Graciela Ocaña no coincide con buena parte de la política del gobierno nacional, pero utiliza la misma analogía que el presidente Javier Milei para describir la situación económica. “Esto es como la casa de uno. No se puede gastar más de lo que ingresa”, dice, aunque se apresura a agregar: “Pero al mismo tiempo entendemos que hay prioridades. Uno no puede gastar de más, pero también decide si se va a comer afuera o compra alimentos para los chicos”.

Hoy, esas prioridades −estima en una entrevista con − están desordenadas a nivel nacional. No reniega de la necesidad de tener superávit fiscal, pero considera que es necesario volver a jerarquizar algunas agendas relegadas, como la salud, las jubilaciones y la transparencia. Por eso, en estas elecciones nacionales buscará dar el salto de la Legislatura porteña al Senado nacional. Es la primera candidata para la Cámara alta de Ciudadanos Unidos, la expresión porteña de la coalición de los gobernadores Provincias Unidas que lleva a Martín Lousteau como primer aspirante a diputado.

“Entre los ‘levanta manos’ que lleva La Libertad Avanza y los otros [por Fuerza Patria] que se oponen a todo porque creen que son los únicos que pueden gobernar, estamos construyendo una alternativa porque creemos que hay otra forma de gestionar, con orden fiscal porque tiene que haber superávit, pero también prioridades”, explicó.

No deja de reconocer la desaceleración inflacionaria como un logro de la gestión libertaria, pero afirma que, por sí sola, no es suficiente. Tampoco lo es para los comerciantes con los que se reúne periódicamente y que −según cuenta− reclaman por la parálisis en las ventas o para la clase media de la ciudad a la que sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes.

“El plan económico de Milei está haciendo agua, necesitó un salvataje primero, en abril, del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 20.000 millones y ahora tenemos el Ministerio de Economía intervenido por el secretario del Tesoro [Scott] Bessent, que todos los días se comunica sobre la política argentina”, sostuvo. Está convencida de que la asistencia financiera del gobierno de Donald Trump es más bien una prueba de que el programa económico de Milei “no cierra” porque desestima sectores clave como discapacidad, salud y educación.

En este contexto, pone el foco en el sistema previsional y los jubilados. “Lo de los jubilados es dramático porque no les alcanza la plata y les ha impactado mucho la baja de la cobertura de prestaciones, por ejemplo en el tema medicamentos. En promedio, pasaron de gastar $40.000 de su bolsillo el año pasado a $100.000 este año. Y eso impacta mucho en las jubilaciones mínimas que, con el bono, son de $390.000”, asegura. En este contexto, buscará capitalizar su experiencia como extitular de PAMI para buscar alternativas para aliviar el bolsillo de los adultos mayores desde el Congreso.

Según detalló a , tiene previsto avanzar con un proyecto para poner fin a las jubilaciones de privilegio y otro para garantizar una cobertura del 95% sobre las drogas utilizadas para atender enfermedades crónicas de jubilados. “La compra se haría a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, sin el 3% para nadie”, subrayó, en referencia al escándalo por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La lucha contra la corrupción es otra de las banderas que busca enarbolar su espacio en el Congreso.

En este sentido, apuntó contra el excandidato de La Libertad Avanza José Luis Espert por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en los EE.UU., pero especialmente contra el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haberse mostrado dispuestos a invertir en la reimpresión de boletas luego de avanzar con recortes para universidades y sectores vulnerables.

“Es evidente que el Gobierno no quiere financiar ni la salud ni la educación y es un problema, te diría, cultural de negacionismo que no ayuda a solucionar los problemas que tenemos. Es una vergüenza que el Presidente y el jefe de Gabinete incumplan con la Constitución y la ley”, sentenció, en relación a la decisión oficial de no aplicar las normas de emergencia pediátrica, en discapacidad y de financiamiento universitario.

Ocaña apuesta a fortalecer estas agendas en el ámbito legislativo, así como también a avanzar con cambios estructurales que La Libertad Avanza había prometido durante la campaña de 2023, como la reforma previsional. Destaca que el sistema actual, que “se asentó, como el de muchos otros países, en un sistema que funcionó hace muchos años y donde la gente vivía 20 años menos”, no puede seguir afectando a actuales beneficiarios.

La reforma laboral también está en agenda. La dirigente de Confianza Pública −uno de los partidos que integra la alianza Ciudadanos Unidos− pone especial énfasis en la importancia de limitar los “privilegios de la casta sindical” y terminar con la “industria del juicio” para alcanzar un equilibrio entre los beneficios de los empleados y quienes ofrecen trabajo.

“Las reformas que la Argentina necesita solo se van a lograr si se hacen bajo estas consignas de consenso y cooperación. No vamos a ir a levantar las manos como los diputados de Milei ni oponernos a todo. Queremos dar una discusión seria, darle gobernabilidad al Gobierno, que debe continuar hasta 2027 y sentar las bases para una Argentina distinta, sin demagogia ni insultos”, indicó.

En la Legislatura porteña, donde tiene mandato hasta 2027, su espacio avanzó en esta línea de cooperación tras conformar un interbloque con los legisladores afines a Horacio Rodríguez Larreta y representantes del MID. Evita confirmar, sin embargo, si podría replicarse un esquema similar en el Congreso.

“No hablamos todavía porque las elecciones no transcurrieron y no sabemos qué representación va a haber, pero nos parece que ese es el camino. En la Legislatura estamos trabajando en conjunto para construir consensos sobre políticas que el vecino está reclamando respecto del estado de la ciudad, que está sucia e insegura”, concluyó.