POLITICA
Fiscales federales de Corrientes piden revertir un fallo que impide el trabajo en equipo en causas por narcotráfico
La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.
En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.
El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.
Una nueva negativa
En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.
Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.
Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.
Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.
El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.
El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.
El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.
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POLITICA
Adorni recibió US$100 mil de otras dos mujeres por la hipoteca de un departamento anterior en Caballito
Según un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni hipotecó su departamento anterior en Caballito y recibió US$100 mil de otras dos acreedoras.
Se trata del inmueble de Asamblea 1100 en el que vivía antes con su familia. Recibió el dinero de parte de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio (15 mil dólares). Así lo pudo constatar TN a través de fuentes judiciales.
El departamento de Asamblea al 1100 tiene dos hipotecas. La primera, de 2014, fue por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, la vendedora original del inmueble, que también aparece como prestamista, tal como ocurrió en la operación del departamento de Caballito. Esta hipoteca quedó inscrita el 12 de marzo de 2014.
La segunda hipoteca, por 100.000 dólares, se firmó en noviembre de 2024, con Molina y Cancio como acreedoras.
Adorni informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que estas dos mujeres eran acreedoras suyas, aunque hasta ahora no se conocía el origen de la deuda. El funcionario declaró el 50% del monto total.
El departamento, en venta y bajo la lupa judicial
La compra del departamento de Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, figura en el Registro de la Propiedad como realizada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Actualmente, la propiedad está en venta, pero sigue a nombre del matrimonio.
La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.
Investigación judicial y más préstamos bajo la lupa
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, citó a declarar este miércoles a la escribana Nechevenko como testigo. Además, la fiscalía le pidió todos los documentos vinculados a las operaciones de bienes de Adorni y su esposa.
La semana pasada se supo que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. En esa operación, las anteriores dueñas, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado.
Manuel Adorni
POLITICA
Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.
El crédito se lo otorgaron -como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025- dos mujeres. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día -15 de noviembre de 2024- que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
accedió a esta información de fuentes oficiales. Sobre ese departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas, según precisan las fuentes. Una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble (como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria). Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.
La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).
Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.
El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.
Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Fue hasta diciembre de 2021 jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.
La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.
En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.
El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.
La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.
El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.
La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. Eso permitirá conocer, por ejemplo, los pagos a los que se obligó Adorni para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.
reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.
Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.
Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.
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POLITICA
Federico Sturzenegger irá al Senado a defender la ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.
El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.
La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.
El texto fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.
La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.
En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.
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