POLITICA
Hallazgo de granadas en el Lago Epuyén: la investigación confirmó que eran obsoletas y sin riesgo explosivo
El hallazgo de seis granadas militares en el Lago Epuyén, ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, activó durante varios días un operativo de seguridad que integró rastrillajes subacuáticos, peritajes técnicos y una estrategia comunicacional precisa por parte de las autoridades provinciales. Con el avance de la investigación, las autoridades establecieron que se trata de material bélico antiguo, obsoleto, sin capacidad explosiva y sin vínculo con otros episodios intimidatorios recientes en la zona.
Las granadas fueron localizadas durante rastrillajes preventivos realizados por fuerzas de seguridad, en el marco de un operativo iniciado tras una denuncia que motivó la intervención policial. Los procedimientos se concentraron en el lecho del lago. Según fuentes oficiales, todos los artefactos fueron hallados bajo el agua y no se registraron hallazgos en superficie, un dato relevante para orientar la investigación.
En total, se recuperaron seis granadas de uso militar, todas de fabricación nacional. Los primeros peritajes determinaron que corresponden a modelos antiguos, actualmente fuera de producción por parte de Fabricaciones Militares y ajenos a las dotaciones vigentes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Al menos una de las granadas fue identificada con año de fabricación 1979, lo que permitió establecer una referencia temporal concreta sobre la antigüedad del material.
El estado material de los artefactos fue otro elemento central. Presentaban un alto nivel de oxidación, compatible con una permanencia prolongada en un entorno subacuático. Ese deterioro, evaluado por personal especializado, reforzó la hipótesis de que no se trata de una colocación reciente ni de un episodio asociado a una acción operativa contemporánea.
El dato técnico más relevante fue confirmado poco después: ninguna de las granadas posee mecanismo de iniciación. Carecen de espoleta o sistema de activación. En ese estado, explicaron fuentes oficiales con conocimiento directo de los peritajes, no son activables de forma convencional y no presentan capacidad explosiva. Desde el punto de vista técnico, se trata de material inerte.
Esa conclusión fue ratificada públicamente por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, quien brindó precisiones para despejar cualquier duda sobre el riesgo para la población. García confirmó que las granadas “estaban desactivadas”, que “no representaban peligro” y que su estado era consistente con material antiguo fuera de uso. Además, subrayó que el procedimiento se realizó según los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos y que los elementos fueron retirados de manera segura.
Uno de los puntos que generó mayor atención pública fue la posible vinculación entre las granadas y la aparición previa de carteles con mensajes amenazantes en la región. Sobre ese aspecto, García afirmó que no existe relación entre ambos hechos. Según explicó, la investigación determinó que se trata de eventos independientes, sin conexión operativa ni temporal. Esa definición fue adoptada como criterio central por la conducción policial y respaldada por las actuaciones judiciales en curso.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que esa aclaración responde a un análisis concreto de las circunstancias de cada episodio. En el caso de las granadas, la antigüedad del material, su estado de deterioro, la ausencia total de mecanismos de iniciación y el hecho de que todas se encontraran sumergidas alejaron cualquier hipótesis de intimidación activa. “No hay elementos que indiquen una maniobra reciente ni un mensaje dirigido”, señalaron.
Tras el retiro de los artefactos, que quedaron a disposición de la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad resolvieron continuar con rastrillajes preventivos en el área. El objetivo de estos operativos es descartar la posible presencia de material similar que pudiera haber permanecido en el fondo del lago durante años sin ser detectado.
Desde el punto de vista institucional, la estrategia adoptada buscó evitar sobreactuaciones. Las autoridades provinciales priorizaron una comunicación basada en datos técnicos y verificables, con especial cuidado en no alimentar interpretaciones alarmistas. El énfasis estuvo puesto en la obsolescencia del material, en la inexistencia de riesgo explosivo y en la normalidad de los procedimientos desplegados.
Las mismas fuentes remarcaron que este tipo de hallazgos, aunque poco frecuentes, no son inéditos en zonas donde históricamente pudo haber circulación o descarte irregular de material militar antiguo. Sin avanzar en hipótesis ajenas a la investigación judicial, coincidieron en que el estado de las granadas es consistente con un abandono ocurrido hace décadas.
La investigación continúa bajo la órbita judicial, con un objeto delimitado. La prioridad es reconstruir el origen del material y garantizar que no existan remanentes similares en el área. En paralelo, se mantiene la coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y los organismos técnicos especializados.
Con el paso de los días, el episodio perdió el componente de urgencia que caracterizó a las primeras horas. La confirmación de que se trataba de granadas obsoletas, sin poder explosivo y sin conexión con otros hechos de intimidación permitió encuadrar el caso en una dimensión estrictamente técnica y preventiva.
En términos concretos, lo que emergió del fondo del lago Epuyén fue material bélico fuera de uso, ajeno a las capacidades actuales del Estado y desprovisto de funcionalidad operativa. La respuesta oficial, basada en peritajes, protocolos y rastrillajes, buscó cerrar el episodio con precisión y sin estridencias, evitando que la mera presencia de artefactos militares antiguos se transformara en un factor de alarma injustificada.
POLITICA
El titular de la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana
La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.
En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.
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POLITICA
Industria del juicio: denuncian un armado de demandas laborales para perjudicar a una empresa en Río Negro
Una empresa que brinda servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas laborales millonarias en el Centro Atómico Bariloche (CNEA), donde afronta un juicio por más de 1000 millones de pesos ante reclamos de 49 trabajadores que se “autodespidieron” y exigen indemnizaciones.
Lo que sucede en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se considera un caso típico de la industria del juicio en la Argentina que atormenta a los empresarios y ahora afecta a La Mantovana, una empresa especializada en servicios generales con más de 55 años de trayectoria, cuyo conflicto laboral, que pasó al ámbito judicial, está ahora a consideración del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.
En el área jurídica de la empresa explicaron que todo comenzó cuando La Mantovana perdió en 2024 una licitación en el CNEA tras haber prestado el servicio de limpieza durante 5 años, con empleados encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).
Al finalizar ese proceso, los 49 trabajadores reclamaron despido indirecto (figura prevista en la ley en caso de incumplimientos graves del empleador), pidieron dirimir qué convenio colectivo de trabajo les corresponde y exigieron el reconocimiento de diferencias salariales conforme al régimen del Sindicato de Comercio a pesar de que, según la compañía, no existe ninguna actividad comercial en el centro científico y ese convenio no resultaría adecuado para aplicar al personal.
La demanda inicial ascendía a $200 millones, cifra que, por la actualización de intereses impuesta por la justicia, trepó a $1.080 millones en octubre del año pasado.
El conflicto por una costumbre no escrita: cada vez que una compañía pierde una licitación en el Centro Atómico Bariloche, el personal debe ser absorbido por la nueva prestataria, aunque los pliegos no imponen esa obligación. Según fuentes empresariales, “cada 2, 4 o 6 años, depende cuándo se retire el concesionario, el personal cobra la indemnización por la antigüedad y sigue trabajando para el nuevo prestador del servicio”. Así, los empleados perciben compensaciones por el despido, pero mantienen su puesto tras el traspaso.
Esta tradición en el CNEA cobró una dimensión particular con la última licitación del servicio de limpieza. La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la respectiva obra social, frente a la exigencia, informal pero históricamente aplicada en la empresa, de utilizar el convenio mercantil, más antiguo y amplio. Finalmente, la empresa Linser ganó la licitación, aunque su oferta en la licitación resultó un 20% más cara que la anterior, de acuerdo con la información que surgió de ese proceso.
Tres días antes de la finalización formal de la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana como trabajadores en Linser, pese a que aún no había comenzado sus tareas en el CNEA, y algunos días después recién se dieron por despedidos. “Incumplieron su obligación y el principio más importante del contrato de trabajo, que es la buena fe, porque se inscribieron como personal de otro empleador y todavía trabajaban para La Mantovana”, explicaron abogados de esta compañía.
Es decir, comenzaron con las acciones legales por despido indirecto y reclamo de indemnizaciones, a pesar de que no existió una interrupción laboral real.
La fuente consultada aseguró que los 49 empleados se dieron por despedidos invocando que no les dieron continuidad laboral, algo incorrecto, según afirmó, porque primero tendrían que haber intimado a la empresa e incluso resaltó que les exigieron que retomen sus tareas en el CNEA y “nunca quisieron ir a trabajar”.
Incluso cuando la nueva concesionaria comenzó a prestar el servicio, los 49 empleados iniciaron juicios contra La Mantovana y por primera vez reclamaron diferencias salariales porque consideraron que tendrían que haber estado encuadrados en el convenio de Comercio y no del SOM, aunque el CNEA no ejerce la actividad mercantil.
“Los empleados declaran que ellos sabían que iban a continuar trabajando porque hace 20 años que vienen haciendo lo mismo y siempre mantienen su empleo”, señalaron en el sector jurídico de La Mantovana, donde calificaron la situación como “un armado” frecuente propiciado, entre otros, por un abogado que habitualmente lleva adelante estos reclamos y que “tiene siempre los mismos juicios por los mismos empleados contra todas las concesionarias que pasan por el CNEA”.
La empresa en conflicto rechazó resolver las demandas con arreglos expeditivos y decidió aportar documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. Según registros consignados en la sentencia, se presentaron recibos, nóminas, certificaciones y pruebas de protocolos de transición, en un expediente que fue unificado por acumulación de causas.
El 15 de septiembre de 2025, finalmente, el tribunal dictó sentencia de primera instancia, desestimando la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (que establece las obligaciones del empleador al finalizar la relación laboral), aunque admitió parcialmente otros rubros reclamados en materia salarial e indemnizatoria.
El monto central de condena certificado asciende a más de $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto con un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Este procedimiento sigue en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al que la empresa dirigió un recurso de casación reclamando la revisión del fallo.
Los abogados de a Mantovana afirmaron que su estrategia fue “enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa». “Está acreditado el encuadre, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura ART -agregaron-. No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponga las cosas en su lugar”.
South America / Central America
El presidente Javier Milei, recibió en Casa Rosada a dos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años. Se trata de David y Ariel Cunio, quienes habían sido secuestrados por la organización extremista en un kibutz de Israel el 7 de octubre del 2023.
Los hermanos Cuneo, fueron liberados el 14 de octubre del 2025, luego de los intensos bombardeos y ataques terrestres del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, que dejaron miles de muertos y heridos.
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Del encuentro en la casa de Gobierno, participaron además del libertario, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.
Vale destacar que los hermanos Cunio son dos de los 20 rehenes con vida que fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego de una incursión de Hamas en Israel, que desencadenó dos años de guerra en Palestina.
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