POLITICA
¿Indulto a Cristina?: qué dice la Constitución, qué opinan los juristas y qué propone la Coalición Cívica
La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner reactivó una vieja discusión: ¿puede ser indultada? ¿Es posible perdonar un caso de corrupción con sentencia firme? La respuesta sobre el indulto no es unánime y se ancla en una zona gris de la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 36.
El primero en poner el tema sobre la mesa con fuerza fue el exjefe de Gabinete Agustín Rossi. “En 2027, ¿qué tiene que decir el candidato peronista? ‘No pasará un minuto de mi mandato sin devolverle la libertad a Cristina’”, declaró en AM 530. También propuso reformar la Constitución para modificar el sistema de elección de jueces y reestructurar el Poder Judicial. Aunque no habló expresamente de un indulto, su declaración dejó entrever esa posibilidad.
Más cauto fue Axel Kicillof, quien aspira a liderar la renovación del peronismo con proyección presidencial. Consultado por Cenital sobre si indultaría a la exvicepresidenta, el gobernador bonaerense esquivó una definición tajante: “Creo que también el que recibe el indulto… hubo discusiones de todo tipo”, deslizó, sin cerrar ninguna puerta.
La propuesta no quedó solo del lado del peronismo. El diputado nacional José Glinski, de Unión por la Patria, fue un paso más allá y desafió directamente al Presidente: “Si [Javier] Milei quiere ganarle a @CFKArgentina en las urnas, que use la facultad del indulto”, escribió en redes sociales. La frase, provocadora, apuntó a poner en tensión la legitimidad política de la condena.
La Constitución Nacional introduce una ambigüedad en su artículo 36. Allí establece que los responsables de actos de fuerza contra el orden institucional -como los golpes de Estado- no pueden recibir el beneficio del indulto ni de la conmutación de penas. Sin embargo, más adelante en el mismo artículo, se considera que también atentan contra el sistema democrático quienes cometan “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. En este segundo párrafo no se menciona el indulto, lo que abre el debate: ¿la prohibición del perdón presidencial alcanza también a los delitos de corrupción?
Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, el punto es debatible. “El artículo 36 establece expresamente que no pueden ser indultados quienes cometan atentados contra el orden institucional. Luego, en un párrafo distinto, dice que también atentan contra la democracia quienes incurren en delitos de corrupción con enriquecimiento ilícito. La duda es si la prohibición de indulto del primer párrafo también rige para el segundo. Yo entiendo que sí, pero es un tema opinable”, sostuvo. Y agregó un dato revelador sobre el contexto en el que se redactó esa norma: “Fue el primero que se votó en la Convención Constituyente de 1994, y se aprobó por unanimidad de todos los bloques. Eso muestra la importancia que se le dio”.
De aquella convención participaron dos protagonistas centrales de la escena política actual: Horacio Rosatti, hoy presidente de la Corte Suprema, y Cristina Kirchner, entonces senadora nacional y convencional por el peronismo.
Más categórico es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, autor del libro Defensa del sistema democrático y corrupción (2019). “Las condenas por delitos de corrupción no son indultables, ni conmutables, ni amnistiables. Son atentados graves contra el sistema democrático”, afirma. Para él, el término “asimismo”, incluido en el artículo 36, es determinante: “Quiere decir que esos delitos también quedan excluidos del beneficio del indulto”. En una columna publicada en en 2021, reforzó su posición: “Aceptar que los delitos de corrupción sí pueden ser indultados implicaría considerarlos menos graves que un golpe de Estado. Los constituyentes de 1994 pusieron ambas situaciones en un mismo plano, sin establecer diferencias en cuanto al daño institucional que generan”.
En sintonía se expresa Christian Cao, abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Sostiene que la reforma de 1994 equiparó explícitamente los delitos de corrupción con los atentados contra el orden democrático. Por eso -subraya- no pueden ser objeto de perdón presidencial.
Cao y Gil Domínguez coinciden además en destacar un antecedente judicial que respalda esta interpretación. En 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al entender que constituyen una forma grave de ataque al sistema democrático. La sentencia -basada también en el artículo 36- fue dictada en una causa contra el exjuez federal Julio César Miralles, y estuvo firmada por los magistrados Leopoldo Schiffrin, Olga Calitri y César Álvarez. Como amicus curiae participó Elisa Carrió, quien ya en la campaña presidencial de 2015 había propuesto declarar imprescriptibles estos delitos.
Con ese marco interpretativo, la Coalición Cívica promueve desde hace años un proyecto para cerrar cualquier margen de ambigüedad. La versión más reciente -presentada por el diputado Juan Manuel López y acompañada por Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Victoria Borrego- propone modificar la ley 27.156 para extender de forma expresa la prohibición del indulto, la amnistía y la conmutación de penas a los delitos de corrupción previstos en el Código Penal.
“El artículo 36 establece -desde nuestra perspectiva- una prohibición del indulto y la conmutación de penas, tal como lo prevé su segundo párrafo”, afirma López. Y recuerda que la propia Cristina Kirchner, como convencional constituyente en 1994, avaló esa formulación.
Un dato jurídico relevante completa el panorama: el indulto no requiere la aceptación del beneficiado. Así lo demostró el caso de Graciela Daleo, sobreviviente del excentro clandestino de detención de la ESMA, quien rechazó públicamente el indulto que le concedió el entonces presidente Carlos Menem, sin que eso impidiera su aplicación.
En definitiva, mientras el peronismo explora salidas políticas para revertir lo que considera una injusticia judicial, un sector de la oposición busca blindar por ley la imposibilidad de perdonar delitos de corrupción. En un terreno neutral donde rige la letra constitucional, los juristas vuelven a mirar con lupa el artículo 36.
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POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores
El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
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El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
Sturzenegger defendió la reforma laboral: “Argentina hace 15 años que no crea trabajo”
Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
La CGT advierte que la reforma laboral está “viciada” y pide bajar los impuestos
Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
La entrada El Gobierno negociará con la CGT para evitar que fracase la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
Con el apoyo de los gobernadores, la Casa Rosada apunta a lograr el dictamen del Presupuesto el 15 de diciembre
Con el apoyo de los gobernadores, el Ejecutivo apunta a lograr el dictamen de la Ley de Presupuesto Nacional el 15 de diciembre.
El próximo viernes se terminan las sesiones ordinarias en el Congreso y se espera que se caiga el dictamen del Presupuesto actual. Por ello, el Gobierno planea presentar un nuevo dictamen.
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Para que ese dictamen cuente con los votos necesarios y sea aprobado, el Gobierno lleva adelante negociaciones con los gobernadores y busca conseguir los apoyos necesarios.
Es por eso que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió las provincias durante los últimos días y se reunió para negociar diferentes acuerdos.
Este viernes se encontró con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el próximo martes hará lo propio con el jefe provincial de Misiones, Hugo Passalacqua.
Los encuentros son concretos. Los gobernadores piden obras, dinero, impuestos y coparticipación, a cambio de que sus legisladores voten a favor de un nuevo dictamen de Presupuesto para el año próximo.
Cualquier mínimo detalle acerca de los acuerdos debe contar con la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo.
Este martes hubo en Casa Rosada una reunión de los principales funcionarios de la mesa política del Ejecutivo con Caputo.
Este medio pudo confirmar que se habló sobre la hoja de ruta presupuestaria y sobre las demás reformas que el oficialismo quiere impulsar. También estuvo sobre la mesa el mecanismo para conseguir que todas estas iniciativas se aprueben en el Congreso.
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La fecha límite que pone el Gobierno es el 15 de diciembre, para tratarlo en sesiones extraordinarias. Para ese entonces tiene que estar escrito el acuerdo con los gobernadores.
La letra chica que pretenden los jefes provinciales debe estar redactada para que el oficialismo pueda contar con esos votos.
Se espera que antes de que termine noviembre el ministro del Interior complete las reuniones individuales con los 20 gobernadores que asistieron a Casa Rosada hace tres semanas.
Restan por cumplir con el encuentro Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Presupuesto 2026, Gobernadores
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