La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.

Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.

Leé también: Citaron a indagatoria a la “mano derecha” de Victoria Tolosa Paz en la causa de los guardapolvos

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.

La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.

“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.

Leé también: La Corte Suprema se prepara para analizar los bienes decomisados de Cristina Kirchner para definir su destino

La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.

Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.

Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.

Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.

El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.

Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.

Leé también: El Gobierno quiere presentar la auditoría sobre las contrataciones en la ANDIS antes de fin de año

Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.

La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.

Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.

Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.

“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.

La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.

Leé también: Nuevas pruebas vinculan a más dirigentes de La Cámpora con el ataque a TN y eltrece

Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.

La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo

El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borisnky se refirió a la necesidad de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia así como también el cargo de Procurador General de la Nación que todavía no fue designado. Además, destacó los principales puntos que tiene el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar con la nueva conformación del Congreso de la Nación.

En diálogo con A Confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium el magistrado, que forma parte de la máxima instancia penal federal del país, señaló: “La necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema es fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”.

Además de la conformación del máximo tribunal, remarcó: “Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición.”

Con la agenda judicial otra vez en el centro del debate político, Borinsky explicó el impacto que tiene la falta de definiciones institucionales. “El jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”, sostuvo, al subrayar la incidencia que tiene esta figura en el funcionamiento cotidiano de la Justicia. En tanto, indicó que la estabilidad institucional pasa hoy por designar a los integrantes que restan para completar el máximo tribunal, como así también al titular del Ministerio Público Fiscal. Según sus palabras, “el cargo de Procurador General es fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.

Al analizar el funcionamiento del sistema, Borinsky fue contundente: “La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública”.

Consultado sobre el impacto de la presencia de un magistrado especializado en materia penal entre los supremos, Borinsky fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte. No solo es clave para los temas que marcan la agenda pública actual, sino porque históricamente las Cortes tuvieron penalistas argentinos entre sus miembros”. Además, argumentó que la complejidad de los delitos federales y la sensibilidad de los grandes casos hacen indispensable esa visión: “En las máximas instancias de todos los países existe al menos un penalista, por la importancia que tiene el derecho penal en la sociedad contemporánea”.

En el mismo diálogo, el juez vinculó la discusión institucional con la reforma legal que impulsa el oficialismo. “Un código de 1921 no refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy. El nuevo Código Penal busca actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”, afirmó. Para Borinsky, la iniciativa busca no solo endurecer penas en delitos económicos y de corrupción, sino incorporar de manera expresa figuras que antes no tenían entidad, como la violencia de género, el cibercrimen, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.

Justamente, Borinsky analizó: “Pasamos de un código de 312 artículos a uno de casi 900. Triplica el contenido para sistematizar y clarificar. Las actuales leyes dispersas generan dificultades, hasta para los mismos jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido”.

Por otro lado, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica: “La discusión ya no es entre mano dura y garantismo, todos los jueces aplican la Constitución. Lo esencial ahora es la aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.

Para cerrar, el juez reiteró la urgencia de fortalecer la institucionalidad judicial y avanzar en la modernización del sistema penal. “La Justicia necesita instrumentos jurídicos y recursos, pero también definición política e institucional. No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”, completó el magistrado.

d

otros cargos,Javier Fuego Simondet,Elecciones 2025,Axel Kicillof,Gabriel Katopodis,Conforme a,Elecciones 2025,,Nueva oportunidad. El megaswap que puede otorgar el campo,,El pulso del consumo. Un bonus track de esperanza,,Plan desembarco. El CBC de Menem para los nuevos libertarios: Sharif con los despachos, los «high profile» y las «espadas»