POLITICA
Investigan a la AFA: la fiscalía denunció irregularidades en el inicio de la causa de Campana y suspendieron la audiencia que iba a definir la competencia
La Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia que había convocado para esta mañana para establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA, si el penal económico, el federal o el juzgado federal de Campana, como quiere la organización del fútbol.
No obstante, el fiscal ante la Casación Mario Villar denunció que la causa de Campana -que está en manos del juez Adrián González Charvay- se inició con un simple mail. El fiscal advirtió que busca “prevenir una manipulación de los órganos jurisdiccionales”.
Villar dijo que es “sorprendente” comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona “sindicada como testaferro” y que se use ese correo para un traspaso que va contra “el principio de juez natural” que está “diseñado para evitar manipulaciones”.
“Me cuesta poder aceptar que esto pueda ser visto, no digo como una atribución correcta de competencia, sino como algo que pueda considerarse, simplemente, dentro del imperio de la ley”, afirmó.
Opinó que las causas contra la AFA por lavado deben tramitar en la justicia federal de Comodoro Py 2002 o, en su defecto, en el fuero en lo penal económico de la Capital.
Permitir que el caso quede en Campana, dijo, “sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad de la atribución de causas poniendo en jaque un principio constitucional como es el del juez natural”.
La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación de suspender la audiencia de hoy se debió a que la exlegisladora Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, pidió que se aparte del expediente a la jueza Angela Ledesma, a quien cuestionó por sus supuestos vínculos con el gobierno de Santiago del Estero.
La suspensión de la audiencia fue decidida por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, que le pidieron un informe a Ledesma y luego de analizarlo, resolverán.
Carrió, como denunciante, habló de “la gravitación” de Ledesma en la política judicial y en la sociedad de Santiago del Estero. Dijo que correspondía que la Casación evaluara si Ledesma “ha tenido vínculos de algún tipo con los acusados y su entorno, contemplando la totalidad de personas humanas y jurídicas que forman parte de autos y que están siendo investigados por los hechos denunciados”.
Esto se relaciona con la incidencia que tiene en la política santiagueña Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los investigados.
No obstante esta decisión, el fiscal Villar se presentó en el expediente y dijo que en este caso se investiga un presunto lavado de activos y un supuesto desvío millonario de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Señaló que la solución es hacer lugar al recurso del fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, anular la resolución de la Cámara Federal de San Martín que dejó el caso en Campana y resolver la competencia a favor del juzgado federal de Daniel Rafecas, que intervino en primer lugar.
Según el fiscal, al tratarse de un delito complejo de lavado de activos a nivel internacional, el fuero federal porteño es el único con la jurisdicción y especialidad material correspondiente, sostuvo.
Sostuvo que si no comparten su punto de vista, entonces el caso debería ir al juzgado 10 en lo penal económico, que está a cargo de Marcelo Aguinsky. Pero por pocos días, ya que es subrogante y será reemplazado por la jueza Veronica Stracchia, designada por sorteo.
Si tampoco se admite esta solución, pidió que manden el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que sea ese tribunal el que resuelva el conflicto de competencia.
Dijo el fiscal Villar que el caso del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, comenzó sin que existiera ninguna denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal.
“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sentenció Villar.
Dijo que con este correo, el juez de Campana habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original para saber exactamente qué delitos se estaban investigando.
Dijo Villar que en 2021 y 2022, ante una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, González Charvay se había declarado incompetente argumentando que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte y que los delitos se habían gestado en la Ciudad de Buenos Aires.
“Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, dijo el fiscal.
Recordó que la mayoría de los actos delictivos habrían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires porque allí está la sede comercial de la AFA, están las sociedades intermediarias, las financieras y allí fue el presunto movimiento de bolsos de efectivo.
Remarcó que tan evidente es la territorialidad porteña que el juez de Campana recurrió a la orden de allanamientos “en extraña jurisdicción” para poder intentar investigar el caso en la ciudad de Buenos Aires.
El fiscal dijo que en esta causa se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.
Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.
Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
El fiscal enumeró que en el caso los investigados son Claudio Fabián Tapia (presidente de la AFA), Pablo Ariel Toviggino (tesorero de la AFA), Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL).
Además, mencionó a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, exdirector de la liga femenina de la AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en Santiago del Estero), Andres Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, Bibop SA, Wicca SAS, Lindor SRL y Servicios Lindor SA.
Se mencionaron también otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EEUU presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche.
Son Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).
Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de la AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Despliegan un operativo de seguridad en la casa de Adorni por una clase pública convocada por la izquierda
La Policía Federal Argentina desplegó un operativo de seguridad este lunes en las inmediaciones de la casa de Manuel Adorni, ubicada en el barrio porteño de Caballito.
La medida responde a una convocatoria de docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quienes anunciaron la realización de “clases públicas” frente al domicilio del funcionario entre hoy y mañana. Fuentes de las fuerzas confirmaron a LANACION que los operativos de prevención y dijeron que durarán hasta que termine la protesta.
Los manifestantes colocaron sillas en la esquina de Miro y Bonifacio en el marco de varios reclamos impulsados por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) que encabeza el militante y estudiante de izquierda Luca Bonfante, junto a gremios docentes como la AGD-UBA. El lugar elegido tiene relación con la controversia en torno al inmueble del funcionario en ese barrio, cuya adquisición no fue registrada en su última declaración jurada.
Fuentes de la PFA confirmaron a que la presencia de la fuerza se mantendrá allí hasta que termina las clases públicas.
Bajo las consignas “En defensa de la universidad pública” y “Aplicación ya de la Ley de Financiamiento Universitario”, la jornada comenzó antes de lo previsto, dado que la convocatoria en redes invitaba a la gente a participar desde el martes 31 de marzo a las 10.
El cronograma incluye ejes sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, macroeconomía y la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado. La iniciativa suma un nuevo capítulo a la confrontación con el Ejecutivo por la actualización de las partidas presupuestarias.
El flyer de la CEFyL detalla: “Nos vemos en Miró. Trae tu silla. Ni glaciares entregados al saqueo, ni educación ni presupuesto. Aplicación ya de la ley de presupuesto universitario. Ley de Glaciares defendamos lo conquistado. No se toca”.
Tal como reveló el 26 de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó otro inmueble a su patrimonio, que adquirió sin haber vendido la propiedad en la que vivía cuando entró en el Gobierno, en Parque Chacabuco.
pudo constatar esta información en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de las dos viviendas en la ciudad de Buenos Aires.
“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el funcionario en la conferencia de prensa que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y la posterior revelación de que Angeletti había comprado una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a fines de 2024.
Adorni escrituró el departamento de la calle Miró en 230.000 dólares que provienen, según la documentación, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.
Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.
Manuel Adorni,n torno al inmueble del funcionario en ese barrio,View this post on Instagram,Tal como reveló LA NACION el 26 de marzo,Manuel Adorni,Conforme a,,Senado. El Gobierno incluyó al hijo de Rosatti y a la esposa del juez del caso $LIBRA en los pliegos para cargos judiciales,,Tensión en la AFA. Procesan y embargan a Chiqui Tapia y Toviggino por evasión de impuestos y aportes,,Bariloche. Absolvieron a una exintendenta en un caso por fraude en la construcción de viviendas,Manuel Adorni,,Documentos. Adorni registró en US$230.000 la compra de su departamento de Caballito y declaró un préstamo de dos particulares,,El ataque como única defensa,,“¿Vos lo filtraste?“. El intento por negar el viaje, amenazas y la entrega de dinero en una clínica: revelaciones de la secretaria del piloto
POLITICA
Causa AFA: los argumentos del juez para procesar y embargar a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos. Los acusa de retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
Además, el magistrado sumó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente de $350 millones cada uno.
Las razones por las que el juez procesó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA
El juez determinó:
- Durante la totalidad del período investigado, Tapia tuvo el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo, máximo órgano de gobierno de la Asociación del Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden a la administración de dicha Asociación y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.
- Del mismo modo, presidió el Consejo Directivo de la Asociación de Fútbol Argentino, órgano responsable de atender y resolver sobre los asuntos de la agenda diaria de la Asociación de tipo administrativo. Cabe aclarar que las decisiones de índole administrativa no deben ser sometidas a consideración del Comité Ejecutivo.
- Tal rol, además, implica la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea y el Comité Ejecutivo, velar por el funcionamiento eficiente de los demás órganos de la A.F.A.
- Asimismo, se encuentra dentro de sus responsabilidades la representación legal de la Asociación resultando ser quien ostenta la firma en su nombre. En tal sentido, es el Presidente quien posee la potestad de celebrar acuerdos, librar órdenes de pago y firmar balances, solicitar préstamos, contraer obligaciones y realizar operaciones de trámite corriente con instituciones de crédito.
Según la investigación, en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia desde los ejercicios 2017 en adelante, aparece la firma de Chiqui Tapia en carácter de Presidente; mientras que del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece al menos 18 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la AFA.
El expediente retoma la declaración de una gerenta de la institución madre del fútbol argentino, que confirmó que es Tapia quien administra la Clave Fiscal. Mónica Viviana Bouvet, titular de la Gerencia de Administración y Control, expresó en sede judicial: “El Presidente es el administrador, yo tengo clave de subadministradora”. No escapa al conocimiento de esta judicatura, además, que Claudio Fabián Tapia ha sido indicado como apoderado y autorizado para operar por las entidades bancarias en las que la Asociación del Fútbol Argentino registra cuentas, más allá de registrar solicitudes de apertura de nuevas cuentas en entidades bancarias y financieras.
Bouvet agregó: “Las tres autoridades principales son Presidente, Secretario y Tesorero. Esos tres cargos firman los estados contables”.
Con las declaraciones y pruebas presentadas en la causa, el juez Amarante concluyó que Tapia tenía conocimiento de:
- La condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino
- Que efectivamente se efectuaban las retenciones relativas al Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, así como también aquellas relativas a las contribuciones con destino del Sistema Único de la Seguridad Social a las que se encontró obligada la contribuyente en su carácter de Agente de retención
- El consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión.
Los argumentos del juez para procesar y embargar a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, argumentó en su fallo por qué el procesamiento y embargo también incluye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA:
- Toviggino revistió el carácter de Vocal titular del Comité Ejecutivo, siendo éste el máximo órgano de gobierno de la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden -entre otras- a la administración de la A.F.A. y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.
- Revistió además el cargo de Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación (al menos a partir de la asamblea del día 19 de mayo de 2020), órgano responsable de atender y resolver sobre los asuntos de la agenda diaria de la Asociación de tipo administrativo. Cabe aclarar que las decisiones de índole administrativa no deben ser sometidas a consideración del Comité Ejecutivo.
- Tal rol, de conformidad con lo establecido por el estatuto, lo situó como responsable del área económico-financiera de la Asociación del Fútbol Argentino, supervisando la ejecución de las decisiones económicas y financieras de la Asamblea, el Comité Ejecutivo y del Presidente, ello a través de las áreas técnicas dentro de la administración de la Asociación que a él responden.
- Asimismo, es responsabilidad del Tesorero la elaboración y presentación del Balance General e inventario, cuentas y demostración del estado de caja.
Como en el caso de Tapia, la firma de Toviggino aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 e idéntica fecha del año 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024.
“Por otro lado, del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Pablo Ariel Toviggino aparece al menos 12 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la Asociación de Fútbol Argentino», aseguró Amarante en su fallo.
Leé también: Mansión de Pilar atribuida a Toviggino: el fiscal presentó un argumento contundente y opinó que la causa no puede seguir en el juzgado de Campana
Finalmente, el juez explica que Tovigginio fue indicado como apoderado y autorizado para operar por las entidades bancarias en las que la Asociación del Fútbol Argentino registra cuentas, además de registrar solicitudes de apertura de nuevas cuentas en entidades bancarias y financieras.
Las medidas dispuestas por el juez para Chiqui Tapia, Toviggino y otras autoridades de la AFA
El juez dispuso una serie de medidas que tanto Tapia como Toviggino deberán cumplir tras el procesamiento y el embargo
- La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
- La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
- La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
- La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.
Amarante procesó y embargó además a los exintegrantes del Comité Ejecutivo de la AFA Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing; Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. Sin embargo, les levantó la prohibición para salir del país.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
El juez Raúl Horacio Ojeda, que este lunes suspendió con un fallo 82 artículos de la reforma laboral que aprobó el Congreso hace poco más de un mes, es un exasesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada, que tiene también un perfil universitario como docente y autor de textos sobre temática laboral.
Entre 2004 y 2012, Ojeda fue asesor de Tomada en asuntos legislativos. Tomada fue el único ministro de Trabajo que tuvo el kirchnerismo. Ejerció ese cargo en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, Ojeda fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que Tomada le reclamaba al gremio de los camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por no acatar la conciliación obligatoria durante un conflicto gremial en el transporte de combustibles.
Ojeda se graduó en abogacía y procuración en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 1991. Cursó estudios de posgrado en las universidades españolas de Salamanca y Toledo. En su currículum, cuenta como experiencias docentes la de ser profesor adjunto regular en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UBA.
El juez laboral es autor de textos especializados en derecho del trabajo, como autor y coordinador. Entre esos títulos, están Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada (que consta de tres tomos); Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cuatro tomos), o Tutela Sindical. Estabilidad del representante gremial.
Titular del juzgado del Trabajo N°63, Ojeda llegó a ese cargo en reemplazo de la jueza María Alejandra D’Agnillo. La magistrada renunció el año pasado y su última decisión de relevancia fue en septiembre de 2024, cuando falló en contra del sindicato de camioneros, que buscaba impugnar un acuerdo entre Mercado Libre y el gremio de Carga y Descarga, con el que mantiene una pelea por el encuadre gremial de los trabajadores. En 2012, luego de ser asesor de Tomada, a Ojeda lo habían designado al frente del juzgado Nº72.
El magistrado que le dio el primer golpe fuerte a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei tiene también actividad como conferencista en universidades. El 3 de junio de 2022, ante un auditorio de la Universidad Nacional del Nordeste, calificó de “nefasta” a ley de riesgos del trabajo, aunque rescató que permitió a los abogados laboralistas “mirar un poco más la Constitución”.
“Por ahí, nos pasamos de mambo y empezamos a pensar que todo lo que no nos gustaba era inconstitucional. Ya vamos a llegar al punto de equilibrio para ver que no hace falta plantear la inconstitucionalidad en todos los casos sino, a veces, la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo de norma más favorable”, dijo el juez en esa charla universitaria.
En otro pasaje de la conferencia, en la que pasó por una diversidad de temas laborales, defendió el derecho a huelga. “El derecho a huelga sale del Pidesc (por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966), que es una norma universal de derechos humanos. El Pidesc también tiene la norma del derecho al tiempo libre”, sostuvo.
Ojeda es también fundador del Grupo de Estudio de Derecho Social. Es vocal de ese think tank que tiene, como uno de sus lemas, “Confiamos en la ciencia jurídica como un medio para la realización de la justicia social”.
El fallo de Ojeda que paralizó parte de la reforma laboral (hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión, es decir, los pedidos de inconstitucionalidad de los 82 artículos que planteó la CGT) fue celebrado por la central obrera. En un comunicado, la CGT opinó que la sentencia es “una medida cautelar que respalda la organización sindical”.
“Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado y ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha en todos los ámbitos institucionales”, se concluyó en el comunicado con el que la CGT festejó el fallo de Ojeda.
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