POLITICA
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes
Una estructura delictiva funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI. Actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas.
Según pudo saber de fuentes judiciales, la maniobra tuvo lugar entre 2016 y 2020 en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires. No fueron episodios aislados, sino que se montó un esquema sostenido que articuló la captación de pacientes, la manipulación de registros médicos y la facturación de prestaciones inexistentes o infladas.
El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. En sus últimas medidas, el fiscal se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19.
Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez.
En este caso, aparecen tres “nodos” de imputados: funcionarios del PAMI, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni).
Las fuente consultadas precisaron que dos de los exjefes del PAMI imputados formalmente son Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo.
Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes. Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o “retornos” millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema.
La defraudación se materializaba principalmente a través de la sobrefacturación y la carga de conceptos ficticios en el sistema interactivo de PAMI. Es decir, se indicaba que un paciente había recibido tratamientos o medicamentos inexistentes. Para facilitar este proceso, la familia Cerezo diseñó un sistema informático denominado SIRA (Sistema Interactivo Rafael Arcángel), que permitía migrar datos de forma masiva y cargar prestaciones que nunca se habían realizado.
Las auditorías posteriores revelaron inconsistencias alarmantes en las historias clínicas de los pacientes. En una muestra de 188 casos analizados de un universo de más de 2500, se detectaron 123 expedientes con irregularidades graves en la facturación de días de internación en terapia intensiva (UTI) o unidad coronaria (UCO).
Los pacientes figuraban internados en camas de alta complejidad cuando, en realidad, se encontraban en salas comunes con costos operativos mucho menores, o incluso ya habían sido dados de alta.
La operatoria requería una capa intermedia que permitía intervenir sobre los circuitos administrativos y garantizar volumen en la derivación de pacientes. Ese rol lo cumplía la familia Cerezo, encargada de gestionar los vínculos con funcionarios, diseñar los mecanismos de carga de datos y coordinar la operatoria diaria.
Uno de los dispositivos centrales fue la creación de una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por afuera de los canales formales del PAMI. Esta estructura funcionaba de manera permanente y permitía direccionar afiliados hacia los sanatorios involucrados, alterando el sistema de asignación.
Las comunicaciones relevadas en la investigación —más de 15.000 entre llamadas y mensajes— evidencian que las decisiones sobre el destino de los pacientes no respondían a criterios médicos, sino a la conveniencia económica del esquema.
A través del mecanismo SIRA, se registraban internaciones en unidades de terapia intensiva o coronaria que no se correspondían con la realidad clínica de los pacientes. Auditorías posteriores detectaron que, en una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades graves, con pacientes que figuraban en camas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían sido dados de alta.
La sobrefacturación no se limitó a internaciones. También incluyó estudios y prácticas médicas. Se documentaron casos en los que se facturaron decenas de electrocardiogramas, sesiones de kinesiología o procedimientos complejos sin respaldo en historias clínicas. La manipulación de estos registros era parte del funcionamiento regular: empleados administrativos, sin formación médica, modificaban los datos para ajustar la facturación mensual a los objetivos económicos de la organización.
El volumen económico del esquema fue significativo. Solo en el concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores actualizados a enero de 2026. A esto se suman las prácticas individuales infladas o ficticias, lo que amplía el impacto total sobre los recursos del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados.
Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales.
El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura.
La organización, además, contaba con cobertura legal interna. Una abogada vinculada al grupo intervenía en el diseño de estrategias para afrontar auditorías o eventuales investigaciones, lo que permitía ajustar la operatoria y reducir riesgos. Este componente evidencia que el esquema no solo estaba orientado a maximizar ganancias, sino también a sostenerse en el tiempo.
En el plano judicial, el fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos.
Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza ahora sobre la base de esa reconstrucción, con un volumen probatorio que incluye comunicaciones, registros contables, auditorías médicas y documentación administrativa, y con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas por la Justicia.
Camila Dolabjian,Conforme a
Pasaron dos años desde la última vez en que las organizaciones sociales realizaron cortes en rutas de todo el país. Ayer volvió a suceder. ¿La razón? El Gobierno eliminó el plan “Volver al Trabajo”, una asistencia de 78 mil pesos por mes que cobraban cerca de un millón de personas. En el proceso de “reconvertir el plan en trabajo”, esa cantidad de gente no pudo ingresar al mercado laboral.
El total de la asistencia representa 680 millones de dólares al año. Los cortes de ruta se sintieron —y con fuerza— en Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, además de los accesos a la Capital Federal. Para dimensionar el impacto del recorte, en Chaco cobraban ese “salario” 47 mil personas (ayer se abonó el último pago), lo que implica más de 3 mil millones de pesos que saldrán de la economía.
“Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores”, argumentó Eduardo Belliboni (Polo Obrero) ante la consulta de Infobae. El ajuste y la caída de la actividad económica son hoy los principales problemas que enfrenta la gestión de Javier Milei, más allá de los ruidos políticos y judiciales de funcionarios clave.
Ante esa caída fiscal, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a llamar a gobernadores aliados para adelantar fondos y permitirles cerrar sus cuentas. Los frentes salariales están abiertos en prácticamente todas las provincias. Según el registro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no hubo acuerdo en paritarias de planta permanente. Además, otras 17 no cerraron paritaria docente, 15 tampoco con el sector de la salud y 10 con las fuerzas de seguridad.
Las transferencias automáticas cayeron un 8,1% y el consumo no encuentra piso. Un ejemplo ilustra la situación: un empresario gastronómico de la zona norte del conurbano bonaerense relató a este cronista que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno en una zona de clase media ajustada y otro en una de clase media alta. “El primero cayó un 40% interanual y perdí plata por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo no da abasto por reservas realizadas”. Dos países que conviven.
El martes, mientras los mandatarios provinciales se sacaban la foto en Casa Rosada con Santilli para llevarse fondos frescos, en despachos cercanos se seguía el minuto a minuto del escándalo de Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que aparecieron en las últimas horas —los detalles, ya que lo general sí fue mencionado en su declaración jurada—, esta mañana se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Según pudo saber Infobae, esta mujer, que conoce a Adorni desde hace más de 25 años, lo hará con documentos para certificar que su trabajo fue realizado correctamente. También presentará los préstamos de quienes le vendieron las propiedades al ahora funcionario. La pregunta clave será conocer los plazos establecidos para la devolución de 200 mil dólares y si estos son acordes al flujo de ingresos del jefe de Gabinete.
El jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito en el que vive Adorni y le prestaron 200.000 dólares. Para el lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes le facilitaron 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente.
También resulta interesante observar el accionar judicial. El juez que lleva esta causa es Ariel Lijo. Otra investigación sensible para el Poder Ejecutivo, la de los créditos del Banco Nación a funcionarios, también recayó en Lijo. Dos meses atrás, el 11 de febrero, tras un año de subrogancia, el juez Sebastián Casanello dejó la investigación por ANDIS. La causa pasó a manos de… Ariel Lijo. El juez federal tiene mucho por hacer.
El problema político que se suma es la falta de un vocero sólido para defender al Gobierno en un momento de tensión social. Manuel Adorni sabía hacerlo como ningún otro. Controlaba lo discursivo en medio del desorden. Eso ya es pasado. Por eso, algunos intentan convencer —hasta ahora sin éxito— a Karina Milei de que es momento de soltarlo.
“Estamos perdiendo tiempo. No salimos de esa agenda y se suman otros temas que nos obligan a estar a la defensiva. Ni hablar de la imposibilidad de dar entrevistas. ¿Qué hacemos cuando lo imputen?”, planteó un funcionario con despacho en Casa Rosada.
Balcarce 50 es hoy el epicentro de las noticias y de las internas, más allá del acto de censura al quitar acreditaciones a periodistas. Al igual que en 2012, cuando Jorge Lanata impulsó la campaña “Queremos preguntar”, 14 años después la consigna vuelve a resonar.
Esa sucesión de malas noticias llevó al Presidente a redoblar la apuesta y afirmar que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Para llevar esa idea a la acción, el informe sobre supuestos pagos de la inteligencia rusa a periodistas para desprestigiar a su Gobierno fue tomado como una oportunidad por el oficialismo, que pasó a denunciar “traición a la patria” por parte de algunos medios de comunicación.
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POLITICA
Pichetto sumó a una intendenta a su armado de una alternativa electoral peronista para enfrentar a Milei en 2027
Miguel Ángel Pichetto avanzó esta semana con su estrategia de construir un frente político amplio para enfrentar a Javier Milei en las elecciones de 2027 y sumó a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, a su agenda de reuniones. El encuentro se dio en un momento en el que la dirigente del conurbano empezó a dar señales de proyección provincial y a reclamar mayor protagonismo para los intendentes dentro del peronismo.
“Es importante que el peronismo tenga una figura como ella; una mujer talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”, escribió Pichetto en su cuenta de X, tras reunirse con Fernández. Y volvió sobre la idea de que es necesario que todos los sectores del peronismo vuelvan a dialogar y a integrarse.
La foto se inscribe en una secuencia más amplia. Después de su reunión con Cristina Kirchner, el diputado encaró una serie de contactos con dirigentes de distintos espacios, con la idea de articular una alternativa electoral que no quede limitada al PJ. En ese recorrido incluyó tanto a referentes del peronismo como a sectores que se alejaron del oficialismo libertario.
En ese esquema, Fernández cumple un doble rol. Por un lado, aporta anclaje territorial en la provincia de Buenos Aires, el principal escenario electoral. Por otro, encarna un discurso que empuja a discutir liderazgos sin esperar definiciones desde arriba, en línea con la estrategia de ampliar la base política.
Del armado amplio a la disputa por la Provincia
Horas antes del encuentro, Fernández había explicitado su intención de competir por la gobernación bonaerense y planteado la necesidad de que los intendentes ganen iniciativa política en un escenario sin reelección para Axel Kicillof.
“Los intendentes, intendentas, empezamos a tener un poco más de iniciativa, nos queremos hacer cargo también de la situación y salir a recorrer y proponer”, dijo en una entrevista con Tiempo Argentino, en la que también sostuvo que el peronismo debe abandonar la lógica de esperar definiciones verticales. “Hay una dinámica que hay que cambiar. Como que estamos todos en una fila esperando a ver a quién eligen, a quién señalan, y vemos que no es así. Hay que tener la iniciativa de decir ‘yo puedo ser’”, afirmó y agregó: “Esto hace que distintos intendentes tomemos la iniciativa de empezar a caminar para proponernos para gobernar, pero en un marco por fuera del conflicto interno, más armonioso”.
Su posicionamiento se complementa con el lanzamiento de Reconquista, un espacio propio con el que busca construir volumen político de cara a la discusión bonaerense. La movida la ubica dentro de un grupo de dirigentes que empezaron a moverse ante la falta de reglas claras para ordenar la competencia interna.
Esa discusión interna sumó en los últimos días otro capítulo con la carta que difundió el senador Sergio Uñac, que planteó que el calendario electoral vigente resulta “claramente insuficiente” y propuso convocar a internas abiertas antes de que termine 2026 para definir la candidatura presidencial. Fernández alineó su planteo bonaerense en esa misma dirección.
De las críticas al acercamiento
El vínculo entre Pichetto y Fernández marca además un giro respecto de posicionamientos previos. El diputado había sido crítico de las organizaciones sociales y de sus conducciones, a las que había calificado de “gerentes de la pobreza”, mientras que la intendenta tiene origen en el Movimiento Evita.
Ese contraste no impidió el acercamiento. Desde ambos lados plantearon coincidencias en la necesidad de construir un proyecto de desarrollo con eje en la producción y el empleo, y de articular una alternativa política frente al escenario económico y social actual.
“Para volver a tener un gobierno popular en la nación y continuarlo en la provincia de Buenos Aires, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos”, planteó Fernández. El mensaje quedó alineado con el de Pichetto, aunque el diputado evitó el concepto de “gobierno popular” y habló de un gobierno “comprometido con la gente”. Diferencias de formas y de fondo.
La secuencia de reuniones que impulsa el diputado busca ordenar coincidencias respetando esas diferencias, en un esquema político amplio.
Una red de contactos que cruza fronteras partidarias
La reunión de Pichetto con la intendenta de Moreno se suma a una agenda que ya incluyó a Emilio Monzó y a Carlos Kikuchi (exarmador de LLA en la provincia de Buenos Aires), junto a legisladores bonaerenses que integran el bloque Unión y Libertad. Ese espacio reúne a dirigentes libertarios que tomaron distancia de la Casa Rosada y que en las últimas semanas iniciaron contactos con distintos sectores.
En paralelo, Pichetto apunta a sumar gobernadores y referentes del peronismo con peso territorial, incluso a aquellos que quedaron bajo cuestionamiento del kirchnerismo por acompañar iniciativas del oficialismo libertario en el Congreso, como Martín Llaryora, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. La lógica es evitar exclusiones y sostener un armado más amplio.
Leé también: El Gobierno apeló el fallo que ponía en suspenso la reforma laboral
También aparecen en carpeta dirigentes sindicales. La CGT mantuvo hasta ahora un alineamiento más cercano a Kicillof, pero los cambios en su conducción abrieron una etapa de reconfiguración que distintos espacios buscan capitalizar.
Con dirigentes de recorridos distintos y tensiones latentes, el desafío pasa por transformar ese entramado en una propuesta competitiva sin que las diferencias vuelvan a fragmentarlo.
Miguel Ángel Pichetto, pj bonaerense, PJ, Peronismo
POLITICA
Diputados kirchneristas presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de la Argentina en la guerra contra Irán
Diputados de Unión por la Patria presentaron este martes un proyecto que la Argentina se declare neutral en la guerra en Medio Oriente. La postura del bloque kirchnerista surge luego de las declaraciones de diversos funcionarios del gobierno nacional que expresaron su apoyo a Estados Unidos e Israel en su pelea contra Irán, lo que generó fuertes advertencias de parte de la república islámica a la Argentina.
La iniciativa ocurre a pocas horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán, donde amenazó con eliminar “una civilización entera” si no reabren el estrecho de Ormuz.
El proyecto, encabezado por Juan Marino, incluye la firma de 26 legisladores que piden la neutralidad de la Argentina debido a que “no es parte beligerante en dicho conflicto” y que “no reconoce enemigos en ninguno de los dos bandos enfrentados”.
Además, piden “reafirmar la vocación histórica de paz y compromiso con la solución pacífica de las controversias internacionales” y el hecho de que América Latina y el Caribe constituyen una Zona de Paz, según fue proclamado en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la ONU.
Inmediatamente pide la desautorización de las declaraciones públicas y actos institucionales del gobierno de Milei por “haber sido realizados sin la intervención ni la autorización del Congreso”.
Una de las afirmaciones más potentes de parte del Presidente ocurrió en una charla en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde llamó “enemigo” a Irán y dijo ser “el mandatario más sionista del mundo”.
Tras sus palabras, uno de los principales medios de Irán, Tehran Times, publicó en su tapa una dura amenaza a la Argentina por su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Sostuvo que la administración mileísta se convirtió en “un instrumento del régimen sionista” y de la potencia norteamericana “para impulsar el proyecto de iranofobia”.
Los diputados de UP pidieron desautorizar estas declaraciones de Milei, como también el respaldo institucional de la Cancillería argentina y la Oficina del Presidente a los ataques militares de Estados Unidos e Israel.
Pidieron lo mismo para las declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, al diario El Mundo, donde afirmó que la Argentina prestaría “cualquier ayuda que EE.UU. considere”; las palabras del canciller Pablo Quirno donde no descartó el envío de buques de la Armada Argentina al Estrecho de Ormuz; y para todo acto, declaración o comunicado oficial que “comprometa a la República en el conflicto bélico”.
En tanto, buscan intimar al Gobierno a abstenerse de realizar cualquier acto de colaboración, participación o asistencia directa o indirecta en la guerra, incluida la cooperación militar, logística o de inteligencia. De aprobarse el proyecto, los diputados piden comunicar la resolución a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, a la Celac, y a los gobiernos de los Estados Unidos, Israel e Irán.
Los diputados argumentaron que las declaraciones de la gestión libertaria violan el inciso 25 del artículo 75 de la Constitución Nacional que otorga al Congreso la facultad exclusiva de “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.
“Esta disposición no admite interpretación extensiva ni delegación: ningún acto del Poder Ejecutivo que comprometa a la Nación en un conflicto bélico puede ser realizado sin la previa autorización del Congreso”, sumaron. Para el bloque, el gobierno de Milei actuó “de manera unilateral, comprometiendo a la Argentina en un conflicto bélico internacional sin la autorización requerida”.
“Es deber de esta Honorable Cámara ejercer las facultades que la Constitución Nacional le confiere y pronunciarse de manera inequívoca: la República Argentina es neutral en la guerra contra Irán, no participará del conflicto, y América Latina es y debe seguir siendo una Zona de Paz”, concluyeron.
El proyecto fue firmado por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni, Varinia Marín, Jorge Chica, Juan Carlos Molina, Carlos Cisneros, Cecilia Moreau, Raúl Hadad y Andrea Freites.
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