El Gobierno se encamina a avanzar con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.

Según el sondeo de , los votos están justos y el Gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyan la iniciativa, el resto oscila entre el rechazo y un acompañamiento tímido.

El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios oficiales le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.

Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos cambios. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó los ajustes. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.

Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.

El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.

En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.

La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.

Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.

Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.

Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se someterá a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones al los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.

La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultaron la construcción de la mayoría. La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento.

Un fuerte cruce ocurrió este jueves entre los senadores José Mayans y Bartolomé Abdala luego de que el oficialismo y sus aliados buscaran apurar la votación por el acuerdo UE-Mercosur en el Senado. Desde La Libertad Avanza buscaban ser el primer país del bloque en ratificar el tratado, ya que, en paralelo a la sesión, Uruguay lo debatía en su propia Cámara de Representantes. “¿Usted se va a bajar el pantalón si lo votamos por mayoría?“, exclamó el jefe de la bancada de Unión por la Patria.

Fue al mediodía que el senador de la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad propuso anticipar la votación por “la importancia que reviste el acuerdo para el Mercosur en general y para la Argentina en particular”. “Es para que nuestro país sea el primero del bloque en ratificar este acuerdo. Esto tiene que estar al margen de los posicionamientos políticos y pertenencias partidarias”, justificó.

De inmediato, Mayans pidió la palabra para oponerse a la moción de orden. “Estuve hablando con la senadora Patricia Bullrich [presidenta del bloque libertario] y le expliqué que hay que respetar cómo se trabaja en el Senado”, expresó. El formoseño explicó que los senadores deben realizar las exposiciones, después los cierres de presidentes de bloques y, a continuación, pasar a la votación.

“Si agarramos y fijamos una metodología así cambiamos todo. Hay una violación flagrante del sistema y no estamos dispuestos a aceptarlo”, arremetió. Abdala, que en ese momento se encontraba ocupando la presidencia, intervino para justificar la movida oficialista.

“Lo que está solicitando esta banca es una moción de orden que está amparada en el reglamento, que dice que, una vez votada la moción, se respeta la lista de oradores”, argumentó. Entonces apuró la moción y pidió a los senadores que se logueen para votar. Sin embargo, desde el bloque opositor comenzaron a gritar para que le diera la palabra a Mayans, que reclamó el accionar de los libertarios con gran malestar.

“Presidente, usted no puede hacer cualquier cosa. Yo le puedo votar acá que se baje el pantalón. ¿Usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría? O voy a proponer que usted se quede desnudo en la banca o se ponga una peluca como Milei“, apuntó con enojo.

Abdala le pidió que “sea respetuoso de la voluntad del cuerpo”. “Usted sea respetuoso del cuerpo. Hay una metodología de trabajo y no se puede proponer cualquier cosa. En todo caso bájense ustedes de la oratoria si no quieren fundamentar”, contestó Mayans. También criticó la exposición del miembro informante del proyecto, que “trató en siete minutos un proyecto que llevó 20 años”.

“Una vergüenza fue la posición. Una vergüenza realmente. Usted no puede venir aca a hacer cualquier cosa, decir ‘vamos a votar’ y se terminó el pleito. Porque así no se llevan adelante las sesiones. A partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se les cantan las pelotas con las sesiones. Está mal lo que están haciendo», masculló.

Abdala le pidió una vez más que “sea respetuoso” y le dio con rapidez la palabra a la senadora Carolina Losada, que insistió en acelerar la votación. La discusión continuó y también se sumó Anabel Fernández Sagasti, compañera de bancada de Mayans.

“Lo que correspondería en este caso es que se bajen los oradores del oficialismo, nos dejen hablar y votemos lo antes posible. Si es la voluntad del oficialismo, bájense de la lista. No pueden cercenarnos nuestra votación sin fundamentación. Es una locura lo que estamos viviendo“, solicitó.

“No es ninguna locura que haya una moción de orden”, contestó Abdala. Sagasti lo interrumpió rápidamente: “No me corte la palabra, senador. Haga orden. Nosotros vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden cercenarnos la palabra de fundamentación de nuestro pueblo. Es el colmo. Acá vinimos a parlamentar. Es una locura y un atropello dejar a los senadores sin la palabra de lo que vamos a votar. Llamen a la reflexión y hagamos las cosas medianamente cómo se debe».

Finalmente, Bullrich intervino y concedió la baja de los oradores libertarios antes de la votación. Por amplio consenso, el Senado convalidó el acuerdo UE-Mercosur y le imprimió la ratificación legislativa necesaria para su entrada en vigor.