Una investigación penal por la tenencia de tierras y desarrollos inmobiliarios en Tandil viene desatando un escándalo que aún no tiene capítulo final. Dos jueces del fuero civil y comercial de Azul fueron denunciados penalmente: uno de ellos fue suspendido, irá a juicio político y el otro recibió una sanción disciplinaria.

Esta semana la fiscalía avanzo en la investigación con medidas que apuntan al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado José Martín Zárate ya fue suspendido de su cargo durante 90 días y se lo someterá a un juicio político que puede terminar con su destitución. En el mismo expediente, tambien se analizará la conducta de su par, Francisco Augusto Blanc.

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La denuncia que hicieron Jorge Heter y Juan Pedro Martín Burs apunta a que los jueces habrían querido apropiarse de determinados terrenos para lo cual manipularon pruebas y hasta uno de ellos habría realizado exigencias poco habituales en el marco de un proceso judicial.

Todo se remonta a 2016 cuando Heter y Burs como herederos de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles quisieron tomar el control de un terreno de 250 parcelas. Sin embargo, en el predio estaba viviendo un empleado rural Juan Miguez Ramírez que adujo contar con el permiso del empresario Luis Cerone.

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A partir de allí comenzó una disputa judicial por el terreno donde de un lado están Heter y Burs y del otro el empresario Cerone. Cuando tomó intervención el juez Zárate la historia se enredó un poco más: instó a las partes a arreglar el “asunto” para lo cual a los herederos los conminó a pagar una suma de dinero importante para recuperar sus tierras.

En una de las reuniones, según consta en la denuncia que investiga una fiscalía de Azul, el juez se ofreció a poner US$50.000 que faltaban para sellar ese acuerdo económico.

Lo cierto es que el caso fue el puntapié que terminó con el juez Zárate camino a juicio político y con una investigación penal en su contra por presunta extorsión, cohecho y otros delitos. Pero tambien se sospecha de su colega, Francisco Augusto Blanc, quien fue denunciado y tambien quedó bajo investigación.

Consultado por TN a partir de la denuncia, el empresario Luis Cerone aseguró que “sí se pidieron US$500.000 por los derechos veinteañares que tiene la persona que habitó desde 1980 ese mismo lugar y con quien yo colaboro para defender su crédito”.

Además, “es mentira que yo tenga estrecho contacto con el intendente y sí puse a disposición mi hotel de Tandil para que se reúnan las partes y puedan llegar a un acuerdo”.

“Yo me reuní primero con un familiar de los que iniciaron la demanda, y luego junto con el juez y ellos para tratar de cerrar el acuerdo en pos de la persona que estaba viviendo en ese lugar desde hace muchísimos años, pero siempre en aras de defender el dinero del titular de los derechos”.

Luego los denunciantes aportaron documentos sobre diversos terrenos de vecinos de Tandil donde los magistrados habrían tenido una intervención irregular en cuanto a sucesiones o herencias.

Con un juez suspendido y otro bajo la mira, ahora la denuncia también apunta al intendente Lunghi y a funcionarios de su gabinete: los acusan de estar en connivencia con el empresario Cerone para bloquear nuevos proyectos inmobiliarios y, a su vez, intentar apropiarse de terrenos de forma irregular.

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El oficialismo aprieta el acelerador en el Congreso de la Nación. A los libertarios ya no solo les alcanza con tener la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur – Unión Europea aprobados sino que los quieren para antes del 1 de marzo, para que formen parte central del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada entienden que el efecto político de ambas medidas se lograría en su totalidad si Milei las puede nombrar en su discurso. Por eso hoy giraron el texto de la reforma laboral a Diputados y aceleran al máximo para cumplir con la fecha de cierre de las sesiones extraordinarias el próximo 27 de febrero.

Los libertarios ya están dejando trascender cómo quieren establecer el cronograma para las próximas dos semanas. Tanto en el Senado para darle sanción definitiva al tratado con el Viejo Continente y a la baja de edad de imputabilidad, como en la Cámara de Diputados, en donde buscará convertir en ley la reforma laboral.

En el caso de esta última, la primera intención que barajó el oficialismo era citar a las comisiones durante los feriados de carnaval pero desistieron. “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”, reconoció una alta fuente libertaria. En este esquema, la intención del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, es citar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el próximo miércoles 18 de febrero con la intención de dictaminar e ir rápidamente al recinto.

Sin embargo, para que esto suceda necesita resolver varios puntos. El reglamento establece que en extraordinarias se debe obtener dictamen 10 días antes de que finalice el período establecido por lo que se espera la publicación de un nuevo decreto del Presidente que estire las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

Además, suponiendo que logran citar al plenario para el miércoles porque cuentan con los números para tener un dictamen de mayoría, tiene que sumar el quórum para ir al recinto, y la intención es que sea el jueves 19 de febrero.

En la Comisión de Presupuesto el oficialismo tiene 18 diputados y se suman los aliados con 2 del PRO, y se le suman el MID, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Innovación Federal, UCR y Elijo Catamarca con un miembro cada uno, lo que le da un total de 27 firmas sobre un total de 45 miembros. En el caso de Legislación del Trabajo tiene 11 propios más 2 del PRO y 1 de la UCR sobre un total de 28 miembros. Para poder tener el dictamen de mayoría necesita 37 firmas, algo que alcanzaría si lo acompañan todos los socios.

Pero el problema que deberá resolver es la intención de ir al recinto el jueves 19 de febrero porque desde los sectores de la oposición se muestran reacios a que una ley de este peso tenga un tratamiento exprés. “En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo», explicó un diputado de la oposición. “Más escribanía no se consigue si hacen eso, los que se llenaban la boca de republicanismo están cada vez más selectivos”, agregó en referencia a los sectores del PRO y del radicalismo que se quejaban del kirchnerismo y de su tratamiento express de los temas cuando el peronismo era mayoría.

Pero LLA no sólo enfrenta la negativa de los opositores de ir a un tratamiento tan simplificado de la reforma laboral sino que también encuentra resistencia de los socios que, además, proponen modificaciones. Así lo dejó en claro Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, quien adelantó que van a pedir cambios en el proyecto de ley que llegó con media sanción del Senado.

“Lo quieren apurar porque tienen miedo que el PRO les meta un cambio y tenga que volver al Senado, por eso quieren sesionar la semana que viene así le dejan una semana a Patricia Bullrich para poder ir al recinto antes del 1 de marzo», explicó un diputado K.

En paralelo, Patricia Bullrich también impone su ritmo en el Senado de la Nación y tiene la intención de llamar a las comisiones el miércoles a Relaciones Exterior y el jueves Acuerdos para el pliego de Fernando Iglesias y a la tarde la de Justicia para el régimen penal juvenil.

La Libertad Avanza necesita dictaminar la semana que viene si quiere tener esas leyes el 1 de marzo ya que necesita 7 días de plazo entre el dictamen e ir al recinto, por lo que Bullrich y su bloque está acelerando los pasos para poder contar con los textos ingresados en la Cámara Alta y citar a las comisiones.

Mesa Política