POLITICA
Indagaron a los responsables del partido de Espert por desmanejos con los fondos en la campaña de 2019
Los responsables del partido Unite con el que José Luis Espert fue candidato a presidente en 2019 fueron indagados por el fiscal federal Ramiro González que les pidió explicaciones por el desmanejo de los fondos partidarios que hicieron que la agrupación fuera sancionada por no poder justificar el dinero que ingresaba.
Los que comparecieron ante el fiscal Ramito González son la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro y su padre Antonio Montenegro, pues ambos eran responsables financieros del partido Unite. En aquella campaña, Espert utilizó el avión y una camioneta vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
La agrupación fue sancionada por no poder justificar fondos de campaña. Montenegro dijo al fiscal que confiaba en las autoridades partidarias y que su misión era hacer política. En todo caso, figuraba en ese cargo como parte de una formalidad, pero descargó su responsabilidad en José Bonacci, primer responsable económico del partido y padre de la diputada nacional Rocío Bonacci.
“Nosotros confiamos en los apoderados, que eran los que manejaban el dinero. Confiábamos en las autoridades del partido”, dijo Lucía Montegero, según las fuentes judiciales consultadas por .
Por su parte, el padre de Lucia Montenegro, Antonio, pidió posponer su declaración para más adelante, cuadro pudiera interiorizarse de los detalles del expediente. Esta es una causa de la justicia electoral: los partidos deben presentar una rendición anual de fondos y en años electorales, una rendición de sus gastos de campaña.
El partido Unite fue sancionado y se rechazaron sus rendiciones de cuentas porque no se explicaba el origen de los fondos recibidos. La Justicia le prohibió recibir aportes públicos, en virtud de lo establecido por la ley de financiamiento a los partidos. A partir de ahí se activó este proceso donde los responsables económicos son indagados por el fiscal y si entiende que hay elementos para acusarlos realiza un juicio oral, en este caso ante la jueza María Servini, con competencia electoral.
En 2021, el fiscal González en 2021 ante estas inconsistencias que motivaron la sanción del partido presentó una causa penal que es la que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano. En ese expediente declaró el propietario de una empresa aérea cuyo avión fue utilizado en campaña por Espert, mientras se define si el diputado nacional seguirá siendo investigado aquí, en Comodoro Py, o en la justicia federal de San Isidro, donde lo denunció el candidato del kirchnerismo Juan Grabois.
El que declaró fue Horacio Rodríguez, de la firma Med Aviation, que fue interrogado por la fiscal Alejandra Mángano. A pesar de las expectativa puestas en esta declaración, al final del día el aporte del testigo fue de contexto sobre el funcionamiento de la empresa, pero no sobre los viajes de Espert en la aeronave, porque el empresario estuvo vinculado con la firma antes de que se produjeran estos vuelos, dijeron fuentes judiciales a .
Rodríguez fue citado en relación a 36 vuelos documentados de Espert en aviones de esa empresa durante 2019 y que se vinculan a su relación con “Fred” Machado. Med Aviación tenía el uso de uno de los aviones de Machado, que está detenido en prisión domiciliaria desde 2021 en Viedma, Río Negro, mientras se resuelve su extradición de los Estados Unidos.
Espert hizo en ese avión siete de los 36 viajes registrados entre abril y agosto de 2019, cuando era candidato. Axel Vugdelija, uno de los pilotos que llevó a Espert, declaró hace dos años que su relación era con Machado y que le pasaban la lista de pasajeros. Ahora el caso se reactivó cuando surgieron sospechas de la actividad del empresario y se ratificó el interés de los Estados Unidos por su extradición.
En declaraciones públicas, Espert había dicho que la organización y los gastos de la campaña eran del partido. Pero el titular de Unite, José Bonacci, lo negó: argumentó que los vuelos y la relación con Machado eran de Espert.
La declaración de Bonacci en esta causa, que se prevé en breve, será explosiva y parece apuntar a Espert. El expediente electoral y el de los viajes tomaron impulso cuando se produjo al denuncia de Grabois y se acreditó una transferencia a Espert de 200.000 dólares. Ahora debe definirse si la causa penal contra el diputado libertario como supuesto partícipe de lavado de dinero queda en Comodoro PY 2002, donde ya avanza desde 2021, o si queda en el juzgado de San Isidro de Lino Mirabelli, pues allí la planteó Grabois por la dirección de Espert.
A pedido del juzgado de San Isidro se certificó la causa de Comodoro Py 2002, con lo que es de esperar que si se establece que se investiga lo mismo, el caso quede en la ciudad de Buenos Aires. Esto es así porque manda el criterio del que empezó a investigar primero y tiene más avanzada la causa.
En el expediente de la fiscal Mángano está puesto el foco en el uso de aviones. Y en el de Mirabelli se sumó la transferencia de 200.000 dólares, pero todo puede ser parte de la misma maniobra de lavado de dinero. Y el delito precedente sería el narcotráfico.
sancionada,Hernán Cappiello,José Luis Espert,Conforme a,José Luis Espert,,Reseteo electoral. El Presidente desembarca en Mar del Plata y LLA apuesta a remontar con Santilli como nuevo primer candidato,,Santilli por Espert. La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuánto cuesta reimprimir las boletas y si tiene las partidas para hacerlo,,»La mezzosoprano Lilia Lemoine». El «show» en medio del caso Espert: Milei salió con covers de rock nacional junto a Karina, Bullrich, Petri y Martín Menem
POLITICA
“Es su responsabilidad”: el Gobierno le respondió a Axel Kicillof, que había acusado a Milei por el ajuste en la salud bonaerense
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al gobierno de Javier Milei de provocar un deterioro en el sistema de salud bonaerense, a raíz del ajuste en el presupuesto sanitario nacional en medicamentos, vacunas y otros insumos. En ese contexto, desde la gestión libertaria le respondieron con crudeza y señalaron es “exclusiva responsabilidad” de la administración que encabeza mandatario provincial opositor.
En una suerte de segundo capítulo de la confrontación entre Milei y sus adversarios políticos, tras la cadena presidencial de este domingo, la álgida discusión arrancó ayer en la apertura de sesiones del período parlamentario en la Legislatura bonaerense. En ese marco, Kicillof hizo un duro diagnóstico sobre la situación sanitaria en el distrito, y atribuyó el deterioro a los recortes del Poder Ejecutivo.
“El ajuste y la desregulación que implementó Nación impactaron duramente en el sistema sanitario provincial. Menos financiamiento, menos transferencias, más abandono”, sostuvo Kicillof en su intervención desde La Plata.
El mandatario argumentó que durante el último período se “redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud”, y que la política de desregulación y el aumento de precios en medicamentos dejaron a numerosos ciudadanos sin cobertura privada ni obra social. “Cerraron casi 300 empresas privadas de salud” y advirtió sobre el impacto social de la crisis: “La mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes, y cayó 9 % la dispensa de medicamentos”.
Para el gobernador, los recortes configuran “una desgracia y una catástrofe”, con un resultado que es evidente: “Más presión sobre el sistema público y peores indicadores sanitarios”. “Vemos con preocupación el crecimiento de la mortalidad infantil y la mortalidad materna y de los casos de sífilis, sarampión y hepatitis A, entre otros. La motosierra y el abandono tienen consecuencias trágicas”, concluyó Kicillof.
La reacción de la Casa Rosada ante los reproches fue inmediata. La Oficina de Respuesta Oficial rechazó las acusaciones y le asignó la responsabilidad de la crisis sanitaria a la gestión de Fuerza Patria. “La Provincia de Buenos Aires administra su presupuesto, su red hospitalaria y su obra social. IOMA depende del gobierno provincial. Las decisiones sobre su financiamiento, sus deudas y su funcionamiento son responsabilidad directa de la gestión bonaerense”, remarcó.
A través de las redes sociales, el organismo del Poder Ejecutivo encargado de rebatir las críticas hacia la gestión de Javier Milei planteó que “la salud pública bonaerense depende del gobernador y (es) su exclusiva responsabilidad”.
Además, desde la cúpula libertaria le recordaron a Kicillof que la provincia de Buenos Aires «destinó $57.565 millones en pauta oficial sólo desde el Ministerio de Comunicación Pública». “Además, asignó miles de millones de pesos a políticas de género y a estructuras administrativas que no son prioritarias frente a una crisis profunda en el sistema sanitario», agregó.
“Los recursos existen. Lo que está en discusión es cómo se administran y qué se prioriza”, interpeló Oficina de Respuesta Oficial. “Si IOMA está quebrada y hay deficiencias en hospitales o dificultades presupuestarias en salud, la responsabilidad es provincial. No se resuelven trasladando culpas ni señalando al Presidente Javier G. Milei”, finalizó el texto.
En una suerte de anticipación de esa respuesta desde Casa Rosada, el gobernador resaltó en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias que “no hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico”. De lo contrario, lo que termina pasando es que “cada provincia o sector quede negociando migajas o administrando la caída”.
“Ninguna provincia se salva si el país se hunde”, remarcó y denunció como un ataque al federalismo los recortes en las transferencias, la paralización de obras y la centralización de las decisiones fiscales. Y propuso, en clave electoral, “ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional”.
“El modelo de país para el que trabajo es una Argentina justa, libre y soberana, mucho más integrada y con un pueblo orgulloso y feliz. Lo que estamos discutiendo ahora es el futuro: porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con mucho amor a la patria”, concluyó.
POLITICA
Organismos de DD.HH. afines a Cristina Kirchner pidieron flexibilizar sus condiciones de detención
Organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo reclamaron este martes que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa realizada en un anexo de la Cámara de Diputados, sostuvieron que a la expresidenta no se le garantiza la igualdad ante la ley si se compara su situación con la de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto en sus casas sin limitaciones de visitas.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y quedó firme tras la revisión de la Corte Suprema, lo que habilitó el inicio de la ejecución de la pena. Por su edad -tiene más de 70 años- el tribunal le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Los convocantes -entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y Actores y actrices argentinas- anticiparon que enviarán una nota al Tribunal Oral Federal N° 2 para solicitar la revisión de las restricciones impuestas. El TOF 2 está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
“Basta de internas”, repitieron varios expositores, en un llamado a la unidad del peronismo.
Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S. Capital, abrió la conferencia. “Cristina Kirchner es inocente. Está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas. No hay ningún preso en la Argentina que tenga estas condiciones. Lo dispuesto por el TOF 2 viola el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación”, afirmó.
Según detallaron, la expresidenta solo puede recibir visitas dos días por semana, durante dos horas cada día, con un máximo de tres personas por jornada. Cada visita requiere una autorización judicial previa, con indicación de día y horario.
“Mientras a Cristina le restringen las visitas y sus derechos políticos, hay genocidas condenados por torturas, violaciones, apropiación de menores y homicidios que cumplen sus condenas en sus casas, en countries, sin ningún tipo de limitación”, señalaron los organizadores. Sostuvieron que no existe una norma que obligue a imponer esas restricciones y calificaron la decisión del tribunal como “arbitraria”.
Durante la conferencia se proyectó un video con ejemplos de represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que gozan de arresto domiciliario sin restricciones. Entre los casos mencionados estuvieron Alessandro Domingo Agostino, Miguel Ángel García Velasco y Randolfo Luis Agusti Scacchi.
El ejemplo más desarrollado fue el de Jorge Antonio Olivera, condenado por secuestros, torturas, violaciones y homicidios, quien -según el video- celebró sus 50 años de casado con una fiesta para 60 invitados. Los organizadores subrayaron que todos los casos mencionados fueron juzgados por el mismo Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tomó la palabra para sostener que la expresidenta es “víctima de lawfare, como Lula en Brasil” y pidió “derecho e igualdad”. “Que le saquen la tobillera a Cristina. Es una acción represiva psicológica”, afirmó. “Basta de internas”, pidió. “Tenemos que unir voluntades y trabajar por su liberación”.
Guillermo Pérez Roisinblit, por Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó “igualdad de trato y no discriminación”. La cantante Teresa Parodi sostuvo que “Cristina es inocente” y afirmó que “está presa la democracia”. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, pidió “libertad para Cristina y para Milagro Sala” y llamó a demostrar la unidad “con los hechos”.
El cierre estuvo a cargo de Pisoni, quien leyó el tramo final de la nota que enviarán al tribunal: “Solicitamos que este tribunal evalúe la razonabilidad de las restricciones señaladas y considere su revisión a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.
En la primera fila participaron los diputados y senadores Vanesa Siley, Jorge Taiana, Germán Martínez, Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Carlos Castagnetto, Mario “Paco” Manrique, Matías Molle, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Andrea Freites y Mariano Recalde. También estuvieron presentes Leopoldo Moreau y Florencia Saintout.
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POLITICA
Causa por la evasión de $19.000 millones: la Justicia rechazó el pedido que hizo «Chiqui» Tapia para suspender su indagatoria
La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en medio de la investigación por presunta evasión de más de $19.000 millones.
El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, que argumentaron ante la Cámara que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Pese a esos fundamentos, este martes, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.
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La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.
El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada.
La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.
Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.
Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia
ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
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ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Qué pruebas complican a Tapia y la AFA
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.
También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.
Chiqui Tapia, AFA
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