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Luego de la controversia que generó la instalación de una tranquera metálica en un tramo de la ruta provincial 12, en Chubut, la propietaria de las tierras asegura que actuó con autorización oficial y lo hizo para evitar el robo de ganado y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche por su territorio.

El gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad, aclaró que la mujer actuó a derecho, debido a que la traza atraviesa un campo privado, propiedad de Luciana Zárate y su pareja. La obra quedó trunca y el gobierno suspendió el trámite para expropiar el tramo que ingresa al predio particular.

En diálogo con Infobae, Zárate explicó que antes de colocar el portal metálico tuvo el aval de Vialidad Provincial e incluso la Policía de Chubut tomó conocimiento de la medida. Nadie objetó la decisión, ya que el tramo es de su propiedad y no de uso público.

Sin embargo, el caso tiene un trasfondo aún más grave. Uno de los argumentos para la instalación de la estructura es evitar la sustracción de ganado en pie y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche que reside en la zona, a quienes acusa de hostigamiento y amenazas.

El caso tomó estado público cuando un integrante de una comunidad mapuche, de apellido Millán, registró en videos cuando instalaban el pórtico y denunció que un terrateniente estadounidense compró el campo y ordenó la colocación de una tranquera para cortar el tránsito en la ruta provincial 12.

Zárate desmintió la versión. “Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá, soy yo y mi pareja”, aseguró en diálogo con Infobae.

El origen del conflicto es una disputa anterior con integrantes de una comunidad mapuche que residen en un predio fiscal de las inmediaciones, quienes utilizaban el tramo de pavimento de la ruta provincial 12 –que en realidad pertenece a Zárate- para transitar hacia su territorio.

La tranquera, además del robo de ganado, tenía como objetivo evitar que circulen por allí. “Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves”, expuso la mujer.

Relató un caso en el que integrantes de esa autoproclamada comunidad intentaron enterrarla viva cuando construía una fosa para colocar un guardaganado.

“Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla”, dijo la mujer, en un relato que grafica la grave confrontación que mantiene con quienes aseguran tener derechos ancestrales sobre las tierras.

Aseguró: “Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir. Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos”.

“Se ajusta a derecho”

La dirección de Vialidad Provincial defendió la colocación del pórtico metálico sobre el tramo de la ruta, debido a que la traza se encuentra dentro de una propiedad privada.

Zárate aseguró que el pórtico “se va a quedar donde está”. “Es mi propiedad”, insistió. Y aseguró que “la tranquera está abierta y es posible circular”.

El organismo provincial aclaró que la mujer instaló el pórtico en pleno “ejercicio de un derecho de propiedad, sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.

La carpeta asfáltica que atraviesa el campo privado corresponde a un proyecto vial inconcluso, ejecutado entre los años 2005 y 2009. La obra fue materializada físicamente, aunque el proceso de adquisición de tierras y transferencia a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó.

El sector afectado, según Vialidad Provincial, pertenece legalmente al predio “La Cancha”, aquirido por Zárate a su titular original, Emilia Méndez de Medina, quien colaboró con Vialidad Nacional permitiendo la instalación de los obradores y la ejecución de la cinta asfáltica.

Cuando se concretó la obra, existió un proyecto de convenio para realizar obras de cerramiento por parte de Vialidad Provincial, aunque el mismo nunca fue firmado. Al no formalizarse la cesión, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada.

Vialidad autorizó a Zárate a colocar el pórtico, para evitar la confusión de automovilistas en un desvío, impidiendo además el ingreso de particulares al terreno de la mujer,

“El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima” concluyó Vialidad Provincial, y agregó que, ante esa situación “el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.

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En un comunicado, el fiscal Eduardo Taiano dio precisiones sobre el análisis técnico de los dispositivos secuestrados en la investigación conocida como causa $LIBRA y explicó las medidas adoptadas tras la filtración de documentación privada de los imputados.

En medio de las críticas por presuntas demoras de la investigación, la fiscalía detalló que luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

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Durante ese proceso, profundizó el comunicado, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, aclaró Taiano.

En esa línea, el fiscal aclaró que “el informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.

Por último, en el comunicado emitido se aseguró que “las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).

También el Presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei.

El fiscal a cargo del caso aseguró que se trata de una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.

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“Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso, en el que se hallan imputadas gran cantidad de personas relacionadas entre sí mediante complejos vínculos informales, que incluyen actividades en el extranjero; y frente a la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar de imposible su cautela posterior», sostuvo el fiscal.

La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales, el viernes 14 de febrero.

Eduardo Taiano, Libra, Justicia