POLITICA
Honoris Causa de la UBA para el tribunal del Juicio a las Juntas: “Argentina empezó a recuperar la dignidad con esa sentencia”
Duró varios minutos el último aplauso, que fue la suma de todos los aplausos anteriores. Duró varios minutos y, mientras aplaudían, cientos de personas reunidas en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA se levantaron para que el aplauso, además de largo, fuera de pie, que es la forma más contundente de aplaudir.
El reconocimiento del público fue directamente proporcional al que, formalmente, trajo a toda esta gente al salón. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó este viernes el doctorado Honoris Causa a los seis jueces del Juicio a las Juntas y al fiscal que encabezó la acusación, Julio César Strassera. Se trata del máximo honor entregado por la universidad mejor puntuada de la Argentina a aquellas personas que no ejercen regularmente la docencia allí.
Los ex jueces León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz se sentaron en el escenario del enorme salón de actos y allí escucharon los motivos por los cuales la UBA, que es también la universidad en la que se formaron y en la que fueron profesores, decidió reconocerlos.
El otorgamiento del Honoris Causa también alcanzó, aunque de forma póstuma, a los ex jueces Andrés DAlessio y Jorge Torlasco, y al fiscal Strassera. Los hijos y algún nieto de aquellos funcionarios judiciales que partieron en dos la historia de la democracia argentina fueron los que recibieron el diploma y la medalla en el acto de este viernes.
“El Juicio a las Juntas fue el más importante de toda la historia jurídica de nuestro país. Fue el juzgamiento de tres de las cuatro juntas militares de la última dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país. Nunca antes los argentinos habíamos visto a presidentes de facto respondiendo frente a los jueces de la Constitución”, dijo, ante un auditorio atento, Mónica Pinto. La doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos fue la representante del Consejo Superior de la Facultad de Derecho encargada de leer la laudatio que acompañó el reconocimiento a los ex jueces y al fiscal.
“Cual artesanos, estos hombres comunes cumplieron con una responsabilidad extraordinaria y tallaron la democracia argentina con este ADN: el de una sociedad de derecho y el de un país en el que se asumen las responsabilidades por los actos de gobierno”, siguió Pinto, que insistió en que tanto los jueces como el fiscal fueron “hombres comunes que hicieron tareas extraordinarias y que tuvieron una enorme audacia y valentía”.
“El juicio y la sentencia son parte de la democracia de derechos que se empieza a construir desde el 10 de diciembre de 1983. Con la sentencia, los argentinos empezamos a recuperar la dignidad. Ese día, en esa sala”, destacó Pinto. En el salón de actos, hubo en ese momento uno de todos los aplausos que sonaron durante la ceremonia. Los cuatro jueces que aún están con vida escuchaban atentos -y, por momentos, muy conmovidos- las palabras con las que se argumentaba la distinción otorgada.
Pinto no dudó en destacar la importancia que tuvo el Juicio a las Juntas al interior de la Facultad de Derecho de la UBA. “A partir de los años noventa esta fue una facultad con una formación integral en Derechos Humanos, y el juicio fue el punto de partida de eso”, aseguró.
Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, también tomó la palabra. Lo escuchaban, en primera fila del salón de actos, el senador Martín Lousteau, el vicerrector de la universidad Emiliano Yacobitti, y Roy Cortina, presidente del Partido Socialista de la Ciudad, entre otros. Estaban también la escritora Claudia Piñeiro, pareja de Gil Lavedra, y el juez de Casación Mariano Borinsky, entre otros.
“Estos hombres fueron hacedores de grandeza. ¿Por qué la universidad los homenajea? Para mantener vivo el recuerdo del horror que vivió nuestro país y no olvidarlo nunca más“, sostuvo el rector universitario, que pidió un aplauso para el Presidente de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín.
El apellido del mandatario que impulsó el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas se volvió coro en boca de algunos militantes de Franja Morada, la histórica representación de la Unión Cívica Radical en el mundo universitario.
Los ex jueces desplegaron su diploma de doctores Honoris Causa y sus sonrisas a medida que los llamaron, uno por uno, para recibir la distinción. Se abrazaron entre ellos, abrazaron a los familiares de sus compañeros que ya no están, recibieron, junto a esos familiares, el aplauso más largo de un acto cargado de emoción y de reivindicación histórica.
Gil Lavedra resumió el sentir de los cuatro exjueces presentes: “Es muy grato y muy emocionante haber recibido esta distinción en nuestra casa, que es nuestra facultad y nuestra universidad. Es una distinción que nos excede a título personal porque apunta a la justicia y a la democracia”, sostuvo.
“Cualquier transición democrática tiene una primera tarea que es lograr que la democracia subsista. El juicio representó la posibilidad de juzgar a los máximos responsables de crímenes gravísimos cuando las Fuerzas Armadas aún tenían un poder considerable y cuando buena parte de la sociedad no creía que hubieran ocurrido esos crímenes”.
Sobre ese clima de época, el ex juez Ledesma definió: “Después del juicio nunca más se discutieron los hechos. Dejaron de ser una duda para pasar a ser una certeza absoluta. Los que decían que en la guerra vale todo fueron refutados por la sentencia y por el juicio”.
Valerga Aráoz, agradecido y emocionado como sus compañeros y amigos, remató: “La democracia no podría haber sido estable sin la realización de este juicio”. Cuarenta años después de aquel hito jurídico que sirvió de ejemplo al mundo y que torció la historia institucional de la Argentina, los hombres comunes que lo llevaron a cabo fueron reconocidos. Hubo aplauso, medalla, diploma y muchos abrazos.
POLITICA
Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”
El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.
El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.
La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.
El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.
El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.
La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.
Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.
Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.
El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a , en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.
Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.
“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.
Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.
Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.
Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.
reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.
Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado poe el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.
la financiera Sur Finanzas,información que aportó la DGI,por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona,lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones,,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Sur Finanzas,Conforme a,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei,,Solo en Off. La “guerra de las milanesas” entre Milei y Macri se cobra una nueva víctima,AFA,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,Análisis. Milei vs. Tapia, Villarruel y los K,,»La billetera del fútbol». Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza
POLITICA
El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyos
A nueve días del inicio de sesiones extraordinarias, el equipo técnico del Gobierno Nacional concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y activa la búsqueda de apoyos legislativos para aprobarla durante el mes de diciembre, según confirmaron fuentes a Infobae. Como anticipó este medio, el borrador final llegó esta mañana a los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
“El proyecto de modernización laboral ya está terminado. Lo tienen sólo Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich”, confesó una importante fuente al respecto. Si bien el tema despertó tensión con los sindicatos y las cámaras empresariales, el diseño final estuvo a cargo del Poder Ejecutivo que decidió imprimirle su propia impronta.
La culminación de la letra final tuvo lugar a días de la última reunión formal del Consejo de Mayo, en la que el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó el articulado tras sostener que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. En la puja anotaba su nombre también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en representación de las empresas, quien reclamaba un mayor endurecimiento de la “modernización” del sistema laboral.
A partir del 10 de diciembre, período en el que la administración libertaria llamará a sesiones extraordinarias, hasta el 31 del mismo mes, la Cámara de Senadores se dispondrá a iniciar el tratamiento para dar luz verde al proyecto que -a priori- cuenta con algunos sectores detractores. De esta forma, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, activó las comunicaciones con los espacios aliados para la aprobación de la reforma, pero también del Presupuesto 2026.
Según supo Infobae, el capítulo de reforma en la que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos podría incluir alguno de los siguientes títulos: ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindical y derivaciones varias. Además, la inclusión de un apartado que apuesta a facilitar la creación de nuevo empleo joven con “flexibilidades” laborales. “Varios de los puntos que circulan están contemplados”, se sinceró una importante voz con acceso al despacho presidencial.
Hasta el momento, la prórroga del tratamiento legislativo continuará hasta el 31 de diciembre, con un parate de dos semanas durante el mes de enero, y se reactivará el 19 del mismo mes hasta el 28 de febrero. Si bien Martín Menem tenía intenciones de sesionar de corrido todo el verano, la preocupación por el quórum de los primeros días del 2026 torció el debate y habrá un breve período vacacional.
El debate legislativo veraniego configurará una de las pruebas de fuego para los libertarios que aspiran a hacer pasar la Ley de Leyes, el proyecto “modernización” laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, entre otros puntos. La idea es pública, pero la convocatoria aún se encuentra en elaboración y podría publicarse antes de que termine la semana.
Con el proyecto definido y el Presupuesto 2026 como obsesión, las terminales del Ejecutivo buscan apoyos. El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, intenta arrebatarle la primera minoría al peronismo en la Cámara Baja antes de 3 de diciembre, fecha en la que jurarán los nuevos diputados, en la búsqueda de voluntades legislativas.
Por su parte, el tándem federal compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio con los representantes provinciales y se preparan para culminar las primeras rondas de intercambios con los 20 gobernadores aliados. En agenda, tienen previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para este jueves a las 12, y con el pampeano, Sergio Ziliotto, el próximo viernes a las 9.
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