La Argentina, desde la recuperación democrática, ha mostrado ciclos políticos que se agotaron y se renovaron cada 20 años, con algunos reformateos parciales registrados cada una década. Este 2025, dominado por la presidencia de Javier Milei, parece encuadrarse bastante eficazmente en ese patrón y mostrar algún paralelismo interesante con el 2005 de Néstor Kirchner. Al menos en sus comienzos. No necesariamente en su transcurso y desenlace.

La elección intermedia de hace dos décadas saldó, por sobre todas las cosas, la disputa interna del partido gobernante y de todo el cuadrante que iba del peronismo a la centroizquierda para abrir paso a la hegemonía kirchnerista. Los comicios legislativos de hace un mes también saldaron las disputas y arrojaron un ganador en el espacio que va del centro a la derecha, más o menos liberal y más o menos antiperonista, y dejaron abierto el camino para el sueño de la hegemonía mileísta.

Si aquella hegemonía resultó posible fue, en gran medida, por una singularidad que se advierte ahora con más parecidos que diferencias. En primer lugar, se registraba una fragmentación profunda de la oposición, sumida en una crisis de representatividad y sinónimo de fracasos previos, que no permitía vislumbrar entonces ninguna amenaza partidaria eficaz.

Al mismo tiempo, se moldeaba un nuevo sentido común en la sociedad, se estructuraba una nueva matriz económica y se adoptaba una política exterior fuertemente signada por afinidades ideológicas, antes que por otras premisas o intereses superiores. Todo ello marcado por el rechazo a un pasado marcado por las frustraciones. Más similitudes.

Milei no es Kirchner, pero el sustrato de sus gobiernos tiene esos puntos de partida en común, una vez superada la primera prueba electoral nacional. Y allí asoma como un elemento central la disgregación de la oposición, convertida en un enorme archipiélago de islas con más o menos cercanías y afinidades entre sí, pero sin ningún proyecto común, más allá de algunas expresiones de deseos.

El único proyecto nacional hoy vigente es más que nunca el del mileísmo, sin siquiera tener ya que discutir los matices con el macrismo en extinción, al que cada día la imagen de los pollitos amarillos en fuga (particularmente en el Congreso) se le torna más oprobiosa. El Pro es hoy menos que lo que era en 2005 el radicalismo, luego seducido y cooptado por la transversalidad kirchnerista.

La LLA es ya más que un aspirante a convertirse en un auténtico continente. Así el heterogéneo archipiélago no mileísta ofrece un sinfín de oportunidades para que Milei avance con sus proyectos y construya esa hegemonía que hoy, por su ADN y sus características estructurales, parece no tan sencillo de lograr, como hizo Kirchner cuando dominó el peronismo y rompió sus fronteras para construir la etapa superior que fue el kirchnerismo, ahora en pleno proceso de remisión.

Las primeras conversaciones para avanzar con la aprobación del presupuesto muestran que al Gobierno se le han franqueado varias puertas que el 8 de septiembre, después de la durísima derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, parecían destinadas a cerrarse. La sorpresa tiene efectos más contundentes que lo predecible.

Similar, aunque todavía más lejano y muy dependiente de las negociaciones para el tratamiento del presupuesto, es el horizonte que se le presenta a las dos reformas de fondo que el oficialismo se propone conseguir en el primer trimestre de 2026: la trasformación de la normativa laboral, primero, y la fiscal, después.

Milei se ve hoy mucho más cerca de lograr lo que no solo intentaron y no consiguieron, sino que fue parte del principio de su fin, los presidentes no peronistas que lo precedieron: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. En las casas de apuestas paga muy poco la opción de una victoria oficialista, hasta los opositores la dan prácticamente por hecho. Aunque sobren las incógnitas sobre el contenido final que llegará a votarse en las dos cámaras del Congreso.

Demasiadas cosas pasaron desde aquellos intentos, en el país y en el mundo, empezando por el vertiginoso avance tecnológico que todo lo ha trastocado, hasta las conductas individuales, como para que las cosas sigan igual con reglas de otra era y para sujetos que en nada se parecen a los que se proponían regular, proteger y contener esas normas todavía vigentes.

Más aún si a eso se le suma la dimensión del fracaso y el ocaso de las fuerzas políticas que emergieron tanto en 1983, con la recuperación de la democracia, como en 2003, tras el colapso de 2001. Muy especialmente, debe computarse la debacle del peronismo, que ha dejado de ser el significante vacío donde muchos de distintos orígenes e intereses convergían para llegar al poder, ejercerlo y satisfacer sus demandas y las de sus representados. Hoy ha pasado a convertirse en un significado vacío de contenidos. Con esfuerzo todavía apenas es “un recuerdo que da votos”, como dice Julio Bárbaro.

Así el gran contradictor de cualquier reforma laboral a lo largo de cuatro décadas, que ha sido el sindicalismo peronista, se ha quedado con una base de sustentación que solo tiende a reducirse y para la cual carece de respuestas y propuestas.

A eso se añade una crisis de representatividad y liderazgo sin precedentes de esos gremialistas. Si Milei les cobró a los dirigentes políticos su alejamiento de la sociedad, cabe concluir que muchos de los sindicalistas sobreviven en sus cargos porque en la Argentina es más fácil llegar a ser presidente de la Nación que secretario general de un gremio. También es cierto que parece más fácil hacerse de la jefatura del Estado que ser estrella de rock o deportista de elite y que a veces lo primero puede ser el trampolín para la segundo. Milei y Menem podrían oficiar de casos testigo.

Además, los gremialistas de hoy carecen de la fortaleza de aquel soporte partidario que le permitió durante 80 años retroalimentarse y darle curso partidario y legislativo a su condición de factor de poder y de presión. El deambular de algunos de los más destacados dirigentes de la CGT por oficinas mileístas y más de un interés compartido con algunos de sus más conspicuos representantes ponen en evidencia la magnitud de esa debilidad.

Tampoco parece que en esta instancia una parte del empresariado nacional, esa que alguna vez se conoció como “los capitanes de la industria”, “los contratistas del Estado” o “los expertos en mercados regulados”, conserven la fuerza ni los motivos para volver a ser aliados, aunque más no sea circunstanciales, como lo han sido, de la dirigencia gremial tradicional.

La realidad mundial, los cambios en la matriz productiva, el fracaso del modelo precedente y la causa de “Los cuadernos de lo corrupción” parecen estar terminando de bajar buena parte del decorado que quedaba de aquella vieja Argentina, aunque en los cimientos todavía mucho se preserve a instancias, inclusive, de la actual empresa de demoliciones mileísta.

No obstante, el Gobierno, por sobreestimación de sus capacidades, voracidad y errores de cálculo (algo que ya ha exhibido) podría activar el instinto de supervivencia si estas especies en riesgo de extinción, pero aún vigentes, se vieran amenazadas con su efectiva desaparición y lograran encontrar algún flanco débil en su depredador.

En ese punto radica una de las grandes discusiones que se dan dentro del oficialismo entre maximalistas que van por todo y posibilistas que prefieren la prudencia.

Entre las advertencias sobresale la que indica que la combinación de una industria nacional en crisis, la retracción del consumo, la concentración de riqueza y la contracción del poder adquisitivo es un campo de juego en el que pueden converger los que en la mira del Gobierno están destinados a divergir. Incluidos legisladores y gobernadores de diferentes procedencias, con distintas realidades y disímiles tradiciones, proyectos políticos y hasta económicos.

La existencia de un archipiélago no mileísta, integrado por varios opositores de distintas intensidades y propósito, que no conforman una oposición, podría pasar de ser la gran ventaja con la que hoy cuenta el oficialismo libertario a convertirse en un reto de complejo abordaje y resolución. Suele haber túneles en construcción que pasan inadvertidos hasta que asoman los transeúntes de uno y otro lado.

Ese estado gaseoso que ofrece la oposición casi con seguridad no se convertirá en un objeto sólido, pero sí podría aprovechar la fluidez de los tiempos líquidos para articular uniones transitorias de acuerdo con cada temática por discutirse, según sus intereses, convicciones y conveniencias. En eso están. Hasta los que se dejan cortejar y coquetean con el oficialismo, a través de Diego Santilli o todavía de Santiago Caputo, quien sigue manejando efectividades conducentes y resortes de poder.

Eso es a lo que casi con certeza se enfrentará el Gobierno nacional cuando deba adoptar y fijar reglas generales, sean leyes, decretos o decisiones administrativas de políticas públicas, en las que no tenga la posibilidad de hacer un vestuario a medida para cada interesado, que es lo que ha venido prometiendo desde su asunción el sastre Santilli. Pero si todavía “el poncho no aparece”, como dice el gobernador salteño Gustavo Sáenz, el traje mucho menos.

El fin de la semana dejó al oficialismo casi al borde del éxtasis y mucho más a quien es hoy la responsable máxima de la política mileísta, la hermanísima Karina Milei, que apenas si padeció una muestra gratis de los estertores de autoridad que aún conserva en el Senado la vicepresidenta Victoria Villarruel. Minucias de ceremonial y protocolo. Nada que afecte al poder real, sino que, por el contrario, refuerza las asimetrías.

El festivo acto de LLA fue toda una celebración suya y en su honor y el de los terrenales que la acompañan, con el trío de primos y tíos Menem y el armador Sebastián Pareja, en desmedro de las Fuerzas del Cielo caputistas, que siguen paladeando la amargura de la victoria ajena y de la derrota propia.

Es un difícil momento para el gurú y los suyos, imposibilitados de disfrutar a pleno de lo que ayudaron a construir. Son horas de retracción y de reflexión. El futuro se le volvió casi tan incierto para ellos como cuando estaban en el llano. La muralla Karina es inexpugnable, ya que están impedidos de aprovechar las grietas de los escándalos de negocios opacos que la salpican y la podrían debilitar.

Las deserciones sin solución de continuidad en el Pro y en el perokirchnerismo han dejado a LLA al borde de convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados y de poder manejar a discreción la integración y funcionamiento de las comisiones de ese cuerpo, como para avizorar un tránsito bastante despejado de los proyectos del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, como dice un experimentado diputado nacional, “es más fácil llegar a estar al filo de la mayoría que alcanzarla. No valen lo mismo los cuatro o cinco votos faltantes para el quórum o para aprobar una ley, que los 125 que pudiste sumar hasta ahí”.

La reconfiguración del mapa político va de la mano, también, de la transformación del escenario económico y social del país, donde todo sigue siendo precario y lleno de dolencias preexistentes, en un mundo donde los ciclos se han acortado vertiginosamente.

En la última década, en el país y en la región, no se han construido nuevas hegemonías, ni ha habido reelecciones o permanencia en el poder de una misma fuerza política. Todo es más efímero y más exigente.

En el ahora, el continente (y contenido) Milei tiene la ventaja de enfrentar un archipiélago de opositores sin puentes sólidos que los unan. También, implica un reto que, además de determinación, exige pericia y precisión.

Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.

La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Según reveló , ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales −presidida por el libertario Nicolás Mayoraz− y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista.

Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema.

Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos −ligados a la pena prevista para cada figura penal− oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un “plazo razonable”.

Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo −en general, el 62 bis− para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un “flagelo” que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social.

En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.

Además de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici −entonces aún dentro de Pro− propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.

Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.

Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro −la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputados− aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.

Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei −con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actuales−, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.