POLITICA
Impulsan un proyecto de ley para desregular el ejercicio de la actividad inmobiliaria
Un diputado del PRO presentó en la Cámara baja un proyecto que tiene como objetivo liberalizar el marco normativo vigente para la actividad inmobiliaria. Entre otros puntos propone eliminar requisitos legales considerados restrictivos, como la obligatoriedad de matrícula y título universitario, y habilita a cualquier persona mayor de edad a participar del mercado inmobiliario sin necesidad de inscripción en registros profesionales.
En línea con lo que han manifestado miembros del Gobierno, como Federico Sturzenegger, en los fundamentos del proyecto se advierte que la legislación vigente consolida un “monopolio en favor de los colegios profesionales” que restringe el acceso al mercado, encarece los costos y limita la innovación. En ese sentido, se retoman experiencias exitosas de liberalización económica como el Real Decreto-ley 4/2000 de España y los sistemas de Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Ya en febrero de este año desde la cartera de Desregulación habían dejado trascender que el presidente Javier Milei evaluaba firmar un decreto que ya no sea obligatorio estar colegiado para ofrecer servicios inmobiliarios y que existan nuevos agentes dedicados a la actividad a los que se les exija una capacitación pero no la colegiación obligatoria.
Entre los objetivos declarados en el proyecto se destacan “garantizar la libertad de ejercicio comercial”, “promover la competencia leal e innovación”, “respetar la autonomía de las partes” y “fomentar la libertad contractual”. Según el texto, los cambios propuestos contribuirían a reducir los costos para los consumidores, facilitar el ingreso de nuevos actores y modernizar el sector inmobiliario mediante la adopción de nuevas tecnologías.
El artículo 2 del proyecto de “Ley de Libertad Inmobiliaria”, presentado por Alejandro Bongiovanni, modifica la Ley 25.028 y establece que ya no será necesario contar con un título universitario para operar como intermediario inmobiliario. En ese sentido, el artículo 3 elimina la obligación de inscribirse en una matrícula profesional, aunque mantiene la opción de hacerlo de manera voluntaria, sin limitaciones geográficas. De este modo, cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos administrativos podrá ejercer la actividad en todo el territorio nacional.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la restricción de las funciones de los colegios profesionales. La nueva redacción del artículo 4 de la Ley 20.266 señala que la matrícula profesional podrá ser gestionada por entidades privadas o cámaras sectoriales, excluyendo la intervención del Estado en su regulación y supervisión. Asimismo, se eliminan las sanciones administrativas por parte de autoridades colegiadas, y se establece que cualquier conflicto deberá resolverse exclusivamente en el ámbito de la Justicia ordinaria.
En tanto, el artículo 6 prohíbe a entidades privadas o estatales la creación de legajos personales con efectos jurídicos sobre los intermediarios, y el artículo 7 habilita el ejercicio de la actividad sin limitaciones territoriales, derogando la obligación de reinscribirse en distintas jurisdicciones.
Por otro lado, el proyecto propone la eliminación de los aranceles mínimos y honorarios fijos. En concreto, el artículo 9 establece que los intermediarios podrán pactar libremente sus comisiones con las partes, sin sujeción a tarifas establecidas por organismos públicos o privados. También se reconoce el derecho a recuperar gastos previamente acordados con el vendedor.
Hasta el momento, el proyecto no ha sido debatido en comisiones ni cuenta con dictamen. Su presentación se inscribe en un contexto de iniciativas legislativas orientadas a desregular sectores de la economía, y podría generar resistencias por parte de los colegios profesionales y sectores vinculados a la regulación tradicional del mercado inmobiliario. La iniciativa plantea un cambio estructural en las reglas de juego del sector, con implicancias jurídicas, económicas y sociales que serán eje de discusión en el Congreso.
Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandio. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandio.
El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandio, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandio y que no se trató de una dádiva.
Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.
El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandio ya había contratado en otras oportunidades sus servicios, aunque aclaró que no era de sus clientes más importantes sino una persona que lo contactaba con cierta frecuencia.
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El broker se refirió a la factura de US$3000 emitida por el tramo de vuelta. Issin sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de US$ 4800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.
De acuerdo con esa versión, sobre esos US$4.800 se aplicó una quita total de US$1.800: US$1.200 por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y US$600 por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero.
En cuanto a la forma de pago, el testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.
Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.
El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.
También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.
Manuel Adorni, Vuelos, Gobierno
POLITICA
Milei se sumó al enfrentamiento por el caso de la argentina detenida en Rio y apuntó contra Alberto Fernández
El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.
POLITICA
Escándalo en la AFA: Pablo Toviggino le habría pagado a otro árbitro para beneficiar a Barracas Central
Una investigación judicial a cargo del juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona expuso presuntos sobornos en el fútbol argentino tras analizar chats del 12 de diciembre de 2020.
Según los mensajes, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, habría indicado a Juan Pablo Beacon el pago de “300.000, unos USD 2.000” al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa. El pago se habría efectuado horas después de un polémico partido donde Sosa expulsó a dos jugadores de Belgrano de Córdoba, beneficiando a Barracas Central (equipo de Claudio “Chiqui” Tapia) con un gol en el minuto 95. Tras la entrega del dinero, Beacon confirmó: “Deje el total en lo del chino” y agregó que el referí “quedó satisfecho”.
Jorge Nelson “Chino” Sosa
El escándalo de Sosa se inscribe en una serie de sospechas que alcanzan al director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, y otros jueces como Luis “Lobo” Medina y Fernando Espinoza. La Justicia investiga no solo el arreglo de partidos, sino también presunto lavado de dinero vinculado a exsponsors de la AFA y el patrimonio de Toviggino, a quien se le atribuye una mansión de 17 millones de dólares.
Según fuentes internas de la AFA, los pagos a los árbitros funcionan como un “premio y un extra”, ya que si perjudican a los equipos vinculados a la dirigencia “los dejan parados y no cobran ni el sueldo”.
Tras aquel encuentro de 2020, el entonces técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, denunció: “Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino”. Por su parte, el delantero Pablo Vegetti publicó un descargo afirmando que “sabíamos que lo que nos pasó iba a pasar”, cerrando con la frase: “Diego, la pelota hoy se manchó”.
Partido investigado
Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investiga a seis árbitros por incompatibilidades patrimoniales, mientras crecen los testimonios sobre órdenes de “retorcerte el reglamento” para favorecer a clubes específicos.
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AFA,Arbitros,Claudio «Chiqui» Tapia,Pablo Toviggino
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