POLITICA
Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión

El mito de la infalibilidad de Javier Milei se construyó sobre tres pilares. Solvencia técnica, reflejada en una planificación milimétrica del programa económico. Un mensaje ético orientado al combate de los desalmados que usan el Estado para enriquecerse. Y una mística grupal que infunde lazos religiosos entre sus seguidores. Todo ese edificio narrativo tambalea en el momento más inoportuno.
Los días previos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires se sucedieron como un calvario para el gobierno libertario. Milei empezó la campaña en un pico de optimismo, que lo llevó a convertir unos comicios de fuerte impronta municipal en una cruzada para terminar con el kirchnerismo. La terminó enredado en una severa crisis de confianza, con su dispositivo de gobernabilidad averiado, los mercados en alerta y un manifiesto espíritu de desunión entre los propios.
El resultado que se conocerá en la noche del domingo pondrá a Milei ante un punto de inflexión. El “empate técnico” que pronosticó antes de la veda o una victoria de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro le permitirían detener una dañina espiral de incertidumbre. Pero difícilmente le alcanzarían para acomodar mágicamente todo lo que se salió de lugar.
Lo que está en juego en las urnas bonaerenses es en qué clima tendrá que iniciar Milei la reconstrucción de su política cambiaria -emparchada de urgencia el martes pasado-, de su equipo de colaboradores y de las alianzas requeridas para gobernar en minoría parlamentaria, una condición que no se arreglará en este turno electoral.
¿Habrá sosiego al final del escrutinio? Las sospechas de corrupción en el área de Discapacidad, instaladas con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, afectaron no solo la popularidad de los hermanos Milei, sino también su ánimo. Una atmósfera persecutoria rodea a la Casa Rosada sobre todo desde que se conocieron grabaciones clandestinas a Karina Milei.
La reacción agotó todo atisbo de templanza en la cima del poder. Se ordenó una exhaustiva revisión de todos los despachos relevantes, en busca de micrófonos ocultos. No apareció nada. Lo mismo se hizo en las salas nobles de la Cámara de Diputados, señorío de los Menem. La secretaria general de la Presidencia impulsó una demanda judicial para prohibir la publicación de cualquier grabación de su voz. Un juez civil y comercial, Alejandro Patricio Maraniello, le dio el gusto de imponer una censura previa en nombre de la libertad.
A la jugada se zambulló Patricia Bullrich con un escrito en el que le pidió a la justicia federal que allanara a periodistas y medios en busca de información sobre las grabaciones al “Jefe”, como llama Milei a su hermana. Lo quiso negar cuando le recordaron en televisión su antiguo afán por defender la inviolabilidad de las fuentes periodísticas. Le salió mal.
El Gobierno denunció una conjura internacional en la que ubicó a los servicios rusos, el gobierno de Venezuela y la AFA, mezclados con la diputada Marcela Pagano, que entró al Congreso como protegida de Milei hace apenas dos años. Todo con el objetivo de afectar a los hermanos libertarios, socavar la seguridad nacional y allanar el regreso del kirchnerismo al poder.
Es un relato victimista que traza una explicación para los problemas del oficialismo, pero no ofrece respuestas a los dichos atribuidos a Spagnuolo sobre un supuesto sistema de retornos en la compra de drogas para el área de Discapacidad. ¿Cómo encaja un amigo íntimo del Presidente, asiduo concurrente a las veladas dominicales de ópera en la residencia de Olivos, en el complot maléfico gestado por Putin, Maduro y el Chiqui Tapia?
Bullrich consideró un agravante que los encargados de la operación hubieran guardado durante un año los audios de Spagnuolo para darlos a conocer en la campaña electoral. No se preguntó si lo que decía en esas charlas impúdicas era cierto o no y cómo pudo ser que nadie hubiera prevenido al Presidente durante todo ese tiempo de lo que iba diciendo por ahí un funcionario que alguna vez lo representó como abogado.
El escándalo reavivó la tendencia obscena en el ambiente libertario a grabarse entre ellos a escondidas. Al exjefe de Gabinete Nicolás Posse lo expulsaron bajo la acusación (nunca comprobada) de hacer espionaje interno. Desde antes de llegar al poder candidatos, legisladores y funcionarios se revolean audios por los medios o redes sociales al compás de sus rabietas internas.
Quien más se acercó a repudiar a Spagnuolo fue Milei. Prometió denunciarlo penalmente hace 10 días, pero aún no lo hizo. El exfuncionario deja trascender que podría declarar como arrepentido en la causa judicial. Las amenazas cruzadas congelan la situación.
Un relativo alivio era palpable en el oficialismo porque no aparecieron nuevos audios comprometedores en las vísperas de la votación. Pero sobrevolaba una incógnita sobre la conveniencia de la estrategia judicial elegida. ¿La desesperación por censurar unas grabaciones en apariencia insulsas no habrá alimentado la suspicacia de que Karina Milei tiene algo que ocultar?
Milei se encargó de reivindicarla en público. Y le pidió que se quedara en Buenos Aires mientras él viajó a Los Ángeles, como señal de que la Casa Rosada quedaba bajo control familiar en esas horas de estrépito.
El Presidente se llevó a Luis Caputo. Fue una forma de mostrar unidad en el mando económico en horas en las que corrían versiones de un distanciamiento entre ellos a raíz de filtraciones surgidas desde el Palacio de Hacienda que atribuyen a Milei –y no a Caputo- la autoría intelectual de una serie de decisiones que afectaron la política aplicada desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La presión sobre el mercado de cambios derivó en el anuncio de que el Tesoro intervendrá dentro de las bandas de flotación anunciadas en abril. Fue como arriar una bandera gigante. “¡El dólar flooooooota!”, gritaban Milei, Caputo y todo el equipo económico para burlarse de los técnicos que señalaban inconsistencias en el programa cambiario. Negar la intervención estatal en el mercado era un dogma. Cómo olvidar el “comprá, campeón, no te la pierdas” del ministro. Pasó una vida: fue el 1 de julio.
El nuevo parche le sirvió al Gobierno para tapar una olla a presión. Pero al costo de vender unos 500 millones de dólares en cuatro días. Y algo peor: tuvo que romper una regla firmada con el FMI y anunciada por el Presidente. La confianza se construye cuando las normas se cumplen en los momentos difíciles.
El mercado recela de la improvisación. Milei y Caputo lo saben, a juzgar por su costumbre de presentar sus medidas como fruto de un frío cálculo diseñado en tiempos inmemoriales. El volantazo inocultable del martes pasado confirmó la expectativa de que habrá un nuevo esquema cambiario después del proceso electoral. Lo que garantiza al menos dos meses de inestabilidad hasta las legislativas de finales de octubre.
A la agitación financiera se sumó otro Vietnam en el Congreso. La oposición dio vuelta el veto de Milei a la emergencia en discapacidad con el voto de todos los senadores salvo los libertarios y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. Otra mayoría abrumadora dio el primer paso hacia la aprobación de una ley que limitaría el uso de decretos para gobernar.
Los libertarios van desamparados a las sesiones. Hasta los aliados del Pro arrastran los pies. La ruptura de los pactos con los gobernadores que le permitió a Milei gestionar con pocos sobresaltos en 2024 ha sido una fuente de debilidad institucional. Para muchos opositores moderados se rompió el tabú de “votar con el kirchnerismo”. El Presidente minimizó el efecto porque creía a ciegas en un triunfo arrasador en las elecciones que obligaría a los díscolos a volver, arrodillados, a pedir clemencia.
Ese escenario está hoy en dudas. Los gobernadores, obsesionados con blindar sus territorios, empezaron a explorar una alianza nacional de cara a 2027. Se convencieron de que Milei nunca los admitirá en su paraíso libertario y que solo les propone el trato del escorpión: picarlos en pleno cruce del río. La foto de casi todos los gobernadores en ronda durante la fiesta aniversario del diario Clarín, el lunes pasado, fue un mensaje político que el ala racional de la Casa Rosada leyó con preocupación.
La derrota con la ley de discapacidad expuso al mileísmo a otro episodio incómodo. Fue cuando el propagandista Daniel Parisini (Gordo Dan) emitió un tuit aberrante contra el senador Luis Juez, que votó con la oposición y alegó que lo hacía en nombre de su hija con parálisis cerebral. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sintió la necesidad de condenar la brutalidad de Parisini. “Este señor no forma parte del Gobierno”, dijo. Parisini insistió con su ataque a Juez y se permitió recordarle a Francos su pasado como funcionario de la administración de Alberto Fernández (fue representante argentino en el BID).
Las redes libertarias estallaron con comentarios a favor de uno y de otro. Parisini suele cobijar a Milei en su canal de streaming, Carajo. A su mesa concurren Luis Caputo y su equipo económico a explicar los detalles del programa entre risotadas, elogios y cargadas a los rivales. Y, lejos de ser un mero comunicador deslenguado, es íntimo de Santiago Caputo, que le encomendó liderar la agrupación Las Fuerzas del Cielo. ¿Fue su ráfaga despectiva contra Francos una forma de cobrarse tardíamente la derrota de su sector en el reparto de candidaturas de LLA?
Lo único seguro es que hasta el mensaje contra Juez los tuiteros caputistas parecían en huelga de dedos caídos, mientras la temperatura de las redes la marcaban los antimileístas, con jingles sobre las coimas y burlas a Karina.
Tampoco es que los ganadores de las listas garanticen un upgrade de calidad institucional. Milei pidió por un lugar expectante en la nómina de candidatos a diputados por Buenos Aires para Sergio Figliuolo, alias “Tronco”, compañero de micrófono de Alejandro Fantino. Después del acto de cierre de campaña del Presidente en Moreno, el probable futuro legislador nacional dijo que el conurbano “es the walking dead” y que los vecinos que protestaban contra los libertarios en la zona “eran 25 monos sin dientes tirando piedras”.
Milei llegó a ese acto de cierre mientras circulaban en la Casa Rosada encuestas poco favorables para LLA de cara a las legislativas bonaerenses de este domingo. Suficiente para hacerlo abrir el paraguas, hablar de un “empate técnico” y apelar, desde el dramatismo, a la participación.
No se bajó de la narrativa que se impuso al inicio de la campaña, cuando éramos tan jóvenes y pocos sabían quién era Spagnuolo. “Kirchnerismo nunca más” se pensó como un eslogan maximalista, anclado en un optimismo a prueba de balas. Cuando la economía navegaba en aguas estables, el logro de la baja inflacionaria parecía blindado, el peronismo se hundía en sus rencores y Cristina Kirchner quedaba presa en su casa.
La oferta se redujo a demonizar al enemigo. Lo mismo hizo Axel Kicillof. La polarización es un ticket al autoengaño. En el peronismo se ilusionan con festejar en medio de este momento de fragilidad libertaria. ¿Podrá un eventual triunfo de Fuerza Patria curar los odios ancestrales que dividen a sus integrantes? ¿Puede Kicillof considerarse ganador si el hipotético éxito fuera obra de los caciquejos municipales del partido? Para él, ganar es un acto de supervivencia. Solo después podrá soñar con un camino hacia el liderazgo nacional. Enfrente tendrá, antes que nadie, a Cristina y Máximo Kirchner.
Milei no distingue entre kirchneristas. Los llamó “chanchos sucios”. Los acusó de haber convertido a Buenos Aires en un gran chiquero y en un baño de sangre en los últimos 20 años de gobierno provincial. Por suerte no estaba para corregirlo su secretario de Ambiente, Daniel Scioli, gobernador en un tercio de ese período y a quien el propio Presidente asesoraba durante la aventura.
Al calor del discurso, Milei volvió a incurrir en lapsus. “¡Los kirchneristas te rompen las piernas, compran las muletas con sobreprecios y te exigen que les des las gracias! ¡Son unos delincuentes!”, bramó. Faltó que la cara de Spagnuolo se recortara en las pantallas gigantes.
Entre el público aplaudía Patricia Bullrich, a quien esta vez le falló el ojo de lince que la ayuda a detectar barrabravas en lugares. Una investigación del periodista Gustavo Grabia reveló cómo le franquearon el ingreso al acto a una docena de barras encapuchados de River y otros clubes. Al parecer cumplieron “funciones de seguridad” en previsión de desbordes de bandas enemigas. A veces, el que las hace las cobra.
Todo vale para el “nunca más” antikirchnerista. Aunque la polarización extrema configure la paradoja que condiciona el futuro de Milei: lo que funciona como truco electoral, va en contra de los intereses de un gobierno urgido de consensos para aprobar las reformas contempladas en su plan.
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POLITICA
Los peritos de la Corte Suprema revisarán la fortuna del exintendente Martin Insaurralde

Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.
La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.
Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.
El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.
Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.
Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.
La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.
La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.
Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.
Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.
Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.
El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.
Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.
Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.
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POLITICA
La oposición busca llevar al Congreso la discusión por la quita temporal de retenciones al campo

El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.
“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.
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López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.
Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.
Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.
El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.
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Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.
Pedido de informes desde UxP
Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.
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“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.
El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.
La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.
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POLITICA
Golpe kirchnerista en la Corte de Santa Cruz: se resiste a aceptar a los nuevos miembros y desafía a Vidal

EL CALAFATE.- La Corte de Santa Cruz, que responde al kirchnerismo, abrió un conflicto de poderes en la provincia al declarar nulo el acto de jura de los dos nuevos miembros designados el viernes por la Legislatura, en un intento por bloquear su ingreso y conservar el poder.
De esa forma, la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal alcanzó su máxima tensión.
Luego de la jura de los dos nuevos miembros propuestos por Vidal para el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuatro de los cinco jueces kirchneristas del cuerpo declararon nulo el acto y argumentaron que se encuentran vigentes dos medidas que impiden avanzar con los nombramientos.
“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostiene la resolución que lleva la firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Y afirma que lo resuelto por la Legislatura ”podría reputarse nulo de nulidad absoluta».
Basanta fue ministro de Alicia Kirchner y Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner. Ludueña es hija de un senador kirchnerista y y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.
En la resolución, los jueces aluden a una cautelar vigente firmada por el juez Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia.
Minutos antes habían jurado los dos nuevos vocales propuestos por el gobernador para integrar el Tribunal Superior de Justicia: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
Cuando aludió a los “aprietes”, Vidal aún no sabía que minutos más tarde los jueces, ausentes en el acto, iban a declarar nula la jura y abrir un conflicto en la provincia.
La Corte provincial tiene nueve lugares. Con las nuevas dos designaciones se llegaría a siete miembros. Faltan completar dos.
Las cuatro nuevas vacantes se originaron hace menos de un mes cuando una reforma a la ley provincial elevó el tribunal de cinco a nueve miembros.
Los votos del kirchnerismo para oponerse no alcanzaron y se sucedieron dos causas judiciales que intentaron frenar la reforma. Pese a la vigencia de una medida cautelar, el jueves se aprobaron las dos primeras designaciones.
El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, tomó la jura de los nuevos integrantes con la marcada ausencia de los demás vocales.
Al saludarse con Acevedo, se abrazaron dos viejos conocidos: ambos supieron compartir espacio político dentro del movimiento renovador del peronismo en los ‘80, cuando aún Nestor Kirchner era minoría en el Partido Justicialista santacruceño.
Minutos después de la jura, Mariani se enteraró que los vocales, que estuvieron ausentes, firmarían una resolución en la que intentaban desautorizar el acto.
Mientras tanto, Cristina Kirchner seguía las vicisitudes del conflicto desde su departamento en el barrio proteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.
“Es un día histórico, las cosas están cambiando en Santa Cruz, se eliminó la ley de lemas cuando asumimos, somos el gobierno más controlado de la historia porque el Tribunal está conformado por en su mayoría con la oposición”, fueron las primeras reflexiones de Vidal, presente en la jura y quien en los últimos días había denunciado un golpe judicial del kirchnerismo para impedir los nombramientos.
En esa línea, Vidal fue subiendo el tono a sus declaraciones. “Esto es un paso muy importante, para la sociedad que busca una justicia independiente, que busca una justicia idónea y un ajusticia que deje de militar la política”, enfatizó.
A pesar de su historial, el kirchnerismo acusa al actual gobernador de intentar armar Corte que le garantice impunidad. Vidal responde que ampliar el tribunal es la única forma de darle independencia a un poder cuyos jueces fueron todos nombrados por sucesivos gobiernos kirchneristas.
“Basta de los Bersanelli (en referencia al exabogado de Cristina Kirchner, hoy juez de primera instancia) que creen que tienen más poder que la misma ley, que creen que pueden pasar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es designado por el voto popular del pueblo”, sostuvo Vidal en sede judicial.
El gobernador también apuntó a uno de los actuales miembros de la Corte “Basta de los Fernando Basanta, que quieren conducir la provincia desde la justicia. Basta. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que eso se termine”, afirmó Vidal.
La ampliación de la Corte que por la mañana parecía avanzar, ahora se trabó con la nueva resolución que desconoce la jura. Es una incógnita cuando y como se efectivizará la toma del cargo de los vocales que juraron.
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