La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.

La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.

La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.

La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.

“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.

La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.

Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.

“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.

La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.

Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.

La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.

“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.

Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.

También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.

Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.

También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín deberá llevar adelante el juicio oral en que se investiga al exintendente de Zárate Osvaldo Raúl Cáffaro y a un grupo de funcionarios municipales por el delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, por dinero recibido para hacer obras públicas.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia entre el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín y el juzgado en lo Criminal 2 del Departamento de Zárate-Campana, cuando el caso ya estaba elevado a juicio.

Según el dictamen del procurador Eduardo Casal, en la causa se investiga a Osvaldo Raúl Cáffaro, a Pablo Andrés Giménez (exsecretario de Obras y Servicios Públicos), a Osvaldo Nicolás Caccaviello (exsubsecretario de Obras Públicas), a Salvador Carlos Ingrassia (Infraestructura), Gustavo Alberto Castillo (exdirector de Obras) y Santiago Roberto Rottari (representante técnico) por el manejo irregular de fondos transferidos a Zárate mediante convenios celebrados con el Ministerio de Planificación para la ejecución de obras de seguridad en el sistema eléctrico de esa localidad.

La fiscalía acusó a los imputados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se acusó a Cáffaro −surgido del socialismo, que ganó el municipio como vecinalista y se integró al kirchnerismo− y a Giménez por la presentación de una nota ante el Ministerio solicitando un segundo envío de dinero, entre las cuales se adjuntaba un certificado de avance de obra que habría sido falso.

Tras el auto de elevación a juicio, la causa quedó radicada ante el tribunal federal de San Martín, cuyos integrantes declararon su incompetencia a solicitud de algunas defensas.

Entendieron que una vez ingresado el adelanto de dinero del Estado nacional a la comuna, la responsabilidad de su destino era de la Municipalidad de Zárate, la que además de la planificación, contratación y ejecución de los trabajos, se habría comprometido a aportar el dinero para finalizarlos.

Por eso, entendieron los jueces federales que el asunto era de competencia provincial. Pero el juzgado bonaerense rechazó el caso.

El asunto llegó a la Corte Suprema para destrabar el conflicto. El Procurador General de la Nación subrayó que el tema había sido planteado a lo largo del expediente y que el 17 de julio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó lo resuelto por el juez de grado, con énfasis en que el dinero comprometido por la Nación tenía como destino una obra de seguridad eléctrica que habría implicado el cambio de traza de líneas de alta tensión para resguardar a la población y que formaría parte del sistema interconectado nacional, vinculado a un servicio público de interés del Estado nacional.

Por eso, la Procuración concluyó que el caso era de competencia federal. La Corte Suprema validó este criterio. “Resulta claro que corresponde que continúe interviniendo la justicia federal” en “en el juzgamiento de la totalidad de los aspectos de la maniobra por la cual se formuló la acusación”, señala el fallo.