El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.

El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.

La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.

El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.

El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.

La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.

Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.

Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.

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A nueve días del inicio de sesiones extraordinarias, el equipo técnico del Gobierno Nacional concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y activa la búsqueda de apoyos legislativos para aprobarla durante el mes de diciembre, según confirmaron fuentes a Infobae. Como anticipó este medio, el borrador final llegó esta mañana a los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“El proyecto de modernización laboral ya está terminado. Lo tienen sólo Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich”, confesó una importante fuente al respecto. Si bien el tema despertó tensión con los sindicatos y las cámaras empresariales, el diseño final estuvo a cargo del Poder Ejecutivo que decidió imprimirle su propia impronta.

La culminación de la letra final tuvo lugar a días de la última reunión formal del Consejo de Mayo, en la que el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó el articulado tras sostener que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. En la puja anotaba su nombre también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en representación de las empresas, quien reclamaba un mayor endurecimiento de la “modernización” del sistema laboral.

A partir del 10 de diciembre, período en el que la administración libertaria llamará a sesiones extraordinarias, hasta el 31 del mismo mes, la Cámara de Senadores se dispondrá a iniciar el tratamiento para dar luz verde al proyecto que -a priori- cuenta con algunos sectores detractores. De esta forma, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, activó las comunicaciones con los espacios aliados para la aprobación de la reforma, pero también del Presupuesto 2026.

Según supo Infobae, el capítulo de reforma en la que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos podría incluir alguno de los siguientes títulos: ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindical y derivaciones varias. Además, la inclusión de un apartado que apuesta a facilitar la creación de nuevo empleo joven con “flexibilidades” laborales. “Varios de los puntos que circulan están contemplados”, se sinceró una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Hasta el momento, la prórroga del tratamiento legislativo continuará hasta el 31 de diciembre, con un parate de dos semanas durante el mes de enero, y se reactivará el 19 del mismo mes hasta el 28 de febrero. Si bien Martín Menem tenía intenciones de sesionar de corrido todo el verano, la preocupación por el quórum de los primeros días del 2026 torció el debate y habrá un breve período vacacional.

El debate legislativo veraniego configurará una de las pruebas de fuego para los libertarios que aspiran a hacer pasar la Ley de Leyes, el proyecto “modernización” laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, entre otros puntos. La idea es pública, pero la convocatoria aún se encuentra en elaboración y podría publicarse antes de que termine la semana.

Con el proyecto definido y el Presupuesto 2026 como obsesión, las terminales del Ejecutivo buscan apoyos. El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, intenta arrebatarle la primera minoría al peronismo en la Cámara Baja antes de 3 de diciembre, fecha en la que jurarán los nuevos diputados, en la búsqueda de voluntades legislativas.

Por su parte, el tándem federal compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio con los representantes provinciales y se preparan para culminar las primeras rondas de intercambios con los 20 gobernadores aliados. En agenda, tienen previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para este jueves a las 12, y con el pampeano, Sergio Ziliotto, el próximo viernes a las 9.

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