Ocurrió un día de mediados de los años 80 en una oficina de la calle Venezuela, en el porteño barrio de Monserrat. Un dirigente peronista me había ofrecido su gestión para una entrevista con Isabel Perón, que no debía ser, aclaró, un reportaje, sino una conversación reservada. En esos años, eran frecuentes las visitas de Isabel, como la llamaban concisamente los peronistas, a la Argentina porque el presidente Raúl Alfonsín la invitaba a participar de actos oficiales en su carácter de última exjefa del Estado, antes de la irrupción militar, democráticamente elegida por la sociedad. Los peronistas inclinaban la cabeza ante la viuda de Perón. “Ese apellido sigue pesando en la gente común”, se justificaban. Alfonsín repetía además el argumento de que ella había estado injustamente presa por la dictadura militar durante más de cinco años. En rigor, también existía un propósito político en el presidente radical: radicaba en mostrarle a la sociedad argentina, para que esta no se olvidara, quién había sido la última presidenta de la Nación aupada por el peronismo. Aquella reunión fue breve porque me encontré con una mujer exigua intelectualmente, muy menuda en cualquier sentido. Era imposible percibir en ella las condiciones de alguien con capacidad para conducir un país con varias y profundas crisis. En un momento de la conversación, le pregunté si todavía les guardaba rencor a los militares. Me miró fijamente, vaciló unos segundos y luego descargó una frase llena de significados: “Mi peor enemigo no fueron los militares, sino los grupos de izquierda, sobre todo la izquierda peronista, porque ellos les abrieron las puertas a los militares”. En esas pocas palabras se encerraban los principales protagonistas (no todos) de la tragedia política de 1976. Los grupos insurgentes que se levantaron en armas contra el Estado, incluido el Estado gobernado por funcionarios elegidos por la sociedad; un gobierno peronista caótico, inepto y oscilante, y un partido militar decidido a ocupar el poder cuanto antes. El último golpe castrense contra un gobierno civil, del que se cumplen 50 años, fue una decisión uniformada, pero también un fracaso de la política. Los partidos políticos de entonces (fundamentalmente, el peronismo huérfano ya de Perón, y el radicalismo bajo el liderazgo de Ricardo Balbín) no pudieron encontrar una solución -tampoco la buscaron- para evitar el golpe de Estado más anunciado de la historia. Todos sabían que los militares estaban en las puertas del poder; solo faltaba que se conociera cuándo y cómo entrarían.

Un cuarto protagonista, menos evidente, también zigzagueó en aquella prolongada ordalía de sangre. Fue una clara mayoría de la sociedad argentina, que clamaba por el restablecimiento del orden y por cierta estabilidad en la economía. Esa sociedad aturdida por el caos confirmaba un vez más la vieja conclusión de los sociólogos: los pueblos toleran muchas cosas, menos la anarquía. Durante el gobierno de Perón y su viuda, la derecha y la izquierda jugaron con el crimen y los atentados como quien se divierte pateando una pelota de fútbol. La derecha estaba encarnada por la temible Triple A, creada, conducida e integrada por sectores paramilitares y parapoliciales que crecieron a la sombra del poderoso José López Rega, un personaje cantinflesco que había sido mayordomo de Perón y que se convirtió luego en el hombre fuerte del presidente moribundo y, más tarde, del gobierno de su esposa. O Perón carecía de información sobre su estado de salud, que ya era muy delicado cuando regresó de España, o tenía un sentido de la omnipotencia demasiado alto. Solo de cualquiera de esas formas se puede explicar que haya elegido como vicepresidenta a su mediocre esposa. Él, más que nadie, conocía las enormes limitaciones de con quien compartía su vida desde los primeros años del exilio. En algunas provincias, como en Tucumán, la Triple A respondía directamente al jefe militar del lugar; en esa provincia norteña fue el general Acdel Vilas, comandante de la V Brigada de Infantería, quien tomó el mando de la organización paraestatal. Vilas era un alto jerarca militar con estrechos vínculos con López Rega. Según estudios posteriores, desde el acceso al poder de Héctor Cámpora, en mayo de 1973, hasta el final de Isabel Perón, en marzo de 1976, la derecha peronista o filo peronista fue autora de 600 desapariciones forzadas y de 500 asesinatos. Un debate posterior se cifró en si Perón consintió -o no- la creación de la Triple A. Casi todos los análisis históricos ulteriores coincidieron en que fue el propio fundador del peronismo quien decidió crear una organización armada paraestatal para reprimir a los grupos insurgentes de izquierda, algunos de los cuales él mismo había alentado cuando estaba en el exilio. Esos informes señalan también que su viuda conocía los crímenes de la Triple A. Paralelamente, los grupos terroristas de izquierda (sobre todo, la izquierda peronista de Montoneros; el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como el ERP, y la guevarista FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias) asesinaron en aquellos años a cerca de 800 personas, 547 militares y 230 civiles, según una evaluación posterior del periodista Hugo Gambini. El desorden y el miedo se habían apoderado de la sociedad argentina. No era el único problema que tenía la gente común. Perón le había encomendado la economía al dirigente empresario José Ber Gelbard, quien pergeñó un plan llamado de “inflación cero”, y que consistía en la represión de los precios y los salarios con el acuerdo de algunos sectores empresarios y de los sindicatos. Era una ficción, que como toda ficción se acabó en algún momento. Ese momento sucedió después de la muerte de Perón y ya con su viuda en el poder. Isabel Perón tuvo cuatro ministros de Economía en el año y medio que gobernó. La crisis económica le estalló en las manos y, para peor, nombró un gabinete de ministros de modesta capacidad política e intelectual. La mayoría de los empresarios más importantes se apartaron de ella, los sindicatos se le sublevaron y una sensación de vacío de poder se apoderó de la nación política. El año 1975, el único completo de la expresidenta, terminó con una inflación anual del 335 por ciento, mientras se sucedían las huelgas generales y los paros sectoriales. El poder adquisitivo de los salarios cayó un 30 por ciento en ese mismo año. En medio de semejante torbellino económico y social, las organizaciones guerrilleras (el ERP, primero, y Montoneros, después) anunciaron que pasaban a la clandestinidad para combatir a un gobierno que, aunque fue peor que malo, había sido legal y legítimamente elegido por una mayoría social. Los grupos insurgentes no se levantaron solo contra dictaduras, como difunde la leyenda actual, sino también contra un gobierno constitucional. Era la manera, dejaban trascender los propios jefes subversivos, de empeorar las cosas y apurar los tiempos para enfrentarse cara a cara con los militares. Era también, les guste o no, la fantasía de un loco. Ningún Estado, sea cual fuere su condición política o ideológica, permitirá nunca que le arrebaten el monopolio de la fuerza.

Los militares eran entonces, y desde el golpe militar de 1930, un partido político más en el gobierno del país. Las crónicas políticas de la época hablaban de ellos como ahora se habla de las peleas internas del gobierno de Milei o de las luchas intestinas del peronismo. De los enfrentamientos entre nacionalistas y liberales, por ejemplo. Cada tanto regresaban al poder, casi siempre por cuestiones banales. ¿Por qué lo derrocaron a Arturo Frondizi? ¿Por qué lo tumbaron a Arturo Illia? Si se revisa la literatura política que describió esos golpes de Estado, es fácil descubrir que el país vivió luego de 1983 crisis mucho más profundas y amplias que la que precedieron a las caídas de Frondizi y de Illia. También se sabía en los años 70 que la mayoría de los militares había estado en desacuerdo con la decisión del expresidente de facto Alejandro Lanusse de entregarle el poder al peronismo triunfante en el 73. Para empeorar las cosas, quien asumió en nombre de Perón, Cámpora, se dejó entornar por dirigentes de la organización guerrillera peronista, que Perón en su momento había llamado cordialmente “formaciones especiales”. Cámpora no tomó nota a tiempo de que su líder había cambiado; con el poder en sus manos, para Perón la insurgencia debía terminar. Una de las primeras decisiones de Cámpora consistió en liberar a todos los presos que habían integrado los grupos armados: Montoneros, ERP y FAR. A muchos de ellos los condenaban sentencias de la Justicia. Esa liberación (que no fue ni amnistía ni indulto) instaló la sensación colectiva de que los crímenes de la guerrilla quedarían impunes y que cierta noción de justicia en el país se había diluido definitivamente. Fue un mal comienzo de aquella restauración democrática, que se estropeó aún más cuando Perón, ya presidente de la Nación por tercera vez, murió el 1º de julio de 1974. Perón había sustituido a Cámpora al frente del Poder Ejecutivo luego de un golpe palaciego. Isabel Perón, su sucesora, gobernó luego en medio de la confusión social y la crisis económica.

En verdad, los militares ya habían hecho un primer experimento en 1975 en Tucumán con lo que se denominó el “Operativo Independencia”, ordenado por el gobierno de la señora de Perón. Fue una represión que comandaron primero aquel general Vilas y luego el general Antonio Bussi. Los dos autorizaron operaciones militares ilegales, pero habían quedado demasiado expuestos. Los mandos militares nacionales tomaron entonces dos decisiones para aplicarlas en todo el país luego del golpe del 24 de marzo de 1976: habría desaparecidos, no muertos ni detenidos, y se implicaría en esa represión ilegal a todos los cuadros militares para evitar las posteriores delaciones. El número de muertos (o desaparecidos) forma parte aún de un debate que no concluirá nunca, porque va de los 8961 que registró la Conadep, el organismo que creó Alfonsín para investigar lo que sucedió durante el gobierno militar con las personas secuestradas y muertas, y los 30.000 con el que insisten casi todas las organizaciones de derechos humanos. La polémica existe porque el Estado posterior a los militares fue incapaz de establecer un número preciso de muertos y desaparecidos desde los zafarranchos de la Triple A, durante los gobiernos del matrimonio Perón, hasta el final de la dictadura, el 10 de diciembre de 1983. La Conadep fue solo un organismo que estuvo vigente durante un tiempo, aunque realizó un trabajo encomiable que no pudo hacer después ningún otro sector de la vida pública. El Estado es otra cosa, más permanente. Más allá del número de muertos (cualquier crimen es ominoso), importa subrayar que las fuerzas estatales no pueden -ni deben- recurrir a los mismos métodos que los grupos insurgentes porque pierden legitimidad y autoridad moral. Si bien los crímenes son todos iguales, y no es justo hacer diferencias entre los muertos de uno y otro bando, es igualmente cierto que el Estado tiene una carga de culpa mayor cuando se trata de cometer ilegalidades. Los grupos guerrilleros son ilegales por su propia naturaleza, mientras el Estado debe respetar en cualquier circunstancia la estructura legal del país. La justicia argentina concluyó en diversos expedientes judiciales desde el retorno de la democracia que el régimen militar llevó a cabo un “plan sistemático de exterminio”, que incluyó las desapariciones de personas, las torturas, el robo de bebés y la utilización de centros clandestinos de detención. Es inútil hablar de que existieron duros y blandos dentro del régimen militar, porque siempre terminaron imponiéndose los duros. La línea que corporizaron Emilio Massera, jefe de la Armada, y los poderosos generales Guillermo Suárez Mason, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Camps marcó decididamente la estrategia represiva de los uniformados. Massera llegaría luego al extremo de resolver algunos problemas personales con el uso de los métodos ilegales de la represión. Es necesario consignar también que los enfrentamientos locales tuvieron vinculación comprobable con la Guerra Fría de entonces entre Estados Unidos, que apoyaba a los militares que reprimían la insurgencia de izquierda, y el bloque soviético que auspiciaba la sublevación armada en América latina, sobre todo a través de Fidel Castro. La doctrina de Washington concluyó cuando el presidente Jimmy Carter ingresó a la Casa Blanca, aunque la implementación de su final se demoró algunos años más. La dictadura terminó, para agravar la postrimería militar, con una guerra innecesaria y regresiva en las islas Malvinas, que significó en los hechos un retroceso para las aspiraciones nacionales de lograr la restitución de ese archipiélago en el confín del Atlántico sur. Una guerra perdida tiene graves y largas consecuencias para el perdedor, y también fortalece al vencedor.

A partir de 1983, los militares dejaron de ser un partido político en el país. Nunca más se habló de una “salida militar”, como cuenta la historia argentina que se llamaba a los golpes de Estado en las décadas anteriores. El gobierno de Alfonsín impugnó moralmente a los militares con el juicio a las primeras dos juntas militares que gobernaron desde 1976, y el gobierno de Carlos Menem, que indultó a los jefes uniformados condenados en aquellos juicios, les redujo considerablemente el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Nada fue igual desde entonces para los militares. El posterior advenimiento del kirchnerismo, una facción política que se mantuvo en el poder durante 16 años, le impidió al país un revisionismo imparcial de la historia. Los que no hicieron nada durante la dictadura en defensa de los derechos humanos se convirtieron de pronto en los héroes de la rebeldía civil de aquellos años y ellos, a su vez, llevaron al altar de los próceres nacionales a la guerrilla que les abrió las puertas del poder a los militares. El matrimonio Kirchner no aplicó nunca aquí la repetida política del expresidente chileno Ricardo Lagos: “El pasado es el deber de la justicia; el futuro es el deber del gobierno”. Durante el kirchnerismo, la Argentina habitó el pasado. Más de 40 años después de la restauración democrática de 1983, el país se debe todavía una narrativa verídica y completa de aquellos años. Generaciones de argentinos que viven y vivirán tienen el derecho a saber, sin amputaciones ni escamoteos, cómo fue todo aquello.

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) presentó los resultados del índice de confianza en el Gobierno correspondientes a marzo -en base a encuestas realizadas entre el 4 y el 13- y reflejó una baja por cuarto mes consecutivo. Según el informe, se ubicó en 2,30 puntos, lo que implica una leve disminución de 3,6% respecto a febrero y de 4,9% en términos interanuales.

De momento, el nivel de confianza en la administración de Javier Milei es 0,9% menor que el de marzo de 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, y 52,6% mayor que el de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

En febrero, el ICG había sido de 2,38 puntos, que, a su vez, había registrado una disminución de 0,6% respecto a enero. Sin embargo, el mes pasado, el nivel de confianza todavía era mayor que durante la gestión de Macri. Ahora, en cambio, quedó por debajo.

La última vez que el índice de confianza en el gobierno de Milei había estado por debajo del de Macri fue en noviembre de 2025, cuando fue de 2,47 puntos y reflejó un aumento del 17,5% respecto al mes anterior. En ese momento, era 16,8% menor que el del mismo mes en 2017, bajo el mando del titular del Pro.

Desde entonces, el ICG había sido mayor respecto al índice de la administración de Macri en ese mismo mes, a pesar que desde hace cuatro meses que la gestión libertaria acumula una caída. En este caso, la baja perforó la línea del gobierno del expresidente.

En los meses de caída, el ICG del gobierno de Milei acumula una contracción de 6,5% desde el fin del año pasado, su registro más bajo desde el inicio del mandato, y se ubica en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones.

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%), mientras que Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). Asimismo, a mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%).

Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes. De esta manera, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

El ICG había dado un salto en noviembre, después de las elecciones legislativas nacionales. Fue el repunte más fuerte de la gestión mileísta, con un 17,5%. Ese rebote se produjo luego de haber tocado sus tres registros más bajos entre agosto y octubre del año pasado, en un clima electoral atravesado por escándalos de presunta corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el excandidato libertario José Luis Espert.

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