El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el gobierno cambiará la forma de medir la inflación en Argentina, lo que implica una actualización en la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según explicó Francos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) finalizó el desarrollo del nuevo IPC, que buscará reflejar con mayor precisión los cambios en los hábitos de consumo y asegurar una medición más ajustada del impacto de la inflación en el costo de vida.

El Ministerio de Economía informó que, en marzo de 2025, el INDEC culminó los trabajos técnicos y metodológicos necesarios para la implementación del nuevo índice, que incluye consultas y pruebas técnicas. Actualmente, el organismo se encuentra a la espera de los avales institucionales para iniciar la campaña de sensibilización y alfabetización sobre el nuevo IPC. “El Instituto continúa realizando análisis técnicos sobre la estabilidad de los precios para garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales”, detalló el Ministerio de Economía.

Por otro lado, y a pesar de haber adelantado de manera informal que habría 70 respuestas a las 120 preguntas relacionadas con el caso de la criptomoneda $Libra, Francos decidió no responder argumentando que estas serán tratadas en una sesión especial programada para el próximo martes 22 de abril a las 14 horas. En el informe, se incluyó una aclaración explícita: “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista”. Este anuncio, sumado al retraso en la entrega del documento, intensificó los reclamos de los bloques opositores, quienes cuestionaron la falta de transparencia y la demora en la entrega de información clave.

El informe, que inicialmente fue publicado en la web oficial pero posteriormente retirado, contenía un total de 2.307 preguntas respondidas. Sin embargo, en el mismo se especificó que algunas respuestas aún estaban pendientes y serían cargadas “en el transcurso del día”. Entre los temas que quedaron sin respuesta se encuentra, por ejemplo, algunas relacionadas con la Hidrovía. En el documento enviado por la Jefatura de Gabinete, las secciones correspondientes a este tema aparecían en blanco.

En cuanto a las áreas abordadas, el informe destacó las medidas adoptadas en materia de reestructuración económica y fiscal. Según detalló el documento, el gobierno mantiene su enfoque en la reducción del gasto público, la eliminación del déficit fiscal y la simplificación administrativa. Entre las acciones mencionadas se encuentran la discontinuación de programas de Aportes No Reembolsables (ANR) y la concentración del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de herramientas como el Certificado MiPyME, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) y el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

En lo que se refiere a las preguntas sobre el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, la salida del cepo y la acumulación de reservas -las preguntas fueron enviadas días antes de que se conociera el levantamiento de las restricciones- ; Francos optó por una escritura con pocas precisiones. Ante la pregunta específica sobre si se preveían desembolsos adicionales para alcanzar la meta de acumulación de reservas por USD 50.000 millones, Francos derivó la respuesta a la pregunta N° 659, la cual no figura desarrollada en el informe público.

En las respuestas quedó en claro una selectividad a la hora de profundizar o evitar dar detalles al respecto. Tanto es así que no brinda detalles del acuerdo con el Fondo, ni estimaciones de tipo de cambio convergente. Lo más cercano a una respuesta es la reiteración de los objetivos macroeconómicos: eliminar el déficit fiscal, reducir la inflación y avanzar hacia un “entorno de libertad económica”.

Otro de los puntos destacados en el informe fue la política previsional. Según el documento, el Ejecutivo presentó estadísticas relacionadas con el Plan de Pago de Deuda Previsional, el otorgamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la reducción del gasto previsional real. Además, se mencionaron medidas para mejorar el acceso a turnos en el sistema previsional, aunque no se hizo referencia a posibles modificaciones en el esquema actual.

En relación con la inflación, el informe incluyó una actualización sobre el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según Francos, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está finalizado y se encuentra a la espera de los avales institucionales necesarios para iniciar una campaña de sensibilización y alfabetización sobre su implementación. Este anuncio busca responder a las críticas sobre la medición de la inflación y la transparencia en los datos oficiales.

El manejo de la obra pública fue otro de los temas que generó debate en el Congreso. Según el informe presentado, el gobierno aseguró que no se están iniciando nuevos proyectos, aunque continúa otorgando contratos en distritos considerados “más amigables”. Este hecho provocó que los legisladores exigieran un listado detallado de las obras en ejecución y las paralizadas. En respuesta, el Ejecutivo incluyó información sobre convenios de traspaso de obras a las provincias y programas de colaboración, como el destinado a mejorar el acceso al agua en zonas rurales.

En cuanto al uso del impuesto PAIS, el informe brindó detalles sobre el estado de las obras financiadas a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Asimismo, se enumeraron los fondos fiduciarios que han sido disueltos, junto con sus normativas asociadas y el destino de los recursos obtenidos. Según el documento, no se han realizado reasignaciones impositivas, un punto que había sido cuestionado por algunos sectores de la oposición.

La decisión de Francos de postergar las respuestas sobre el caso de la criptomoneda $Libra y la entrega tardía del informe generaron fuertes críticas por parte de los bloques opositores. Legisladores señalaron que estas acciones dificultan el análisis y el debate de los temas más relevantes para el país.