POLITICA
Indagan a exfuncionarios de Desarrollo Social y cooperativistas por el desvío de $710 millones destinados a guardapolvos
Unos 13 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y cooperativistas fueron citados por la Justicia a prestar declaración indagatoria por el supuesto desvío de 710 millones de pesos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, e incluye a las autoridades de tres cooperativas de trabajo y exfuncionarios acusados de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La investigación -según las resoluciones judiciales a las que accedió – se centra en la administración indebida de recursos estatales por $710.366.250 asignados durante 2023, pues los pagaron a una cooperativa que no fabricó nada, sino que subcontrató a otras dos que no cumplieron con el trabajo y dijeron no haber recibido el dinero.
La causa se inició a partir de una denuncia del fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani, que se basó en un informe periodístico.
Rívolo sostuvo que la causa apunta a un “plan orquestado” desde despachos de funcionarios públicos para desviar fondos nacionales.
Los recursos estaban destinados a la implementación de un Proyecto Social de Acción Conjunta, cuyo fin era otorgar 165.000 guardapolvos escolares a sectores vulnerables y fomentar el trabajo social productivo.
El entonces ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, firmó un convenio con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada el 28 de febrero de 2023. La cooperativa se comprometió a confeccionar 165.000 guardapolvos por $710.366.250.
Pero la justicia consideró ese convenio “ficticio”, ya que la Cooperativa 15 de Julio no poseía la capacidad ni las máquinas textiles para cumplir con el compromiso.
Se constató en un allanamiento que la cooperativa no funcionaba en su domicilio declarado en Quilmes (Andrés Baranda 3974), sino que allí operaba otra entidad (Pacha Nuestra) dedicada al acopio y distribución de residuos.
La Cooperativa 15 de Julio subcontrató a otras dos entidades, lo que supuso una distorsión de los fines de la política estatal. Subcontrató a Cooperativa Gral. Mitre Manos Unidas Ltda. para el corte, confección y fabricación por 171.385.500 de pesos.
Pero esa tarea era materialmente imposible de cumplir en el plazo estipulado, pues implicada hacer 165.000 guardapolvos en 11 días.
La presidenta de la Coopertiva Mitre, Olga Martínez, negó haber recibido la suma millonaria y afirmó haber fabricado solo unos 3000 guardapolvos.
La otra cooperativa subcontratada es Solutex Ltda. Esta habría facturado 499.127.238 de pesos a 15 de Julio por la provisión de tela, botones e hilos.
Su referente, Itatí Lugos, negó haber recibido esos casi 500.000.000 de pesos y dijo que usaron el nombre de la cooperativa para facturar los montos faltantes.
La División Lavado de Activos de la Policía Federal concluyó que las operaciones analizadas configuran un “circuito de simulación jurídica y fiscal” con pérdida de trazabilidad financiera, retiro en efectivo sin justificación operativa y uso de cooperativas sin capacidad real como “vehículos de encubrimiento”.
Con estos elementos, el juez Casanello convocó a prestar declaración a las autoridades de la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda: Paula Rosana Goroso, presidenta; Mirta Lorena Zafra, secretaria y Yesica Gabriela Goroso, tesorera.
También bien citó a las autoridades de la Cooperativa de Trabajo Gral. Mitre Manos Unidas Ltda: Olga Edith Martínez, presidenta; Matías Sebastián Celano, que también ocupo ese cargo, Lucas Marcelo Acosta, tesorero, y Marcela Verónica Campanella, secretaria.
También a las autoridades de del Cooperativa Solutex Ltda. y Figura Central: Alexis Oscar Lugos, presidente; Gladis María Itatí Lugos, síndico Titular, Mario Gustavo Figueroa, síndico de las Cooperativas de Trabajo Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda.
Figueroa es considerado el “hilo conductor” que une a todas las partes en la trama. Se sospecha que actuó como titular de las entidades y se encuentra limitado en la AFIP por ser presunto emisor de facturas apócrifas. Además, la Cooperativa 15 de Julio le alquiló un inmueble por $21.675.000 antes de firmar el convenio con el ministerio de Desarollo Soscial, una operación calificada de inusual.
Entre los ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social citados aparecen Eliana Rodríguez, asesora Administrativa de la Secretaría de Articulación de Política Social, que fue encontrada en un domicilio ligado a la Cooperativa Solutex Ltda., la cual facturó casi $500.000.000 a la Cooperativa 15 de Julio.
También citaron a Osvaldo Eugenio Minervini; Director de Organización Comunitaria del ex Ministerio de Desarrollo Social. El exfuncionario redactó un informe Técnico de Factibilidad, que para el fiscal resumió el acuerdo y no evaluó la capacidad de la Cooperativa 15 de Julio para afrontar la producción de 165.000 guardapolvos.
También fue citado Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social. Se le imputa haber firmado el convenio y, adendas sin debida justificación, aprobando la modificación de los plazos de entrega sin que el convenio se hubiera cumplido. También firmó recibos por entregas de guardapolvos que no coincidían con la documentación presentada por la cooperativa.
El juez Casanello dispuso la inhibición general de bienes de los acusados, y el congelamiento de sus productos bancarios y de las tres cooperativas implicadas.
Hernán Cappiello,Alberto Fernández,Conforme a,,En Diputados. El catamarqueño Jalil estuvo en la Casa Rosada y se encamina a romper el bloque de Fuerza Patria,,Comisión $LIBRA. La oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra,,Impugnación. Buscan impedir que asuma una senadora libertaria electa por sus vínculos con Fred Machado,Alberto Fernández,,Tras el reclamo de Mirtha Legrand. Fabiola Yañez volvió a pedir disculpas por la foto en Olivos y dijo: «A mi no me vacunaron»,,»Basta de mentiras». Alberto Fernández mostró un documento que prueba que España revocó la autorización de residencia de Fabiola Yañez,,»¿Querés que te mantengan?». Mirtha Legrand interrogó a Fabiola Yañez: la fiesta de Olivos y el ojo morado
POLITICA
El trasfondo del enojo del Gobierno con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate e integrante del círculo rojo
En la Casa Rosada hay muchísimo malestar por el timing en el que ocurrió el anuncio del cierre de Fate, la histórica fábrica nacional de neumáticos de la que es dueño Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del empresariado industrial argentino por ser además dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país.
No es casual que Javier Milei haya publicado esta mañana en su cuenta de X el siguiente tuit: “¿Conspiranoico yo? Fin“.
La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT iba a convocar a un paro nacional por 24 horas a partir de mañana, cuando se trate la reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que impulsa el Presidente busca ser justificada por el oficialismo como un elemento dinamizador para la economía argentina. En tanto, el eje de la agenda de esta mañana estuvo enfocado en los trabajadores de Fate que iban llegando al enorme predio de San Fernando y que se enteraban que se estaban quedando sin su puesto de trabajo.
El trasfondo de la medida que tomó Milei por Fate
Milei ya tenía en agenda para esta mañana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos. Aunque este tema no estaba en la agenda a tratar, estas cuestiones se debieron abordar inevitablemente. El diagnóstico al que arribaron es que hubo una “coincidencia sospechosa” sobre el anuncio del cierre. “Hace meses que están amenazando con lo mismo y justo lo vienen a anunciar ahora”, marcan en el entorno de ambos.
En esa reunión se decidió llamar a una conciliación obligatoria entre Fate y el SUTNA, el sindicato de los trabajadores del neumático. La medida no tiene por finalidad congraciarse con los trabajadores, sino postegar por algunos días los planes del Directorio de cerrar la compañía.
“Sabemos que esto probablemente no vaya a evitar que cierre en el mediano plazo. La va a prorrogar unos días”, reconoció una fuente gubernamental. En los hechos, el directorio ya envió notificaciones de despidos a cientos de los trabajadores de la compañía. También comunicó esta jornada que Aluar compró casi el 30% de los terrenos de la planta de San Fernando -donde se ubica Fate- por un precio de USD 27 millones.
Con esta prórroga, el Gobierno está encareciendo el proceso de cierre de la compañía, que implica el pago de indemnizaciones a 920 personas. Aunque son especulaciones, el efecto podría haber sido deseado y un vuelto por las complicaciones que produjo la noticia de Fate en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral.
En el entorno más cercano del Presidente hablan de que hoy hubo un “principio de revelación” sobre la percepción que tenían de Madanes Quintanilla. Los adjetivos que se le habrían escuchado a Milei sobre su figura no son reproducibles para este artículo.
Para explicar su enojo sin dar menciones directas, en la cúpula del Gobierno utilizan un tuit de Antonio Aracre que cita un extracto de una entrevista del empresario con La Fabrica Podcast en la que que dice “No hay que aguantar, hay que atacar”, en referencia a la solicitud de mejores condiciones de competitividad. En el tuit, el economista marca “Nos quedó claro a todos hoy… ‘hay que atacar’… principio de revelación”.
En el Gobierno dicen que no creen en casualidades. Sin pruebas más que los acontecimientos conocidos públicamente hoy, marcan que habría existido una discrecionalidad debido a que el aluminio no formó parte del acuerdo comercial con Estados Unidos, Así hasta el momento, ese componente tiene un 50% de aranceles para las exportaciones que se hacen a ese país. El canciller Pablo Quirno había dicho días atrás que hay “una voluntad política explícita de revisarlo”.
El Gobierno vuelve a mantener una narrativa de confrontación con un actor importante del círculo rojo. Semanas atrás, el otro apuntado había sido, nada más y nada menos, que el CEO de Techint, Paolo Rocca. El disparador de ese episodio fue una licitación para la compra de tubos de acero para un gasoducto de 480 kilómetros que la multinacional perdió en manos de la india Welspun. La administración libertaria festejó ese resultado inédito y lo tomó como un signo de los nuevos tiempos de apertura económica, los cuales buscan dejar atrás las políticas proteccionistas para muchas industrias.
Pero el enojo de la Casa Rosada con Rocca estuvo viciado por lecturas cercanas a la conspiración, al igual que con Madanes Quintanilla. Milei lo acusa de haber propiciado una suerte de presión devaluatoria durante el período de elecciones de septiembre y octubre del año pasado. El encono es tal que llegó a apodarlo “Don chatarrín de los tubitos caros”, una forma despectiva de asociarlo a los tubos de acero que fabrica la compañía multinacional.
Ni el acero ni el aluminio argentino figuran en la página de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), la cual detalla los sectores englobados en el reciente tratado comercial negociado con la administración de Donald Trump.
POLITICA
Tras el conflicto por Fate, los bloques aliados presionan por más cambios y peligran puntos clave de la reforma laboral
La reforma laboral no terminó de sortear el primer obstáculo y ya suma otro. Mientras el artículo 44 sobre licencias médicas encamina el proyecto de regreso al Senado, los aliados del centro político avisaron que en Diputados también impulsarán otras modificaciones.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.
Sin esos votos, el oficialismo podría perder la pulseada durante la votación en particular. En la Casa Rosada trabajan contrarreloj para evitar más recortes al texto original. Si a las modificaciones que impulsa la oposición se suma la eliminación del artículo 44 -que prevé un recorte salarial ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo- el Senado podría convalidar en paquete, por sí o por no, todos los cambios introducidos. Fue así como se votó la Ley Bases. El ruido político y las críticas de la opinión pública que generó ese artículo condiciona la suerte del resto de la reforma.
El oficialismo, sin embargo, podría invocar un antecedente para abrir la votación en el Senado. Se trata de un acta firmada en 1995 por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora”.
La discusión comenzará a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El debate estará atravesado por el cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que deja alrededor de 900 personas sin empleo y suma presión social al tratamiento del proyecto. Invitados por el kirchnerismo, expondrán representantes de las tres centrales sindicales -CGT y las dos CTA- y se prevé la participación del gremio del neumático, vinculado a la izquierda.
Pese al escenario adverso, el Gobierno mantiene la intención de sesionar este jueves. La meta es que Javier Milei pueda exhibir las reformas laboral y penal juvenil durante la asamblea legislativa del 1° de marzo. Pero el recinto se presenta díscolo y la votación en particular podría deparar sorpresas.
Los libertarios parten de una base cercana a los 122 votos, sumados Pro, la UCR y el MID. Más allá de ese núcleo, los apoyos no están asegurados y buena parte del centro político ya tomó distancia de los artículos más controvertidos.
El rechazo al FAL, tal como está planteado, es compartido por el interbloque Unidos (22 integrantes), parte de Innovación Federal (5) y la cordobesa Natalia de la Sota.
Desde el espacio Provincias Unidas (PU) fueron explícitos. “El FAL desfinancia la Anses, a las provincias y a un sector al que se le pega durísimo hace dos años, que son los jubilados. Pero claro: ¿quién gana defendiendo a los jubilados? Estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos anuales”, advirtió el diputado Pablo Juliano. La jefa del espacio, Gisela Scaglia, confirmó a que impulsarán modificaciones al artículo.
En el Senado, este punto también encontró resistencia entre los representantes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), habituales acompañantes del oficialismo en votaciones ajustadas.
Es posible, no obstante, que los cuatro misioneros alineados con Carlos Rovira e integrantes de Innovación Federal acompañen al oficialismo, como ya lo hicieron sus referentes en el Senado. Aun con esos votos, el Gobierno necesitaría al menos dos avales adicionales para asegurarse la mayoría.
En ese escenario, en la Cámara baja no descartan una herramienta habitual en votaciones ajustadas: reducir el número de presentes para bajar el umbral necesario y facilitar la aprobación. Es una salida funcional para quienes dudan y prefieren evitar el costo político de respaldar artículos que luego podrían ser cuestionados en sus provincias.
El último título (XVI), que propone derogar estatutos profesionales -entre ellos los de viajantes de comercio, peluqueros, periodistas, teletrabajadores, empleados de supermercados, enfermeros y el régimen de mano de obra nacional- también acumula cuestionamientos. La resistencia no proviene solo del kirchnerismo: sectores dialoguistas consideran excesivo el alcance de la eliminación. Ese título fue, de hecho, el que menos avales reunió en la Cámara alta: se aprobó con 38 votos, apenas uno por encima de la mayoría.
Además, el oficialismo deberá lidiar con planteos de sus aliados más cercanos. Pro y el MID insistirán en habilitar que las billeteras virtuales funcionen como cuentas sueldo, una demanda que ya habían formulado en el Senado. El Gobierno la rechazó entonces con el argumento de que, a diferencia de los bancos, muchas fintech no cumplen con las exigencias regulatorias del Banco Central para garantizar respaldo y protección a los usuarios.
Sin embargo, esta propuesta no concita consenso en el resto de los bloques, por lo que su incorporación al texto final aparece, por ahora, cuesta arriba.
el artículo 44,Fondo de Asistencia Laboral (FAL),pic.twitter.com/GrOWEQUjZY,February 11, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,En vivo. Reforma laboral en Diputados: negociaciones, dictamen y las últimas noticias hoy, miércoles 18,,Reforma laboral. El oficialismo quiere sesionar este jueves y aceptaría cambios en las licencias por enfermedad,,Aliados de LLA. El bloque Innovación Federal sumó dos diputados de la mano del salteño Sáenz
POLITICA
El Gobierno presentó un recurso ante la Justicia para evitar que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner
El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Justicia para evitar que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner.
La presentación judicial solicita la revisión de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta.
Leé también: Debate por la reforma laboral en Diputados: hoy se reúnen las comisiones y el Gobierno busca que sea ley antes del 1 de marzo
El beneficio había sido dado de baja a través de la Resolución 1092 a fines de 2024, tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.
En aquel momento, la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria. Por un lado, la pensión como viuda de Néstor Kirchner y, por el otro, la jubilación por haber sido presidenta de la Nación. Sin embargo, la semana pasada la Justicia dejó sin efecto la medida.
“La decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico, motivo por el cual resulta necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria”, especificaron a través del comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano y sumaron: “Dicho resolutorio omite considerar la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta, que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner siendo claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado, demostrando así el fallo recurrido, manifiesta errónea aplicación del derecho”.
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner
Hace menos de una semana, la Justicia dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de Cristina Kirchner.
La Cámara previsional resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión de Néstor Kirchner.
Tanto el juez Juan Fantini Albarenque como el magistrado Sebastián Russo coincidieron en la restitución de la pensión, mientras que la jueza Nora Dorado no votó por estar de licencia.
La decisión llegó después de una apelación que se presentó en noviembre del año pasado. En ese momento, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, había rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.
Leé también: El PRO apoyó la decisión del Gobierno de eliminar el polémico artículo de las licencias médicas: “Era absolutamente inhumano”
Ahora, en su fallo, los jueces remarcaron que ANSES no podía dar de baja el beneficio de la pensión, sino solo suspenderlo.
El tribunal también sostuvo que fue incorrecto quitarle ambos beneficios “por cuestiones de honor”, como había argumentado el organismo previsional.
En cambio, la Cámara avaló que se le diera de baja la jubilación como presidenta, ya que la condena judicial habilita esa medida.
Este fallo permite que la expresidenta volverá a cobrar la pensión como viuda del exmandatario, que hace dos años rondaba los 8 millones de pesos, aunque no recuperará la jubilación por haber sido presidenta, que seguirá suspendida por la condena en la causa Vialidad.
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