Gremios docentes preparan medidas de fuerza contra el gobierno nacional en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y la apertura de negociaciones paritarias. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Conadu histórica ya confirmaron un paro de una semana que comenzará a regir el 16 de marzo.

La Asociación de Docentes de la UBA, la otra entidad que nuclea a trabajadores de la casa de altos estudios, resolvió esta tarde su adhesión al paro junto a personal no docente de los establecimientos. Los servicios de los hospitales universitarios también se verán afectados.

“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, afirmaron en AGD-UBA en relación a la normativa que se aprobó el año pasado y buscaba garantizar el envío de fondos a los establecimientos de educación superior.

El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero el Congreso logró insistir con el texto, al igual que con la ley de emergencia en discapacidad. Y a pesar de que el Gobierno promulgó la iniciativa en octubre, los gremios denuncian que continúa sin implementarse. En diciembre, el gobierno había intentado, sin éxito, derogarla mediante un artículo incluido en el proyecto de presupuesto 2026.

“Exigimos la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario que ordena al Gobierno nacional a convocar a paritaria salarial, que se rija por el índice de inflación establecido por el Indec, y la recuperación de nuestro salario de lo perdido entre 2024 y 2025 que a noviembre del año pasado, reconocido por el propio gobierno, ascendía al 51%”, indicó Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, a .

La entidad que conduce respalda el paro que comenzará el 16 de marzo y se extenderá durante una semana. De no obtener respuesta del gobierno nacional antes del 1° de abril, tiene previsto intensificar el plan de lucha, con acciones que podrían incluir una nueva marcha nacional de universidades públicas.

“El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a dos millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil no docentes. Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra”, denunciaron en la Conadu.

La organización también rechaza el nuevo proyecto de financiamiento que la administración nacional envió al Congreso el mes pasado para modificar la normativa vigente. Como contó , el proyecto del gobierno, solo propone reconocer la pérdida salarial del 2025, pero no la acumulada en 2024 y no obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La Conadu histórica ya anticipó que realizará un paro de 48 horas cuando el Congreso trate la iniciativa oficialista.

Esta tarde, la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba) confirmó su adhesión al paro del 16 de marzo. Dirigentes de la entidad se reunieron hoy a las 17 con sus pares de la Asociación Personal de la UBA (Apuba), que engloba a trabajadores no docentes de la institución, para acordar una medida de fuerza conjunta. Los hospitales universitarios ofrecerán guardias mínimas.

Al igual que la Conadu histórica, además del financiamiento universitario, la organización sindical reclama por el llamado a paritarias. “Estamos a principios de marzo y no hubo comunicación para esto. Es importante poder hacerlo y plantear la recomposición salarial en el ámbito formal previsto, que es la paritaria”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba a .

El fiscal ante la Casación Penal Mario Villar dictaminó que debe rechazarse el pedido de Cristina Kirchner para no decomisar los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, y avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades, que son 19.

El tironeó ocurre en el marco de la ejecución de la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena a 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de los bienes es lo único que resta ejecutar de esa condena.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la expresidenta son ajenos al proceso que la condenó y que sus bienes tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona todo el decomiso.

Villar, cuyo dictamen antecede a la decisión del tribunal, remarcó que la condena de Vialidad ya quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya estaba dispuesto como parte de la condena. Por lo tanto, lo que está en discusión ahora no es la existencia del decomiso, sino cómo ejecutarlo.

También marcó que en las causas de corrupción no siempre es posible reconstruir el exacto recorrido de los fondos ilícitos y que por eso jueces pueden considerar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva.

Esto último es en respuesta a la queja de la expresidenta acerca del “modelo de decomiso ampliado” que puso en marcha el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó.

En el escrito, sus abogados sostienen que no se realizó ninguna investigación patrimonial ni análisis de trazabilidad de fondos que demuestre que los bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta guarden alguna relación con el delito por que fue condenada.

El listado de bienes que la expresidente busca poner a resguardo incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad, y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos por Cristina o Néstor Kirchner

La expresidenta también cuestiona la actualización del monto a cubrir. En distintas presentaciones sotuvo que estuvo mal calculada y que no está firme. La Justicia fijo el decomiso de bienes actualizado en poco más de 684.000 millones de pesos.

“El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, marcó Villar.

“La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, señaló el fiscal.

La defensa de la expresidenta exige que se otorgue efecto suspensivo al recurso, frenando de inmediato cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad.

La puja en torno al decomiso de bienes debe ser resuelta por los jueces de la Cámara Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Probablemente los magistrados se reúnan la semana próxima para definir la situación.

El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes, en línea con el planteo de Villar. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata, pero no tuvieron éxito.

Además de los bienes de la expresidenta, solicitaron el decomiso de propiedades de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. Pidieron en total el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.