POLITICA
Indignación contra intendente que creó una tasa para reparar los daños generados por el temporal

La insólita medida fue anunciada por el intendente de la municipalidad de Zárate, municipio que quedó sumergido este fin de semana tras las intensas lluvias.
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La falta de obras públicas clave, el casi nulo mantenimiento infraestructural, y los más de 300 mililitros caídos en apenas unas horas generaron que Zárate quede bajo el agua, incluyendo sus principales avenidas. Las rutas 6 y 9, el viaducto de 4 metros que lleva el nombre de un exintendente peronista fallecido, Oscar Felipe Morano, fueron algunos de los escenarios que más se inundaron.
Esto mismo generó que el partido sea declarado como «zona de catástrofe» y que el concejal del Partido Justicialista, Leandro Matilla, describa la situación como «muy angustiante«. Para el edil, la municipalidad de Zárate no estaba preparado porque la actual administración arrastra una deuda en infraestructura descomunal, lo cual quedó en evidencia. «Se requiere una inversión enorme para repensar cómo debe urbanizarse Zárate, con desagües efectivos y relocalización donde sea necesario», sintetizó en una entrevista radial.
Ante este panorama devastador, el intendente de dicho territorio, Marcelo Matzkin, elevó una particular propuesta para intentar solventar los costos que los destrozos generados por el temporal demandarán. Sin bien aún no hay una suma precisa ni estimativa de cuánto costará, este lunes, desde el centro de evacuados, Matzkin firmó el decreto 237 «por medio del cual se crea la Tasa Voluntaria de ‘reconstrucción Zárate 2025′» con el que las empresas y personas podrán canalizar donaciones en una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Además de ello, ese mismo decreto también suspendió todo aumento salarial para los funcionarios desde directores a intendentes hasta el año próximo, «los mismos serán depositados en el fondo especial para la reconstrucción», informó el jefe comunal no sin antes invitar al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Zárate a adoptar la misma iniciativa y otorgar una exención de dos años «en toda tasa municipal a los hogares de las zonas afectadas».
Si bien algunos de sus seguidores celebraron la iniciativa, otros salieron al cruce con criticas como: «No, que la plata la ponga el gobernador de la provincia (por Axel Kicillof) y los senadores que tienen sueldos obscenos. A la gente no se le puede pedir más porque, de hecho, va a comprar con su dinero, el de estas donaciones»; ¿Y cuándo empiezan las obras públicas para mejorar e instalar desagües y cloacas?», lanzó otro.
«La plata debería tomarse de los impuestos que nos cobran», dijo otro internauta que recibió docenas de likes en su descargo. La mayoría de los cuestionamientos desembocan en la ausencia de obras públicas en estos últimos años y los aumentos impositivos del que los vecinos son víctimas. Si en este tiempo no se realizaron las obras necesarias para evitar estas crecidas, ¿qué garantiza que ahora sí se realizarán?
También hubo quienes comprendieron que esta escasez de inversión en infraestructura se debe a los recortes del gobierno nacional, precisamente de la cancelación del programa de obras públicas que ordenó el mandatario Javier Milei. «Nadie te echa la culpa de nada, esto es el resultado de años de abandono, pero en el barro con la gente no te vimos. Dejate de embromar con la campaña del alías y el CBU, la reconstrucción de las viviendas tiene que venir de Nación -en todo caso-, ¡pero no de la gente!», aseveró un elector de Matzkin que reconoció su decepción.
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A 44 años de la guerra de Malvinas. El Gobierno refuerza lazos con Gran Bretaña, pero sin avances en el reclamo de soberanía

Este jueves, a las 10 de la mañana, el presidente Javier Milei estará, por tercer año consecutivo, en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, para homenajear junto a miembros de su gabinete, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas a los soldados argentinos caídos en la guerra por las Islas Malvinas, de cuyo inicio se cumplirán ese día 44 años.
Al igual que en los dos aniversarios anteriores, y según fuentes oficiales, el presidente Milei renovará en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Vínculo que durante su gobierno ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
En medio de un contexto convulsionado por la guerra en Medio Oriente, y a pesar de la alianza de ambos gobiernos con la administración Trump (algunos cortocircuitos entre Londres y Washington aparecieron luego del ataque a Irán) algunas señales recientes de acercamiento del gobierno británico con vecinos de la región como Brasil, Uruguay y Chile son miradas de reojo desde el Gobierno, que insiste en la necesidad de flexibilizar el veto británico a la compra de material de defensa, vital para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Los pobladores de Malvinas (kelpers) siguen desconfiando del gobierno argentino, y creen que les aplica una “guerra económica” por medio de las restricciones a los vuelos desde y hacia las islas y otras operaciones comerciales, según un artículo publicado días atrás por el periódico Daily Express.
En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores.
Hubo ya una excepción, negociada con Estados Unidos, para la compra de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un valor superior a los U$S 300 millones. En esa entrevista, Milei también dijo que la soberanía argentina sobre Malvinas “no es negociable” y dio por hecho que visitaría Gran Bretaña en los meses siguientes.
Mientras sostiene la necesidad de ampliar los vínculos diplomáticos –el canciller Pablo Quirno afirmó a en diciembre pasado que el Mercosur debería acordar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña- el intercambio no se detiene.
La semana pasada visitó Buenos Aires la ministra británica para el cambio climático, Katie White, y el próximo mes podría llegar otro miembro del gabinete del primer ministro Keir Starmer. En Londres, la embajadora Mariana Plaza (confirmada en el cargo a pesar de que el excanciller Gerardo Werthein impulsó el pliego del experimentado Luis María Kreckler) llevó adelante la semana pasada un evento de cooperación en materia educativa con autoridades del programa de becas Chevening, financiado por el Reino Unido.
El intercambio comercial bilateral subió levemente en los últimos años, y sigue siendo superavitario para la Argentina. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en febrero pasado Argentina exportó $40,6 millones e importó $32,1 millones desde Reino Unido con un balance de $6,43 millones. Entre febrero 2025 y febrero 2026, las exportaciones argentinas se incrementaron poco más del 9 por ciento, y las importaciones un 16 por ciento.
Pero no todo es armonía en el vínculo. El pasado jueves, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par británica, Yvette Cooper, firmaron un acuerdo de “alianza estratégica” en base al “diálogo político y cooperación internacional, comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y relaciones entre personas”, según expresó Itamaraty en un comunicado luego de la reunión. Según el sitio especializado en Defensa Escenario Mundial, esa alianza –y las avanzadas tratativas de Gran Bretaña con Uruguay para venderle barcos de patrullaje- “aíslan la postura regional de Argentina por Malvinas”.
Desde el Gobierno niegan que estos acercamientos representen una amenaza concreta. Y confían en contar con el apoyo del continente en el reclamo anual de soberanía nacional en Malvinas, que cada junio se vota en el comité de Descolonización de la ONU. Tampoco descartan que la promesa de Milei de visitar a Starmer en “abril o mayo” se cumpla, más allá de las complicaciones locales del Gobierno y las tensiones que afronta el gobierno británico por la vinculación el designado embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el caso de Jeffrey Epstein.
soldados argentinos caídos,abiertas las conversaciones,para la compra,Jaime Rosemberg,Conforme a
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Nación le pagará a Chubut $48.000 millones por una deuda en las cajas jubilatorias

El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
Leé también: La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario
“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
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Intendentes de todo el país enfrentan al ministro Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles

CÓRDOBA.- En paralelo a que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar las tasas municipales que “no corresponden por ley”, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) reclamó por “la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país”.
Los intendentes plantearon que el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y los municipios. Es el pedido que, hace menos de un año, unió a todos los gobernadores del país.
El Cofein está integrado por 22 ciudades de 16 provincias y realiza presentaciones conjuntas en el Congreso nacional para lograr una “mayor participación de las ciudades en la discusión de políticas públicas”. Este martes se reunieron en San Miguel de Tucumán. En el documento de cierre advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones.
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación -señala el texto-. Pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes. Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.
También hoy Luis Caputo se reunió con los principales referentes del sector supermercadista, encuentro donde -según trascendió- le plantearon su preocupación por la caída del consumo y la mayor presión tributaria municipal. El Ministro señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor. Apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, como Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.
El documento elaborado por los intendentes señala: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”. En esa línea, que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en “incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes”. Insistieron en que debe reformularse el reparto.
En ese escenario pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.
“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, agrega el comunicado que menciona que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y 300.000 personas quedaron en situación de desempleo.
Remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el texto.
De manera presencial participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; de Córdoba, Daniel Passerini; de Santa Rosa (La Pampa), Luciano di Nápoli; de Neuquén, Mariano Gaido; de Cipoletti (Río Negro), Rodrigo Buteler; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rosario, Pablo Javkin; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Castro; de La Plata, Julio Alak; y de Escobar, Ariel Sujarchuk. También participaron el jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani.
De forma virtual se sumaron los intendentes de Mendoza, Ulpiano Suárez; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; y el coordinador de Gabinete de San Juan, César Aguilar. También estuvo Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados.
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