POLITICA
Fuerte rechazo de políticos e intelectuales a la defensa que hizo Javier Milei del falso video de Macri

Un fuerte rechazo generó en la oposición y en el campo periodístico e intelectual las declaraciones del presidente Javier Milei, que se amparó en la libertad de expresión para defender la difusión del video falso creado con inteligencia artificial, que con la imagen y la voz apócrifa de Mauricio Macri intentó confundir al electorado porteño horas antes de los comicios.
Dirigentes políticos y voces del mundo del pensamiento consultados por encuadraron el episodio en un intento de fraude electoral, con la intención de hacer daño, como expresión de “la campaña sucia”, más que en el campo de la libertad de expresión.
Con este antecedente y con vistas a las elecciones nacionales de octubre, el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para garantizar la protección del régimen electoral frente “a la desinformación generada por contenidos manipulados”.
“La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura, eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales”, dijo Milei el martes por la noche, en diálogo con LN +, al denunciar que las críticas al video difundido por cuentas libertarias esconden el intento de “cercenar la libertad de expresión”.
En un mensaje claro, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Dessein, dijo a que “la libertad de expresión no implica ausencia de responsabilidad ulterior”.
“La difusión de videos falsos, con capacidad de afectar el discernimiento sobre las opciones de un acto electoral, genera un daño profundo en la dinámica democrática. Ese perjuicio está previsto en el Código Nacional Electoral, que prohíbe la inducción a votar en un sentido a través de engaños. Por otro lado, el uso de la imagen y la voz de un tercero sin su consentimiento contraviene artículos del Código Civil y de la ley de propiedad intelectual”.
Para Dessein, es “inverosímil la hipótesis de que el retuiteo de los deepfakes de Mauricio Macri y Silvia Lospennato por parte de destacados referentes de la Libertad Avanza se haya hecho sin el conocimiento de su falsedad”.
“La capacidad de sus cuentas de impulsar su viralización entre millones de usuarios –añadió- los convierte en canales eficientes para una afectación de la voluntad electoral. La tesis presidencial de que no se trató de una violación de las reglas de juego, sino de una broma, exige una interpretación demasiado laxa de lo que concebimos como humor”.
Una excepción al rechazo generalizado de la justificación que hizo el primer mandatario fue la opinión del académico y economista Alberto Benegas Lynch (h.). Ante la consulta de , expresó: “Comparto la opinión del presidente Milei, que cada cual se exprese como lo estime conveniente, lo cual no quiere decir que todo esté bien. La Justicia es el camino para quienes consideren que su derecho ha sido vulnerado o que critique lo expresado vía el medio que prefiera”.
En tanto, la diputada nacional Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) puso en duda los dichos de Milei sobre la libertad de expresión en redes sociales tras la difusión del video falso contra Mauricio Macri. “No se trata de libertad de expresión, sino de un fraude electoral que distorsiona la realidad y vulnera el derecho a una información veraz sobre los candidatos”, afirmó.
Según Banfi, ese tipo de contenidos afecta directamente el proceso de representación democrática. “Cuando se manipula la información en campaña, se condiciona el voto y se limita, en los hechos, la libertad de expresión”, dijo la legisladora, quien integra la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
“Me parece una barbaridad. Libertad de expresión es respetar las opiniones de los periodistas, cosa que el Presidente no hace. Aceptar este tipo de maniobras para tratar de cambiar la voluntad de los electores me parece una falta de respeto, eso no es libertad de expresión”, expresó el senador nacional Pablo Blanco (UCR -Tierra del Fuego).
Las afirmaciones del Presidente fueron refutadas también por el diputado nacional Pablo Carro (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja. Consultado por , dijo que “la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más denostados por el presidente Javier Milei”.
“Fundamentalmente –explicó-, hace uso de una doble vara respecto de la conversación pública; en el caso de los videos fake de Mauricio Macri, invoca el ejercicio absoluto de la libertad de expresión y sostiene que ‘no hay que perseguir’. Sin embargo, cuando esas expresiones públicas tienen como destino su gestión de gobierno o su persona, el que persigue es él. Lo hace abiertamente, amenaza a periodistas con nombre y apellido, les inicia causas judiciales, los quiere silenciar. Lisa y llanamente”.
Carro sostuvo que “los videos emitidos en plena veda electoral mostraban una clara suplantación de identidad utilizando inteligencia artificial y por ello la justicia porteña investiga a los tuiteros del entorno presidencial. En el caso de las denuncias a periodistas, Milei no solo opinó haciendo ejercicio de su libertad de expresión, sino que usó su cargo para pedirle a la Justicia que aplique reglas sobre calumnias e injurias. Dos fiscales ya determinaron que no hubo delito. Son periodistas, haciendo su trabajo. El problema es que al Presidente no le gustaron sus opiniones”.
El diputado peronista consideró que “el Gobierno considera que la libertad de expresión es lo que Milei dice que es, y no otra cosa. Usa su investidura para llevarse todo puesto, quiere imponer su relato y, al mismo tiempo, ejerce e incita un odio que ya tiene consecuencias para muchos argentinos en su vida cotidiana. La situación es preocupante; están siendo erosionados los valores democráticos fundacionales de nuestro país”.
A Fernando Carbajal (Democracia para Siempre-Formosa), los dichos de Milei le generan “enorme preocupación, porque hay una contracara de la libertad de expresión, que es la responsabilidad en el ejercicio de esa libertad”. El diputado y exjuez federal afirmó, en ese sentido, que “la libertad de expresión no implica el derecho a hacer daño y el derecho a mentir, sino decir las cosas y asumir las responsabilidades consecuentes”.
“Estos son actos de mala fe, que se constituyen en verdaderos ataques contra el sistema democrático. Lo que sucedió horas antes de las elecciones porteñas claramente afecta la calidad del sistema democrático», dijo Carbajal.
Para la diputada Marcela Passo (Unión por la Patria-Buenos Aires), detrás del video se visualiza “la intencionalidad de hacer daño, por parte de quienes se esconden detrás del anonimato haciendo uso de nuevas tecnologías”. Estimó que “es cierto que esas tecnologías existen, que están al alcance de la mano y que en algún momento vamos a tener que tratar de encontrarle la vuelta también para regularlas”. Y afirmó que “de ninguna manera se los puede justificar detrás del argumento de la libertad de expresión”.
Por su parte, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda-Buenos Aires) advirtió que el tema es preocupante, máxime cuando se sospecha que detrás de la divulgación de un video falso se encuentra el Estado. “Cuando están alentados desde el Estado, es obvio que no se puede tomar livianamente, porque tiene toda una maquinaria que los reproduce y ya no es libertad de expresión sino campaña sucia».
El proyecto presentado por Cobos define con ese carácter “cualquier contenido audiovisual o sonoro creado o alterado digitalmente, que induzca a una persona razonable a creer falsamente que representa hechos o expresiones reales de la persona que aparece en el contenido”. Y prohíbe expresamente los “contenidos engañosos”, que puedan inducir a error respecto de la autenticidad del mensaje. Añade que las plataformas deberán habilitar mecanismos accesibles para poder denunciar contenidos engañosos.
Cobos argumenta en su propuesta que “la Argentina enfrenta en los próximos meses su primer proceso electoral en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”.
Y, basado en el antecedente del video apócrifo de Macri, advierte que “esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados de los comicios”.
El profesor Fernando Ruiz, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, consideró que “un presidente solo tiene que hacer una cosa para que el pueblo pueda estar realmente informado: dar conferencias de prensa abiertas. Trump lo hace; Milei, no”.
“No acepta hablar con periodistas que no tengan cierta afinidad. Parece no aceptar las críticas y los otros se tienen que bancar sus insultos. Claro que hay que defender la libertad de expresión, por eso no hay que convertirla en un chiquero”, señaló Ruiz, ante una consulta de .
Categórico, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo que “la libertad de expresión no tiene nada que ver con la posibilidad de crear contenido falso para confundir a propósito al electorado, para beneficiar a una agrupación política en particular”.
“La Justicia tiene que actuar fuertemente para que este tipo de acciones no se vuelva recurrente”, señaló Secchi.
Evaluó, además, que “el episodio es grave porque se orquestó pocas horas antes de la elección, en medio de la veda electoral, con lo cual había poco tiempo para desmentirlo, y poco margen para que actúe la Justicia” horas antes de la elección.
El politólogo Vicente Palermo sostuvo que “la brutalidad y la incoherencia de amparar la infamia en la libertad de expresión por parte de un Presidente es patente”.
Consideró que el líder de La Libertad Avanza está “en su etapa del síndrome de Hubris y eso incluye sentirse todopoderoso”. Estimó que “se enceguece y cree que está por encima de todo, de la ley, de lo fáctico y de la palabra: puede decir, sin el menor control, lo que quiere, porque su palabra es la ley”.
Palermo, miembro del Club Político Argentino, sostuvo que “Milei no es un maximizador de poder, presa de una sed insaciable de despotismo, sino algo más peligroso: un sicópata que cree en su misión, un mesiánico que está viviendo su Hubris, por eso para él vale todo”.
En ese análisis, el politólogo afirmó que “el Presidente considera que no tiene la menor importancia usar la libertad de expresión para defender una infamia y, al mismo tiempo, acusar a los periodistas de ser lo peor”.
“La resultante es que Milei puede considerar que diga lo que quiera será premiado, como en las elecciones del domingo. Puede creer que es impune su incoherencia y es premiada su exaltación”, concluyó Palermo.
El periodista Jorge Sigal también cuestionó la interpretación del Presidente. “La libertad de expresión, consagrada en la Constitución, no es una licencia para decir o hacer cualquier cosa. Así como el Estado debe garantizar su ejercicio sin restricciones, evitando presiones o represalias a quienes lo ejercen, aquellos que hacen uso de esa facultad no tienen carta franca para decir o hacer cualquier cosa: no borra otros derechos también protegidos por la ley”.
“Una noticia falsa o una falsificación -como fue el caso del video trucado del expresidente- nos coloca en una zona delicada y peligrosa. Sin dudas, las redes representan un nuevo desafío, ya que existen baches legales que deberán discutirse, pero el concepto de verdad no puede ser rifado así porque sí”, agregó Sigal.
Y prosiguió: “Es muy grave que sea el presidente de la Nación quien confunda libertad de expresión con la libre propalación de noticias truchas. Resulta inaudito y peligroso”.
Con la colaboración de Laura Serra y Delfina Celichini
POLITICA
Encuesta: crece la desaprobación a Milei y la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei cosechó importantes triunfos en el Congreso, donde consiguió recuperar la iniciativa política, evitar derrotas y fragmentar al peronismo. Frente a la crisis de liderazgos en la oposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) activó un feroz ataque contra los grandes empresarios del país y volvió a confrontar con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien está en la mira de la Justicia por las denuncias de desvío de fondos a empresas fantasma.
El Presidente se mueve con soltura en el ring político, como si no tuviera motivos por los que preocuparse o como si su gestión no hubiera sufrido un desgaste. Defiende los logros de su plan económico y, lanzado en la “batalla cultural”, vocifera insultos contra los que considera enemigos de su modelo. Sin embargo, una encuesta realizada en febrero por AtlasIntel y Bloomberg refleja que crece la desaprobación a Milei y que aumenta la preocupación en la ciudadanía por la economía y el futuro del país. Además, la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos.
Desde junio de 2025, ese ítem trepó a la cima de las preocupaciones ciudadanas. En ese momento, desplazó al desempleo o la inflación. Concuerda con el estallido del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al Presidente y su hermana, Karina Milei, y el avance de la investigación sobre el supuesto pago de sobornos en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de Andis Diego Spagnuolo, quien supo ser amigo de Milei -lo visitaba frecuentemente en Olivos-, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
El estudio -de 4.761 casos- arroja datos sorprendentes. Por ejemplo, el 55.3% de los encuestados desaprueba a Milei, una cifra que creció seis puntos respecto de enero, frente a un 41.5% de aprobación. Desde finales de 2025, la consultora detecta un incremento del rechazo a la gestión libertaria.
En ese contexto, AtlasIntel y Bloomberg señalan que el 53.1% de los encuestados considera al gobierno de Milei como “malo o muy malo”, mientras que solo el 35% lo califica de “excelente o bueno”.
A su vez, Milei tiene una imagen positiva del 41% frente a un 57% de negativa. Respecto de febrero, esa cifra creció cinco puntos. Y es el peor registro desde octubre de 2024.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof conserva un nivel similar de aprobación (40%), pero su imagen negativa está en entorno al 53%.
Por otro lado, el 62% de los argentinos tiene una “mala” percepción sobre la economía del país. Y el estudio refleja un marcado pesimismo en la población: el 50% cree que la economía empeorará durante los próximos meses y el 55% aguarda lo mismo para el mercado laboral.
Si bien la percepción de la inflación actual bajó al 25% -si se comprar con el pico del 60% a fines de 2024-, la expectativa de inflación para los próximos meses se mantiene en el 8.9%.
Por otra parte, la corrupción lidera la lista de preocupaciones de los argentinos, con un 43.9%. Más atrás figuran el desempleo (37.8%), los altos precios e inflación (33.5%) y la situación económica general (30.0%).
Entre tanto, el 71.4% de los encuestados cree que el nivel de criminalidad es “alto o muy alto”. Además, el 78.7% sospecha que las organizaciones criminales “controlan esferas importantes de la política y la justicia”.
En momentos en que Bullrich choca con su sucesora, Alejandra Monteoliva, por el ataque que sufrió por parte un integrante de la Policía Federal un camarógrafo en los alrededores del Congreso, el 58.3% califica de “malo o muy malo” el desempeño de la administración de Milei en seguridad pública.
No obstante, la propuesta impulsada por la Casa Rosada para bajar la edad de imputabilidad cosecha un gran apoyo en la sociedad. Es que el 61.3% de los consultados respalda el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, frente a un 33,9% que está en contra.
En ese marco, el sondeo refleja una grieta en la sociedad respecto de la reforma laboral que apalanca Milei. Un 46% sostuvo que es necesaria, mientras que un 49% opinó lo contrario. En esa línea, el 59% de los encuestados reconoce su temor de que la reforma disminuya los derechos de los trabajadores, y el 55% considera que ampliará la precarización laboral.
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POLITICA
El Gobierno considera que es una buena señal el llamado de Gallo a su familia y aguarda novedades por su liberación

El gobierno de Javier Milei recibió como una buena señal el llamado telefónico de Nahuel Gallo este jueves a su pareja tras 445 días de incomunicación y espera ahora novedades para su liberación.
“Hay que esperar. Falta un poco”, dijo a TN una fuente del ministerio de Seguridad.
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Es el primer contacto directo que el gendarme catamarqueño mantiene con su familia desde su detención el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela.
“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”, escribió su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, en un posteo de X, junto a una foto familiar.
Desde el Foro Penal esperan que sea el primer paso para más excarcelaciones de extranjeros
En tanto, el Foro Penal, la ONG venezolana que monitorea las excarcelaciones de presos políticos, destacó el llamado de Gallo a su familia como un “gesto positivo” que pueda desembocar en más liberaciones de extranjeros detenidos en Venezuela.
“En principio es algo positivo que por lo menos se haya podido tener noticias de él. Hemos visto muy poco movimiento de liberación de extranjeros en la aplicación de la ley de amnistía”, dijo a TN el vicepresidente del Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob.
Además, afirmó: “Esperamos que este gesto positivo implique que en algún momento Nahuel, conjuntamente con otros extranjeros y venezolanos de doble nacionalidad, puedan ser excarcelados”.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el jueves pasado una ley de ámnistía que según organismos de derechos humanos es muy excluyente. Hasta ahora, según Foro Penal, se liberaron a 109 presos políticos.
“El proceso ha sido lento, pero ha venido avanzando. Esto hay que destacarlo como positivo”, indicó.
Gallo está detenido en el penal conocido como Rodeo I, en las afueras de Caracas.
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Su pareja anunció que el gendarme inició el fin de semana pasado una huelga de hambre junto a cientos de otros detenidos. Según dijo, exige asistencia consular y una visita de la Cruz Roja.
Argentina carece de embajada en Caracas desde hace más de un año. Brasil avisó a principios de enero que dejó de representar los asuntos argentinos en Venezuela.
Desde entonces, el gobierno de Milei redefinió su estrategia y mantiene contactos con Italia para llevar asistencia a Gallo y al otro argentino detenido en Venezuela, el abogado Germán Giuliani.
Venezuela
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En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
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