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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en las últimas horas el foco en una serie de gastos en dólares que la Justicia busca contrastar con sus ingresos declarados como funcionario público. La lupa está puesta sobre una serie de operaciones que no se corresponderían con sus ingresos.

El juez federal Ariel Lijo dispuso este jueves el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La medida habilita a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas, consumos, créditos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

En paralelo, la fiscalía avanza en el análisis de una serie de gastos concretos realizados en los últimos años. Se trata de erogaciones en dólares vinculadas tanto a operaciones inmobiliarias como a consumos personales, que serán contrastadas con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según consta en el expediente— estuvo congelado y ascendía a unos $3 millones mensuales hasta diciembre del año pasado.

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Entre los principales desembolsos bajo análisis aparece el pago de 30 mil dólares realizado al momento de la compra del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. La propiedad fue adquirida por un valor total de 230 mil dólares, con una hipoteca de 200 mil otorgada por las propias vendedoras, lo que obligó a Adorni a cubrir la diferencia inicial.

A esa operación se suma otro pago de 20 mil dólares correspondiente a la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil. Según consta en la causa, 100 mil dólares provinieron de una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea, mientras que el resto fue aportado al momento de la adquisición.

Esa misma hipoteca de Asamblea también figura en la reconstrucción financiera: en noviembre de 2025, Adorni realizó un pago de 30 mil dólares para cancelar parte de esa deuda, cuyo saldo restante continúa vigente bajo las condiciones originales.

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La Justicia también incorporó gastos vinculados a viajes. Entre ellos, el vuelo en avión privado a Punta del Este, que el propio funcionario indicó que tuvo un costo de 3600 dólares. A esto se agrega el valor del pasaje de su esposa en el viaje oficial a Nueva York, que ascendió a 5154 dólares, según la documentación presentada ante el expediente.

Otro punto relevante es el pago de 5000 dólares correspondiente a la tasa de ingreso al country Indio Cuá, un dato que surgió a partir de un requerimiento específico del fiscal Pollicita en las últimas horas.

En conjunto, estos movimientos configuran un volumen de gastos en dólares que ronda los 90 mil en un período de aproximadamente dos años, sin contabilizar los montos correspondientes a las hipotecas. Se trata únicamente de erogaciones “en blanco”, es decir, registradas, pero que igualmente deben ser explicadas en función de los ingresos declarados.

A este escenario se suman otros elementos que todavía no están completamente determinados en el expediente, como los gastos en refacciones tanto en el departamento de Caballito como en la propiedad de Indio Cuá. Esos trabajos forman parte de nuevas medidas de prueba que la fiscalía prevé profundizar.

La causa tiene como eje central la compra del inmueble de Caballito y la estructura financiera utilizada para concretarla, en particular la hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo ante la Justicia que se trató de “una operación normal” y aclaró que “no hubo préstamos de dinero en efectivo”.

Sin embargo, el fiscal Pollicita mantiene bajo análisis la lógica económica de ese esquema y ya afirmó que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario.

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El expediente también incluye operativos en inmobiliarias, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos oficiales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una investigación que busca determinar si los gastos detectados pueden ser justificados con los ingresos registrados o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada. La Justicia, por su parte, avanza en el cruce de datos con un objetivo concreto: verificar si la cuenta, efectivamente, cierra.

Manuel Adorni