El gobernador se acomodó la corbata y encaró a la pequeña multitud que lo esperaba ansiosa a la salida de una de sus típicas recorridas de gestión por el territorio. Inocente, por un instante pensó que lo iban a abrazar y pedirles selfies. Pero a los pocos segundos comprendió que la situación era bien distinta: sin perder el respeto, aunque con tono elevado, un grupo de trabajadores públicos empezó un relato pormenorizado de sus actuales padecimientos económicos.

“¡No hay nada para festejar! Te vimos con cara alegre en Estados Unidos…”, escuchó de boca de uno de los hombres que estaba visiblemente más ofuscado. Hacía referencia al viaje a Nueva York en el que se había embarcado el político en busca de inversiones durante aquella “Argentina Week” que quedó opacada por las desprolijidades de Manuel Adorni.

Como de costumbre, el mandatario mandó a sus asesores a tomar anotaciones, dio algunas justificaciones de ocasión y juró estar encima del asunto con viajes frecuentes a la Capital Federal. Ya en el auto oficial rumbo a su casa, se quejó por tantas presiones y le admitió a su equipo chico que la situación económica provincial estaba al límite. Y, acto seguido, canceló una entrevista telefónica que tenía agendada para el día siguiente: como los líderes de los otros 23 rincones del país, no tenía demasiado para decir.

2026 llegó con un combo complicado: actividad golpeada en la mayoría de los rubros y caída de la recaudación nacional. Los números hablan por sí solos: la caída del volumen tributario acumula ocho meses consecutivos y el acumulado del primer trimestre tocó su nivel más bajo en 13 años. El resultado de enero, febrero y marzo se explica por los menores ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior, empleo y también por las variaciones en el IVA y el impuesto al cheque, variables que en el acumulado todavía quedan por debajo de 2025. Con esos guarismos como telón de fondo, desde el interior subrayan que en ese breve período hubo una disminución de un billón de pesos respecto al mismo período del año anterior. Y alertan que se viene consolidando un grave deterioro de los ingresos provinciales por transferencias nacionales.

Más datos del primer trimestre: los territorios de la República registraron una caída real acumulada del 8,3% en las transferencias totales, lo que equivale a una pérdida de $1.559.141 millones. O sea, $1,5 billones. Sí, un número con once ceros.

Este ajuste se explica por dos caminos que conviven entre sí: la retracción del 6,4% real en las transferencias automáticas como la coparticipación y el desplome del 59,1% de las no automáticas. Se puede agregar, además, un tercer factor: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), utilizados históricamente para asistir a los distritos, caen a cuentagotas; la Casa Rosada tiene listo para utilizar un acumulado de un billón y medio de pesos. Malas noticias para la tan prometida reforma tributaria con su posible cambio en el régimen de los Ingresos Brutos: las jurisdicciones tienen una dramática dependencia presupuestaria (78,7%) de ese ítem.

Este panorama alcanza para entender cómo se enhebra una cadena de tensiones que se traduce en la enorme dependencia que los jefes locales tienen con el poder central al mismo tiempo que sufren conflictos salariales y paritarias cada vez más álgidas, presión sindical de los gremios estatales y complejidades desgastantes a la hora de sostener servicios básicos. “Más de la mitad de nuestros ingresos dependen de lo que nos tiene que mandar el ministerio de Economía, lo que obviamente nos deja expuestos a sus caprichos y decisiones. Para colmo, la baja de la actividad impacta en las propias recaudaciones de nuestros distritos. Cartón lleno”, se sincera un mandatario de vínculo fluido con La Libertad Avanza.

El caso de Buenos Aires, el punto más poblado de esta tierra, es paradigmático: Axel Kicillof calcula que desde la asunción de Javier Milei lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica. “Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. Y en términos físicos, equivale a más de 15.000 km de rutas”, suele graficar el ministro de hacienda Pablo López. La respuesta de la Quinta de Olivos llega en oleadas de dardos envenenados que apuntan a la “mala administración que hace desde siempre el soviético”.

La motosierra ya no se discute en abstracto ni en planillas de Excel. Pero si bien todos los gobernadores vienen ajustando sus cinturones, son los municipios los que primero sienten el impacto. Ejemplos random: en Salta, Rosario de la Frontera, Cafayate y Orán admiten que están con la soga al cuello, al límite de no pagar sueldos, un calvario idéntico al de lugares como Bragado, Villa Gesell, Monte Hermoso y Navarro en Buenos Aires; en La Pampa, Santa Isabel y Rolón quedaron como los casos más crudos de una secuencia que los intendentes describen con una mezcla de resignación y pánico, ya que terminaron abonando remuneraciones en cuotas, como pasó también en Gran Guardia, Formosa; en Entre Ríos, el jefe comunal de Sauce de Luna directamente resolvió cubrir una parte de los haberes con un bono alimentario; y en Tierra del Fuego, Ushuaia denunció que la deuda de coparticipación local equivale a cuatro masas salariales y que viven al límite. Postales picantes, de norte a sur.

Agobiados y preocupados, intendentes de la Argentina entera nucleados en la Federación Argentina de Municipios van a presentarse el próximo martes en las puertas del edificio donde trabaja Luis “Toto” Caputo con la intención de entregar un documento que describe una “crisis financiera sin precedentes” y para advertir que “la catástrofe ya llegó”.

¿La Casa Rosada toma nota de esta mamushka de problemas? Sí y no. Hacia afuera, la orden de la cúpula libertaria es insultar al Círculo Rojo, incluidos “empresarios prebendarios” y “periodistas ensobrados”, y difundir la idea de un golpe por parte de sectores que en teoría no quieren que el presidente termine su mandato. Sin embargo, hacia adentro puede acercarse una novedad de relevancia: los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei juran que el inquilino del Sillón de Rivadavia dijo en las últimas horas en la intimidad que está dispuesto a tener una nueva ronda de encuentros mano a mano con líderes provinciales. Ojo: no a todos. Otra vez serían excluidos Kicillof y los otros tres opositores duros de Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. Por ahora, la contención la sigue haciendo bajo el radar el ministro del Interior Diego Santilli, que ya se juntó con los líderes de Chubut, San Juan, Mendoza, San Luis, Corrientes, Jujuy y el lunes 13 de abril hará lo propio con el de Río Negro.

Lo que seguro no habrá es una foto masiva y federal. Muy lejos quedó la instantánea con sonrisas con los 20 gobernadores que el 30 de octubre de 2024, después de la victoria violeta en las legislativas, fueron a Casa Rosada para juntarse con Milei y con un jefe coordinador y un ministro que 24 horas más tarde iban a dejar sus cargos: se fueron Guillermo Francos y Lisandro Catalan y llegaron Manuel Adorni en modo empoderado y “El Colo” en modo pac man. Otros tiempos.

Una más sobre el vínculo con los mandatarios provinciales: ¿habrá voluntad libertaria para aliarse con ellos de cara a una posible reelección? ¿Habrá voluntad del interior para no desdoblar las fechas de sus elecciones locales? ¿Habrá ayudas y “caramelos” extra para salir de la malaria? De acá al 24 de octubre de 2027 falta una eternidad.

Por lo pronto, esta semana se anunciaron adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones “a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso” y con una tasa del 15% para 12 provincias, entre ellas aliadas como Mendoza, Chaco y Corrientes y opositoras como La Rioja y Tierra del Fuego. “De esta manera se evita que los territorios salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, contextualizan en Balcarce 50. Reemplazar transferencias por adelantos implica mayor dependencia financiera de cara al futuro. En paralelo, Economía ya tiene listas las resoluciones para conceder el traslado de la operación de más de mil kilómetros de rutas a gobernadores variopintos, una respuesta a un reclamo recurrente. Es que, más allá de pedidos puntuales, la mayoría de los mandatarios quiere lo mismo a largo plazo: fondos para obra pública, compensación por la caída de transferencias no automáticas, ayuda para subsistir sin atrasos salariales y un esquema financiero previsible para el resto de 2026.

En este contexto, generó ruido político un informe de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que indica que “las transferencias de fondos ATN realizadas durante el mes de marzo y los adelantos de coparticipación anunciados el 1 de abril inclinaron la balanza en el debate de la reforma de la Ley de Glaciares”. De acuerdo al estudio, el 50% de los 137 votos que se obtuvieron en la cámara de Diputados provinieron de legisladores de provincias que fueron beneficiadas por los envíos de dinero. Suspicaces, abstenerse.

La contención de los 24 territorios no es el único desafío para la gestión violeta: los más de 100 piquetes que se produjeron por el final del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) que le asignaba $78.000 mensuales a unas 900.000 personas, los recortes en la atención a jubilados del PAMI por una deuda de cerca de $500.000 millones con prestadores del mundo de la salud y los enflaquecidos sueldos de las fuerzas de seguridad en todo el país son sólo algunos de los puntos que, admiten en el primer piso de la Rosada, hay que seguir con atención. Un bonus: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó en su última publicación que la tensión fiscal ya tiene traducción concreta en lo que va de 2026: entre enero y marzo se registraron 92 conflictos laborales en las provincias. El 80% sigue activo.

Todo esto sucede mientras el gobierno sufre el affaire Adorni en incómodos fascículos. Pese al levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de gabinete y a las declaraciones judiciales y mediáticas de la escribana Adriana Nechevenko, la decisión oficial continúa siendo sostenerlo en su función. De hecho, en su despacho adelantan que el cuestionado funcionario podría volver a mostrarse activo y viajar el 16 de abril a Vaca Muerta para poner el foco en la agenda energética del gobierno. Una escala previa a su informe de gestión del día 29 en el Congreso.

“Vamos a estar bien. Confíen, que todo marcha acorde al plan”, dicen, misteriosos, muy cerca del primer presidente liberal libertario de la historia vernácula. Y piden poner la lupa en la “marcada empatía” que tuvo Javier Milei en un posteo en X que irradió menos odio que de costumbre: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”. Fin.

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¿A quién le importa realmente la corrupción en la Argentina? Es una pregunta que ha sonado con mayor o menor intensidad a lo largo de la historia política reciente, con especial fuerza promediando el menemismo y ante los grandes escándalos durante el kirchnerismo. Hace un mes, a raíz de las revelaciones en torno a la figura de Manuel Adorni y casos que exceden al jefe de Gabinete, el tema volvió a instalarse de lleno en el centro de la discusión pública. ¿Es una preocupación la corrupción para la opinión pública? O, más bien, ¿cuándo y cuánto importa la corrupción?

Para responder estas preguntas, TN conversó con los analistas políticos y encuestadores: Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía; Mariel Fornoni, directora de Management & Fit; Cristian Buttié, director de CB Global Data, y Mora Jozami, directora de la consultora Casa Tres. Estos expertos coinciden en una idea: la economía, y no la corrupción, ha sido históricamente el factor determinante para el apoyo a un gobierno y para definir resultados electorales. Sin embargo, advierten, no se trata de reducir todo a la célebre máxima “es la economía, estúpido”. En un contexto económico complejo, tras años de desgaste y con una importante porción de la población haciendo “sacrificios”, la percepción de corrupción como un problema puede ser un fuerte estimulante para la insatisfacción.

“En términos generales, la preocupación por la corrupción es una inquietud de minorías, más que de las mayorías”, sostiene Fidanza. “Hay un fenómeno que se ve hace décadas: cuando uno pregunta sobre los principales problemas del país, aparece en primer lugar la economía, bajo distintas denominaciones: inflación, empleo, falta de recursos para llegar a fin de mes. Luego, la inseguridad. Lo que define la legitimidad de ejercicio de los gobiernos es la cuestión económica. Cuando a un gobierno le va mal en economía, se despierta más la sensibilidad por la corrupción”, agrega.

Según el director de Poliarquía, la figura de Milei aún sigue sosteniendo al gobierno, y aunque la valoración sobre la gestión es una variable menos afectada por el escándalo Adorni, sí caen la imagen y las expectativas positivas. En las encuestas que realiza la consultora para desarrollar el Índice de Confianza —señala Fidanza—, disminuye la percepción de que “no hay corrupción” en el gobierno, y aumenta la percepción de que “hay funcionarios corruptos” o de que “todos son corruptos” en el gobierno. “Sin embargo, eso no modifica la hipótesis general: es la economía lo que determina. Si la situación económica se agrava, entonces debemos prever que la corrupción adquiera mayor relevancia. Ya lo vimos en el gobierno de Carlos Menem”, sostiene Fidanza.

¿Qué lugar ocupa la corrupción entre las preocupaciones según las últimas encuestas?

De acuerdo a la encuesta que CB realizó a fines de marzo, la corrupción se ubica en el cuarto puesto del ranking de preocupaciones, con el 5,7% de las respuestas.

1. “Bajos salarios” ocupa el primero, con 46,6%
2. “Falta de empleo” el segundo, con 21%
3. “Inseguridad” el tercero, con 8,3%

De los cinco primeros puestos, los temas económicos ocupan tres (incluido “inflación”), y suman el 72,5% de las respuestas.

Según la última encuesta de Casa Tres, ante la pregunta abierta sobre el principal problema del país, el primer puesto de respuestas se lo llevó “economía en general” (24%), seguido por “bajos salarios” (17%). La “corrupción” tuvo en abril un aumento de 3 puntos porcentuales respecto de marzo, y quedó empatada en tercer lugar con “desempleo” con el 12% de las respuestas.

De acuerdo a Management & Fit, en los últimos sondeos “la corrupción” también viene ocupando el tercer lugar de preocupaciones, detrás de “aumentos de precios” y la “inseguridad”. Pero, por otra parte, si se analiza la evolución mensual, tanto Casa Tres como M&F medían la preocupación por la corrupción en valores más altos a mediados y fines del año pasado.

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“La corrupción es un estimulante agravante, pero no es el determinante. Lo que es determinante es la economía, para cualquier gobierno. Si la economía está mal, la corrupción estimula la apatía, la crítica, afecta al gobierno en una espiral negativa, que a veces se torna irreversible. Una espiral en la caída de imágenes”, opina Buttié, de CB, aunque advierte que, por el momento, si bien el reciente escándalo destruyó la imagen del propio Adorni, por ahora afectó menos la imagen del presidente Milei.

“En términos de apoyo, la variable clave no termina siendo la corrupción, sino el manejo de la economía. Lo que hacen los distintos escándalos de corrupción es alimentar ese mal humor”, coincide Jozami, de Casa Tres.

Es decir, la percepción de corrupción no operaría en el vacío, para complicar una gestión por sí misma, sino que funcionaría -dependiendo del término que use cada analista- como “catalizadora”, como “estimulante”, un “agravante” o “alimento” para la insatisfacción, cuando las cosas no andan muy bien en el frente económico. Por eso, Mariel Fornoni, de M&F, habla de una suerte de “sinergia”: las crisis o los problemas económicos hacen que la corrupción moleste más. Y —sobre todo— viceversa.

Antecedentes y algunas claves electorales

Buttié y Fornoni ponen como ejemplo a Cristina Kirchner. En los años y meses previos a octubre del 2011, ya habían estallado algunos escándalos de corrupción como la valija de Antonini Wilson, Skanska, denuncias sobre figuras de primera línea como Julio de Vido o Ricardo Jaime, y el caso Sueños Compartidos, entre otros. En el 2011, CFK ganó su segunda presidencia con el 54% de los votos. Durante el segundo gobierno, el peso de la preocupación por la corrupción habría sido otro, porque las condiciones económicas fueron otras. “A veces, un tema impacta más allá de la gestión. El gobierno perdió 20 puntos por la tragedia de Once meses después. Luego vinieron otros casos, Lázaro Báez, La Rosadita, los programas de Lanata con 40 puntos de rating. Ahí ya la economía y, sobre todo, la inflación, aparecían en los primeros lugares de las preocupaciones. Y ahí el gobierno perdió mucho apoyo, perdió fuerte”, recuerda la directora de M&F.

Por un lado, según los analistas, no convendría tomar la preocupación por la corrupción como un índice que afecta a un gobierno independientemente de la oferta electoral que haya en un momento electoral determinado: así, por ejemplo, hoy no habría un espacio político que esté capitalizando, a fuerza de honestidad y antecedentes de transparencia, los escándalos de la actual gestión. Por otro lado, tampoco habría que entender la preocupación por la corrupción como un índice independiente del tipo de votante.

Según Jozami, a priori, la preocupación por la corrupción es más alta entre varones que entre mujeres; más alta entre quienes viven en el AMBA, que entre quienes viven en el interior del país; y más alta a mayor edad y a mayor nivel de instrucción. Pero, más allá de esa segmentación etaria, espacial o socioeconómica, la sensibilidad por la corrupción difiere entre los votantes de distintas fuerzas políticas. Así, de acuerdo a las mediciones de Casa Tres, el votante de Milei en 2023 estaría menos dispuesto que el votante de Sergio Massa, a tolerar poca o mucha corrupción a cambio de estabilizar la economía.

Fidanza señala: “La corrupción es perdonada cuando el peronismo está en su fase ascendente. Cuando el peronismo está en su fase descendente, le caen, como le sucedió a Menem”. El director de Poliarquía afirma que el escenario actual deja un dato desfavorable y otro favorable para el Gobierno: “Si un gobierno pone discursivamente los estándares morales altos, después, cuando un funcionario es sospechoso de corrupción, la gente puede preguntarse: ‘¿Cómo? ¿Estos no eran los más honestos?’. Pero, a su favor, no se ve todavía entre la gente la percepción de que este gobierno es ‘casta’ igual a los anteriores. Todavía se sigue recordando lo anterior como peor”.

Aunque reitera que el desafío más determinante, para la agenda del Gobierno, sigue siendo la economía, Fidanza agrega: “Todos los gobiernos tienen una base electoral firme y tienen una adhesión más blanda. El gobierno tendría que atender a eso, a los votantes más sensibles a la corrupción, que son los votantes blandos. Porque los duros son inelásticos a la oferta. La base electoral del gobierno se compuso de un 30% de duros, pero de un 20% de blandos. Ahí hay que ver cómo influyen los casos de corrupción”.

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En un sentido similar, Buttié habla de un electorado argentino históricamente dividido en tercios. “Un tercio es antiperonista, que con tal de que no gobierne el peronismo, vota cualquier gobierno; un tercio peronista, y un tercer tercio pragmático, que suele votar con el bolsillo, y es el que determina para dónde va el país”, describe. Según el consultor, aunque lo determinante siempre sería la economía, en ese núcleo no fidelizado, el escándalo Adorni y la defensa cerrada que hace Milei sobre su jefe de Gabinete, si no resta, de mínima no estaría sumando.

Más allá del posible impacto en la imagen del gobierno o el efecto que tenga sobre votantes para los que la próxima elección todavía parece lejana, los escándalos de presunta corrupción tendrían un efecto colateral inmediato adicional: la dificultad para imponer temas propios en la conversación pública. En ese sentido, señala Jozami, que el protagonista de las sospechas sea, paradójicamente, el encargado habitual de anunciar los “éxitos” del Gobierno, agrava esa dificultad.

Sumario, Manuel Adorni, Javier Milei, cristina kirchner