La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.

En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.

Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.

La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?» desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.

El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”.

Por su parte, Bongiovani, un exPro, apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo.

Y agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.

En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.

En el texto de su denuncia, Frade advirtió que “resulta evidente que, desde el punto de vista de lo funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”

Por lo tanto, la diputada de la CC advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”. La presentación también pide que se investigue si se incurrió en los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.

Por tal motivo, en el texto remitido a la Justicia, la diputada de la Coalición Cívica solicita que revisen los “legajos crediticios” completos de funcionarios y legisladores y las “actas del Directorio [del BNA] mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y se de actuación al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.

La denuncia penal de Frade se suma a otras medidas impulsadas por dirigentes de la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) ya había presentado, el miércoles, un pedido de informe y de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del BNA para, entre otras cuestiones, determinar cuántos funcionarios mantienen deudos con la entidad financiera, sus montos y los controles que se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.

“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el diputado santafesino en uno de los textos presentados.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado en el cargo hace menos de un mes por el Gobierno, participa desde octubre del año pasado en dos concursos del Ministerio Público Fiscal destinados a cubrir dos vacantes distintas en fiscalías de los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga a funcionarios públicos por corrupción.

Uno de esos concursos pone al ministro en la carrera para convertirse en fiscal ante los juzgados federales; el otro, para serlo ante la Cámara Federal, el órgano que revisa todas las resoluciones tomadas en etapa de instrucción.

Lo notable es que Mahiques ya es fiscal y con muy alto rango: es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, jefe de todos los fiscales porteños. Asumió en el gabinete de Milei sin renunciar a ese cargo. Lo que hizo fue concederse a sí mismo una licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

La participación en ambos procesos -que dio a conocer Clarín este jueves- coloca al ministro en una situación particular: al menos por estas horas, Mahiques se encuentra en pleno desarrollo de funciones al tiempo que es un aspirante por partida doble para seguir desplegando su carrera como fiscal en un lugar de alta exposición.

Cerca del ministro relativizan que su nombre figure en los concursos, un hecho que consideran natural y que, dicen, no hace más que reflejar la carrera de alguien que “hizo una trayectoria en la Justicia desde los 20 años como meritorio”.

“Se inscribió en octubre, cuando no estaba en sus planes lo del ministerio”, sostienen. “Cuando tenga tiempo renunciará, no es un tema para nada prioritario, pero eventualmente se ocupará”, añaden.

La carrera de Mahiques siempre tuvo como objetivo último la Procuración General, un cargo vacante desde 2018, que ejerce de manera interina Eduardo Casal.

Los concursos

Mahiques se anotó en dos concursos, el 133 y el 134. Los llamados a inscribirse cerraron en diciembre de 2025 y las listas de los postulantes se dieron a conocer el 26 de febrero.

En el primero, que es el más importante, el nombre de Mahiques figura junto al de otros 289 concursantes. La fiscalía de Cámara es una pieza clave en el engranaje judicial de Comodoro Py: tiene la facultad de sostener o desistir los recursos presentados por los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces. También puede apelar las resoluciones de la Cámara Federal ante la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, en donde una de las vocalías es ocupada por el padre del ministro, Carlos Mahiques, para quien Milei pidió una extensión de su mandato para que continúe en el cargo a pesar de su edad.

En el otro concurso, el ministro Mahiques figura junto a otros 200 aspirantes. Las sillas a cubrir son las de las fiscalías 6 y 7. La primera está vacante desde el fallecimiento de Federico Delgado y la segunda, desde que el fiscal Ramiro González fue trasladado por el procurador Casal a la fiscalía 1, que es más importante por ser también electoral. González es el único fiscal electoral de primera instancia de la Capital y la única jueza electoral es María Servini, su madrina judicial.

Ambos concursos se encuentran en una etapa preliminar. El proceso incluye un examen escrito, una evaluación oral, el análisis de antecedentes y una entrevista personal.

Luego se elabora un orden de mérito con los postulantes mejor calificados.

Sobre ese ranking, se conforma una terna que es elevada al Poder Ejecutivo. El Presidente elige a uno de los candidatos y su designación debe ser aprobada por el Senado. Finalmente, tras obtener ese acuerdo, el postulante es nombrado formalmente y asume el cargo de fiscal.