POLITICA
Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero en la causa abierta por la denuncia de Juan Grabois
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional oficialista José Luis Espert por presunto lavado de dinero, confirmó a un funcionario que trabaja en el expediente.
Fue en el marco de la causa que se abrió por la denuncia presentada contra Espert por el candidato peronista Juan Grabois a raíz de los 200.000 dólares que el diputado libertario cobró en 2020 de Federico “Fred” Machado, el empresario que Estados Unidos reclama que la Argentina le entregue para juzgarlo por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa. Hoy, la Corte Suprema de Justicia habilitó su extradición.
La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Grabois pidió que se investigue si los movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El desembolso se concretó en 2020. La presentación, además, requiere que se investiguen otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario acusado de narcotraficante.
La acusación de Grabois estuvo basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, y en diferentes notas periodísticas.
La cifra de los 200.000 dólares aparece en un cuadro en el que figura el nombre de Espert con ese monto y que, según Grabois, fue usado como prueba por la fiscal de Texas. Se trataría de un supuesto “libro contable secreto” -dice la denuncia- que llevaban Machado y una supuesta socia suya, Debra Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, advierte la denuncia.
En una investigación, comprobó la transferencia en un libro contable elaborado por el Bank of America. La documentación, que obtuvo en bases de datos oficiales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la información que usó Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro.
cotejó los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana.
La contabilidad del Bank of America añadió precisiones sobre los bancos por los que pasó el dinero hasta llegar a una última instancia en la que se consigna que debe girarse el dinero a José Luis Espert. Junto al nombre del diputado, figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.
La documentación que obtuvo consta en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD, que se conoce como “USA v. Mercer-Erwin et al.”, y se tramitó desde el 12 de agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant, quien ascendió luego a magistrado principal del Distrito Este de Texas.
El material del Bank of America fue evaluado por las partes, admitido en juicio, defendido por un experto de la entidad bancaria y evaluado ante el jurado, que condenó a la socia de Machado en mayo de 2023. La halló culpable de cuatro de los siete cargos que afrontó: conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y conspiración para infringir las registraciones de aeronaves en Estados Unidos.
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina habilitó hoy la extradición de Machado, que cumple prisión domiciliaria en Viedma. El presidente Javier Milei, con quien Machado comparte abogado (Norberto Francisco Oneto), tendrá la última palabra para definir si es que el empresario es trasladado a Estados Unidos.
En un primer momento, Espert eludió responder si el pago de US$ 200.000 había existido. Dijo que era todo una operación de Grabois con un “Excel trucho”. Pero tras la publicación de de otro documento en poder de la Justicia de EEUU-, su versión cambió. El diputado admitió el pago por primera vez en aquella declaración del jueves que luego modificó.
Hasta el jueves pasado, Espert nunca había reconocido haber recibido pago alguno relacionado con Machado. Aseguraba que todo lo que había percibido de él fue un viaje en avión a Viedma, de favor, durante su campaña de 2019. El jueves, sin embargo, habló por primera vez del cobro de 200.000 dólares después de que se confirmara que la transferencia consta en documentos oficiales de la justicia de los Estados Unidos. La explicación que dio es que el dinero fue el pago por un trabajo que hizo como economista para una mina de Guatemala.
Entre el jueves y el sábado dio dos versiones contradictorias sobre ese contrato. El jueves dijo que Machado le había avisado que una minera “vinculada a él” (no de él) necesitaba de sus servicios profesionales. Contó que después siguió el tema con otra persona de la empresa, llamada Iván Morales. A él le advirtió en una reunión de “mediados de 2019″ que iba a tener que esperar a que terminara el proceso electoral, amplió.
El sábado, en su entrevista en radio Mitre con el conductor Gabriel Anello dijo, en cambio, sin ninguna duda que la minera era propiedad de Machado y que con él había firmado el contrato de trabajo “en 2019”. Precisó incluso que fue “antes de ser candidato a presidente”.
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POLITICA
La fiscal electoral de La Plata dictaminó que Diego Santilli no puede reemplazar a José Luis Espert en el primer lugar de la lista en la Provincia
La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó que Diego Santilli no puede encabezar la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert, quien presentó su renuncia por sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario argentino que está siendo juzgado por narcotráfico.
En la lista original, quien secundaba a Espert era la actriz Karen Reichardt, pero el Gobierno decidió que el primer candidato sea Santilli. Ahora, tendrá que decidir el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.
Leé también: Tras la decisión de la Corte, el Gobierno confirmó que avalará la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
La decisión de la fiscal no solo ocurre después de que Espert quede afuera de la lista de LLA, sino que también se da luego de que los equipos oficialistas ya hayan comenzado a trabajar en la agenda y estrategia para que Santilli logre achicar la brecha con el kirchnerismo.
Noticia que está siendo actualizada.-
Diego Santilli, José Luis Espert
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La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLA y no Santilli
La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.
El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.
La fiscal advirtió que el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.
Según Roteta, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.
Noticia en desarrollo
Paz Rodríguez Niell,Conforme a
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El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El presidente Javier Milei firmó un decreto para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que tendrá como misión central integrar, analizar y compartir información para diseñar estrategias y coordinar acciones en la lucha contra el terrorismo.
Lo anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y al anunciar la medida recordó los ataques del terrorismo islámico en la AMIA y la Embajada de Israel. En la conferencia de prensa, la funcionaria también recordó a las víctimas de la atroz incursión militar de la organización fundamentalista islámica Hamas a poblaciones civiles judías.
La medida responde a una serie de recomendaciones internacionales y a la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a amenazas que, según el propio texto oficial, “constituyen una grave amenaza para los valores democráticos, para la paz y la seguridad internacionales”.
El decreto, que lleva la firma del Secretario de Inteligencia de Estado, Sergio Darío Neiffert, y fue refrendado digitalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establece que el CNA será el órgano encargado de recibir, analizar, integrar y compartir información sobre el ciclo completo del terrorismo, incluyendo etapas como la propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución de actos terroristas. La decisión se apoya en un diagnóstico que reconoce la insuficiencia de las reformas normativas previas y la necesidad de una estructura operativa capaz de coordinar los esfuerzos de los distintos organismos estatales.
El documento recuerda que la Argentina fue víctima de dos atentados terroristas de alto impacto: el ataque a la Embajada del Estado de Israel en 1992 y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, hechos que aún no han sido completamente esclarecidos. En ese contexto, el texto sostiene que “la creación de un centro especializado permitirá coordinar el esfuerzo nacional en la materia, incrementar cualitativa y cuantitativamente la cooperación internacional y, en definitiva, garantizar la vigencia de la forma representativa, republicana y federal de gobierno y del Estado de Derecho”.
La iniciativa responde también a las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que instó a la República Argentina a desarrollar mecanismos más efectivos para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo. El informe del GAFI recomendó, entre otras medidas, “la emisión de un protocolo de acción que, cuando la situación lo requiera, involucre a todas las autoridades competentes (grupos de trabajo) para explorar e investigar, de manera proactiva, los indicios de todas las fuentes”. El decreto recoge este mandato y prevé la utilización de técnicas especiales de investigación, el monitoreo de individuos conocidos y la cooperación internacional para rastrear fondos y personas vinculadas al terrorismo.
El CNA estará integrado por representantes de la SIDE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional será responsable de articular la participación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
El decreto detalla que el CNA podrá requerir información y asistencia tanto de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, como de organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de organismos internacionales. También se prevé la posibilidad de celebrar convenios y de impulsar propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el terrorismo. Entre las funciones asignadas, se destaca la elaboración de informes y estadísticas, la aprobación de directivas y protocolos, y la capacidad de dictar normativa interna para su funcionamiento.
En cuanto a la estructura operativa, el CNA contará con una unidad encargada del diseño de directivas, estrategias, protocolos y lineamientos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional. El organismo podrá constituir comités especializados, permanentes o temporales, para delegar funciones en ámbitos específicos o ante situaciones que lo requieran. Estos comités estarán facultados para coordinar la actuación de los representantes de los organismos que integran el centro, elaborar propuestas de directrices político-estratégicas y formular recomendaciones para la dirección de situaciones de interés en la lucha contra el terrorismo.
El texto oficial subraya la importancia de la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir e impedir el delito de financiamiento del terrorismo y de congelar activos vinculados a este tipo de actividades. “La participación de la referida Unidad permitirá un análisis integral de las actividades que componen el ‘Ciclo Terrorista’, a través del estudio de los aspectos económicos y financieros”, señala el decreto. También se destaca el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que aportarán capacidades técnicas y operativas en materia de control aduanero, fiscal y migratorio.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación fue invitado a designar un enlace administrativo para interactuar con el CNA, lo que apunta a fortalecer la articulación entre la investigación penal y la inteligencia estratégica. El decreto establece que la medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión de crear el Centro Nacional Antiterrorismo se enmarca en una tendencia internacional que, según el texto, ya adoptaron países como Estados Unidos y el Reino de España tras los atentados de Nueva York en 2001 y Madrid en 2004. “La creación de tales organizaciones permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”, afirma el documento. El decreto concluye que la medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.
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