Sergio Massa admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que hubo incumplimientos en los convenios firmados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en Tigre, lo que llevó a discontinuar las obras.

El exministro de Economía, que declaró como testigo durante unos 30 minutos en el juicio por el programa “Sueños Compartidos”, aseguró que el municipio no radicó denuncias penales y que terminó las obras con fondos propios tras el corte de los pagos nacionales.

Según Massa, Tigre firmó tres convenios con las Madres para la construcción de viviendas sociales. El exfuncionario aclaró que no los firmó personalmente porque en 2009 pidió licencia como intendente para asumir como jefe de Gabinete nacional y quien los rubricó fue el entonces intendente interino, Julio Zamora. Al regresar a la intendencia, Massa suscribió un nuevo acuerdo para la edificación de un salón de usos múltiples en una lechería del barrio San Pablo que asiste a niños.

El excandidato a presidente destacó que las obras “tuvieron un impacto positivo” en la comunidad, pero insistió en que los incumplimientos obligaron al municipio a discontinuarlas. “Las obras las termina el municipio con fondos propios porque Nación discontinuó los pagos”, explicó ante el tribunal.

Massa relató que se reunió en dos oportunidades con Sergio Schoklender, presidente de la Fundación y uno de los principales imputados en la causa junto a su hermano Pablo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La primera reunión fue para que Schoklender se presentara formalmente y la segunda por dificultades con una secretaria municipal.

El juicio oral, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, investiga la presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en todo el país. Entre marzo de 2008 y junio de 2011, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, fallecida en noviembre de 2022, recibió del Estado nacional 748 millones de pesos.

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La acusación sostiene que 206 millones fueron desviados y no se destinaron a las obras previstas. La causa incluye convenios firmados en distintas provincias y municipios, como la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Almirante Brown, Ezeiza, Bariloche y Rosario.

La declaración de Massa se suma a las de otros dirigentes políticos ya citados, como el exjefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y el actual intendente de Tigre, Julio Zamora. Todavía quedan pendientes las testimoniales de Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini, entre otros.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para hablar sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder”, dijo y aclaró que su patrimonio fue construido durante su actividad privada, previo a su llegada a la Casa Rosada.

El funcionario leyó su discurso al inicio de la conferencia donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.

“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, recordó.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, Adorni compartió foto con parte del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. “Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó. Esos mismos funcionarios estuvieron presentes en la sala escuchando el discurso junto a secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”, denunció.

Consultado por la adquisición de varias propiedades y dónde vive, respondió: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, aseguró.

También respondió preguntas sobre su viaje a Punta del Este, donde hay sospechas por el pago del avión privado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.

Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.

En el intercambio con periodistas, el funcionario también cuestionó las acusaciones sobre su situación patrimonial. “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió.

Además, rechazó las críticas sobre su declaración jurada y sostuvo: “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.

Al final, volvió a insistir en su postura frente a las denuncias y evitó ampliar información sensible: “De los temas en los que consideramos que opinar puede interferir en la Justicia, no lo vamos a hacer”. Y concluyó: “Está todo impecable”.