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Graciela Ocaña, candidata de Ciudadanos Unidos: “El plan económico de Javier Milei está haciendo agua”

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Graciela Ocaña no coincide con buena parte de la política del gobierno nacional, pero utiliza la misma analogía que el presidente Javier Milei para describir la situación económica. “Esto es como la casa de uno. No se puede gastar más de lo que ingresa”, dice, aunque se apresura a agregar: “Pero al mismo tiempo entendemos que hay prioridades. Uno no puede gastar de más, pero también decide si se va a comer afuera o compra alimentos para los chicos”.

Hoy, esas prioridades −estima en una entrevista con − están desordenadas a nivel nacional. No reniega de la necesidad de tener superávit fiscal, pero considera que es necesario volver a jerarquizar algunas agendas relegadas, como la salud, las jubilaciones y la transparencia. Por eso, en estas elecciones nacionales buscará dar el salto de la Legislatura porteña al Senado nacional. Es la primera candidata para la Cámara alta de Ciudadanos Unidos, la expresión porteña de la coalición de los gobernadores Provincias Unidas que lleva a Martín Lousteau como primer aspirante a diputado.

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“Entre los ‘levanta manos’ que lleva La Libertad Avanza y los otros [por Fuerza Patria] que se oponen a todo porque creen que son los únicos que pueden gobernar, estamos construyendo una alternativa porque creemos que hay otra forma de gestionar, con orden fiscal porque tiene que haber superávit, pero también prioridades”, explicó.

No deja de reconocer la desaceleración inflacionaria como un logro de la gestión libertaria, pero afirma que, por sí sola, no es suficiente. Tampoco lo es para los comerciantes con los que se reúne periódicamente y que −según cuenta− reclaman por la parálisis en las ventas o para la clase media de la ciudad a la que sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes.

El plan económico de Milei está haciendo agua, necesitó un salvataje primero, en abril, del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 20.000 millones y ahora tenemos el Ministerio de Economía intervenido por el secretario del Tesoro [Scott] Bessent, que todos los días se comunica sobre la política argentina”, sostuvo. Está convencida de que la asistencia financiera del gobierno de Donald Trump es más bien una prueba de que el programa económico de Milei “no cierra” porque desestima sectores clave como discapacidad, salud y educación.

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Graciela Ocaña, junto a su compañero de alianza Martín Lousteau y el candidato bonaerense Florencio Randazzo, en un acto de Provincias Unidas en Obras Sanitarias.Soledad Aznarez

En este contexto, pone el foco en el sistema previsional y los jubilados. “Lo de los jubilados es dramático porque no les alcanza la plata y les ha impactado mucho la baja de la cobertura de prestaciones, por ejemplo en el tema medicamentos. En promedio, pasaron de gastar $40.000 de su bolsillo el año pasado a $100.000 este año. Y eso impacta mucho en las jubilaciones mínimas que, con el bono, son de $390.000”, asegura. En este contexto, buscará capitalizar su experiencia como extitular de PAMI para buscar alternativas para aliviar el bolsillo de los adultos mayores desde el Congreso.

Según detalló a , tiene previsto avanzar con un proyecto para poner fin a las jubilaciones de privilegio y otro para garantizar una cobertura del 95% sobre las drogas utilizadas para atender enfermedades crónicas de jubilados. “La compra se haría a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, sin el 3% para nadie”, subrayó, en referencia al escándalo por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La lucha contra la corrupción es otra de las banderas que busca enarbolar su espacio en el Congreso.

En este sentido, apuntó contra el excandidato de La Libertad Avanza José Luis Espert por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en los EE.UU., pero especialmente contra el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haberse mostrado dispuestos a invertir en la reimpresión de boletas luego de avanzar con recortes para universidades y sectores vulnerables.

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Es evidente que el Gobierno no quiere financiar ni la salud ni la educación y es un problema, te diría, cultural de negacionismo que no ayuda a solucionar los problemas que tenemos. Es una vergüenza que el Presidente y el jefe de Gabinete incumplan con la Constitución y la ley”, sentenció, en relación a la decisión oficial de no aplicar las normas de emergencia pediátrica, en discapacidad y de financiamiento universitario.

Ocaña apuesta a fortalecer estas agendas en el ámbito legislativo, así como también a avanzar con cambios estructurales que La Libertad Avanza había prometido durante la campaña de 2023, como la reforma previsional. Destaca que el sistema actual, que “se asentó, como el de muchos otros países, en un sistema que funcionó hace muchos años y donde la gente vivía 20 años menos”, no puede seguir afectando a actuales beneficiarios.

La reforma laboral también está en agenda. La dirigente de Confianza Pública −uno de los partidos que integra la alianza Ciudadanos Unidos− pone especial énfasis en la importancia de limitar los “privilegios de la casta sindical” y terminar con la “industria del juicio” para alcanzar un equilibrio entre los beneficios de los empleados y quienes ofrecen trabajo.

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Horacio Rodríguez Larreta, con quien se alió para las elecciones porteñas del 18 de mayo, manifestó su apoyo a la candidatura de Ocaña para el SenadoInstagram Larreta

“Las reformas que la Argentina necesita solo se van a lograr si se hacen bajo estas consignas de consenso y cooperación. No vamos a ir a levantar las manos como los diputados de Milei ni oponernos a todo. Queremos dar una discusión seria, darle gobernabilidad al Gobierno, que debe continuar hasta 2027 y sentar las bases para una Argentina distinta, sin demagogia ni insultos”, indicó.

En la Legislatura porteña, donde tiene mandato hasta 2027, su espacio avanzó en esta línea de cooperación tras conformar un interbloque con los legisladores afines a Horacio Rodríguez Larreta y representantes del MID. Evita confirmar, sin embargo, si podría replicarse un esquema similar en el Congreso.

“No hablamos todavía porque las elecciones no transcurrieron y no sabemos qué representación va a haber, pero nos parece que ese es el camino. En la Legislatura estamos trabajando en conjunto para construir consensos sobre políticas que el vecino está reclamando respecto del estado de la ciudad, que está sucia e insegura”, concluyó.

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Patricia Bullrich: “La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”

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“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”. La advertencia de Patricia Bullrich coloca en primer plano la tensión por eventuales impugnaciones legales a la reforma laboral que avanza hacia una definición clave en el Senado argentino, donde está previsto que se decida sobre los cambios impulsados por la Cámara de Diputados.

El proceso ha sido calificado como “una construcción muy democrática de esta ley” y, según la senadora, el objetivo es que “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.

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De acuerdo con Bullrich, el cronograma parlamentario establece que la reforma será votada el viernes: “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”.

En cuanto a las expectativas de cumplir todos los plazos antes del 1 de marzo, día del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias, la legisladora sostuvo una visión optimista: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.

Bullrich habló antes de ingresar al Senado para participar de la reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto, donde se deberá formalizar la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral votada ayer en la Cámara de Diputados.

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El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.

El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.

También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.

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Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.

La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.

El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.

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En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.

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Roberto Baradel se sumó al paro docente contra el Gobierno de Axel Kicillof

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Este 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, aunque este podría posponerse un día debido a la huelga que preparan los sindicatos docentes a nivel provincial contra el Gobierno de Axel Kicillof.

A esta medida de fuerzo se sumó el gremio docente más grande, que es el Suteba, dirigido por el polémico Roberto Baradel. Lo que le da al paro una magnitud imprevista frente al Gobierno bonaerense.

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Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba – confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impacta sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.

El Gobierno de Axel Kicillof financió al Grupo Indalo con más de $7 mil millones en 2025

El conflicto se activo luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión, inicialmente de la FEB, terminó arrastrando al resto de las organizaciones.

Suteba es el más grande de estos sindicatos, y su decisión de sumarse al paro supone un quiebre en la alianza de este gremio y el Gobierno de Kicillof.

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Además de criticar al Gobierno Nacional por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), se da frente a lo que los gremios consideran como ofertas salariales insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a 760 mil pesos y superaba los 1,5 millones de pesos para los de jornada completa.

La entrada Roberto Baradel se sumó al paro docente contra el Gobierno de Axel Kicillof se publicó primero en Nexofin.

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El Gobierno busca aplacar las internas por la reforma laboral con la sanción de la ley en el Senado

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Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.

Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.

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Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Sturzenegger defendió el artículo sobre las licencias médicas

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.

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En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.

Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.

Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”

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Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.

Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.

Finalmente, el artículo fue retirado del proyecto (REUTERS/Agustin Marcarian)

“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.

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En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.

Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.

“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.

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Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

El funcionario junto al embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.

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En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.

De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.

Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

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