Elisa Carrió se presentó el pasado lunes 6 de enero, en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar junto a Matías Yofe, dirigente de su partido imputado en una causa por extorsión. La líder de la Coalición Cívica apuntó contra Sergio Massa y definió el accionar judicial como una represalia por las investigaciones que su espacio impulsa contra la dirigencia del fútbol argentino.

La líder de la Coalición Cívica asoció la situación procesal de Yofe con un intento de amedrentamiento por parte de figuras ligadas al poder y aclaró los motivos de su presencia en el lugar: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio y Pablo Toviggino, el segundo de (Claudio Chiqui) Tapia, con enormes conexiones con Massa”.

La exdiputada nacional caracterizó el operativo previo como una señal intimidatoria: “Massa está desesperado” y cuestionó el rol de los magistrados intervinientes en el expediente. “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó antes de ingresar a la fiscalía. Para la fundadora de la CC, el allanamiento representó “un mensaje mafioso”.

Uno de los focos de conflicto durante la jornada giró en torno al secuestro de dispositivos electrónicos. Carrió denunció la falta de acceso a la documentación oficial del procedimiento. “Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, indicó.

Ante esta supuesta irregularidad, la dirigente reconoció una directiva específica que le impartió a su defendido para proteger la información. “Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”, admitió. Yofe declaró ante el fiscal no tener su teléfono “en este momento”.

En simultáneo, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbon, quien no interviene en esta causa, se refirió al tema mediante la red social X: “Cuidado con los celulares y dispositivos electrónicos que, cuando se abran, encontrarán más pruebas”.

La Justicia imputó a Yofe por extorsión agravada y lo acusa de integrar una presunta banda dedicada a realizar demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Carrió desestimó la solidez de la prueba de cargo y cuestionó la lógica de la acusación. “Existió una denuncia del chofer de D’Onofrio que habla de una conversación con Matías en campaña, quien le habría dicho que colabore en la investigación a D’Onofrio a cambio de dinero. No sé de dónde sacaría la plata, si Yofe gana dos millones de pesos”, relató.

Yofe ocupa un cargo en la Legislatura porteña y cobró notoriedad recientemente por denunciar el caso de la “mansión de Pilar”. Este expediente indaga sobre presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apunta contra el tesorero Pablo Toviggino. Una tasación oficial valoró esa propiedad en Villa Rosa y sus bienes en más de 20 millones de dólares. El dirigente también impulsó denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

El allanamiento policial ocurrió el viernes pasado mientras Yofe se encontraba en Mar del Plata. Según el acta judicial a la que accedió , el imputado vio el expediente por primera vez hoy durante la audiencia.

A la salida del juzgado, Yofe describió el impacto del procedimiento en su hogar y su familia. “Estoy emocionado, no puedo hablar. Con el allanamiento violaron a mi familia. No puedo adelantar nada por pedido de mis abogados”, expresó.

El dirigente detalló la situación que vivió su pareja durante el ingreso de las fuerzas de seguridad. “Buscaron dañarme en lo profundo de la intimidad de mi familia. Yo por cuestiones personales no estaba durante el allanamiento, donde violentaron a mi mujer, que está procesando un puerperio. En palabras de ella, se siente violada. Se violaron todos los derechos, este procedimiento se hizo mal”, declaró Yofe.

La defensa de Yofe anticipó su estrategia procesal inmediata para frenar la causa. Carrió detalló las acciones a seguir contra el procedimiento policial y el juez interviniente. “Estamos impugnando el procedimiento policial. Se va a pedir la nulidad. Ya está todo encausado, no creo que haya otro procedimiento similar contra Matías”, aseguró.

La líder de la CC confirmó la recusación del magistrado y criticó la visión del fiscal sobre la magnitud de los actores involucrados. “Se está recusando al juez Saettone y creo que el fiscal Camafreita no entendió el contexto: la AFA es más grande que la corrupción kirchnerista”, concluyó.

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USHUAIA.- El inicio de 2026 está movido para la gestión del gobernador Gustavo Melella en Tierra del Fuego. Con las renuncias del ministro de Economía, Francisco Devita, y de la responsable de Desarrollo Social, Adriana Chapperón, el mandatario perdió dos piezas claves de su administración. A lo que se sumó una fuerte embestida, desde Buenos Aires, del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

“Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, disparó desde su cuenta de X “Toto” Caputo, para apuntalar la advertencia de la administración mileísta sobre un supuesto colapso financiero de la provincia más austral del país.

Tras el duro cuestionamiento del jefe del Palacio de Hacienda, en el gobierno de Melella lo acusaron de querer “sembrar una imagen de caos en la provincia”.

La noticia de la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, fue oficializada el pasado 30 de diciembre mediante el Decreto 3032/25. Sin embargo, era un “penal cobrado” a nivel local desde hacía varias semanas. Fuentes del gobierno aseguraron que “la renuncia se produjo posteriormente al pago de aguinaldos y con los sueldos de enero con cronograma de pago”.

Junto al ministro Devita se fue parte del equipo económico que lo acompañó en la gestión. El nuevo ministro a cargo de Economía será Alejandro Barroso, quien enfrentará el desafío de una provincia con deuda en dólares -producto de la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone-, falta de recursos nacionales y creciente demanda de pedidos de ayuda social que se suman a un contexto de inflación persistente y caída de la actividad industrial.

A la situación en Economía se le sumó el frente social con la renuncia de Adriana Chapperón al Ministerio de Bienestar Humano. Chapperón deja un área sensible en un momento donde la demanda de asistencia social ha crecido debido a la pérdida de competitividad de las empresas locales y la incertidumbre sobre el régimen de promoción industrial.

Gustavo Melella (FORJA) inició su segundo mandato en diciembre de 2023 con un amplio respaldo electoral, pero el escenario cambió drásticamente en términos políticos y económicos. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei no giró “ni un solo centavo a Tierra del Fuego en concepto de Aportes del Tesoro Nacional”, aseguran en la provincia. De hecho, el ministro saliente de Economía había denunciado públicamente un “castigo político” por parte del Gobierno nacional.

A esa situación se suma la crisis de la industria, con el sector fabril de Río Grande y Ushuaia atravesando un momento de fragilidad con impacto directo en la recaudación provincial. Además, a nivel interno, la relación con los tres municipios de la provincia está marcada por la tensión con los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; y de Río Grande, Martín Pérez, lo que erosiona la cohesión del frente oficialista.

En este contexto, Melella necesita un gabinete capaz de negociar con la oposición legislativa y de tender puentes con el Gobierno nacional. “Somos una de las provincias que nunca recibió ATN en un gobierno que cada vez envía menos coparticipación, con falta de fondos que la provincia dejó de recibir en áreas sensibles como salud y educación. Los convenios de obra que se firmaron no fueron cumplidos. No hay provincia que aguante algo así”, afirman en Ushuaia.

“Tierra del Fuego no recibió ni un solo ATN en la gestión de Milei, la situación es compleja y no tiene que ver con ideología política sino con economía. Hay una intención de socavar el gobierno desde los libertarios, hay intencionalidad”, advierten.

Ante las afirmaciones en X de Santiago Pauli (diputado de La Libertad Avanza) de que la provincia “está quebrada” -por el pedido del gobernador de un adelanto del pago de la tasa de verificación a empresas industriales-, fuentes del gobierno provincial afirmaron que “es raro que afirme que una provincia que está quebrada cuando paga sueldos y aguinaldos a término”.

Fuentes del gobierno provincial aseguraron a que las renuncias de los últimos días “son cambios que ya estaban consensuados, no es una renuncia intempestiva ni masiva, sino cambios para oxigenar el gabinete, no tiene que ver con situaciones particulares; de hecho, renuncian pero siguen colaborando y estamos en una transición ordenada en las áreas en las que van a asumir nuevos funcionarios”.

“Específicamente en Economía la renuncia del ministro se da en un marco en el que ya se pagó aguinaldos, se están pagando los sueldos a término, es un cambio ordenado. Hay provincias, como Santa Cruz, en la que los aguinaldos se pagaron en cuotas. No es nuestro caso. Por supuesto que hay situaciones complejas, pero claramente hay sectores que quieren aprovechar para sembrar una imagen de caos”, denunciaron.