La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.

El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.

Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.

Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.

En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.

El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.

En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.

Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.

Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.

A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.

En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.

De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.

Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.

Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.

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El Gobierno pondrá en marcha este lunes una secuencia política diseñada para intervenir de manera simultánea en tres planos: la política exterior, la coordinación interna de la gestión y el frente legislativo. Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezará luego un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei y seguirá de cerca la antesala de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera convertir en ley el proyecto de glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado.

La evaluación de la Casa Rosada integra estos movimientos como parte de una estrategia unificada: mostrar iniciativa, ordenar la gestión y proyectar capacidad de articulación política en distintos niveles de poder.

La visita de Kast constituye el primer eje de esa secuencia. El mandatario chileno eligió a la Argentina como destino inicial de su primera gira internacional desde que asumió el 11 de marzo, en una decisión que se inscribe en una tradición política, pero que también tiene una lectura contemporánea. “Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina”, señaló antes de partir, al tiempo que recordó que lo mismo hicieron Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Kast llegó anoche a Buenos Aires, donde fue recibido con honores, y desplegará una agenda breve pero concentrada. La reunión bilateral con Milei, prevista para las 10 de la mañana en Casa Rosada, será el punto central, pero no el único elemento relevante. El formato ampliado del encuentro, con presencia de los gabinetes de ambos países, busca dotarlo de densidad política y operativa.

La composición de la delegación chilena confirma esa intención. Kast arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Cada uno de esos nombres responde a un eje concreto de la agenda. Infraestructura, seguridad y comercio aparecen como los tres vectores principales de la relación bilateral en esta etapa. En el plano de la integración física, el foco estará puesto en los pasos internacionales y en la necesidad de mejorar la conectividad logística entre ambos países, un aspecto central para las economías regionales y para el flujo comercial.

En materia de seguridad, el énfasis estará en la coordinación frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico. Kast lo explicitó antes de viajar al sostener que se trata de fenómenos que exceden las fronteras nacionales y que requieren respuestas coordinadas. Esa definición no solo ordena la agenda bilateral, sino que también ubica a ambos gobiernos en una narrativa común frente a un problema que atraviesa a la región.

La visita también incorpora un componente político más explícito. Kast habló de enemigos comunes y eligió una fecha simbólica —el aniversario de la Batalla de Maipú— para inscribir la relación en una lógica de cooperación estratégica. En ese marco, reintrodujo el caso de Galvarino Apablaza, el guerrillero acusado por el crimen de Jaime Guzmán. “Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino”, afirmó, al tiempo que anticipó que impulsará gestiones para que el acusado rinda cuentas ante la justicia chilena.

La bilateral tendrá, además, un efecto hacia adentro del Gobierno argentino. Milei decidió que el encuentro sea acompañado por su gabinete, en una señal de alineamiento político. Esa imagen funciona como antesala del segundo movimiento del día.

La coordinación interna y el rol de Adorni

Al mediodía, está previsto que el Presidente encabece un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei, con un rol preponderante del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el objetivo será reforzar la ejecución de la gestión y asegurar que cada área avance en los objetivos definidos.

En ese esquema, Adorni asumirá un papel central en la coordinación política del gabinete. La intención es consolidar un mecanismo de conducción que articule el seguimiento de la gestión con la toma de decisiones estratégicas, complementando las reuniones individuales que el jefe de Gabinete ya mantiene con distintos ministerios. Será otra señal inequívoca de respaldo, en medio de la tormenta política que se desató hace semanas por investigaciones judiciales en torno a su situación patrimonial.

La reunión tendrá una impronta distinta a las anteriores por el lugar que ocupará Adorni, con el aval directo de Milei y de Karina Milei. El objetivo es ordenar la ejecución, alinear prioridades y reforzar la conducción política del Ejecutivo en una etapa en la que la gestión empieza a exigir resultados concretos en distintas áreas.

El tercer eje de la secuencia se proyecta hacia el Congreso y tiene el objetivo de trasladar al ámbito parlamentario la iniciativa política, después de semanas de parálisis. El oficialismo tiene puesta la atención en la sesión convocada para el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará la Ley de Glaciares. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y, de aprobarse, quedará convertido en ley.

El martes habrá una reunión previa —la última antes de la sesión— en la que se terminarán de consolidar los apoyos. En la Casa Rosada prevén un escenario de aprobación basado en una mayoría previsible, construida sobre el bloque libertario, aliados parlamentarios como la UCR y el PRO, y el respaldo de gobernadores peronistas que tienen incidencia directa sobre votos clave. El Gobierno podrá mostrar así, en caso de lograr la sanción de la primera ley en el período ordinario, que continúa políticamente sólido.

El acompañamiento de esos mandatarios resulta central. Son quienes vienen impulsando la norma como una herramienta para otorgar seguridad jurídica al sector y despejar restricciones que afectan el desarrollo de la actividad minera. Para el Gobierno, la eventual aprobación no solo implicaría un avance legislativo, sino también una señal política de capacidad de articulación con actores territoriales.

Avances legislativos y agenda judicial

En paralelo, la Casa Rosada activará otra agenda de impacto institucional,con el envío de más pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continuará remitiendo nombres al Senado en un esquema progresivo que busca abordar un problema estructural.

Es que, según estimaciones oficiales, las vacantes superan el 35% de los cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. El proceso que se pone en marcha apunta a reducir ese déficit de manera gradual, con envíos escalonados que incluyan distintas jurisdicciones del país.

Ese movimiento se combinará con la definición de la comisión bicameral de inteligencia, un ámbito clave en la arquitectura institucional del Congreso y de alta sensibilidad política. El oficialismo buscará moldear su conformación y posicionar a figuras de confianza, entre ellas Sebastián Pareja en la presidencia, en un esquema que le permita ordenar ese espacio.

La estrategia contempla acuerdos con bloques dialoguistas para estructurar la integración de la bicameral, al tiempo que se busca limitar la capacidad de incidencia del kirchnerismo. En ese tablero aparece también un sector del peronismo con posicionamientos menos confrontativos, integrado por dirigentes como Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, dentro de un bloque que formalmente conduce Germán Martínez.

La conducción parlamentaria del oficialismo -en la que tiene especial gravitación Martín Menem– evalúa esos movimientos con lógica pragmática. No se trata de alianzas estables, sino de acuerdos que permitan sostener mayorías y evitar bloqueos en instancias clave.

Toda esta secuencia se desarrolla mientras el Gobierno busca ordenar el frente interno y despejar tensiones. El fin de semana, Milei salió a respaldar públicamente a figuras centrales de su esquema político y a negar cualquier versión de internas, con mensajes en los que elogió el rol de Santiago Caputo, el principal estratega del Gobierno y uno de los asesores de mayor confianza del Presidente.

Ese movimiento convive con la gestión de otras controversias recientes. En el caso de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores, el Presidente fijó una posición clara: no hay cuestionamientos a la legalidad de esas operaciones realizadas con la entidad oficial.

Para la Casa Rosada, la política de créditos —en particular los hipotecarios— forma parte de una política de Estado destinada a la clase media y orientada a reactivar una palanca de crecimiento que estuvo bloqueada durante años de alta inflación y de un Estado que absorbía el crédito disponible para financiar el déficit. El propio Milei se ocupó de desterrar las sospechas y cuestionó las críticas planteadas en torno a los créditos que tomaron funcionarios y legisladores oficialistas.

En ese contexto, según pudo saber Infobae, la ministra Sandra Pettovello tomó la decisión de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero aclaró que esto no tuvo nada que ver con el crédito por más de 400 millones de pesos que, se confirmó, obtuvo del Nación. “Era una persona de confianza, que representaba al Ministerio en muchos temas de enorme sensibilidad. No se puede tener a alguien que oculta cosas. El crédito no es cuestionable, lo que no se puede tolerar son las mentiras”, le dijo la ministra a un interlocutor que habló con ella el fin de semana, según pudo confirmar este medio.

La visita de Kast, la centralidad que asumirá Adorni en la coordinación del gabinete, la apuesta por la Ley de Glaciares y el avance en la agenda judicial forman parte de un mismo diseño. La Casa Rosada busca encadenar decisiones en distintos frentes para sostener la iniciativa política, ordenar el funcionamiento del Gobierno y proyectar capacidad de acción en un contexto donde cada movimiento tiene impacto inmediato sobre el equilibrio interno y la dinámica legislativa.

En ese marco, la secuencia que se despliega desde este lunes no se agota en la agenda del día. Funciona como un intento de reorganizar prioridades, reforzar la conducción y enviar una señal hacia el sistema político: el Gobierno busca volver a marcar el ritmo y condicionar la discusión pública desde la acción, más que desde la reacción.

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