POLITICA
Golpe al Gobierno: la oposición unió filas en el Senado y apuró un dictamen para limitar el uso de los DNU
En el mayor de los sigilos, los bloques de la oposición del Senado suscribieron en la noche del jueves último un dictamen letal para los planes del Gobierno en los últimos dos años de su mandato. Se trata de un proyecto que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei.
Mientras el oficialismo sufría esa noche una seguidilla de aplastantes derrotas en el recinto, entre las bancas de la oposición comenzó a circular el dictamen que, según anticipan sus autores, llevarán al recinto en la próxima sesión para que la Cámara de Diputados, en un tiempo perentorio, haga luego lo propio. El objetivo es anticipar la sanción al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que los libertarios engrosen su representación en ambas cámaras, lo que dificultaría los planes opositores de ponerle límites al Gobierno.
El dictamen en cuestión, que comenzó a esbozarse el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, modifica dos aspectos claves de la ley 26.122 que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, elimina el artilugio de la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras –y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia.
Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.
En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de “decretos ómnibus” como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso.
El dictamen en cuestión impone cambios copernicanos a la ley que, en su momento, promovió la exsenadora Cristina Kirchner en 2006 y que, por su laxitud, permitió a los sucesivos gobiernos dictar DNU y decretos delegados sin que el Congreso significara mayor obstáculo. En efecto, la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda su vigencia. En cambio, de aprobarse el dictamen opositor, el rechazo de una sola cámara bastará para voltearlo. La misma suerte correrá si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia.
Cambio de clima
Lo llamativo del dictamen no es solo su contenido restrictivo sino, sobre todo, quiénes lo auspiciaron, en su mayoría exaliados del oficialismo. Habla de un cambio rotundo del clima político en el Congreso, el cual tuvo como punto de inflexión el cierre de las candidaturas oficialistas con vistas a las elecciones de octubre próximo. Una instancia que dejó un tendal de heridos que, despechados, se pasaron raudos a las filas opositoras. El oficialismo acusó el golpe con la ristra de derrotas que sufrió la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado.
Encabeza el listado de firmas la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), esposa del exgobernador y primer candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti. La acompañan varios senadores que, hasta hace poco tiempo, acompañaron al Gobierno, entre ellos Juan Carlos Romero (Salta) y Eduardo Vischi (Corrientes), este último jefe del bloque radical.
Completan las firmas los también radicales Flavio Fama y Pablo Blanco, como así también Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Mónica Silva (Juntos somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck.
El kirchnerismo prefirió ocupar un segundo plano –tal vez para no desairar a su jefa política, autora de la ley-, pero no se privó de estampar también su rúbrica a un proyecto que, de aprobarse, le infligiría un fuerte golpe político al gobierno libertario. Lo firmaron José Neder, Mariano Recalde, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.
“El kirchnerismo aprobó esta ley para hacer uso y abuso de los DNU. Es una norma que empodera al Poder Ejecutivo. Este dictamen, en cambio, va al otro extremo, fortalece al Congreso –indicó el senador Romero a -. Para encontrar un punto de equilibrio yo, si bien suscribí el dictamen, voy a sugerir que los decretos tengan el mismo tratamiento que una ley”.
El radical Blanco, por su lado, alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU. Los datos oficiales revelan que, en lo que va de su mandato, el Poder Ejecutivo dictó 71, sin contar los decretos delegados; una cifra superior al promedio de gobiernos anteriores (sin contar los años de pandemia), aunque el oficialismo esgrime un argumento no menor para justificarlos: el de Milei es un gobierno en minoría en ambas cámaras y, después de todo, se trata de una facultad consagrada en la Constitución Nacional que todos los presidentes, sin excepción, utilizaron aun contando con mayorías parlamentarias.
Los opositores retrucan que el de Milei devino en un gobierno decidido a gestionar a puro DNU y vetos presidenciales con tal de ningunear al Congreso. Una modalidad que, aseveran, se profundizará durante la segunda parte de su gestión si, como auguran los pronósticos electorales, los libertarios incrementan su representación en ambas cámaras. No alcanzarán la mayoría, pero aspiran a consolidar al menos un tercio de voluntades en la Cámara de Diputados, suficiente para blindar los futuros vetos presidenciales.
Hasta el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo deberá soportar los embates de una oposición decidida a unir filas frente a un Gobierno que, advierte, se perfila cada vez más autocrático por su renuencia al diálogo. En el Senado se descuenta que el dictamen para restringir el uso de los DNU se aprobará con amplia mayoría; en la Cámara de Diputados, si bien el año pasado se frustró el tratamiento de una iniciativa similar, la fragilidad que exhibe hoy el oficialismo le abre a la oposición una nueva oportunidad. Allí también, como en el Senado, hay varios “heridos” que, antes de dejar su banca, quieren cobrarse viejas cuentas.
Frente a una ofensiva que se anticipa inexorable, el oficialismo tendrá el veto como única arma para defender –paradojas de la política- la ley de DNU que legó Cristina Kirchner. Habrá que ver si, en esta carrera contra reloj antes del recambio legislativo, la oposición finalmente logra consumar su golpe.
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Tras el comunicado emitido ayer por la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), senadora electa que no asumió por las objeciones de la oposición sobre diversas experiencias judiciales -una, con cocaína-, el oficialismo de la Cámara alta dio por cerrado el tema y ya prepara a su reemplazante, Enzo Fullone, cuyo diploma ya fue dictaminado y aprobado en el recinto el viernes pasado, cuando juraron 23 de 24 legisladores.
Según deslizó una fuente oficialista a Infobae, luego de la misiva que Villaverde envió a Javier Milei para poner “a su entera disposición” su “renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, la diputada hará la presentación formal en la justicia electoral -paso obligatorio- en las próximas horas. Con la película casi consumada, la Casa Rosada desactivó una potencial bola de nieve que, sin dudas, iba a presionar a la Cámara alta antes de las sesiones extraordinarias que piensa el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre próximo.
A diferencia de otras situaciones de menor complejidad en los últimos meses que, no obstante, terminaron mal en el Congreso, en el oficialismo destacaron la “muñeca” de la futura jefa libertaria, Patricia Bullrich, quien siguió de cerca todo el proceso e informó a la Casa Rosada para amortiguar eventuales golpes.
“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque violeta en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, señaló Villaverde en redes sociales.
La rionegrina dijo que su accionar involucra “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”. Y agregó: “En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política. Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.
Más allá de todo esto, en La Libertad Avanza todavía se preguntan cómo Villaverde no consiguió y mostró, con el daño que podría haber generado todo este embrollo, toda la documentación correspondiente de la justicia estadounidense para respaldar su postura inicial. “Acompañar con papeles flojos, no”, sentenció un actor premium del oficialismo a este medio.
Por más que ello ocurra en un futuro, con la dimisión de las próximas horas quedará sellada la ventana “Villaverde senadora” y su destino en Diputados dependerá de lo que el oficialismo disponga. Para echarla, la oposición precisará dos tercios. “Es momento de calmar las aguas ahora. La agenda que viene es importante y este tema concluyó”, precisaron desde la bancada libertaria, que busca dar un final “constitucional y ético” -así sugirieron- a la novela en cuestión.
Una vez que comience el período de sesiones extraordinarias y, al tener ya luz verde, Fullone jurará en el primer encuentro que el pleno de la Cámara alta realice. Con ello, quedará un Cuerpo completo, con 72 legisladores. Para La Libertad Avanza, un voto es más que clave de cara a lo que deberá afrontar.
Para la semana próxima se aguarda la convocatoria del Ejecutivo y el temario. Según la Casa Rosada, la prioridad del Senado será empujar la reforma laboral, en unos plazos más que ajustados para el corriente mes. De hecho, la mayoría de los bloques ya descarta un avance exprés. En un par de reuniones, Bullrich se mostró confiada en relación con la iniciativa que aún no mostró el Ejecutivo. No piensa igual la oposición.
POLITICA
Jet de lujo, financiera bajo sospecha y facturación trucha: los nuevos vínculos de Chiqui Tapia en la causa por lavado
El regreso a la Argentina del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, no pasó desapercibido. No solo por el contexto de creciente exposición pública que rodea a su figura, sino también por la aeronave en la que aterrizó en el país: un jet ejecutivo de alta gama perteneciente a una empresa que se encuentra bajo investigación judicial por supuestas maniobras de lavado de dinero.
Según pudo reconstruir el periodista Nicolás Wiñazki, a partir de fuentes del sector aeronáutico y judicial, Tapia viajó en una de las aeronaves más lujosas disponibles en el mercado de vuelos privados, con un costo estimado que ronda cifras difíciles de justificar frente a los ingresos que informó oficialmente como funcionario público y dirigente deportivo.
La empresa dueña de la aeronave utilizada por el dirigente máximo del fútbol local aparece mencionada en una causa sensible que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habrían emitido facturas por vuelos que no se realizaron con el objetivo de “blanquear” dinero de posible origen ilícito. El expediente ya cuenta con documentación secuestrada y testimonios que sostendrían la existencia de maniobras simuladas.
En medio de su puja con Milei, “Chiqui” Tapia se mostró con un asesor de Trump en Mar-a-Lago
A esta situación se suma otro foco de tensión: la relación del presidente de la AFA con una financiera que fue allanada en múltiples oportunidades y que está bajo investigación por supuestos vínculos con operaciones irregulares dentro del fútbol argentino.
Esta firma, que llegó incluso a tener presencia como patrocinador del torneo local, habría sido utilizada por terceros para canalizar grandes volúmenes de dinero que hoy están bajo la lupa judicial.
Los nexos personales y comerciales entre Tapia y directivos de esa financiera son conocidos en el ambiente. De hecho, su principal referente declaró en distintas oportunidades que mantiene una relación de amistad con el titular de la AFA y que llegó a colaborar económicamente con instituciones deportivas del ascenso, entre ellas el club de origen dirigencial del propio caudillo.
Tapia arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un Gulfstream G400, uno de los modelos de jets privados más exclusivos del mercado aeronáutico. La aeronave, identificada con matrícula LV-JQW, es considerada una de las preferidas por celebridades y empresarios de alto perfil por su nivel de confort y autonomía de vuelo.
Según fuentes del sector aeronáutico privado citadas en la investigación, ese viaje habría tenido un costo aproximado de 500 mil dólares, una cifra que incluye no solo el traslado intercontinental sino también los servicios premium que ofrece la nave: cabina privada, ambiente de descanso tipo cama y azafata permanente a bordo. Desde el entorno aeronáutico señalaron que se trata de un gasto muy elevado incluso dentro del segmento de vuelos ejecutivos.
El jet fue alquilado a la empresa Baires Fly, una firma que quedó bajo la lupa judicial por causas ajenas al mundo del fútbol. De acuerdo con el fiscal Franco Picardi, la compañía habría emitido facturas apócrifas para servicios que nunca se realizaron, en el marco de operaciones que ahora son investigadas por presunto lavado de dinero en la causa vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La secuencia del viaje también es parte del expediente. Tapia salió de la Argentina el 27 de noviembre desde el aeropuerto de San Fernando a bordo de un Lear 60, también alquilado a Baires Fly. Sin embargo, durante una escala en la ciudad de Lima solicitó el cambio de aeronave y pidió que fuera trasladado en el Gulfstream G400, que finalmente despegó rumbo a los Estados Unidos el 30 de noviembre.
El primer destino fue el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, una zona cercana a la residencia de Lionel Messi. Según detalla la investigación, Tapia habría intentado reunirse con el futbolista en medio del creciente escándalo por su patrimonio, aunque dicho encuentro no se concretó o al menos no trascendió públicamente.
Días más tarde, el 4 de diciembre, el dirigente argentino volvió a utilizar el mismo jet privado para trasladarse a Washington, donde participó del sorteo del próximo Mundial. Tras ese evento oficial, regresó nuevamente a Miami con la intención de concretar una reunión con Messi, que tampoco se vio reflejada en ninguna imagen pública.
Finalmente, el zar del fútbol local emprendió el regreso a la Argentina el sábado 6 de diciembre, con escala en Guayaquil, aterrizando en Ezeiza al mediodía del domingo. Todo el trayecto internacional se realizó a bordo del mismo avión perteneciente a la empresa que hoy es investigada por facturación irregular y maniobras financieras sospechosas.
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POLITICA
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad prepara un índice para actualizar las indemnizaciones por despido
Tras fijar un criterio para actualizar las sentencias en los juicios por accidentes laborales, ahora el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad trabaja en sentencias donde fijará el índice para ajustar las indemnizaciones y las multas en los casos por despido de los trabajadores.
Con estos nuevos parámetros, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que se transformó en la máxima autoridad de apelación ante los casos laborales, civiles, comerciales y penales de la Justicia nacional, establece un horizonte de previsibilidad que contrasta con la dispersión que existía hasta ahora en las sentencias laborales.
Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los camaristas laborales nacionales con la Corte Suprema de la Nación, que exige a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes, que el máximo tribunal anuló.
De hecho, en la Cámara Laboral, controlada en parte por el poder sindical y con algunos camaristas afines al peronismo, hay criterios disimiles de ajuste para las indemnizaciones.
Buena parte de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC, y la Sala 8, que aplica el CER. Ahora, la Cámara Laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, que estableció que la “Corte porteña” es la que revisará todos los casos nacionales, el Superior Tribunal de Justicia porteño se organizó para enfrentar esta tarea.
Inauguró un nuevo edificio frente al Obelisco, con oficinas para tramitar los miles de causas que ingresaron, y comenzó a trabajar en casos señeros que fijen criterios para adelante.
Ahora trabaja en un criterio único para ajustar las indemnizaciones y multas en el millar de causas laborales que tiene a estudio. Con el fallo del TSJ se acabará la dispersión, esperan.
Los jueces están unificando criterios y buscan llegar a un fallo que sea lo más contundente posible, de preferencia unánime, o casi unánime, para fortalecer la decisión del tribunal que va a marcar un tope para el cálculo de las indemnizaciones.
Pero aun hay miradas que no convergen del todo. En efecto, hay tres posiciones de mínima. La primera, aplicar el criterio del IPC más el 3 por ciento. La segunda, aplicar como índice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), como ya ocurrió con los juicios por accidentes de trabajo. La tercera es establecer una especie de índice con un piso y un techo teniendo en cuenta un 3 por ciento más o menos sobre IPC.
El criterio del IPC mas el 3 por ciento es el establecido en el artículo 276 del DNU 70/23, norma fundacional del gobierno de Javier Milei dictada a días de asumir, hace dos años, y frenada por la Justicia Laboral. Allí se establece que las actualizaciones o la aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual.
El capítulo laboral de este DNU fue declarado inconstitucional y no se aplica. La Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún. No obstante, ese mismo criterio es el que introdujo ahora el Gobierno en el proyecto de ley de reforma laboral que se discutirá en la sesiones extraordinarias del Congreso, la segunda quincena de diciembre.
Allí se establece que para reducir la “discrecionalidad” de los jueces se fijará un único cálculo, actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual. Además, se prohíbe por ley que se devenguen intereses sobre los intereses, llamado anatocismo, como sucedía con algunos fallos de la Cámara Laboral, que fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia, este año, con fuertes críticas a los camaristas laborales.
La intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es vista por los empresarios como un bálsamo ante la incertidumbre de los fallos de la justicia nacional. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tras la sentencia de esta semana donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puso tope a los actualizaciones en casos de accidentes laborales, dijo: “Este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales”.
“Es un paso clave para terminar con la industria del juicio, que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa para el que produce y el que trabaja”, mencionó. Agregó que la ciudad de Buenos Aires “necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común”, y levantó la apuesta con un tema resistido por los jueces nacionales: “Para eso es importante avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad”.
El exministro y ahora empresario Guillermo Dietrich, cercano a Mauricio Macri, festejó la sentencia: “La principal reforma laboral necesaria es evitar la industria del juicio que se apoya en la discrecionalidad de las indemnizaciones”.
“El sistema actual es una tragedia que no sólo funde empresas pequeñas y chicas sino que desincentiva completamente la creación de empleo y el crecimiento de proyectos de miles de emprendedores que no se animan a crecer. Es por acá”, celebró.
La semana pasada, la Corte porteña reafirmó que las indemnizaciones fijadas en los juicios por accidentes laborales deben actualizarse por el índice Ripte, en un caso sucedido antes de 2019. La decisión marca dos novedades trascendentes. Por un lado, ratifica que rige para los cálculos anteriores a 2019, no solo casos nuevos. Y también termina con la actualización por inflación, que había en el pasado generado cifras excesivas.
Además, el máximo tribunal porteño reafirmó su competencia establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, como la máxima instancia de revisión de los casos de la justicia nacional, incluidos los laborales. El fallo recayó en el caso “Asociart SA Art S/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Valdez Carlos Alberto C/Asociart SA Aseguradora De Riesgos Del Trabajo S/ Accidente”.
El caso comenzó cuando Carlos Valdez, un trabajador gráfico, maquinista de Gráfica Cortiñas, demandó a la ART por una enfermedad laboral por las tareas que desempeñaba cargando bultos de cartulina. El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. El juez Luis Lozano fijó su posición en un voto aparte, coincidente, y hubo una disidencia de la jueza Alicia Ruiz.
El tribunal confirmó que el Ripte rige también para las causas anteriores a 2019, al revocar una sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y permitido la actualización de las tasas de interés por inflación.
La aplicación de este criterio tuvo su inicio en el caso Boulanger c/ Provincia ART Seguros, en octubre pasado, cuando el Tribunal Superior validó el uso del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial. Con esta sentencia, el tribunal consolidó un cambio decisivo en la ciudad al establecer el modo de calcular las actualizaciones por intereses derivados en accidentes laborales.
Hernán Cappiello,Conforme a
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