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Golpe a la estrategia del kirchnerismo en el juicio por la firma del Memorándum con Irán

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En un golpe a la estrategia de defensa del kirchnerismo, Interpol le prohibió a su exjefe Ronald Noble declarar en el juicio contra Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.

La declaración de Noble era clave para los acusados, pues el exjefe de Interpol dijo en los medios y en una nota enviada al tribunal que la firma del acuerdo con Irán no iba a hacer caer los pedidos de captura de Interpol contra los iraníes sospechados de volar la AMIA.

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En cambio, el fiscal Alberto Nisman, cuando planteó su denuncia contra la expresidenta, dijo que el Memorándum aseguraba la impunidad del atentado porque iba a dejar sin efecto los pedidos de captura.

De hecho, hoy al pie de los pedidos de captura de los sospechosos se insertó un banner que dice: “La Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27/01/2013 se firmó un acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA perpetrado en 1994 relacionado con la presente notificación con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática. El status de la presente Notificación permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General de Interpol en 2007”.

La Argentina avisó que ese pacto fue declarado inconstitucional, pero no le hicieron caso y de todos modos el banner aparece cada vez que se consulta sobre los prófugos en un aeropuerto.

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Y se agregó a la web de Interpol: “La Secretaría General no toma posición respecto del acuerdo y manifiesta que su status es una cuestión bilateral entre Argentina y la República Islámica de Irán“.

Los pedidos de captura son para Ahmad Vahidi, exministro de Defensa durante el ataque a la AMIA; Mohsen Rezai, exdiplomático acreditado en Buenos Aires, Moshen Rabbani, exagregado cultural iraní en la Argentina; Ali Fallahijan, exministro de Información iraní, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático iraní.

El tribunal oral federal N°8, integrado para este juicio por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, le pidió a la Interpol que permita declarar a Noble.

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Pero en una nota enviada el 31 de julio, a la que accedió , Interpol les recordó que Noble y el asesor jurídico del organismo en ese momento, Joël Sollier, están amparados por las inmunidades que le impiden declarar.

Noble dijo en los medios que estaba dispuesto a venir a declarar que el Pacto no afectaba a los pedidos de captura, incluso presentó una nota al tribunal oral firmada por Luis Moreno Ocampo, donde reafirmaba lo mismo.

Pero a la postre ya sabía que regía este impedimento para que declare. Por eso, el abogado Tomás Farini Duggan, que es querellante en esta causa en representación de los familiares de las víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, denunció una maniobra para “intentar anular” el juicio.

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Lo hizo luego de que la defensa del exsecretario legal y técnico Carlos Zannini solicitara “la declaración testimonial anticipada” de Noble y Sollier.

Si bien los dichos de Noble son públicos y pueden ser incorporados al proceso, el hecho de no poder interrogarlo y que declare en el juicio debilita a las defensas, reconocieron abogados de los acusados.

Los jueces del tribunal oral anunciarían en breve la fecha de este nuevo juicio oral y público contra Cristina Kirchner. Los magistrados pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les habilite nuevos contratos de personal para poder empezar con el proceso.

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Reclamaron sumar nueve empleados, ya que hoy hay una sola persona del tribunal oral abocada a la causa, dijeron a en los tribunales. No buscan reforzar el equipo existente, sino armar uno nuevo desde cero.

El juicio oral informalmente y puertas adentro del tribunal tenía una fecha de inicio tentativa para noviembre, pero ahora se está pensado en que podría comenzar en 2026, señalaron fuentes judiciales que dijeron que esperan “personal” y “la prueba pedida por las partes”.

La Corte rechazó el 5 de diciembre del año pasado todos los recursos de las defensas y despejó el camino para que el juicio oral y público se inicie lo antes posible.

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Pero pasaron siete meses y nada ocurrió. Primero, porque se discutió la integración del tribunal, ya que hubo recusaciones y excusaciones; luego, por “cuestiones de agenda”, según se informó.

En esta causa hay poco que hacer antes del juicio, dijeron funcionarios judiciales que revisaron el caso, porque el tribunal oral que intervino con anterioridad había prácticamente agotado la instrucción complementaria.

Sin embargo, fuentes del caso mencionaron que se está respondiendo a los últimos pedidos de prueba, admitiendo y rechazando las medidas según el caso.

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Los jueces del tribunal oral Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini estaban por llamar a juicio, cuando decidieron sorpresivamente hacer unas audiencias preliminares y, tras escuchar a los defensores, a los querellantes y al fiscal Marcelo Colombo, absolvieron a la expresidenta.

Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.

La Cámara de Casación indicó que la vicepresidenta debe ser juzgada por su presunta participación para beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.

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Además de Cristina Kirchner, serán juzgados Eduardo Antonio Zuaín, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Esta causa se inició por la denuncia del fiscal Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero cuatro días después.

En el expediente judicial, la AMIA, que es la entidad mutual de la comunidad judía, no es querellante en este juicio por la firma del Pacto con Irán. Si lo es la DAIA y los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch.

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Hernán Cappiello,Irán,Cristina Kirchner,Conforme a,Irán,,Tras la Guerra de los Doce días. Irán retoma el diálogo nuclear con Europa en medio de amenazas de sanciones,,Tensión. Irán sube el tono contra las potencias europeas antes de unas negociaciones nucleares claves,,Advertencia de las potencias. Europa e Irán retoman el diálogo nuclear bajo amenaza de sanciones

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El kirchnerismo criticó los vetos de Milei y advirtió por un eventual “efecto Kueider”

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El bloque de senadores kirchneristas cuestionó en duros términos los vetos de Javier Milei a las leyes previsionales y de emergencia en materia de discapacidad y envió un mensaje a los legisladores que no apoyen la insistencia de las normas, al asegurar que quienes cambien su voto serán “un nuevo [Edgardo] Kueider”, en alusión al exsenador por Entre Ríos expulsado de la Cámara alta por intentar pasar más de US$200.000 sin declarar en la frontera entre Brasil y Paraguay.

“Tienen que volver a votar estas leyes, si no lo hacen es que ahí tenemos un nuevo Kueider”, advirtió Mariano Recalde (Capital) durante una conferencia de prensa organizada por la bancada de Unión por la Patria del Senado, luego de leer los nombres de todos los senadores de la oposición dialoguista que ayudaron a sancionar las normas que el Poder Ejecutivo vetó este lunes en un extenso decreto.

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Como se esperaba, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) ratificó su intención de ratificar la sanción de las leyes. “Esperamos que [la insistencia] se trate pronto en la Cámara de Diputados”, afirmó Recalde, quien cuestionó el argumento de desequilibrio fiscal esgrimido por el Poder Ejecutivo en el decreto del lunes.

“Milei les robó a los jubilados prácticamente un 20% de poder adquisitivo y, además, le aumentó los gastos al eliminarle los descuentos que tenían en los medicamentos”, denunció el legislador al defender la ley que recomponía en un 7,2% los haberes previsionales y aumentaba a $110.000 el bono de $70.000 que reciben los jubilados que perciben la mínima.

Además del aumento jubilatorio, el Poder Ejecutivo vetó la prórroga de la moratoria previsional que había vencido en marzo último y la declaración de emergencia para las prestaciones en materia de discapacidad, que el Gobierno mantiene congeladas.

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“El Presidente dice [en su decreto] que no hicimos la previsión presupuestaria, pero es el propio Gobierno el que no tiene Presupuesto, o sea que nos exige algo que ellos no hacen”, se quejó el puntano Fernando Salino, quien también replicó el argumento del Gobierno de que la sesión en la que se sancionaron las leyes fue inválida por la forma en que fue organizada. “El propio Presidente con su veto legitimó la sesión”, agregó Salino.

“Si el objetivo del plan económico es que los discapacitados no tengan la ayuda más elemental, obviamente que nosotros tenemos otros objetivos”, agregó el senador por San Luis, en respuesta a las acusaciones del Gobierno de que la sanción de las leyes tiene por objeto desestabilizar su equilibrio fiscal.

Por su parte, Mayans pidió la asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, al Senado para brindar explicaciones y puso especial énfasis en el uso que le está dando el Poder Ejecutivo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado tras la absorción por parte del Estado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

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“El FGS perdió 6400 millones de dólares en un año y medio de gestión porque están aplicando sus fondos a la especulación financiera”, denunció Mayans.

Por último, la bonaerense Juliana Di Tullio aseguró que si el Congreso falla en su intento por insistir con las leyes, deberá ser la sociedad “la que le ponga un freno al Presidente”. “Si él veta, que lo vete el pueblo argentino en las urnas”, remató la senadora.


Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Unión por la Patria,Javier Milei,Conforme a,Senado de la Nación,,Ampliación de la Corte. Los senadores quieren que el Gobierno fije una posición oficial sobre la reforma,,El futuro de la Justicia. El Senado retoma el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema,,En el Senado. El kirchnerismo perderá bancas, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema

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Un aliado clave del Gobierno anunció que deja el Senado y advirtió sobre el “bloqueo institucional”

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El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.

Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.

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En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.

Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.

La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el opositor pseudo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.

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Romero durante una sesión realizada el corriente año en el recinto del Senado (RS Fotos)

“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.

Corte Suprema y AGN

El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.

“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.

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El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.

Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.

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“Provincias Unidas”, el nombre del frente lanzado por los cinco gobernadores

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CÓRDOBA.− A una semana de la presentación en sociedad del frente político constituido por cinco gobernadores, se resolvió su nombre: “Provincias Unidas”. Por ese se inclinaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Barajaron otras denominaciones, pero finalmente se decidieron por ese por entender que representa mejor el planteo “federal”, que es el corazón de las coincidencias y que apunta a abrir una agenda común entre todos los distritos, más allá de los integrantes: distribución de fondos, infraestructura, educación.

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Para las elecciones legislativas de octubre, cada uno de los gobernadores irá con el nombre del frente electoral que constituya en su provincia. No usarán en las boletas el de “Provincias Unidas”. Por eso, aclaran, a horas de cierre de inscripciones de las alianzas electorales, que el de ellos es un frente político.

La excepción podría ser Córdoba, donde el oficialismo provincial analiza si usa ese nombre en reemplazo del “Hacemos por Córdoba”. Incluso podría ser “Hacemos Provincias Unidas”. Llaryora y Juan Schiaretti están resolviendo qué harán, confiaron fuentes del sector a .

El resto de los distritos, en cambio, tendrían decido mantener los nombres con los que ya compitieron.

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“Decidimos no tomar atajos, no hacer la simple ni la cómoda y dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Y tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, remarcó Torres el jueves pasado cuando anunciaron el frente.

Fuentes del espacio remarcaron las diferencias que los separan de otros intentos anteriores por representar a la “avenida del medio”, entre los que identificaron a la construcción que Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Juan Schiaretti intentaron encarnar en 2015.

Por ejemplo, remarcaron que todos los miembros de Provincias Unidas “tienen votos” propios, porque ganaron en sus distritos.

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Además, destacaron que Pullaro, Torres y Vidal “vienen de ganarle al peronismo kirchnerista luego de décadas gobernando de manera ininterrumpida, sobre todo en Santa Cruz y Chubut”.

Asimismo, indicaron que los cinco gobernadores “son nuevos” y están cumpliendo su primer mandato. Aunque provienen de distintos espacios, afirmaron que no son un “rejunte electoral” como experiencias pasadas.


frente político constituido,Gabriela Origlia,Juan Schiaretti,Córdoba,Ignacio Torres,Conforme a,Juan Schiaretti,,»Grito federal». Cinco gobernadores confluyen en un frente electoral nacional diferenciado de Milei y el kirchnerismo,,Contactos reservados. Los gobernadores no peronistas buscan organizar un bloque federal y ya conversan listas de candidatos al Congreso,,Las encuestas le sonríen a Milei, pero el mercado desconfía

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