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POLITICA

Flavia Royón: “Con esta reforma laboral no tenés una solución a los problemas”

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En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, la senadora nacional Flavia Royón defendió la necesidad de un debate honesto sobre la reforma laboral: “Hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual: una reforma laboral o esta famosa modernización no crea empleo ni lo destruye per se”. La dirigente de Primero Los Salteños remarcó que el proyecto aprobado en general en el Senado no resuelve los problemas estructurales del trabajo en la Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Royón rechazó la idea de que la reforma sea determinante en el mercado laboral. “La creación o destrucción de empleo también viene de la mano de factores mucho más amplios, como una política económica, una política de desarrollo… No este proyecto de marco legal”, sostuvo, y agregó: “Es un riesgo de los dos lados, porque si no se crea empleo, ¿va a ser culpa de la ley? Claramente que no”.

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Royón y la reforma laboral: límites y advertencias

La senadora enfatizó que el debate público sobre la reforma “sobrecarga” de expectativas el impacto de la nueva legislación. “El oficialismo sobrevende esto de la reforma integral como la madre de las soluciones, y la oposición dice: ‘No, va a pasar lo contrario’. Con esta ley no tenés una solución a los problemas”, remarcó.

Para Royón, el texto aprobado solo ataca una parte del problema: “Este proyecto busca incorporar los casi seis millones de argentinos que hoy tienen empleo informal, en que tengan empleo formal, bajando un poco esta resistencia o los factores que hacen que hoy un empleador no quiera tener gente en blanco. Pero no es la madre de la solución a ninguno de los problemas y tampoco el origen a todos los problemas”.

Sobre la discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue contundente: “El FAL lo que plantea es que el empleador va a pagar menos aportes, va a dejar de ingresar dinero a nuestro sistema previsional para constituir un fondo. Ese fondo, que va a estar en una cuenta a nombre de la empresa, la empresa la va a usar para pagar indemnizaciones. Entonces, hay una transferencia indirecta de recursos de los jubilados o del Estado hacia el sector privado para pagar indemnizaciones”.

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El FAL y el sistema previsional: objeciones de fondo

Royón explicó sus reservas al acompañar el proyecto: “No estuve de acuerdo en el tema del FAL, lo voté en contra. No estuve de acuerdo en el tema impositivo. Porque también parte de esta creación de empleo o destrucción de empleo pasa por discutir una reforma tributaria integral. No pongás un parche dentro de la reforma laboral”. En ese sentido, advirtió: “El FAL puede ser una solución, pero si vamos a desfinanciar el sistema previsional, que ya hoy tenemos un problema, primero discutamos cómo resolvemos nuestro sistema previsional y cuáles son las prioridades”.

Al analizar el impacto sobre las pymes, la senadora diferenció la situación de los grandes empleadores: “En algún momento se habló de por qué el FAL no era solamente para las pymes, porque la masa salarial de Argentina, más del 60%, son grandes empresas… Que los grandes beneficiarios eran las grandes empresas que iban a poder usar este fondo mucho más rápidamente para despedir gente”. Y reforzó: “No sé si la prioridad hoy es que haya una transferencia de los jubilados o desde el Estado para que las empresas paguen indemnizaciones”.

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Accidentes, licencias y debate por la baja de edad de imputabilidad

Consultada sobre el tratamiento de accidentes y enfermedades en la reforma, Royón admitió que el artículo fue motivo de “gran debate”: “Cuando un empleado se enferma o tuvo un accidente, el empleador tiene que pagar el cien por ciento del sueldo del empleado y además contratar una persona y la carga se hace muy grande. Es injusto que esté todo a cargo de la pyme porque muchas veces no tiene la espalda. En otros lugares del mundo, lo paga la Seguridad Social”.

La senadora reconoció las tensiones entre la protección al trabajador y las dificultades empresarias: “Deberíamos tener previsto un mecanismo que no esté todo a cargo de la empresa, pero que el trabajador no pierda ingresos. Ese artículo fue motivo de gran debate”. Y aunque votó el título general del capítulo, remarcó: “La única diferencia era el porcentaje. Antes era el cien por ciento de tres a seis meses, depende de si tenés gente a cargo o no, ahora cambia el porcentaje”.

Sobre el próximo debate por la baja en la edad de imputabilidad penal juvenil, anticipó: “Estoy a favor de la baja de la edad, pero vos tenés que tener los recursos… Estos chicos no pueden ir al sistema común. Son niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenés que tener los recursos para tener los lugares, las instituciones de cómo a estos chicos los volvés a recuperar”.

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flavia royón

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El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado

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El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.

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El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.

Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).

La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

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Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

Leé también: La Casa Rosada afirma que habrá cambios en el ejercicio militar entre la Argentina y EE.UU.

En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

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La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

Gobierno, pliegos, Senado

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El Gobierno envía la Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

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El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizaron esta noche fuentes del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.

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Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno lanzará a fin de marzo la licitación del Belgrano Cargas y apunta a tenerlo privatizado en diciembre

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En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

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En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

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Uno de los gráficos que mostraron las autoridades nacionales, con las cifras actuales del sistema de carga

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

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El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El modelo actual frente al que quiere ir el Gobierno

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

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El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

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El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Los plazos que estima el Gobierno

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

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La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

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La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

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