POLITICA
Investigan a otro juez federal por maniobras de corrupción
El juez federal de Rosario Gastón Salmain está siendo investigado en tres causas judiciales y también en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esa situación lo llevó el viernes pasado a que tuviera que entregar su teléfono celular (un Iphone 17) a agentes de Gendarmería, que fueron a buscarlo a su departamento del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Este magistrado federal se suma a otro excolega Marcelo Bailaque, que está preso en su casa en Rosario, acusado de tramar una extorsión y de proteger al capo narco Esteban Alvarado.
Hay dos situaciones comprometedoras para Salmain que se investigan en Rosario, que se aceleraron luego de que el financista Fernando Whpei, quien también está preso en su domicilio, se presentara como arrepentido en la causa de Bailaque. En marzo pasado, ya se había plegado a esta condición el exjefe de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, quien habría agregado puntos clave a sus declaraciones iniciales.
Salmain también está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió incluir entre sus antecedentes que presentó para concursar como juez, que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. El viernes, la presidenta de la comisión de Disciplina de ese cuerpo, María Alejandra Provítola, pidió que se remitan las causas en las que Salmain está siendo investigado y también los concursos en los que se presentó para verificar si omitió información comprometedora en sus antecedentes.
Salmain está en la mira de los fiscales de Reynares Solari y Juan Argibay, de Procuración de Lavado de Activos (Procelac), por autorizar el 5 de diciembre de 2023 al Fideicomiso Attila SA la compra de 10.000.000 de dólares al precio oficial, en momentos en que regía el cepo. Detrás de ese fideicomiso estaba el financista Fernando Whpei, quien a su vez maneja una serie de mutuales.
La sospecha es que Salmain dio el aval de manera injustificada para que compraran dólares al precio oficial, que después se cambiaban a precio blue en el mercado informal. En ese rulo, Whpei podría haber ganado cerca de 2.000.000 de dólares. En ese momento, el fallo fue apelado por el Banco Central el 11 de diciembre de 2023 y la Cámara de Apelaciones de Rosario falló a favor de la entidad, pero, al parecer, el dinero ya se había adquirido en seis tramos diferentes. Según las fuentes consultadas por , Attila Fideicomisos pudo comprar 10.000.000 de dólares a precio oficial, de ese total autorizado. Un día después de que Salmain autorizara el 5 de febrero la compra de ese monto, el Banco Central le pidió al magistrado que suspendiera la medida. Pero el funcionario decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. De acuerdo a la declaración del arrepentido, Salmain podría haberse quedado con el 15 por ciento de la operación.
A la par de este tema, hay otro episodio que está siendo investigado, que lo tiene al extitular de ARCA Rosario Carlos Vaudagna. A fines del año pasado, Salmain intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que estaban en trámite contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción, en un caso junto al exjuez federal Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado, que no tenía nada que ver con la investigación. Este magistrado había intentado unificar todas las causas que lo tenían a Bailaque y a Vaudagna como principales sospechosos.
Según las fuentes judiciales, Salmain, que tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, podría haber intentado quedarse con esos expedientes que complicaban al ex jerárquico de Arca a cambio de pedirle una suma de dinero.
Estos dos casos provocaron que el equipo de fiscales de la Procelac en Rosario pidieran allanar al juez federal Salmain, quien actúa en el fuero civil, comercial y contencioso administrativo desde 2023. El juez federal Carlos Vera Barros autorizó esa medida, pero surgió una polémica en torno a su decisión. Las órdenes fueron publicadas erróneamente en el Centro de Información Judicial. Después se supo que fue por un error del sistema, según aclararon.
En la justicia algunos sospechan que Salmain se enteró de las medidas y desapareció de su despacho en Rosario. El juez se mantuvo durante 32 horas sin dar novedad hasta que agentes federales lo encontraron en su departamento de barrio Belgrano, en Buenos Aires, y le pidieron que entregue el teléfono. El juez les cedió su iPhone 17, pero sin el patrón de desbloqueo.
Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.
El jueves pasado, el operador judicial Santiago Busaniche fue blanco de cuatro allanamientos, dos en Santa Fe y dos en CABA. Los agentes de la Policía Federal se llevaron su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el Smartphone de Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, que la justicia ya analizó, figuran conversación entre ambos.
En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra otro financista, Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.
Busaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.
Es nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, con vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.
En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra.
Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún porqué hay una orden que viene desde “arriba”, de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.
A la par, se gesta una extorsión contra el financista, de acuerdo a la investigación, que paga cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia, donde aparece con nitidez Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100 mil dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.
El nombre de Busaniche genera pánico cada vez que se nombra, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.
Gastón Salmain,Marcelo Bailaque,se presentara como arrepentido,Germán de los Santos,Corrupción judicial,Consejo de la Magistratura,Conforme a,,Legislativas. La Justicia ordenó informar los resultados de las elecciones por distrito y no exhibir un conteo nacional,,Filtraron audios. Denuncian que un diputado libertario les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios,,Crisis preelectoral. ¿Gana Milei? Las tres preguntas decisivas antes del voto,Corrupción judicial,,“Escucho y me quiero matar”. El tenso cruce entre Cristina Pérez y Valentina Bassi por las pensiones de discapacidad,,La destitución de un juez que puede marcar una bisagra,,Justicia y narcotráfico. La investigación contra el juez Bailaque otra vez quedó acéfala: apartaron al magistrado Salmain
Luego de que el Senado convalidara este jueves el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional que establece una asociación estratégica y comercial entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea.
La sanción definitiva de la norma se produjo este jueves en una sesión especial del Congreso de la Nación y lleva las firmas de las autoridades legislativas Bartolomé Esteban Abdala, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán. Horas después, el Poder Ejecutivo la promulgó la norma a través del Decreto 111/2026, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reunió un amplio apoyo con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluido el kirchnerismo. Obtuvo 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Noticia en desarrollo
Obtuvo 69 votos a favor,,Conforme a,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares,,Paradoja mileísta. Control político y ruido económico,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó en el Senado con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
POLITICA
El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera
El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo al mando de Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.
Como ya lo hicieron el miercoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, facciones trotskistas, y agrupaciones piqueteras marcharán al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la normativa que, sostienen, recorta derechos de los trabajadores y califican de “esclavista”. Esta previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen, a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario.
El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial como respuesta a incidentes anteriores y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.
Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. Incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “elprotocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza” sin importar el grado de masividad de la concentración.
También habrá un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que solo podrá circular del lado del vallado dónde se encuentren los manifestantes, dejando libre el sector en el que estarán acantonadas las fuerzas federales que se posicionarán en paralelo a la Avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
En la misma sesión se tratará la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, que también tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer el Gobierno obtuvo dos importantes triunfos: los senadores aprobaron cambios a la Ley de Glaciares -definirá diputados- y ratificaron el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Voces críticas
“El proyecto de Reforma Laboral y la baja de la edad de punibilidad son dos caras de la misma moneda: un modelo de exclusión. Mientras nos quitan la estabilidad laboral, pretenden tapar la crisis social encerrando a los jóvenes”, argumenta Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur y sostiene que: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”.
La integrante de la organización Territorios en Lucha no es la única voz que se alza contra el proyecto del Gobierno sobre “modernización laboral”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a Infobae: “Esta reforma esclavista es que los compañeros no tengan derechos laborales, y ya estamos en el cincuenta por ciento de los trabajadores que están en esas condiciones, y la reforma libertaria va ha profundizar los grados de informalidad”.
Para el referente social, “lo que se le viene en cotra al Gobierno es que desde la apertura de las importaciones, casi no hay empresas que puedan sostener su productividad porque las importaciones chinas destrozan el mercado”. Castro entiende que esta situación “como en los años noventa, va a profundizar los niveles de conflictividad a futuro”.
El Frente Sindical Unidos (FreSU), integrado, entre otros por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros,convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.
Los referentes del campo popular advierten que factores como la crisis económica y la represión estatal explican la caída de la masividad en las protestasque se advirtieron en las manifestaciones pasadas.
Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció que: “Estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilizació. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”. También remarcó que, pese al endurecimiento de los controles, las organizaciones sociales han sostenido su accionar en rechazo al Gobierno, aunque la represión y las restricciones policiales dificultan mantener cortes y reclamos, incluso respetando los protocolos de protesta.
En la misma línea, Silvia Saravia, describió cómo «la intimidación policial, los allanamientos violentos y los controles en estaciones de tren dificultan la participación en las manifestaciones». Y añadió que “la crisis obliga a muchos a priorizar la subsistencia diaria, lo que se traduce en ausentismo de quienes temen perder el salario por faltar al trabajo”.
La reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en Diputados con 135 votos positivos y 115 negativos. Para facilitar su aprobación, el oficialismo retiró el artículo 44 —relativo al régimen de licencias médicas— durante la votación de los 26 capítulos de la norma, bloqueando propuestas opositoras de modificación capítulo por capítulo. La última palabra la tendrá ahora el Senado.
En paralelo a las diferencias políticas, la coyuntura ha expuesto fracturas internas en el movimiento sindical argentino. La CGT,por ejemplo, no convoco a un nuevo paro general, como ocurrió el jueves pasado aunque sin movilización. El titular de la UOM, Abel Furlán, había exigido públicamente a la CGT convocar un paro de 36 horas si la reforma persistía en el temario parlamentario, reflejando presiones internas y divergencias en el principal bloque sindical.
La organización kirchnerista La Cámpora, anunció a través de sus redes sociales que participará de la protesta y que sus columnas partirar desde horas tempranas desde municipios de conurbano bonaerense como Quilmes.
La jornada de movilización coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la inminente apertura del periodo ordinario, fijada para el 1° de marzo a las 21, día en que Javier Milei se dirigirá a las cámaras legislativas tras haber conseguido la aprobación del presupuesto nacional, un hito que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la media sanción a la modificación a la Ley de Glaciares.
El Gobierno apuesta a consolidar su modelo con la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos ejes resistidos históricamente por el peronismo que hoy avanzan en el Congreso bajo la coalición libertaria.
En el trasfondo, el debate parlamentario se da en medio de una caída sostenida del empleo formal y el cierre de empresas como FATE. El Gobierno enfoca el mensaje en la baja de la inflación y en los beneficios que, según su mirada, implicaría la reforma para formalizar el trabajo y promover el empleo registrado. Las centrales sindicales y los movimientos sociales, por el contrario, califican la reforma como un “retroceso de derechos” y cuestionan la “falsedad de esos argumentos”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo ante una consulta de este medio que “esta reforma laboral nos lleva al siglo XIX, porque habilita el despido sin la responsabilidad de indemnizar” e interpretó que: “la indemnización la va a pagar el Estado con un fondo que se les quita a los jubilados y que van a administrar los bancos privados”. Godoy alertó además que tras la eventual aprobación de la ley el Gobierno avanzaría con una reforma previsional, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de la crisis de recursos que, a su entender, esa medida produciría.
Godoy subrayó la necesidad de “unidad” entre las distintas centrales sindicales y organizaciones productivas e insistió en que “vamos a continuar con una agenda de lucha para mejorar los salarios, defender cada puesto de trabajo ante los despidos y por la soberanía nacional”.
Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la presente reforma laboral como la continuación “de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar”. Aguiar llamó a sostener la resistencia y a no ceder el espacio público: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al gobierno”.
Las manifestaciones se desarrollarán bajo un fuerte dispositivo de control estatal, y la jornada será observada como test sobre el poder real de convocatoria del sindicalismo de base y de los movimientos sociales, y La Cámpora que vuelve a pararecer en escena, después de dos protestas que terminaron en represión policial por el accionar de grupos ultraviolentos que, inclusive, arrojaron bombas molotov sobre las fuerzas federales.
Senado
POLITICA
Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea
El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría. Tras un debate de unas cuatro horas de duración, los integrantes de la Cámara alta se dispusieron a votar el proyecto, que cosechó 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Quienes no acompañaron la iniciativa con su sufragio pertenecen al bloque Justicialista. Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno de los tres mencionados optó por hacer uso de la palabra para explicar los motivos por las cuales se iban más tarde a posicionar en contra.
De Pedro es una de las principales referencias del kirchnerismo dentro del Senado, donde representa a la provincia de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de Alberto Fernández y cofundador de La Cámpora.
Di Tullio, también senadora bonaerense, cuenta además con una extensa trayectoria legislativa. Fue diputada nacional y jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja.
López, de Tierra del Fuego, asumió en la Cámara alta en diciembre de 2023 tras ser designada en reemplazo del fallecido Matías Rodríguez, cargo para el que posteriormente fue electa en 2025. Tiene pasado como concejal.
Desde el entorno de De Pedro señalaron a que el voto negativo obedeció a la convicción de que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y, en particular, para la provincia de Buenos Aires, que concentra una parte sustancial del entramado productivo y del empleo manufacturero del país.
Según explicaron, el tratado aprobado no se corresponde con el que la Argentina buscó durante décadas, ya que —afirman— se limita esencialmente a la liberalización comercial y a la reducción de aranceles, sin contemplar mecanismos robustos de transferencia tecnológica, desarrollo conjunto ni herramientas para compensar asimetrías. En ese sentido, advirtieron que los beneficios proyectados serían “condicionales” y estarían sujetos a salvaguardas que, a su entender, terminan favoreciendo a la producción europea.
También subrayaron que las barreras paraarancelarias y los sistemas de protección vigentes en la Unión Europea podrían restringir el acceso efectivo de los productos argentinos a ese mercado.
Al mismo tiempo, plantearon que una mayor apertura podría afectar a sectores industriales sensibles y, en el mediano y largo plazo, impactar en el empleo y en la estructura productiva nacional.
En la misma línea se expresaron fuentes allegadas a Di Tullio, que dijeron a este medio que su voto busca “defender los intereses de la Provincia”, donde se genera el 45% de la producción manufacturera del país.
López, finalmente, había subido una historia a la plataforma Instagram -antes del debate- donde expresaba: “No estoy en contra del comercio. Estoy en contra de los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego. Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”.
La intención del oficialismo era ser el primer país en ratificar el tratado comercial. Por ello, resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos. Aun así, no lo logró: Uruguay lo consiguió primero con 91 votos a favor y solo dos en contra. Para su entrada en vigor definitiva, requiere todavía la ratificación en Brasil, Paraguay y los países de la UE.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto prevé la creación de una zona de libre comercio que abarcará a unos 700 millones de habitantes y apunta a reducir aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques.
La Comisión Europea proyecta que el acuerdo podría incrementar las exportaciones a América Latina hasta en un 39%, mientras que el Mercosur ampliaría sus ventas de productos como carne, arroz, miel y soja.
A nivel internacional, el tratado cuenta con el respaldo de países como Alemania y España, pero enfrenta resistencias en Francia y otros socios europeos que temen un impacto negativo en sus sectores agrícolas.
La administración Milei, por su parte, celebró su ratificación a través de un comunicado en la red social X: “Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.
“Este Acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, remarcaron.
Y concluyeron: “Constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo”.
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