cercanos al Gobierno, sugestivamente se ausentaron.

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En la oposición miran los números con entusiasmo y ya iniciaron contactos para planificar una sesión especial antes de fin de mes. Todavía no hay fecha, pero si el jefe de Gabinete se mantiene todavía en pie, insistirán en su interpelación.

Los opositores saben de sobra que el oficialismo buscará cooptar voluntades como en otras oportunidades para evitar que la ofensiva prospere. Pero dicen contar con una ventaja: el desgaste acelerado que atraviesa el Gobierno por la caída en la actividad económica y los escándalos recientes que tienen a sus principales funcionarios en la mira. El malestar social ha demostrado en no pocas ocasiones que puede permear más profundo en el voto de los legisladores que las promesas gubernamentales.

Manuel Adorni, cada vez más complicado por el avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícitoSoledad Aznarez

“Si Milei no se presenta en la Cámara de Diputados a dar su informe, va a terminar por renunciar. No tiene margen para mantenerse en pie”, aventura un avezado legislador peronista.

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investigado por presunto enriquecimiento ilícito,nuevas revelaciones sobre el patrimonio no declarado del funcionario,Laura Serra,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Enriquecimiento ilícito. La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer: investigan todos sus movimientos,,4 ambientes con cochera. El departamento que Adorni escrituró en US$230.000 se ofrecía a US$295.000,,No había sido citada. La escribana de Adorni volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración y la fiscalía prepara nuevas medidas

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