POLITICA
Intrigas y tensión en la Corte por la condena a Cristina en Vialidad: ¿es inminente una respuesta que la dejaría fuera de cualquier cargo público?
Aún resuenan los ecos del efímero y tumultuoso paso de Manuel García-Mansilla por el cuarto piso del palacio de Tribunales, cuando sus ocupantes se enfrentan a otro grave dilema: ¿hay que analizar la condena por corrupción contra Cristina Kirchner antes de que oficialice alguna candidatura y gane fueros, o es mejor que los serenos plazos burocráticos le eviten a la Corte Suprema de Justicia involucrarse en una de las decisiones más trascendentes de los últimos años?
La agónica disyuntiva planteada en la película Matrix y ahora renacida en los posteos políticos de libertarios y opositores también tiene su reflejo en la Corte: ¿Qué píldora deben tomar sus ministros? ¿La roja, que representa la aceptación de la verdad, incluso si es dolorosa? ¿O la azul, que simboliza la comodidad de vivir en la ignorancia y la ilusión?
Simbólicamente, esas dos pastillas descansan ahora sobre los escritorios de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En sus manos está hoy el destino político de Cristina Kirchner, la persona más influyente de la Argentina en las últimas dos décadas.
La expresidenta y exvice fue condenada por corrupción en el caso Vialidad, durante cuya instrucción, juicio oral y revisión por la Casación Federal se comprobó que durante doce años diseñó, promovió, supervisó y ocultó el desvío de fondos estatales millonarios que terminaron -o al menos pasaron- en los bolsillos de su amigo y socio comercial, Lázaro Báez, a través de 51 contratos de obras públicas que en muchos casos no se terminaban o ni siquiera se hacían, pero se los pagaba antes que a ningún otro proveedor, con sobreprecios y sin controles. Una monumental estructura para defraudar al Estado.
El circuito judicial de ese expediente comenzó con una denuncia de la Coalición Cívica en 2008, se relanzó y enfocó en las obras viales de Santa Cruz desde 2016, fue juzgado en audiencias orales desde 2019, tuvo sentencia en diciembre de 2022 y fue ratificado en segunda en instancia en noviembre del año pasado.
Ese espinel, con todas las garantías del debido proceso, acabó con la sentencia definitiva de la Cámara Federal de Casación Penal. Eso significa que el caso está terminado. La última burbuja de oxígeno que Cristina busca respirar es una queja ante la Corte, para que revise justamente si durante el camino se respetaron aquellas garantías.
Pero ni siquiera este tiro en la noche tiene alguna chance cierta. Durante el transcurso del proceso La Corte ya revisó 24 recursos de queja de la exvice y otros imputados, y ahora tiene 17 bajo estudio. Es decir que el expediente ya pasó por sucesivos y reiterados filtros federales del máximo tribunal. La posibilidad de que sumen o resten alguna mota de polvo al trabajo que durante años se hizo en tres instancias judiciales anteriores es más que remota.
Entonces la pelea es por el tiempo. Cristina sabe mejor que nadie que el calendario es el mejor amigo de los corruptos en la Argentina, a quienes -con la inestimable ayuda de jueces y fiscales venales- les abrió la ansiada puerta de la impunidad. Por eso sembró de recursos y chicanas todo el sumario, y aún ahora los multiplica: fallida la recusación del doctor García-Mansilla porque renunció a la Corte, este lunes ella repitió el truco contra Ricardo Lorenzetti.
Desde luego que ese intento por apartar al ministro será infructuoso, pero la presentación de la ahora titular del PJ inició un nuevo incidente que ahora hay que contestar.
¿Cuál es la excusa de Cristina para darse por ofendida por Lorenzetti? Que el ministro hizo saber que la Corte debería resolver el caso Vialidad rápido, para que una eventual candidatura de la expresidenta -con sus consiguientes fueros parlamentarios- no conviertan cualquier respuesta del máximo tribunal en una boutade, una mera declaración sin aplicación alguna.
«Tenemos la obligación de resolver esto antes de que nuestra respuesta, cualquiera sea, se convierta en un papel inútil. Seríamos vistos como cómplices de la corrupción, unos especuladores que evitan su propia responsabilidad bajo la excusa del papeleo y la burocracia», le escucharon repetir a Lorenzetti en su vocalía. «Además sería un insulto a los 24 magistrados, entre jueces y fiscales, que trabajaron y se la jugaron durante años difíciles, soportando presiones amenazas por hacer justicia. Si no sentenciamos, y Cristina gana fueros, todo ese trabajo y esas penurias habrán sido en vano. Sería intolerable».
Lorenzetti clama por evitar la píldora azul y afrontar la verdad.
Sus compañeros en el tribunal, en cambio, son más prudentes. «No podemos hacer diferencias entre un caso y otro. Cualquier retraso o cualquier apuro sería injusto. Ahora el expediente está en la procuración, porque el jefe de los fiscales debe analizar los recursos de sus subordinaros. Después se verá acá», coinciden, palabras más o menos. «Cualquier ministro que quiera adelantar algo puede pedir en secretaría el recurso de queja y comenzar a analizarlo. Cada vocalía trabaja sin decir lo que hace. Y está bien. Ahora hay una recusación, es un hecho nuevo. Y como hay tres ministros y Lorenzetti no se votaría, hay que ver si alcanzaría con un voto concurrente e Rosatti y Rosenkrantz, o si habría que llamar a un conjuez para sumar tres.»
La mirada se dirige entonces hacia la oficina de Eduardo Casal. Allí está el reclamo de Eduardo Villar, quien a su vez reitera el pedido de Diego Luciani, para que, ademas del fraude al Estado, a Cristina se la condene también como jefa de una asociación ilícita. Eso duplicaría su pena, hasta los 12 años de prisión. Muy difícilmente Casal desista de esa demanda de todos sus subordinados. Y muy improbablemente tarde mucho en escribirlo. Incluso antes de que termine mayo.
Entonces el expediente quedará «consolidado» para que la Corte resuelva, si es que no aparecen nuevos hechos -recusaciones, quejas- que exijan más respuestas.
Ante cada una de ellas, dos pastillas aparecerán frente a los ojos de cada ministro.
Corte Suprema de Justicia,Corrupción K,Cristina Kirchner
POLITICA
Congreso: el PRO y bloques minoritarios le ponen condiciones al Gobierno para apoyar las reformas
El Gobierno de Javier Milei tiene altas expectativas en el Congreso que comenzará a funcionar a partir del 10 de diciembre, con el recambio legislativo. Allí sumará muchos diputados propios, pero además apunta a afianzar el vínculo con los aliados que logró construir en estos primeros dos años de gestión. Y tal vez, sumar colaboradores ocasionales.
En este sentido, el PRO atraviesa una contradicción: por un lado, vive una suerte de renacimiento político con la gesta de Diego Santilli, primero al ganar en la provincia de Buenos Aires y luego al ser designado ministro del Interior. Pero a la vez perdió varios diputados bullrichistas que pasaron a las filas libertarias. En este contexto, el rol del partido fundado por Mauricio Macri en el próximo Congreso está en revisión.
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“La postura desde el 10 de diciembre de 2023 es acompañar y apoyar todo lo que nosotros defendemos históricamente y mejorar lo que no compartimos”, señalaron a TN desde el bloque PRO en Diputados. Entre las iniciativas en las que difieren con los libertarios se encuentran el DNU de acceso a la información pública, y aquel que le otorgaba mayores fondos a la SIDE. “En esa línea vamos a seguir trabajando”, remarcaron.
Milei tiene en lo inmediato una serie de proyectos clave para la segunda parte de su primer mandato: el Presupuesto y las reformas laboral, tributaria y penal. “Vamos a apoyar”, aclaran.
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Pero también hay un debate interno en el PRO respecto de la posición con el Gobierno de Milei. Mientras un sector del partido impulsa la conformación del interbloque, otros son más reacios. Santilli es uno de los que propicia un entendimiento total con los libertarios, más aún ahora que es parte del Ejecutivo.
El presidente del bloque, Cristian Ritondo, hace equilibrio entre las distintas posturas, aunque aclaró que de momento no es necesario un interbloque, ya que “acompañaron el 85% de lo que propuso el Gobierno”. Pero hay posiciones todavía más críticas como la de María Eugenia Vidal, que siempre puso reparos ante la posibilidad de unificarse con La Libertad Avanza.
La estrategia del PRO: margen de maniobra y posicionamiento a futuro
“En cuanto a lo de los votos, hay una expectativa en tener un bloque más reducido pero cohesionado”, apuntaron cerca de Ritondo a este medio. Y aclararon: “Queremos un bloque independiente, que conserve la identidad del PRO”.
Sin embargo, en las filas del partido liderado por Mauricio Macri se apuran a explicar que no dejarán de acompañar al Gobierno. “Esto bajo ningún punto de vista significa que se retire el apoyo”, explican y chicanean: “Quiere decir que vamos a seguir acompañando como hace dos años, en los que incluso el PRO votó más con el Gobierno que algunos diputados que entraron por las listas de LLA”.
Una de las frases que se profundizó en el último encuentro del Consejo Directivo del PRO este miércoles fue aquella expresión de Macri de que el PRO tendrá un candidato a presidente en 2027. Allí coincidieron en que la intención y el objetivo es que el partido sea competitivo. “En el 2027 no tiene que haber un solo candidato. Tiene que haber candidatos del PRO por todos lados. Es una construcción de abajo hacia arriba”, remarcó una fuente de peso del partido a TN.
La convicción es mantener el apoyo al Gobierno, pero sin descuidar la construcción a mediano y largo plazo en el partido. La intención es ser alternativa, pero con un proyecto concreto de trabajo y gestión. Por eso también la exposición de la reunión en redes sociales con varias declaraciones públicas de sus referentes.
El mensaje es volver a poner al PRO en la discusión política, en un contexto en el que el partido venía más como espectador que protagonista de la escena.
La posición de los bloques más chicos
“Siempre hay predisposición, acordando lo que dijimos de entrada: hay que respetar las tres leyes que votamos: discapacidad, emergencia pediátrica, presupuesto universitario”, manifestaron desde el bloque del MID que conduce Oscar Zago a este medio.
“Estamos hablando, pero incluso hay desprendimientos del PRO y no sé qué van a hacer los que se fueron, si van a sumarse o van a ser un interbloque. Hay varias versiones”, afirmaron. Y sumaron: “Siempre charlamos con los amigos del PRO. Estamos charlando, también hablamos con Santilli. La semana que viene vamos a tener un par de reuniones y vamos a ver”.
Pero ya amplían la red de diálogo: “Hay contactos con otros sectores como la Coalición Cívica, diputados independientes provinciales, el radicalismo que se reorganiza y hasta con dirigentes de Encuentro Federal”.
Congreso de la Nación, PRO, Gobierno
EL CALAFATE.- La montaña de cajas y papeles que se encontraron en la exsede de Austral Construcciones, la empresa que fue insignia del auge y caída del empresario kirchnerista Lázaro Báez, demuestra que allí funcionaban todas las compañías satélites del grupo, algunas de las cuales, según se probó en la Causa Vialidad, fueron utilizadas para simular licitaciones.
Esta semana, cerca de 200 funcionarios y operarios de la provincia comenzaron a limpiar el predio de 16 hectáreas. “Parece Kosovo”, detalló un testigo a . Mientras mucha de la documentación estaba mezclada y semidestruida, otra aún mantiene el orden de otros tiempos. Arqueología de un pasado no muy lejano.
Entre tanta documentación hay carpetas de la UTE conformada por Austral Construcciones Gotti, y ACSA y Biancalani. Se presentaba juntas o separadas en varias de las licitaciones. Todas pertenecían a Báez. Gotti, fue utilizada por Báez para dar los pasos iniciales en la obra pública. Al final de los ‘90, la constructora contaba con acreencias con el estado de Santa Cruz que no lograba cobrar, por lo cual le cedió a la financiera Invernes todos sus derechos de cobro de certificados de obra pública. Báez ingresó a la empresa como gerente y con la transferencia de los fondos en marcha, Báez fundó Austral Construcciones SA. Desde entonces, las operaciones de Gotti quedaron en manos de Báez. Con los años también adquirió Biancalani.
Las cajas azules con miles y miles de archivos se reparten por doquier. Algunas llevan el rótulo de Kank y Costilla, la empresa que Báez se apropió e el 2007, cuando la voraz actividad en la obra pública ya estaba en marcha. El 95% de acciones las adquirió a nombre de Austral y el 5%, a su nombre. Allí nombró director a su hijo Martín Báez, quien también formó parte del directorio de Austral y lo designó presidente en la empresa Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL. Varias maquinás de gran porte tenían pintado en aerosol las letras KyC, en referencia a la constructora.
También apareció un Certificado de obra emitido por la Dirección Nacional de Vialidad a favor de Austral Construcciones por $ 9.859.096,50 correspondiente a obras en la Ruta Nacional 288 en el tramo Estancia La Julia-Tres Lagos, de 2012. Ese certificado de obra encontrado al azar, en valores actualizados aplicando la Inflación en Argentina (2012 – 2025), equivalen a $3.719.583.820. La obra nunca se terminó.
En otras cajas de archivo se puede reconstruir la historia del Club Boca de Río Gallegos, cuya nueva sede fue construida y donada al club por Báez e inaugurada por Cristina Kirchner en 2011. Hasta que los Báez llegaron a Boca, era apenas un tradicional club de barrio. En la foto se observan facturas de como el Club Boca compraba materiales y realizaba pagos a Austral Construcciones y a Loscalzo y Del Curto. Es decir Báez contrataba y compraba a sus propias empresas. Durante la inauguración, Martín Báez, había asegurado que la donación de la sede “es una de las tantas formas en que nuestra familia demuestra agradecimiento, por lo que ha devuelto al medio al que le brinda trabajo, solidaridad y lealtad”.
Entre 2006 y 2008 hubo por lo menos quince obras de remediación ambiental otorgadas e forma directa a la empresa Austral Construcciones, a las que los fiscales de la causa Vialidad se refirieron como “la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”. Se las consideró “una farsa, un sistema simulado”. Se presupuestaron obras y equipos, y plazos de trabajo que eran “irrealizables” -en esos tiempos y con esa maquinaria-, pero todos los cuales fueron certificados y abonados. Al igual que las redeterminaciones de precios que se aplicaban a las obras que ya tenían sobreprecios.
En las cajas azules y carpetas se observa el nombre de Epelco, una de las constructoras más desconocidas de Báez, domiciliada en Libertad 141 de Río Gallegos, fue a través de la cal compró la casa que los Kirchner habían adquirido en 2003 a poco de llegar a la presidencia. La vivienda era de la familia Gotti y los Kirchner la deshabitaron en 2008, cuando se hicieron frecuentes las protestas sociales frente a la casa vacía. Ese año Báez la compró.
Los tentáculos de la obra pública llegaron hasta Formosa, las hojas anilladas muestran el proyecto técnico del hospital Dr Pedro Insfrán, en la localidad de Laguna Blanca de esa provincia. La licitación para el hospital fue adjudicada a una unión transitoria de empresas (UTE) formada por Austral Construcciones S.A. y Creaurban S.A. Con el tiempo la UTE cedió el contrato a Mateo-Covasa SRL, lo cual fue aprobado por el gobierno de Formosa.
Los biblioratos enuncian en sus lomos información sobre obras en las 3 y la 40, las dos rutas nacionales donde se centraron la principales obras de Báez en Santa Cruz entre 2003 a 2015, en esos años, Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% de las obras se otorgaron a las empresas constructoras de Lázaro Báez. Detrás de estas obras se montó una trama de corrupción que condenó a prisión a nueve procesados. El perjuicio que le provocó la maniobra a la Administración Pública Nacional, según el voto de del juez Mariano Borinsky, fue de 84.000 millones de pesos.
Una maquinaria que luce en mal estado dentro del predio, embargada en el marco de causas judiciales de otras empresas vinculadas a Báez. Muestra el letrero con el que se identificó durante el gobierno de Mauricio Macri a bienes muebles e inmuebles sospechados de ser fruto de la corrupción. Ahora quedará bajo custodia.
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
Milei negó que el Gobierno vaya a eliminar el monotributo y acusó a una editorial de operar en su contra
El presidente Javier Milei volvió este sábado a negar que el Gobierno busque eliminar el monotributo y bajar el piso del impuesto a las ganancias, y acusó a la editorial Errepar, especializada en cuestiones técnicas y profesionales, de difundir falsa información al respecto.
El mandatario apuntó en X a un artículo publicado y difundido por Errepar en la última semana titulado: “¿Adios al monotributo y nuevo esquema para autónomos?”.
El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias
En el texto, Errepar informó que el Gobierno estudia migrar a 3 millones de monotributistas al régimen general con un nuevo esquema de deducciones, unificar el mínimo no imponible de Ganancias y reducir 8 puntos las cargas patronales.
Según la publicación, las medidas surgen de “documentos internos y reuniones con el sector privado”, que buscan avanzar en “al formalización de la economía, con el impulso al mercado de capitales y la sostenibilidad previsional”.
EL ORIGEN DE LA OPERETA
— Javier Milei (@JMilei) November 15, 2025
La nota detalla que la iniciativa contempla la potencial eliminación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), con el traslado de sus contribuyentes al régimen de autónomos y modificaciones en cuotas, deducciones de gastos, umbral mínimo de IVA y un Mínimo No Imponible unificado para Ganancias.
Ante el ruido generado por esta novedad, el Gobierno salió este viernes a desmentir que vaya a eliminar el monotributo.
La entrada Milei negó que el Gobierno vaya a eliminar el monotributo y acusó a una editorial de operar en su contra se publicó primero en Nexofin.
#OPERACIÓN,Editorial,Errepar,Javier Milei,Milei,Monotributo
Congreso: el PRO y bloques minoritarios le ponen condiciones al Gobierno para apoyar las reformas
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