El gobierno nacional quiere que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido en una cárcel de máxima seguridad. La Justicia Federal, con dificultad, busca elementos para incriminar a la RAM en atentados e incendios.

La existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece debatirse entre la construcción discursiva de Facundo Jones Huala y su verdadera dimensión en los hechos.

El mapuche está preso desde junio pasado, denunciado por su relato durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel. El gobierno nacional y luego el de Río Negro lo denunciaron por incitar a la violencia colectiva y presunta asociación ilícita.

Cuando socializó el escrito, al que bautizó “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, brigadistas y combatientes luchaban contra las llamas en distintos puntos de la Patagonia. Jones Huala justificó los atentados incendiarios y celebró la lucha anticapitalista a través de “cualquier método”. Incluso incendios.

El video que grabó su mamá Isabel Huala y subió a las redes, lo llevó a prisión hasta la actualidad. Está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Trelew, a pesar de la insistencia de sus abogados de que quede libre o, en el peor de los casos, que sea alojado en una cárcel de seguridad media, en Esquel.

Jones Huala sostiene la existencia de la RAM pero sus abogados lo contradicen y sostienen que no es real. El convicto es el único que admite su pertenencia a esa organización e incluso es el único detenido en el marco de la investigación que impulsa la Justicia Federal.

El gobierno nacional rechazó el pedido judicial de trasladarlo a la unidad penitenciaria de Esquel, a pesar de la decisión del magistrado Gustavo Zapata de gestionar un cupo en esa dependencia.

Adujo razones de seguridad aunque en los últimos informes oficiales sobre su estadía en esa cárcel, obtuvo calificaciones positivas por su buena conducta.

“Es una clara demostración de que el Gobierno lo quiere preso, en una cárcel de máxima seguridad y donde no se cumplen en absoluto sus derechos ancestrales. No hay elementos para que siga detenido e incluso contradice lo que ordena la Justicia” aseguran desde su entorno.

La causa por la que permanece detenido fue configurada como investigación compleja, por lo que podría permanecer detenido hasta mediados de 2027.

La Fiscalía Federal, a cargo de Angela Pagano Mata, admitió en las últimas audiencias que trabaja a ritmo lento en la recopilación de pruebas y aseguró que “el objetivo es incriminar a la RAM en distintos atentados y hechos vandálicos”.

La principal dificultad investigativa es que Jones Huala no fue detenido durante la comisión de esos hechos, sino que en algunos atentados incendiarios aparecieron leyendas en las que la RAM se adjudicó esos episodios.

Para la defensa del mapuche, esos escritos “son insuficientes” para incriminar a Jones Huala e insistieron en que la existencia de la RAM “es ficticia”.

Durante su reclusión en Rawson, el activista hizo declaraciones aunque – a diferencia de otras apariciones públicas en prisión– no hizo alusiones violentas ni llamamientos a cometer delitos.

“Nosotros defendemos nuestra tierra mapuche. Por eso hoy nos ayudamos, nos respaldamos. Soñamos con trabajar en defender nuestra tierra, nuestro trabajo mapuche, nuestro conocimiento, buscamos un camino correcto y una palabra correcta. No escuchen a los mentirosos y malvados. Tengan fuerza, hay fuerza en nuestros territorios, a esa fuerza pídanle” dijo desde prisión.

La preventiva del “lonko” se extenderá hasta marzo, luego de prorrogarse a mediados de diciembre por 90 días. En la audiencia prevista para los primeros días de ese mes, los abogados insistirán en la libertad de su defendido y la Fiscalía, se cree, volverá a pedir la prórroga por otros tres meses más.

Elisa Carrió se presentó el pasado lunes 6 de enero, en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar junto a Matías Yofe, dirigente de su partido imputado en una causa por extorsión. La líder de la Coalición Cívica apuntó contra Sergio Massa y definió el accionar judicial como una represalia por las investigaciones que su espacio impulsa contra la dirigencia del fútbol argentino.

La líder de la Coalición Cívica asoció la situación procesal de Yofe con un intento de amedrentamiento por parte de figuras ligadas al poder y aclaró los motivos de su presencia en el lugar: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio y Pablo Toviggino, el segundo de (Claudio Chiqui) Tapia, con enormes conexiones con Massa”.

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La exdiputada nacional caracterizó el operativo previo como una señal intimidatoria: “Massa está desesperado” y cuestionó el rol de los magistrados intervinientes en el expediente. “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó antes de ingresar a la fiscalía. Para la fundadora de la CC, el allanamiento representó “un mensaje mafioso”.

Uno de los focos de conflicto durante la jornada giró en torno al secuestro de dispositivos electrónicos. Carrió denunció la falta de acceso a la documentación oficial del procedimiento. “Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, indicó.

Ante esta supuesta irregularidad, la dirigente reconoció una directiva específica que le impartió a su defendido para proteger la información. “Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”, admitió. Yofe declaró ante el fiscal no tener su teléfono “en este momento”.

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En simultáneo, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbon, quien no interviene en esta causa, se refirió al tema mediante la red social X: “Cuidado con los celulares y dispositivos electrónicos que, cuando se abran, encontrarán más pruebas”.

La Justicia imputó a Yofe por extorsión agravada y lo acusa de integrar una presunta banda dedicada a realizar demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Carrió desestimó la solidez de la prueba de cargo y cuestionó la lógica de la acusación. “Existió una denuncia del chofer de D’Onofrio que habla de una conversación con Matías en campaña, quien le habría dicho que colabore en la investigación a D’Onofrio a cambio de dinero. No sé de dónde sacaría la plata, si Yofe gana dos millones de pesos”, relató.

Yofe ocupa un cargo en la Legislatura porteña y cobró notoriedad recientemente por denunciar el caso de la “mansión de Pilar”. Este expediente indaga sobre presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apunta contra el tesorero Pablo Toviggino. Una tasación oficial valoró esa propiedad en Villa Rosa y sus bienes en más de 20 millones de dólares. El dirigente también impulsó denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

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El allanamiento policial ocurrió el viernes pasado mientras Yofe se encontraba en Mar del Plata. Según el acta judicial a la que accedió , el imputado vio el expediente por primera vez hoy durante la audiencia.

A la salida del juzgado, Yofe describió el impacto del procedimiento en su hogar y su familia. “Estoy emocionado, no puedo hablar. Con el allanamiento violaron a mi familia. No puedo adelantar nada por pedido de mis abogados”, expresó.

El dirigente detalló la situación que vivió su pareja durante el ingreso de las fuerzas de seguridad. “Buscaron dañarme en lo profundo de la intimidad de mi familia. Yo por cuestiones personales no estaba durante el allanamiento, donde violentaron a mi mujer, que está procesando un puerperio. En palabras de ella, se siente violada. Se violaron todos los derechos, este procedimiento se hizo mal”, declaró Yofe.

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La defensa de Yofe anticipó su estrategia procesal inmediata para frenar la causa. Carrió detalló las acciones a seguir contra el procedimiento policial y el juez interviniente. “Estamos impugnando el procedimiento policial. Se va a pedir la nulidad. Ya está todo encausado, no creo que haya otro procedimiento similar contra Matías”, aseguró.

La líder de la CC confirmó la recusación del magistrado y criticó la visión del fiscal sobre la magnitud de los actores involucrados. “Se está recusando al juez Saettone y creo que el fiscal Camafreita no entendió el contexto: la AFA es más grande que la corrupción kirchnerista”, concluyó.

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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída que le provocó un golpe en la cabeza. El accidente ocurrió mientras se encuentra detenido en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Así lo confirmó este martes su equipo médico, que indicó que será sometido a estudios para evaluar su estado de salud. El diagnóstico fue informado por Claudio Birolini, cirujano jefe del equipo que atiende a Bolsonaro, quien advirtió que las caídas representan uno de los principales riesgos dada la condición clínica del exmandatario. “Ya habíamos advertido sobre este peligro”, señaló.

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El episodio se conoció luego de que la exprimera dama Michelle Bolsonaro relatara en redes sociales que el exmandatario sufrió un ataque de hipo mientras dormía, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un mueble. Según su versión, recibió atención médica recién cuando agentes de la Policía Federal ingresaron a la sala especial donde permanece detenido para anunciarle una visita programada.

La esposa de Bolsonaro afirmó que el expresidente “no está bien” y expresó su preocupación por la respuesta inicial ante el accidente. También reclamó explicaciones sobre la asistencia brindada. Por su parte, fuentes de la Policía Federal aseguraron que la atención fue inmediata y minimizaron la gravedad del incidente.

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Bolsonaro arrastra problemas de salud desde el ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. Además, en los últimos meses fue sometido a distintos procedimientos médicos. La semana pasada recibió el alta del hospital DF Star, donde estuvo internado nueve días tras una cirugía por una hernia inguinal bilateral. Durante esa internación, los médicos también le practicaron un bloqueo del nervio frénico para controlar episodios persistentes de hipo.

Cuestionamientos a las condiciones de detención

Desde su regreso a la custodia de la Policía Federal, allegados al exmandatario habían informado una evolución clínica favorable. Sin embargo, denunciaron dificultades para dormir, que atribuyeron al funcionamiento permanente y al ruido del aire acondicionado en la unidad donde permanece alojado.

En ese contexto, la defensa presentó una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal en la que sostienen que las condiciones de detención afectan el descanso de Bolsonaro y solicitaron medidas para adecuar el espacio. El magistrado ordenó a la Policía Federal que responda en un plazo de cinco días.

Mientras aliados del expresidente denuncian un trato inadecuado y reclaman cambios en el régimen de custodia, sectores cercanos al oficialismo remarcan que Bolsonaro cumple una condena firme dictada por la máxima corte y rechazan cualquier trato diferencial.

Bolsonaro permanece detenido desde fines de noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta por su participación en un intento de golpe de Estado. Inicialmente, había sido arrestado de manera preventiva luego de manipular el dispositivo de monitoreo electrónico que le había impuesto la Justicia durante el arresto domiciliario.

El expresidente apoyó a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, como posible candidato presidencial para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Jair Bolsonaro, Brasil, caida