POLITICA
Golpe al Gobierno: la oposición unió filas en el Senado y apuró un dictamen para limitar el uso de los DNU
En el mayor de los sigilos, los bloques de la oposición del Senado suscribieron en la noche del jueves último un dictamen letal para los planes del Gobierno en los últimos dos años de su mandato. Se trata de un proyecto que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei.
Mientras el oficialismo sufría esa noche una seguidilla de aplastantes derrotas en el recinto, entre las bancas de la oposición comenzó a circular el dictamen que, según anticipan sus autores, llevarán al recinto en la próxima sesión para que la Cámara de Diputados, en un tiempo perentorio, haga luego lo propio. El objetivo es anticipar la sanción al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que los libertarios engrosen su representación en ambas cámaras, lo que dificultaría los planes opositores de ponerle límites al Gobierno.
El dictamen en cuestión, que comenzó a esbozarse el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, modifica dos aspectos claves de la ley 26.122 que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, elimina el artilugio de la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras –y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia.
Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.
En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de “decretos ómnibus” como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso.
El dictamen en cuestión impone cambios copernicanos a la ley que, en su momento, promovió la exsenadora Cristina Kirchner en 2006 y que, por su laxitud, permitió a los sucesivos gobiernos dictar DNU y decretos delegados sin que el Congreso significara mayor obstáculo. En efecto, la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda su vigencia. En cambio, de aprobarse el dictamen opositor, el rechazo de una sola cámara bastará para voltearlo. La misma suerte correrá si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia.
Cambio de clima
Lo llamativo del dictamen no es solo su contenido restrictivo sino, sobre todo, quiénes lo auspiciaron, en su mayoría exaliados del oficialismo. Habla de un cambio rotundo del clima político en el Congreso, el cual tuvo como punto de inflexión el cierre de las candidaturas oficialistas con vistas a las elecciones de octubre próximo. Una instancia que dejó un tendal de heridos que, despechados, se pasaron raudos a las filas opositoras. El oficialismo acusó el golpe con la ristra de derrotas que sufrió la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado.
Encabeza el listado de firmas la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), esposa del exgobernador y primer candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti. La acompañan varios senadores que, hasta hace poco tiempo, acompañaron al Gobierno, entre ellos Juan Carlos Romero (Salta) y Eduardo Vischi (Corrientes), este último jefe del bloque radical.
Completan las firmas los también radicales Flavio Fama y Pablo Blanco, como así también Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Mónica Silva (Juntos somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck.
El kirchnerismo prefirió ocupar un segundo plano –tal vez para no desairar a su jefa política, autora de la ley-, pero no se privó de estampar también su rúbrica a un proyecto que, de aprobarse, le infligiría un fuerte golpe político al gobierno libertario. Lo firmaron José Neder, Mariano Recalde, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.
“El kirchnerismo aprobó esta ley para hacer uso y abuso de los DNU. Es una norma que empodera al Poder Ejecutivo. Este dictamen, en cambio, va al otro extremo, fortalece al Congreso –indicó el senador Romero a -. Para encontrar un punto de equilibrio yo, si bien suscribí el dictamen, voy a sugerir que los decretos tengan el mismo tratamiento que una ley”.
El radical Blanco, por su lado, alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU. Los datos oficiales revelan que, en lo que va de su mandato, el Poder Ejecutivo dictó 71, sin contar los decretos delegados; una cifra superior al promedio de gobiernos anteriores (sin contar los años de pandemia), aunque el oficialismo esgrime un argumento no menor para justificarlos: el de Milei es un gobierno en minoría en ambas cámaras y, después de todo, se trata de una facultad consagrada en la Constitución Nacional que todos los presidentes, sin excepción, utilizaron aun contando con mayorías parlamentarias.
Los opositores retrucan que el de Milei devino en un gobierno decidido a gestionar a puro DNU y vetos presidenciales con tal de ningunear al Congreso. Una modalidad que, aseveran, se profundizará durante la segunda parte de su gestión si, como auguran los pronósticos electorales, los libertarios incrementan su representación en ambas cámaras. No alcanzarán la mayoría, pero aspiran a consolidar al menos un tercio de voluntades en la Cámara de Diputados, suficiente para blindar los futuros vetos presidenciales.
Hasta el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo deberá soportar los embates de una oposición decidida a unir filas frente a un Gobierno que, advierte, se perfila cada vez más autocrático por su renuencia al diálogo. En el Senado se descuenta que el dictamen para restringir el uso de los DNU se aprobará con amplia mayoría; en la Cámara de Diputados, si bien el año pasado se frustró el tratamiento de una iniciativa similar, la fragilidad que exhibe hoy el oficialismo le abre a la oposición una nueva oportunidad. Allí también, como en el Senado, hay varios “heridos” que, antes de dejar su banca, quieren cobrarse viejas cuentas.
Frente a una ofensiva que se anticipa inexorable, el oficialismo tendrá el veto como única arma para defender –paradojas de la política- la ley de DNU que legó Cristina Kirchner. Habrá que ver si, en esta carrera contra reloj antes del recambio legislativo, la oposición finalmente logra consumar su golpe.
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POLITICA
La oposición enfría en Diputados tres iniciativas que quedaron sin tratar durante la última sesión
La última sesión de Diputados se cayó pasada la 1 de la madrugada por falta de quorum y dejó el orden del día abierto. En ese vacío quedaron tres expedientes que la oposición empujó y hoy lucen sin impulso: la insistencia para rechazar el veto a la emergencia en Bahía Blanca –que preveía un fondo de infraestructura y asistencia de $200.000 millones–, una nueva moratoria previsional y la sanción de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), motorizada por los gobernadores.
La primera explicación cruza a todos por igual: la campaña electoral. Con los armados en marcha, se complican las negociaciones finas para ordenar estrategias, garantizar presencias y reunir mayorías. Pero no es la única razón.
La segunda es aritmética: faltan votos y nadie quiere abrir el recinto para perder. En Bahía Blanca, el plan de insistir contra el veto se desinfló cuando el Gobierno firmó un decreto que asigna el mismo monto para asistir a los damnificados y reconstruir la infraestructura. Desde la UCR retrucan que el instrumento original no es equivalente: “El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, argumentaron el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi.
Con la moratoria previsional ocurre algo similar: la oposición nunca reunió los dos tercios necesarios para insistir y, salvo el kirchnerismo y la izquierda, el resto de los bloques evita acompañar sin matices.
El proyecto para coparticipar el ICL, una caja de más de $2 billones, expone la fisura entre los bloques críticos y los mandatarios provinciales: hay apoyo en términos generales, pero permanece el recelo hacia gobernadores que, en la última sesión, jugaron alineados con la Casa Rosada, que logró con su auxilio bloquear la insistencia sobre el aumento jubilatorio.
El tironeo quedó expuesto en los cambios de voto. Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, aliados a Alfredo Cornejo, habían acompañado la emergencia en discapacidad pero, tras el acuerdo electoral de su gobernador con Javier Milei, se pronunciaron en contra de insistir con esa ley. Repitieron el viraje en el aumento previsional. Algo similar ocurrió en Entre Ríos: Marcela Antola (Democracia), referenciada en Rogelio Frigerio, pasó de votar a favor del incremento en junio a abstenerse ahora, mientras que su coterráneo Atilio Benedetti, que entonces se había abstenido, esta vez respaldó el veto.
En el Congreso, la desconfianza se verbaliza. “Los gobernadores tienen que pedir si quieren combustibles, firmar nota y dar quorum además de votar”, lanzó un legislador del centro que desconfía de la voluntad real de los mandatarios. Del otro lado, cerca de los gobernadores aseguran que no soltarán el tema: “Vemos el mismo escenario que con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, señalan, y prometen reponer la discusión. La pregunta, admiten, es cuándo. La campaña también condiciona sus tiempos: aunque las dos iniciativas federales llegaron con firmas de los 24 gobernadores, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA) sellaron entendimientos electorales con los libertarios y moderan el choque con la Casa Rosada.
El club de los cinco gobernadores críticos de Provincias Unidas –Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)– insiste en que la coparticipación del ICL integrará el próximo temario y que “hay un compromiso para que salga la ley”. Por ahora, ese compromiso no alcanza para asegurar quorum ni mayorías estables.
A esto se le suma un factor disruptivo que reordenó prioridades: la irrupción de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo –ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)–, cuyo testimonio apunta a un presunto esquema de sobornos articulado por Eduardo “Lule” Menem y que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El posible entramado de corrupción golpeó al oficialismo en plena campaña y absorbió la atención de la oposición parlamentaria, que activó pedidos de informes, citaciones y eventuales interpelaciones. El resto de la agenda quedó, por ahora, en pausa.
última sesión,pic.twitter.com/sULU1b51P9,July 9, 2025,reordenó prioridades,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,La interna oficialista. El trasfondo de la ruptura de la Libertad Avanza en San Luis que repercutió en el Congreso,,Presuntas coimas. Karina Milei cambió la estrategia de comunicación y ordenó a los Menem salir a dar explicaciones,,Los hermanos, en la mira. La riesgosa fragilidad estructural de los Milei,Congreso Nacional,,Tras cumplir su condena. El “gordo del mortero”, hoy: maneja un auto de aplicación y denuncia persecución del Gobierno,,»Quieren la quiebra del país». Habló Milei en el Council of Americas y tildó de “macabro” lo que pasó con el kirchnerismo en el Congreso,,Conflicto de poderes. El Senado rechazó el decreto que disolvía y modificaba organismos culturales, pero el Gobierno dice que mantendrá los cambios
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Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: «No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones»
El presidente Javier Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: “No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones”.
Acompañado de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario dio un discurso en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América. Defendió su gestión, hizo referencia al riesgo preelectoral y cuestionó a los legisladores.
Leé también: Causa de los audios de Spagnuolo: la Justicia bloqueó el acceso de los involucrados a sus cajas de seguridad
Las principales frases de Milei en medio del escándalo de las presuntas coimas
- “Guillermo Francos es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Es quien lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico. Apuestan por romper el país, promoviendo leyes que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”.
- “Lo que pasa en este contexto electoral era previsible. Es como el ajedrez, las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo”.
- “Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica. Debemos aunar fuerzas para sacar el país adelante”.
- “Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas que entorpecen su camino por más que el Congreso las quiera revertir. No me importa el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei
POLITICA
Marijuan pidió indagar al secretario de Trabajo y a un diputado libertario: los acusó de querer apoderarse de la Uatre
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, acusado de haber querido tomar ilegalmente el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas.
La acusación es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”. De esa maniobra habrían participado también -según el fiscal- Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza; Claudio Aquino, el exdirector de Asociaciones Sindicales -el área que regula la vida interna de los sindicatos- y otros tres acusados. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral, actuación que fue avalada por Cordero.
La denuncia que motivó esta causa la promovió el secretario general de la Uatre, José Voytenco, un dirigente del PJ complicado por una acusación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y por la deuda de la obra social del gremio.
Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Llegó al poder después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección, le ganó por solo un punto al hoy diputado Ansaloni.
Según el fiscal, Ansaloni y sus presuntos cómplices buscaron entonces “desplazar a las autoridades de la Uatre, siendo claros opositores de la gestión y autoridades del sindicato”.
Los otros incluidos en el pedido de indagatorias del fiscal son Marcelo Carlos Petroni, interventor designando por el Gobierno en la Obra Social del gremio (Osprera), cargo al que llegó promovido por los primos Menem, Lule y Martín; Marcelo Agustín Andrada, exsecretario general de la seccional La Plata de Uatre, y Aixa Laura Petriati, exsubdelegada del sindicato.
Los funcionarios involucrados, de acuerdo con Marijuan, actuaron “sacando provecho de los cargos e influencias” que tenían y así “fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la Uatre”.
La Secretaría de Trabajo solicitó la intervención del gremio ante la justicia laboral después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.
La denuncia fue presentada el 5 de febrero pasado. El 6 febrero, el juzgado de Sebastián Casanello delegó la investigación en la fiscalía de Marijuan, quien una hora y 20 minutos después de haber recibido la causa, firmó un pedido de medidas de prueba de seis carillas, que incluyó una notificación a la Cámara del Trabajo (el fuero donde estaba el pedido de intervención) para informarle la existencia de la causa penal, relataron fuentes con acceso a la causa.
Marijuan afirmó en su dictamen de este lunes que Cordero y los demás funcionarios a su cargo se “extralimitaron en sus funciones” y decidieron “resolver el expediente administrativo de tal modo que su plan criminal se llevara adelante mediante el inicio del expediente judicial ante la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo”. El fiscal relató que “tal pretensión fue rechazada en la sentencia dictada por no tener sustento en la verosimilitud del derecho”.
En cuanto a Ansaloni, Marijuan dijo: “Va más allá de su función de legislar y toma parte de una actividad ilícita influenciando, promoviendo y determinando acciones de los funcionarios del Estado Nacional, particularmente de la Secretaria de Trabajo en pos de lograr la intervención del gremio Uatre”.
En el dictamen, el fiscal cita mensajes de WhatsApp “de trascendencia” de los investigados. Por ejemplo, uno del interventor Petroni al contacto “Aixa Petrati” que dice: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de Uatre. Me consta”. En otro mensaje que Marijuan destaca, Petroni dice: “Nosotros somos Lule y Karina”
El fiscal afirmó asimismo que le llamaron “poderosamente la atención” los contactos entre Marcelo Petroni y el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, que investigó una denuncia de presunto lavado y enriquecimiento ilícito contra Voytenco. Marijuan destacó que Petroni tenía agendado al juez y que Villena lo había llamado dos veces y le había enviado un chat de WhatsApp, “que por haber sido eliminado se desconoce, por el momento, su contenido”.
El juez Casanello será ahora quien decida si hace lugar al pedido de Marijuan y dispone indagatorias en el caso.
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