POLITICA
Gráfico interactivo: quiénes fueron los diputados más “rebeldes” y cuál fue el bloque más cercano al Gobierno
*Con el cursor sobre cada banca se puede observar el nombre del diputado
La irrupción de los libertarios en el Congreso tras la victoria electoral de Javier Milei en 2023 transformó por completo la dinámica legislativa y casi todos los bloques experimentaron fuertes tensiones internas entre quienes pretendían ser opositores nítidos y los que por convicción, necesidad o conveniencia optaron por acercarse al oficialismo.
La disciplina partidaria, que supo ser una de las reglas no escritas más importantes de la vida legislativa hace apenas unas décadas, se fue desdibujando al ritmo de la crisis de los partidos políticos y durante los últimos dos años esta nueva realidad produjo como resultado más de una decena rupturas, varios reacomodamientos de bloques e innumerables votaciones divididas.
La UCR, por ejemplo, sufrió desprendimientos por izquierda y derecha. Por un lado, aquellos diputados que consideraban imprescindible garantizar la gobernabilidad y se convirtieron en aliados libertarios (por eso los bautizaron radicales “con peluca”) bajo el sello Liga del Interior. Por el otro, un grupo de legisladores referenciados en Martín Lousteau y Facundo Manes que asumió una actitud abiertamente confrontativa con Milei desde la bancada de Democracia para Siempre. En el medio quedó la bancada oficial del radicalismo, que se fue desgajando bajo la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, con una actitud de acompañamiento al Gobierno para garantizar la gobernabilidad, pero con algunas posturas críticas, por ejemplo respecto al financiamiento universitario.
Pero también el bloque oficialista de La Libertad Avanza sufrió el alejamiento de tres diputados del MID (después logró recuperar uno) y de otros cuatro ex libertarios que formaron su propio espacio, llamado Coherencia. En tanto que el peronismo lamentó la temprana fractura de los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo -conformaron el bloque Independencia-, el distanciamiento del santafesino Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y algunas votaciones en disidencia (o ausencias negociadas) de los diputados de Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén.
Durante los dos primeros años del gobierno de Milei, el Congreso abordó varios temas de alto impacto social, como el financiamiento universitario, la emergencia en pediatría o los aumentos jubilatorios, que dejaron expuestas las diferencias internas en cada bancada.
Tal como se puede apreciar en el gráfico interactivo, libertarios y peronistas no tuvieron casi ningún punto de contacto. Los peronistas que más se acercaron al oficialismo fueron los tucumanos de Independencia (Agustin Fernández, María Fernández Elia y Gladys Medina), que por ejemplo, rechazaron la insistencia ante los vetos al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario.
En tanto, dentro de la bancada de Unión por la Patria los que arrojan mayor distancia del promedio son el santiagueño José Gómez (ausente en más de una decena de votaciones clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, el aumento de las jubilaciones o ficha limpia), la catamarqueña Fernanda Ávila (ausente cuando se votó la insistencia al financiamiento universitario y Garrahan), la neuquina Tanya Bertoldi (ausente en ATN, insistencia por jubilaciones, comisión Libra y DNU-SIDE), la santiagueña Celia Campitelli (ausente en jubilaciones, discapacidad, DNU SIDE y FMI) y el catamarqueño Dante López Rodríguez (ausente en las insistencias ante los vetos en discapacidad y jubilaciones, y reparto de ATN).
Pero La Libertad Avanza también tuvo diputados rebeldes. Los primeros en mostrar su disconformidad con la conducción de Martín Menem fueron los referentes del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone. El caso de Zago es aún más peculiar porque pasó de ser el jefe del bloque violeta a principios de 2023 a un opositor duro hacia mediados de 2025; de respaldar la Ley Bases y el Pacto Fiscal, a votar en favor de la emergencia en discapacidad, el aumento de jubilaciones, el Garrahan, Universidades y hasta la reforma de los DNU.
En el caso de Coherencia, su comportamiento no fue uniforme. Los cuatro diputados se alejaron del oficialismo por cuestiones diferentes: Lourdes Arrieta, disconforme con la manera en la que Martín Menem manejó la crisis política que se desató por la visita de diputados a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza; Marcela Pagano, por el rechazo de Menem a que asuma al frente de la comisión de Juicio Político; en tanto que Carlos D’Alessandro y Gerardo González, chocaron con Menem y Karina Milei por el armado de listas en sus provincias, San Luis y Formosa, respectivamente.
De los cuatro, Arrieta fue la que se mostró más lejana del núcleo libertario y González fue el menos hostil. De hecho, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni no pierde las esperanzas de lograr que González y D’Alessandro vuelvan a ser parte del oficialismo en el futuro próximo.
Entre los libertarios, quienes más se alejaron de la posiciones oficiales del bloque fueron Alberto Arancibia Rodríguez (ausente en las insistencias de discapacidad, Garrahan y Universidades), Florencia Klipauka Lewtak (ausente en las insistencias a los cuatro vetos y el reparto de ATN), Lorena Macyszyn (rechazó el DNU SIDE) y Carolina Píparo (rechazo DNU SIDE).
Al igual que ocurrió con Mauricio Macri, que osciló entre el apoyo irrestricto y las críticas públicas a Milei, los diputados del bloque PRO atravesaron innumerables tensiones y enfrentaron enormes dificultades para votar en conjunto. Tal es así que algunos de sus principales referentes, como Diego Santilli y Cristian Ritondo, apoyaron abiertamente la alianza electoral con los libertarios, mientras que otros, como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, la rechazaron de plano.
El punto más álgido de esa crisis se vivió la semana pasada, cuando cinco diputados anunciaron que se pasarían formalmente al bloque LLA y se llevarían a dos de los nuevos ingresantes a partir del 10 de diciembre. Un duro revés para la bancada amarilla.
Por lejos, los dos diputados del PRO más “rebeldes” fueron los larretistas Álvaro Gonzáles y Héctor Baldassi, que por ejemplo votaron afirmativamente las insistencias contra los cuatro vetos presidenciales (Discapacidad, Garrahan, Jubilaciones y Universidades) y rechazaron el DNU que aumentaba los fondos de la SIDE. Un poco más cerca de núcleo PRO se ubican la correntina Sofía Brambilla y Ana Clara Romero: la primera es un alfil del gobernador Gustavo Valdés y fue recientemente electa diputada provincial por el oficialismo local, y la segunda es cercana al mandatario de Chubut Nacho Torres. Ambas votaron, por ejemplo, a favor de las cuatro insistencias contra los vetos presidenciales.
Luego le siguen, ya más cerca del grueso del bloque, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que más de una vez dieron señales de autonomía. Las dos se ausentaron cuando se votó la movilidad jubilatoria -en disconformidad con la posición del oficialismo-, rechazaron el DNU de la SIDE y también el veto de Milei al financiamiento del Garrahan, entre otras disidencias.
Por su parte, el radicalismo entre todas sus versiones abarca casi todos los cuadrantes del espectro. La Liga del Interior (radicales “con peluca”), con varios matices internos, se agrupa mayoritariamente junto con los libertarios: el que tuvo más coincidencias con los violetas fue el cordobés Luis Picat, mientras que Martín Arjol fue el que quedó más alejado.
Curiosamente, prácticamente al lado de Arjol en el gráfico quedaron los radicales del bloque UCR Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden directamente al gobernador Alfredo Cornejo -aliado electoral de LLA-, y el chaqueño Gerardo Cipolini, cercano al gobernador Leandro Zdero -también aliado de LLA-.
En el otro extremo, más cercano a las posiciones del kirchnerismo, se ubican Julio Cobos (el más “rebelde”), Roberto Sánchez, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura. Todos apoyaron las cuatro insistencias para rechazar los vetos de Milei aunque al principio de la gestión también votaron a favor de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Los radicales disidentes de Democracia para Siempre presentan una particularidad: su jefe de bloque Pablo Juliano se ubica en uno de los extremos, es el más alejado de las posiciones de LLA y el más cercano a las posiciones del kirchnerismo. Luego lo siguen Facundo Manes, Carla Carrizo y Marcela Coli. Por el otro lado, los dos más cercanos a los libertarios fueron Marcela Antola y Manuel Aguirre, que por ejemplo se abstuvieron y ausentaron, respectivamente, en la votación para rechazar el veto al aumento jubilatorio.
El bloque que conduce Miguel Pichetto, Encuentro Federal, tampoco sostuvo posiciones unificadas. En el extremo derecho, el más cercano a LLA fue el entrerriano Francisco Morchio, que a instancias del gobernador Rogelio Frigerio durante el último año se ausentó o apoyó a los libertarios en todas las votaciones importantes. En tanto que el chubutense Jorge “Loma” Ávila fue el segundo más cercano a los violetas por influencia del gobernador Nacho Torres.
Del otro lado, coincidiendo mayoritariamente con el bloque peronista, se ubicaron los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y la peronista cordobesa Natalia de la Sota. Nunca votaron con el oficialismo en temas importantes.
Los diputados de Innovación Federal, que responden a las órdenes de los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, al igual que el representante del Movimiento Popular Neuquino, quedan ubicados en el centro del gráfico, casi equidistantes de UxP y LLA. A su vez, los diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al Gobierno en todas las votaciones y quedaron ubicados junto con el peronismo en el margen izquierdo del gráfico.
Entre los libertarios, lo que votaron todas las veces igual que el jefe de bloque Gabriel Bornoroni fueron Lisandro Almirón, Beltrán Benedit, Gabriel Bornoroni, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Carlos García, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco, José Peluc, Manuel Quintar, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, César Treffinger, Lorena Villaverde, Carlos Raúl Zapata.
Por el lado de los peronistas, los que se alinearon al 100% con las posiciones del jefe de la bancada Germán Martinez fueron Hilda Aguirre, Ernesto “Pipi” Ali, Eugenia Alianiello, Constanza María Alonso, Jorge Neri Araujo Hernández, Daniel Arroyo, Martín Aveiro, Luis Eugenio Basterra, Santiago Cafiero, Florencia Carignano, Pablo Carro, Jorge Chica, María Luisa Chomiak, Ramiro Fernández Patri, Andrea Freites, Diego A. Giuliano, Ramiro Gutiérrez, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Ricardo Herrera, Ana María Ianni, Máximo Carlos Kirchner, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Mónica Macha, Mario Manrique, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Pedro Martínez, Matías Molle, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Cecilia Moreau, Estela Mary Neder, Sergio Omar Palazzo, María Graciela Parola, Marcela Fabiana Passo, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand, Leandro Santoro, Sabrina Selva, Vanesa Raquel Siley, Martín Soria, Julia Strada, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Eduardo Félix Valdés, Brenda Vargas Matyi, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Carolina Yutrovic, Natalia Zaracho, Christian Alejandro Zulli.
En el caso del PRO, solo dos diputados siguieron sin disidencias a Cristian Ritondo: Martin Maquieyra y Hernan Lombardi (luego reemplazado por Sanchez Wrba).
Para comparar el comportamiento de los diputados, Infobae tomó las votaciones más importantes de 2024 y 2025. Estas fueron, en 2024, las diferentes versiones de la Ley Bases ( aquí, aquí, aquí y aquí), el Paquete Fiscal (aquí), la movilidad jubilatoria (aquí), el veto a la movilidad jubilatoria (aquí), el financiamiento universitario (aquí), el veto al financiamiento universitario (aquí), y el rechazo el DNU que ampliaba los fondos de la SIDE (aquí). De 2025 se tuvieron en cuenta Ficha Limpia (aquí), el DNU de la negociación con el FMI (aquí), la creación de la Comisión $Libra (aquí), el aumento jubilatorio (aquí), la restitución de la moratoria previsional (aquí), la emergencia en Discapacidad (aquí), la emergencia en Bahía Blanca (aquí), el financiamiento universitario (aquí), la emergencia en pediatría-Garrahan (aquí), el rechazo a los decretos delegados (aquí, aquí, aquí y aquí, aquí), la insistencia ante el veto a discapacidad (aquí), la insistencia ante el veto a jubilaciones (aquí), modificación de la Comisión $Libra (aquí), la insistencia ante el veto a Pediatría-Garrahan (aquí), la insistencia ante el veto a universidades (aquí), la reforma del régimen de DNU (aquí), el rechazó al artículo que hizo volver el proyecto de DNU al Senado (aquí) y el reparto automático de los ATN (aquí).
Javier Milei logró el mayor de los objetivos que se había propuesto para las sesiones extraordinarias del Congreso, al quedar sancionada la reforma laboral. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, blindó la mayoría que había construido dos semanas atrás para la media sanción del proyecto.
La votación terminó 42 a 28, contó con el mismo apoyo que el 12 de febrero: 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. Se abstuvieron los senadores José Carambia y Natalia Gadano.
A los 21 libertarios, se sumaron los 10 miembros de la UCR, los 3 del Pro y un grupo de ocho senadores que, en su mayoría responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada, como Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).
El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado, apenas segundos después de que concluyera la sesión. Así, la medida tomó fuerza de ley al contar con un total de 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones.
“HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”, festejó el jefe de Estado por medio de un comunicado en la red social X. Ahora, el siguiente paso será la promulgación a través del Boletín Oficial.
Minutos después, el mandatario dirigió un mensaje especial para los senadores que conforman el bloque de La Libertad Avanza y al resto de los bloques aliados que decidieron acompañar la medida. “Felicitaciones LLA & aliados”, escribió en su cuenta personal, junto con una fotografía de los legisladores post sesión.
De esta manera, se concluyó el camino legislativo de la reforma laboral, el cual había comenzado en la Cámara Alta junto con el inicio de las sesiones extraordinarias. En esa primera oportunidad, la iniciativa había sido aprobada con un total de 42 votos positivos y 30 negativos.
Luego de que fuera enviado a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento, el proyecto de ley tambaleó ante la posibilidad de que pudiera caerse producto del rechazo de los bloques aliados al régimen de licencias médicas que había propuesto el Gobierno.
Las modificaciones que originaron un breve distanciamiento entre el oficialismo y los espacios afines surgieron durante la revisión de los artículos 44 y 108. En ellos, se buscaba establecer una reducción en el pago del salario de aquellos empleados que hubieran solicitado una licencia médica.
En casos de accidente o enfermedad ajenos al trabajo, el trabajador tenía derecho a percibir parte de su sueldo durante el tiempo de incapacidad. Si la causa de la imposibilidad para trabajar era una conducta voluntaria y consciente que implicaba riesgo para la salud, el salario a recibir se reducía al 50%, aplicándose este porcentaje por un plazo de tres meses cuando no había personas a cargo y de seis meses si el trabajador contaba con familiares legalmente dependientes.
Si se trataba de una recaída en una enfermedad crónica, únicamente se reconocía como nuevo episodio cuando transcurrían más de dos años desde la última manifestación.
Para situaciones en las que el accidente o enfermedad no derivaban de una conducta voluntaria, correspondía recibir el 75% del salario, manteniendo los mismos plazos según la carga familiar. El derecho a estos pagos se mantenía incluso si el empleador suspendía al trabajador por motivos económicos o disciplinarios durante el período de incapacidad.
A raíz de la posibilidad de que la ley de modernización laboral quedara estancada en la Cámara Baja, el Gobierno decidió resignar esa modificación y eliminarla. Así, la sesión del 19 de febrero finalizó con un total de 135 votos afirmativos y 115 expresiones en contra.
Tal como está estipulado en el reglamento, el cambio en el documento original implicaba que este tuviera que ser devuelto a la cámara de origen. En este caso, se trataba del Senado, en donde se barajaba la posibilidad de que aceptaran las modificaciones o insistieran en el contenido original.
A pesar de que la oposición intentara frenar la votación de la reforma laboral al alegar que no podía tratarse un proyecto “en revisión”, pasadas las 22:30 horas, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, llamó a los senadores a logearse en el sistema para emitir sus votos.
Finalmente, el marcador volvió a ser positivo para el Gobierno, luego de que mantuvieran los 42 votos a favor de la ley de modernización laboral. En el caso de la bancada opositora, se registró una reducción a 28 negativos, debido a que dos de los senadores optaron por abstenerse.
En este caso, se trató de los dos integrantes del bloque Moveré por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes habían expresado previo a la votación que no acompañarían el proyecto. No obstante, en la primera instancia se registró que ambos votaron en contra de la iniciativa.
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POLITICA
Qué es la Reforma laboral de Milei que aprobó el Senado: uno por uno, los principales cambios
El gobierno de Javier Milei consiguió sancionar este viernes la reforma laboral en trámite de revisión en el Senado. La versión que se convierte en ley es la que salió de la Cámara de Diputados la semana pasada, que excluye el artículo que imponía descuentos salariales a los trabajadores que faltaran por licencia médica.
Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.
A continuación se presenta un detalle de los aspectos principales del proyecto, incluidas las modificaciones ya incorporadas.
La ley incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.
¿Habrá cambios en las remuneraciones?
Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
En caso de despido, ¿cómo se calcularán las indemnizaciones?
Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
¿Quién pagará las indemnizaciones por despido?
Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.
¿Qué pasará con las vacaciones?
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
¿Se reducirán o se extenderán las jornadas laborales?
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
Enfermedades y accidentes de trabajo
Este era el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporado por el Senado, que fue eliminado del proyecto que se discutirá en Diputados. Establecía que si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Se regula el trámite de aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias. Al desaparecer este artículo, las licencias se seguirán pagando como en la actualidad.
Antigüedad del trabajador
Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso. En ese caso la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada.
¿Qué pasará con las cajas sindicales?
Este punto recibió importantes modificaciones a favor de los gremios. Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios. El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales (los sindicatos no lograron revertir el artículo que limita la ultraactividad de los convenios colectivos).
Negociación de los convenios colectivos
El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.
¿Se prevé un régimen para los trabajadores de plataformas digitales?
El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
¿Se limita el derecho de huelga?
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
¿Qué estatutos se derogan?
Se derogarán cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.
La reforma contiene una serie de incentivos impositivos para la contratación de nuevos trabajadores y para la registración de aquellos que están en la informalidad. El objetivo es alentar la creación de empleo registrado, aunque los críticos señalan que estos beneficios tributarios a los empleadores contribuirán a desfinanciar el sistema previsional.
¿Qué beneficios impositivos se proponen para formalizar a los trabajadores no registrados?
El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.
¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral?
En los hechos, sí, sostiene la oposición. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.
¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores?
El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo o haber sido empleado público.
La reforma introduce modificaciones en la ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué plantea la iniciativa para reducir la litigiosidad?
Se establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme; es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos. En los juicios laborales, el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no excederán del 25% del monto de la sentencia.
¿Qué pasará con la Justicia Nacional del Trabajo?
Se incorpora como anexo el convenio firmado entre la Nación y el gobierno porteño que establece el progresivo traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo y la transferencia de las competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña por un lado, y la derivación de competencias en materia laboral de carácter federal a los juzgados en lo contencioso administrativo federal. La Nación se compromete a transferir al gobierno porteño los recursos correspondientes.
Fue uno de los capítulos más conflictivos de la reforma hasta que el Gobierno accedió, por presión de los gobernadores, a eliminar del texto la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.
¿Habrá reducción de impuestos?
IVA: se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial
Internos: se elimina el gravamen a productos electrónicos; objetos suntuarios; automotores, motos, aeronaves y embarcaciones; celulares; seguros, y servicios de comunicación audiovisual.
¿Qué pasará con el financiamiento del INCAA?
En 2028 se dará de baja el fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El texto original preveía su eliminación inmediata.
Se crea Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar medianas inversiones nacionales y extranjeras. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones. Regirá por dos años.
¿Qué sectores podrán acogerse a este régimen? ¿A partir de qué monto?
Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa, de U$S 150.000 a U$S 9 millones.
¿Qué beneficios impositivos contempla?
Posibilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.
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