POLITICA
Investigan por un presunto caso de facturas truchas al dueño del Croque Madame de Recoleta

El gobierno chileno investiga si funcionarios de su embajada en Buenos Aires se beneficiaron a través de un supuesto esquema de pagos a proveedores locales con facturas falsas. Uno de los apuntados adquirió en 2024 el 90% de las acciones del Croque Madame de Recoleta. Según pudo saber , se habrían detectado compras y contrataciones en 2022 y 2023 emitidas desde el área cultural y rendidas a través de facturas hechas a mano, con talonarios impresos en 2014.
“Eventuales irregularidades detectadas en el pago de facturas con recursos de la embajada de Chile en Argentina”, señala un pedido de investigación por parte de la Contraloría de ese país. Este es un órgano encargado de controlar a la administración pública.
Tal cual sostiene dicho documento, la averiguación sobre el manejo de fondos públicos de la embajada chilena en Buenos Aires surge a través de una denuncia interna, “a raíz de eventuales giros de dinero (…) que fueron destinados al pago de proveedores que supuestamente facilitaban facturas materialmente falsas con comprobantes fraudulentos”. De este modo, se busca determinar si los servicios pagos fueron realmente dados y si guardan coherencia con la dimensión del gasto reportado.
contactó a la Cancillería chilena y, a través de ella, a la embajada en Buenos Aires. Desde el organismo señalaron que instruyeron un sumario interno, que están a disposición de la Contraloría y que aportaron toda la información requerida.
Un documento vinculado a la investigación sostiene que los gastos habrían financiado eventos organizados por el Centro Cultural Matta, que depende de la Embajada de Chile en Argentina y se ubica al lado de ella. Dicho organismo habría autorizado casi 50 pagos. Según contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a un pedido de información pública presentado por , el centro cultural recibió transferencias del gobierno trasandino equivalentes a US$668.774 entre 2020 y 2024, y rindió gastos por la misma cantidad de dinero. Pese al pedido de aclarar proveedores y el discriminado de bienes y servicios, la respuesta oficial omitió brindar esa información.
De acuerdo con dicho documento interno de la embajada, se realizaron pagos para cubrir pasajes aéreos, producción de eventos, contenidos audiovisuales, taxis por solo tres cuadras, muestras artísticas y alquiler de equipo técnico, entre otras cosas. Destaca que en varias ocasiones observaron “facturas hechas a mano, sin código AFIP”. Asimismo, describieron que en algunos casos “no existen transferencias”. Es decir, se abonó en efectivo.
Según anunció el fisco argentino, las facturas realizadas a mano y en papel cayeron en desuso desde 2019. Uno de esos comprobantes de pago lleva el sello de la Embajada de Chile en Argentina, está fechado en 2022 y se realizó con un formulario impreso en 2014. Además, tal cual observaron contadores consultados por este medio, el talonario no posee el código especial que habilita a emitir facturas en papel, conocido como Código de Autorización de Impresión (CAI), que emite ARCA. “Esa factura no cumple con ninguna normativa vigente”, analizó uno de los profesionales tributarios consultados.
En consecuencia, plantearon dos grandes interrogantes alrededor de esas facturas hechas a mano. El primero cuestiona si existió una falsedad de forma, que aplica en casos de documentos mal emitidos. El segundo se pregunta si esta situación también reviste una falsedad de contenido. Este es un concepto utilizado para referirse a una supuesta transacción que nunca existió.
Representantes de ARCA explicaron que no existe “inmunidad diplomática” para embajadas en términos impositivos. Lo único que contempla el actual régimen tributario es la devolución del IVA, en los casos que haya reciprocidad. Ese no es el caso entre Argentina y Chile, tal como indicaron desde la Cancillería comandada por Gerardo Werthein. Pese a eso, si hubiera existido tal acuerdo, el tipo de factura emitido no hubiera permitido el reintegro del impuesto ya que sólo lo permite con las tipo A y B, y, en cambio, las tres a las que accedió son tipo C.
Si bien la investigación busca aclarar para qué se utilizó el dinero chileno en Buenos Aires, la historia también incluye dos patas argentinas: el Croque Madame y los proveedores locales que habrían emitido las facturas y recibido los pagos.
El misterio sobre por qué el lujoso restaurante está involucrado en esta trama se devela por el nombre que comparte con la sede diplomática. El Croque Madame se ubica en Callao 1540, mismo domicilio fiscal que Enca Group SRL. Incluso, el CUIT de dicha sociedad coincide con el del ticket que emite el restaurante cuando sus clientes pagan la cuenta de lo que allí consumieron. Solo bastó tomar un café para obtener dicho documento. Según la información comercial de la empresa, publicada en el Boletín Oficial, su principal accionista y gerente se llama Rodrigo Contreras Zúñiga.
El empresario gastronómico también se presenta como “Jefe de eventos y Coordinación Cultural” de la Embajada de Chile en Argentina desde 2018 y “Production Manager” del Centro Cultural Matta desde 2015 en su perfil de LinkedIn. Esto último ha sido confirmado por la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores al pedido de acceso de información. Precisamente, los gastos realizados por este último organismo son los que el documento interno ha puesto en el centro de la polémica.
consultó sobre este tema a Contreras, quien no emitió comentarios hasta el momento de publicación de este artículo. El principal proveedor, según el documento interno de la embajada, es Mauro Nanni, al frente de la empresa MNL Eventos, quien prefirió no contestar las preguntas de este medio. De acuerdo con el relevamiento, le habrían pagado US$23.925 en 2023.
En distintas ocasiones se detalla que las facturas a nombre de Nanni “son hechas a mano”. A su vez, señalaron que no se explica específicamente qué prestaciones fueron contratadas y en dos oportunidades cuestionaron que se haya pagado el mismo servicio dos veces y a dos proveedores distintos en simultáneo. “¿Por qué se paga por un mismo servicio tantas veces?”, se preguntaron los diplomáticos que elaboraron la revisión de gastos.
El caso reviste una naturaleza binacional porque plantea la pregunta sobre qué pasó con el dinero de la Embajada chilena en Argentina. La búsqueda de respuestas generó la apertura de un sumario administrativo en la Cancillería chilena y la apertura de un expediente en la Contraloría, tras el pedido de un diputado de ese país. De nuestro lado de la cordillera, donde se emitieron las facturas presuntamente falsas, no comenzó ninguna investigación.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Schiaretti faltó a la sesión: “no pudo viajar por el paro”, justificaron

CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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jorge sola
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