POLITICA
Horas angustiantes en Venezuela: el secuestro de Nahuel Gallo en El Rodeo 1 y los riesgos de una liberación incierta, tras la caída de Maduro
Por estas horas, Venezuela enfrenta un compás de espera cargado de incertidumbre. El descabezamiento de la narcodictadura, tras la espectacular detención de Nicolás Maduro luego de una incursión militar de Estados Unidos, abrió un escenario de mayor inestabilidad política que aún no encuentra cauce institucional ni político. En este contexto volátil, con señales contradictorias desde Caracas y los centros reales de mando, la situación de los detenidos políticos se ha tornado más frágil. Entre ellos, el foco internacional se dirige nuevamente hacia Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde hace 394 días y mantenido en condición de desaparición forzada en El Rodeo 1, una prisión que funciona como enclave militar del régimen y centro clandestino de detención.
La escena es de extrema tensión. No existen plazos, garantías ni certezas. Solo una sucesión de señales parciales alimenta la ansiedad de las familias, la cautela de las cancillerías y la prudencia de los servicios de inteligencia que siguen el caso. El refuerzo de la seguridad en el penal, la suspensión indefinida de visitas y la clausura de cualquier canal logístico para una salida segura configuran un escenario en el que el tiempo juega en contra de los detenidos.
Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes reservadas con acceso a información diplomática y de inteligencia, la situación de Nahuel Gallo se volvió más sensible tras el terremoto político del último fin de semana, cuando el régimen venezolano quedó formalmente decapitado y se activó una transición desordenada, sin reglas claras ni una cadena de mando consolidada.
Nahuel Gallo fue secuestrado el ocho de diciembre de 2024 en Venezuela y desde entonces permanece recluido en El Rodeo 1, sin acceso regular a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente. Para el Gobierno argentino, su situación constituye una desaparición forzada: el Estado venezolano controla su paradero pero niega o restringe información relevante sobre su situación jurídica y personal, en violación de normas fundamentales del derecho internacional.
A casi trece meses del secuestro, el caso se ha convertido en un expediente sensible dentro de la relación bilateral. No solo por la gravedad de la privación ilegítima de la libertad de un agente de una fuerza de seguridad extranjera, sino porque Gallo quedó atrapado en una lógica de rehenes que el chavismo utilizó sistemáticamente: extranjeros y opositores internos retenidos como moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas.
Fuentes reservadas consultadas por Infobae señalan que Gallo se encuentra alojado en el pabellón internacional de El Rodeo 1, bajo custodia militar directa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). No se trata de un penal administrado por fuerzas policiales ordinarias, sino de un espacio controlado por el principal organismo de inteligencia interna de las Fuerzas Armadas, señalado reiteradamente por organismos internacionales de derechos humanos como pieza central del aparato represivo del régimen. Esta condición explica el alto riesgo de cualquier intento de liberación improvisada.
El Rodeo 1 no es una cárcel más dentro del sistema penitenciario venezolano. Funciona como una base militar encubierta, con pabellones diferenciados y un control estricto sobre los internos considerados “sensibles”: presos políticos, militares acusados de conspiración y extranjeros capturados en operativos de inteligencia.
En ese pabellón internacional conviven ciudadanos de distintas nacionalidades, muchos arrestados sin orden judicial ni cargos claros. Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años que el régimen de Caracas emplea estas privaciones de libertad como mecanismo de presión externa, especialmente frente a países que cuestionan su legitimidad democrática.
En las últimas semanas, según pudo reconstruir este cronista a partir de fuentes del entorno de Gallo, la seguridad interna fue reforzada y las visitas suspendidas sin explicación formal. Desde ese entorno describen la situación como agotadora: la falta de información y el endurecimiento de las condiciones incrementan la angustia, la incertidumbre y la sensación de absoluta indefensión.
La coyuntura actual coincide con un dato político relevante: se cumplió un año de la declaración pública en la que Nicolás Maduro acusó a Nahuel Gallo de haber participado en un supuesto intento de magnicidio contra Delcy Rodríguez. Aquella denuncia, formulada sin pruebas públicas ni apertura de un proceso judicial formal, fue utilizada para justificar su secuestro y sostener un relato de amenaza externa, mientras el gendarme argentino permanece privado de asistencia consular, legal y humanitaria, en condición de desaparición forzada.
La ironía política es notoria. Delcy Rodríguez ocupa hoy el rol de presidenta encargada tras la caída de Maduro, mientras la acusación contra Gallo permanece jurídicamente sin sustento ni revisión independiente. Para diplomáticos occidentales consultados por Infobae, este expediente muestra cómo el chavismo utilizó el sistema penal como herramienta de propaganda, disciplinamiento interno y construcción de enemigos externos.
El trasfondo de este colapso institucional remite a las elecciones de julio del año pasado, cuando Maduro desconoció una derrota contundente ante la fórmula opositora encabezada por Edmundo González Urrutia, con el respaldo de María Corina Machado. La negativa a aceptar el resultado y la posterior represión profundizaron el aislamiento internacional del régimen y las tensiones internas.
Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, se convirtió en símbolo de la resistencia democrática venezolana y en factor de presión que terminó de fracturar los equilibrios dentro del chavismo. La crisis fue consecuencia de años de deterioro institucional, sanciones, corrupción estructural y penetración del crimen organizado en el Estado.
Tras la caída de la cúpula de la narcodictadura, el poder real en Venezuela quedó fragmentado. Por un lado, el eje que integran Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; por otro, el bloque formado por Diosdado Cabello y Vladimiro Padrino López, quienes mantienen el control efectivo del aparato represivo y militar.
Esta disputa interna explica la parálisis en decisiones como la liberación de presos políticos y extranjeros. Cualquier movimiento puede interpretarse como una señal de debilidad o como una concesión inadmisible para la facción rival. En ese juego de suma cero, los detenidos quedan convertidos en fichas de negociación.
Desde el punto de vista de la seguridad, la situación es extremadamente delicada. Fuentes con conocimiento directo de las conversaciones en curso, consultadas por Infobae bajo estricta reserva, advierten que una liberación sin un dispositivo de extracción coordinado implicaría riesgos graves para la integridad física de los detenidos, en un país donde operan colectivos armados, facciones militares independientes y organizaciones criminales que disputan control territorial y capacidad de coerción.
La crisis de control territorial resulta central para comprender la cautela que domina cualquier decisión. El sur de Venezuela, paso obligado para una eventual salida terrestre hacia Brasil, se encuentra bajo dominio de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería clandestina, mientras los vuelos comerciales permanecen suspendidos y los corredores aéreos bajo control militar. En este escenario, cualquier traslado improvisado expone a los detenidos a secuestros secundarios o represalias.
En las evaluaciones de riesgo que manejan actores diplomáticos y de seguridad, prevalece una coincidencia: una operación de fuerza para extraer a los detenidos de El Rodeo 1 no solo tendría un alto costo político, sino que difícilmente garantizaría su vida. El penal fue concebido como una instalación de seguridad reforzada, con lógica militar, preparada para resistir un intento de incursión.
Por ello, la estrategia actual se orienta a una salida política y negociada, con tiempos abiertos y márgenes estrechos, enfocada en preservar la integridad física de los detenidos. Estados Unidos surge como actor clave en este esquema, no como ejecutor directo, sino como garante informal de ciertos compromisos mínimos en conversaciones que se desarrollan fuera del radar público.
La posibilidad de una incursión militar para liberar a los presos fue evaluada y descartada hace meses. El Rodeo 1 está diseñado para resistir un ataque externo y un escenario de ese tipo podría derivar en un número elevado de víctimas, incluidos los propios detenidos. Ese análisis inclinó la balanza hacia una estrategia de negociación discreta y gradual.
Ese mismo enfoque explica la decisión de Washington de avanzar directamente sobre la cúpula del régimen. Nicolás Maduro fue detenido durante la madrugada del sábado tras una incursión militar de Estados Unidos y trasladado fuera de Venezuela. El ex líder chavista quedó a disposición de la Justicia federal estadounidense, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo trasnacional, en el marco de causas abiertas por el Departamento de Justicia. Su arresto marcó un quiebre definitivo y precipitó el actual escenario de transición caótica.
En Buenos Aires, el Gobierno argentino sigue el caso de Nahuel Gallo con atención permanente. La Cancillería y los organismos de seguridad gestionan el expediente con extrema reserva, conscientes de que cualquier gesto público mal calibrado puede agravar una situación ya inestable. El objetivo es preservar la vida del gendarme argentino y garantizar una eventual salida segura de Venezuela.
La estrategia argentina combina presión diplomática multilateral con canales discretos de comunicación, en coordinación con otros gobiernos que cuentan con ciudadanos detenidos en Venezuela. No hay margen para gestos grandilocuentes: el caso se mueve en un terreno donde la exposición pública puede cerrar puertas y aumentar los riesgos, especialmente para quienes permanecen bajo custodia del aparato represivo.
El caso Gallo se inscribe en un marco más amplio. Según registros de organizaciones de derechos humanos relevados por Infobae, en Venezuela hay 902 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros privados de libertad de manera arbitraria, muchos empleados como instrumentos de presión frente a la comunidad internacional y los gobiernos que cuestionan la legitimidad del poder en Caracas.
En ese universo de detenidos, El Rodeo 1 ocupa un lugar particular. No solo por el perfil de los presos, sino porque funciona como pieza estratégica del esquema de control del régimen, donde el aislamiento, la opacidad informativa y la custodia militar maximizan el margen de maniobra política de quienes retienen el poder.
La inestabilidad que atraviesa Venezuela tras la caída de la narcodictadura ha agravado ese cuadro. El vacío de poder, las disputas internas y la ausencia de una cadena de mando clara incrementan la imprevisibilidad y elevan el riesgo para quienes permanecen secuestrados bajo custodia estatal.
Para los observadores internacionales y la diplomacia extranjera, el escenario venezolano es una incógnita. La combinación de fractura política, crisis de seguridad y actores armados con autonomía relativa crea un entorno en el que incluso decisiones aparentemente simples, como la liberación de un detenido extranjero, pueden generar consecuencias imprevisibles.
En este contexto, la situación de Nahuel Gallo resume todas las variables de la crisis venezolana: un secuestro sin proceso judicial, la utilización de un ciudadano extranjero como rehén político, un aparato represivo sin controles y una transición de poder inconclusa que mantiene en vilo a la región.
Crime,Diplomacy / Foreign Policy,North America,Top Pictures
POLITICA
Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino
Un entramado de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras con eslabones en Argentina, Estados Unidos y España, permitió que altos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extrajeran millones de dólares de las arcas de la entidad durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó en base a fuentes, documentos bancarios y registros societarios consultados en tres países.
La operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles, pero que emitieron facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. Bajo el paraguas de contratos de patrocinio globales, la AFA ordenó a las empresas “intermediarias” que recaudan sus ingresos −como TourProdEnter LLC, de Javier Faroni− que transfirieran millones a esas firmas “fantasma”. El circuito cerraba con el retorno del dinero al país. Ahí aparecieron un puñado de “cuevas” de la city porteña que acercaban “puntas” y se encargaban de entregar los fondos en efectivo en Buenos Aires.
Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon, según reconstruyó . Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo .
La maniobra se desarrolló durante la vigencia del cepo cambiario y la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y el “blue”. Y abarcó a múltiples sociedades “fantasma” o “pantalla”. Entre ellas, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC. Esas cinco se constituyeron en el estado de Florida y registraron el mismo domicilio legal: la oficina 1130 “A” de la avenida Brickell número 848 de la ciudad de Miami, según consta en el Registro Comercial de ese estado.
Esas cinco sociedades “pantalla” emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 dólares. Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestación por presuntos servicios genéricos como “campaña de marketing digital en redes de Internet” (Samtak y MS Innovation), “tercerización y consultoría de procesos administrativos” (Arcofisa), y “servicios de consultoría” (SCH Consulting y MLS Global). En las facturas nunca aparecen la cantidad de horas o el llamado Indicador Clave de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), dos requisitos estándar en cualquier contratación corporativa transparente.
Ante la consulta de , días atrás, Tapia criticó a la prensa. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, afirmó desde el balneario de Mar del Plata donde vacacionó. Y tras minimizar las revelaciones sobre el trasiego de fondos de la AFA que lo involucran junto a Toviggino −“no le doy bola a lo mediático”−, sostuvo que los hinchas del fútbol argentino lo quieren. “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos −remarcó−, tengo las rodillas a la miseria”.
Una revisión de las facturas emitidas por las cinco sociedades “pantalla” revela patrones inusuales, además del domicilio compartido en Miami. Por ejemplo, en el formato visual y los errores de ortografía. ¿Cómo es eso? Las facturas de MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting tienen una estructura visual y de datos casi idéntica, lo que sugiere una matriz única de confección. Incluso, quienes estuvieron detrás de la maniobra cometieron pifias reveladoras: en la sección de pagos de distintas sociedades escribieron “Al payment” en lugar de “All payment”.
No sólo eso. Las facturas se emitieron en una concentración notable de fechas. En enero de 2022, por ejemplo, la AFA recibió facturas de tres de estas sociedades que sirvieron para canalizar fondos de la AFA −MS Innovation, SCH Consulting y MLS Global− en un período de apenas cuatro días, por US$1,2 millón en total.
Las facturas muestran otras inconsistencias notables. En el caso de las tres emitidas por MS Innovation Tech Corp, el número del “invoice” es más bajo con el transcurso de los días y semanas, cuando debería ocurrir lo contrario. Así, el 10 de enero de 2022 emitió la factura número 241 y el 31 de enero emitió la 268, pero el 6 de abril expidió la número 237.
Detrás de cuatro de esas sociedades “pantalla” (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Martín Schrager, según constató . Se trata de un argentino de 48 años con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos públicos se presentó como “empresario” y en otros como “comerciante”. Afronta problemas crediticios y comerciales −está en situación 3, “con problemas/riesgo medio”−, y llegó a estar en situación 5. Es decir, “incobrable”, de acuerdo a los registros que consultó en el país.
En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami −Arcofisa SA− y preside además la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de la city porteña, donde funcionaría como “cueva”, que llevó adelante operaciones con Bybit Fintech, según las fuentes consultadas por . Es decir, operó con una contratista de la AFA.
procuró contactar a Schrager, que no respondió las reiteradas consultas hasta el momento de esta publicación.
Detrás de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 años. Se trata de Darío Francisco Samaniego, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que también se presenta como “empresario” y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA, junto a Alan Esteban Rasumoff.
Samaniego tiene un perfil en Internet que resulta inconsistente con el de un consultor internacional capaz de facturar millones a la AFA. Aparece también como gerente de la firma Green Bull FL LLC, en Florida, Estados Unidos, pero posteó una búsqueda de trabajo en la que consignó que era el encargado de “frutas y verduras” en un supermercado Jumbo. Según ese posteo, busca trabajo como “repositor, administrativo, conductor o operario” y se declaró disponible “en cualquier horario, incluido fines de semana”.
contactó a Samaniego, que respondió un correo electrónico. Preguntó cuál era la consulta. Al explicarle que era por su rol en Samtak LLC, no volvió a contestar.
Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porteña. Tampoco serían los últimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro “cuevas” adicionales en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes número 456, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el número 327. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon, según reconstruyó durante las últimas semanas.
Por entonces presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y, desde ese rol, lugarteniente de Pablo Toviggino, Beacon coordinó la confección, el envío y el pago de las facturas apócrifas emitidas por las cinco sociedades “pantallas” de Miami. Y lo hizo, en un ida y vuelta continuo con el santiagueño Marcelo Fabián Ramón Saracco y su socio español, Israel Amoedo. Se trata de los dueños de Odeoma SL, una de las empresas que contrató la AFA para administrar los fondos aportados por los patrocinadores alrededor del mundo.
Los pagos tuvieron un trasfondo que les dio apariencia real. A fines de 2021, el Comité Ejecutivo de la AFA publicó en sus boletines que había firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, Odeoma asumió el rol de agente de cobro, con la correspondiente retención del 30% de los ingresos en concepto de honorarios.
Según reconstruyó , Beacon ordenó pagar las facturas apócrifas de las sociedades “pantalla” de Miami dentro de los contratos con Bybit Fintech Ltd y Genius Sports Technologies Ltd; y Saracco y Amoedo avanzaron con la operatoria a través de la marca comercial de la española Odeoma SL, “Gold Medal Sports”.
El paso final se desarrolló en Buenos Aires. Previo cobro de un porcentaje por sus servicios, los “cueveros” de la City porteña se movieron con dinero en efectivo por las calles porteñas.
Con la colaboración de Ricardo Brom
Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Ningún enfrentamiento» El jefe de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe,,Escándalo en el fútbol. El presidente de la UIF se reunió con autoridades de los EE.UU. por el caso AFA
POLITICA
El Gobierno decidió no extender el mandato de la Defensora General y continúa la crisis de vacantes en la Justicia
El Gobierno de la Nación resolvió este miércoles no extender el mandatado de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien el próximo 1 de febrero cumplirá 75 años. La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo decidió desistir de los pliegos en el Senado de la Nación para que continúe por cinco años más.
La responsable de los defensores oficiales estaba en el cargo desde el 2006, cuando asumió tras ser propuesta por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. En aquel entonces, el cargo estaba vacante y era Martínez quien ocupaba el rol de forma interina por ocho meses.
Ahora, quien tendrá la responsabilidad será el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años. Así, se suma al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que ejerce desde el 2017 de forma interina y es el jefe de los fiscales. De esta manera, dos de los cargos más importantes dentro del Poder Judicial tienen nombramientos interinos.
De esta manera, desde Casa Rosada estudian como hacer frente a la crisis de vacantes que se viene expandiendo en la Justicia y que incluso se ve en la Corte Suprema, donde dos de las cinco sillas están vacías, pese a los esfuerzos del Ejecutivo con los nombramientos fallidos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Justamente, según pudo saber Infobae, se espera que en el corto lapso y a la espera del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno envíe al Senado de la Nación una serie de pedidos masivos para cubrir parte de las vacantes que hay en la Justicia.
La estrategia, diseñada en el hermetismo de la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo institucional. Según cifras que manejan tanto en el Palacio de Tribunales como en el Ejecutivo, la Justicia Nacional y Federal opera hoy con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Esta situación obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, un sistema de parches que resiente el servicio y demora las causas de los ciudadanos.
Sin embargo, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores —que solían priorizar la lealtad partidaria—, el oficialismo asegura que apostará al purismo técnico.“No habrá jueces mileistas”, es la consigna que repiten como un mantra en los pasillos de Justicia.
El plan es desafiar al Senado a aprobar los pliegos, respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.
Para entender la magnitud del desembargo que prepara el Gobierno, primero hay que dimensionar el “tapón” que se generó en el último tiempo. Los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo.
El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022. El organismo encargado de administrar el Poder Judicial y seleccionar a los jueces envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el ejercicio. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de parálisis similar hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia.
Este “apagón” en el Consejo no fue un accidente, sino parte de un escenario más complejo. Mientras la maquinaria de concursos bajaba su ritmo, el stock de expedientes pendientes de definición política crecía exponencialmente. El informe de gestión detalla que, al cierre de diciembre, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan “pisados” en el escritorio del Presidente. A esto se suman otras 157 vacantes que actualmente están en trámite dentro del Consejo, la mayoría de ellas correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces prestados.
La auditoría silenciosa
¿Por qué el Gobierno dejó acumular más de 200 pliegos sin mover una ficha? Ante la consulta de Infobae, una alta fuente del Ministerio de Justicia con acceso directo al despacho presidencial justificó la demora bajo la premisa de la “auditoría”. El oficialismo decidió no enviar nombres “a libro cerrado” ni convalidar automáticamente las ternas heredadas de la gestión de Alberto Fernández.
“Estuvimos dos años estudiando los candidatos”, explicó en estricto off the record. Según detallaron fuentes oficiales, la revisión de los antecedentes no fue una tarea política delegada en operadores, sino un trabajo técnico donde se analizó caso por caso para depurar la lista de los 203 postulantes.
Con ese trabajo finalizado, la luz verde ya está encendida. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmó la misma fuente. El objetivo es ambicioso: el envío no será por goteo, sino que se espera una “catarata” de expedientes que busque cubrir no solo juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, sino también fiscalías y defensorías que se encuentran acéfalas.
POLITICA
El titular de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor oficial
En medio del escándalo por las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA, el Gobierno de Javier Milei consideró que la documentación que presentó la entidad sobre sus estados contables y financieros desde 2017 hasta la fecha es insuficiente. Sin embargo, la Casa Rosada intenta por estas horas bajarle el tono a la pelea con Claudio “Chiqui” Tapia y el resto de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.
El encargado de fijar la postura oficial fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien reporta al ministro Mariano Cuneo Libarona y su vice, Sebastián Amerio, un hombre de confianza de Santiago Caputo, principal asesor del Presidente.
“No hay ningún enfrentamiento entre el Gobierno o la IGJ y la AFA”, advirtió Vítolo a , en una señal de distensión con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En esa línea, el funcionario remarcó que “la IGJ no participa en ninguna causa judicial y no es parte de ninguna investigación respecto de los directivos”. “Nosotros no estamos imputando a nadie ningún delito”, insistió Vítolo, después del cruce con la AFA por las irregularidades contables. A su vez, sembró dudas respecto de la posibilidad de que el Gobierno nombre un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA.
No obstante, remarcó que la institución que conduce Tapia no explicó “nada” sobre el balance con cierre de ejercicio el 30 de junio de 2024, al que consideró como “el más importante”, por los “valores involucrados”.
“Es muy raro porque ese lo presentaron acá [en la ciudad de Buenos Aires], nosotros les pusimos observaciones y ellos después lo presentaron en la provincia de Buenos Aires y dicen: ‘Me los aprobaron’. Pero eran de acá. Es una cosa ridícula, veremos qué encontramos”, anticipó Vítolo a . Días atrás, había denunciado el intento de la AFA para escapar del radar de la IGJ, al promover un traslado de su sede al municipio de Pilar que no fue aprobado por el organismo.
Frente al creciente escándalo por la derivación de millonarios fondos de la AFA, la IGJ había citado para este jueves y viernes a los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024.
En ese marco, el titular del ente regulador dependiente del Ministerio de Justicia advirtió que todavía se encuentran revisando la documentación.
Los próximos pasos están supeditados a la verificación del informe que presentó la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, Vítolo relativizó hoy la posibilidad de que la IGJ le recomiende al Ministerio de Justicia que nombre a un veedor oficial para auditar sus documentos y libros contables de los últimos ocho años.
“El veedor no es ninguna decisión porque va a depender de lo que encontremos y lo que nos digan. A lo mejor no está todo correcto, pero no es que no entregaron nada. Le podemos decir: ‘Tiene cinco días para completar, o diez…’. Eso se ve de acuerdo a lo que traigan”, explicó.
La AFA había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada balance, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas. “Nunca las dieron”, señaló Vítolo.
Como parte de sus funciones, la IGJ revisa y controla que las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades deportivas actúen su estatuto y que sus balances contables sean reales.
Ayer, en un nuevo comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.
En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros. Señaló que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]” y remarcó que fue respondida. Alegó que el resto de las vistas a las que hace alusión el inspector general “nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ” y que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”.
Vítolo volvió hoy a desestimar esos argumentos. En diálogo con , dijo que el planteo de la entidad liderada por Tapia “es ridículo”, ya que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.
En el mismo comunicado, la entidad liderada por Tapia sostuvo que la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, sino que esa es una función que “corresponde exclusivamente a los socios”.
Vítolo también marcó diferencias con la cúpula de la AFA en ese punto. Según el funcionario, los socios aprueban los balances a los efectos de la sociedad, pero la IGJ los revisa y está habilitada a realizar observaciones.
El titular del ente regulador profundizó la desescalada de la disputa con la AFA. Aclaró que desde la IGJ no están enfrentados a la conducción de la entidad. “Aparece ahora porque antes nadie le pedía [aclaraciones sobre los números en los balances]. Cuando llegamos nosotros encontramos que estaba pendiente esto”, agregó.
Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.
Tanto la casa del fútbol argentino como Vítolo reconocen que la asamblea en la que se aprobó el cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires fue fiscalizada por veedores del organismo. La entidad alega que la IGJ nunca cuestionó el cambio de jurisdicción y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.
El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política. “Para mí es inexplicable salvo que sea evitar controles”, sugirió en TN. Allí agregó que la AFA justifica que no van a explicar el balance de 2024 porque ya lo tienen aprobado en la provincia de Buenos Aires, “pero lo habían presentado antes en la IGJ, es decir estaba bajo análisis de la IGJ”.
El organismo inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.
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