POLITICA
Ignacio Torres denunció a un juez por ordenar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo “que no tiene por qué brindar”.
A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante” y afirmó que su fallo “pone en riesgo al sistema de salud”. Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”.
En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”. El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, sostuvo.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. “Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea”, enfatizó.
Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos”, cerró.
Antecedente
No es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.
El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para “avanzar en su sentir más íntimo”.
Cambios en la normativa
Los tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo.
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, detallaron desde Salud.
Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
POLITICA
Pese al respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni, crece la inquietud dentro del Gobierno por el impacto en la gestión

Javier Milei decidió volver a respaldar públicamente a Manuel Adorni, pero el gesto no logró aplacar del todo la inquietud interna en el Gobierno.
En la Casa Rosada aseguran que el funcionario sigue firme, aunque admiten que aumentó la desconfianza sobre su situación patrimonial, el manejo político del tema y la posibilidad de que aparezcan nuevas revelaciones en las próximas semanas. El oficialismo empezó a ponerle plazos a esa evaluación y ya asume que abril será un mes clave para definir si la tensión se estabiliza o no.
La decisión política del Presidente fue darle aire y mostrarse con él en público, primero con la reunión reservada en Olivos y luego con su presencia en el acto por Malvinas. A eso se le sumó un comunicado oficial que anunció una ronda de reuniones de Adorni con ministros para revisar planificación y metas de gestión 2026/2027, en una señal de continuidad. En Balcarce 50, sin embargo, reconocen que el impulso de la agenda fue leído también como una forma de contener los rumores sobre una salida y de ganar tiempo frente al avance del frente judicial y mediático.
Puertas adentro, la discusión ya no pasa solo por si Adorni resiste, sino cuánto daño adicional puede provocarle al Gobierno. Hay sectores que ven como sensible la declaración de la escribana que intervino en la compra del departamento de Caballito y otros que hablan de una ventana de quince días para medir si baja la exposición. En todos los casos aparece la misma preocupación: casi nadie en la mesa política tiene certeza sobre si ya se blanquearon todas las posibles vías de cuestionamiento o si todavía pueden aparecer datos nuevos sobre patrimonio, inmuebles o viajes que vuelvan a correr el eje de la agenda oficial.
El frente más delicado sigue siendo el judicial. La causa que tramita en Comodoro Py incorporó medidas sobre el departamento que Adorni compró en Caballito y sobre los viajes privados a Punta del Este, mientras el Gobierno prepara documentación para responder a requerimientos del juzgado.
También pusieron el foco sobre el crédito de US$200.000 vinculado a dos jubiladas y sobre la trazabilidad de pagos asociados a esos traslados. En el entorno del jefe de Gabinete mantienen cautela y repiten que, por ahora, no creen que esos movimientos vayan a complicarlo de manera decisiva, pero admiten que el expediente se transformó en el principal ordenador de su futuro político.
La crisis dejó además un impacto político que ya nadie niega en privado. En varios despachos oficiales circulan mediciones que muestran que el caso empezó a golpear la imagen del Gobierno y del propio Milei, y que una mayoría social considera que Adorni debería renunciar.
Esa lectura explica otra definición que se repite en el oficialismo: el jefe de Gabinete sigue, entre otras cosas, porque el Presidente no encontró un reemplazo confiable y competitivo para un cargo que articula gestión, comunicación y vínculo interno entre ministerios. En Nación reconocen que no hay hoy un sucesor “mileísta” claro y que cualquier salida abre una disputa nueva dentro del oficialismo.
A ese cuadro se suman los reproches por el manejo de la crisis. Funcionarios de distintas áreas cuestionan que no se haya conformado una mesa específica para ordenar la respuesta política, jurídica y comunicacional, y le achacan a Adorni haber quedado como su propio estratega. También hay críticas cruzadas por la falta de coordinación previa a la conferencia de la semana pasada y por no haber anticipado todos los flancos sensibles. En el karinismo vinculan parte de ese desorden a la ruptura de confianza con Santiago Caputo y sus equipos, mientras otros sectores prefieren bajar el tono y esperar a que la situación se decante antes de impulsar movimientos más bruscos.
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En el Ejecutivo, la discusión sobre Adorni ya disparó en paralelo cálculos sobre otros cambios. En despachos oficiales ponen la mira sobre áreas sensibles como ARCA, la SIDE y Salud, bajo la lógica de que una eventual salida del jefe de Gabinete no sería un hecho aislado, sino el comienzo de una nueva etapa de reacomodamientos.
El anuncio de próximas reuniones de Adorni con los ministros de Seguridad, Salud y Defensa buscó mostrar normalidad, pero incluso en algunas carteras admitieron que no estaban al tanto del esquema cuando se comunicó oficialmente. Ese detalle reforzó entre funcionarios la idea de que la gestión del caso sigue siendo más reactiva que ordenada.
Es por eso que en la Casa Rosada conviven hoy dos definiciones parciales. La primera es que Milei no quiere soltarle la mano a Adorni en medio de las tensiones. La segunda es que esa decisión ya quedó atada a una evaluación de corto plazo, con Semana Santa y abril como estación de prueba. Si no aparece nueva información y la espuma baja, en Balcarce 50 creen que podrá sostenerse. Pero si la causa avanza, se suman revelaciones o el costo político sobre el primer mandatario sigue creciendo, el caso Adorni puede convertirse en el disparador de otras modificaciones.
Manuel Adorni, Gobierno
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Amplían la denuncia contra Adorni y no descartan pedir que se cite a las jubiladas que le hicieron el préstamo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una ampliación de denuncia judicial formalizada el lunes por los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes solicitan esclarecer el origen y las condiciones financieras de la compra de dos propiedades: un departamento en Caballito y una vivienda en el Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz.
Según la denuncia, que fue difundida por el diario La Nación, el Jefe de Gabinete habría conseguido un préstamo no bancario de dos personas para comprar el departamento en la zona de Caballito. Operación que realizó sin vender otra propiedad a pesar de que su declaración jurada de 2024 muestra una escasez de ahorros.
Además, según las publicaciones, la compra se hizo a un menor precio del mercado y con un préstamo de USD 200.000 que le hicieron las dueñas anteriores, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Las supuestas acreedoras del dinero utilizado por Adorni negaron conocer al funcionario o recordar algún vínculo, lo que incrementó las dudas sobre la operación.
Los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble señalan como involucrada a la escribana Adriana Nechevenko, cuya citación como testigo fue solicitada, con el objetivo de precisar su actuación y detallar la documentación firmada en dichas transacciones.

La presentación judicial advierte que no constan detalles sobre el costo financiero, la tasa de interés ni los plazos del préstamo. Por la condición de funcionario, la denuncia recuerda la obligación de Manuel Adorni y su cónyuge de declarar bienes y operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en cumplimiento de la Resolución 192/2024 publicada el 6 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial.
Además, los denunciantes pidieron extender la investigación y que el juzgado determine las medidas necesarias para revisar el financiamiento de los inmuebles adquiridos por el jefe de Gabinete.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.
La estructura financiera de la operación de compra, el préstamo de ambas jubiladas, fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.
En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
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El caso Adorni genera malestar dentro del PRO, pero no acompañará el pedido de interpelación en el Congreso

Con algunas idas y vueltas, el PRO es uno de los aliados clave del Gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión, aunque en el último tiempo comenzó a despegarse. El partido fundado por Mauricio Macri busca recuperar protagonismo en la política argentina y a la vez, mantener su identidad.
En ese proceso, el oficialismo se vio atravesado por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el uso de vuelos privados para viajar al exterior, vacaciones en destinos paradisíacos y hasta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Hasta hay un pedido de interpelación en marcha por parte de la oposición en Diputados. El PRO está incómodo con esta situación.
“Creo que fue un error, sobre todo porque el mensaje que siempre quiere dar este gobierno es otro”, aseguró un dirigente de primera línea del partido. Y agregó: “Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante”.
Otro legislador cercano al expresidente Macri hizo hincapié en la retórica del Ejecutivo. “El Gobierno construyó su legitimidad y su apoyo social sobre la base de la austeridad, de terminar con los privilegios y del ‘no hay plata’”. Y apuntó: “Eso tiene que valer para todos”.
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En ese sentido, nadie en el PRO va a defender abiertamente a Adorni. En eso, hay un consenso general. “La verdad es que trabajar de sol a sol es la obligación básica de cualquier funcionario público, para eso se jura en el cargo”, apuntó a TN alguien que está en el partido desde sus inicios.
Tampoco están conformes con las respuestas del jefe de Gabinete ante los cuestionamientos, ni en la postura tomada por él ni el Gobierno en general. “No creo que haya sido una buena respuesta, más allá que no tengo dudas del esfuerzo y de la importancia que tiene el viaje a EE.UU . para atraer inversiones clave para el país”.
De todas maneras, que haya un acuerdo para no defender, no implica vía libre para atacar. “No vamos a prestarnos a nada”, indicaron desde el bloque del PRO en Diputados a este medio, con referencia al pedido de interpelación a Adorni que piden no pocos en la oposición. “Lo importante de verdad hoy es que Argentina pueda conseguir inversiones en un mundo cada vez más complicado y convulsionado”, remarcaron.
Pese a no estar de acuerdo con la conducta de Adorni, no quieren ser funcionales a lo que consideran “la oposición destructiva”. “No creo que tenga tanta importancia más allá de la cuestión política y de ejemplaridad”, expresó un referente de peso en el PRO. Y sentenció: “Desde el Congreso tenemos desafíos mucho más importantes que interpelar al Jefe de Gabinete por esto”.
Los pedidos de interpelación a Adorni
Desde principios de marzo, el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, presentó un pedido de interpelación en los términos del artículo 101 de la Constitución. La iniciativa busca que Adorni dé explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.
Entre los puntos incluidos, se solicita información sobre el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York en el marco de una comitiva oficial, con detalle de la partida presupuestaria utilizada.
También se pide un informe sobre un viaje reciente a Uruguay en un avión privado, incluyendo la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, dado que —según la oposición— no estaría vinculado a funciones oficiales.
El temario contempla, además, cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja durante la interpelación o de hechos de público conocimiento.
En tanto, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade impulsaron otro pedido de interpelación que también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las derivaciones del caso de la criptomoneda LIBRA.
PRO, Manuel Adorni, Congreso
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