POLITICA
Javier Faroni y Sergio Massa, una relación de amistad que pasó del teatro a la política y se extendió al fútbol
Javier Faroni y Sergio Massa están unidos por vínculos que comenzaron por el teatro, derivaron en una incursión del empresario en la política, se extendieron al Club Atlético Tigre y redundaron en una relación de amistad muy cercana, que en el entorno de Massa sostienen que se diluyó. Bajo el ala del líder del Frente Renovador, el empresario -titular de una firma contratada por la AFA para manejar sus ingresos en el exterior, que habría girado US$42 millones de esos fondos a sociedades fantasma de Estados Unidos y otras sumas a firmas ligadas a Pablo Toviggino, estuvo a cargo de la programación de un teatro en Tigre, coqueteó con gobernar Mar del Plata y fue diputado provincial.
El inicio del vínculo entre Faroni y Massa es la programación teatral en el distrito de Tigre, donde Massa fue intendente entre 2007 y 2011. Según confiaron a fuentes que conocen el vínculo entre ambos, Faroni fue contratado para programar obras en el Teatro Niní Marshall, un espacio en el que el municipio de Tigre tiene influencia, pero pertenece al Parque de la Costa. Cerca de Massa confirmaron que “el acercamiento fue por el área de cultura”.
El vínculo con Massa, que se inició con esa contratación para programar obras de teatro en el municipio y que luego se prolongó en el tiempo (habría finalizado en 2012), llevó a Faroni, radicado en Mar del Plata, a intentar un despliegue político en esa ciudad bajo el paraguas del Frente Renovador.
En 2013, Faroni emergió como armador político de Massa en Mar del Plata, integró la lista (como candidato suplente) con la que el tigrense se impuso en las elecciones legislativas de ese año y, entre otras actividades, se mostró junto a Massa y Rudolph Giuliani en una visita que el exalcalde de Nueva York hizo a la ciudad balnearia.
En 2015, Faroni estuvo cerca de ser candidato a intendente de General Pueyrredón desde el Frente Renovador, que integraba una alianza denominada Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). Se bajó de esa pelea para ser candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral, banca que logró y en la que finalizó su mandato en 2019. Entre ese año y 2023, fue diputada provincial su hermana Marcela Faroni, desde la boleta del Frente de Todos, sello al que se había incorporado el massismo.
Al no concretarse la candidatura a intendente de Faroni en 2015, lo reemplazó en ese lugar el exsenador provincial de Juntos por el Cambio Lucas Fiorini, hoy integrante nuevamente de las filas del peronismo. La lista massista salió tercera y solo logró una banca en el Concejo Deliberante, que ganó Alejandro Carrancio, actual diputado nacional por La Libertad Avanza. El vencedor en esas elecciones fue Carlos Arroyo, que se postuló desde Cambiemos Buenos Aires.
En 2019, con Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, Faroni fue nombrado director titular en Aerolíneas Argentinas. Fue su última incursión en política: renunció al cargo en 2021. “En algún momento, tuvieron amistad. Al alejarse de la política, en 2021, esa relación se diluyó”, aseguran cerca de Massa. Esa amistad, según fuentes de Tigre y Mar del Plata, incluía visitas familiares de Faroni y su esposa (Erica Gillette, administradora de TourProdEnter) a los Massa.
Faroni también administra la ticketera Deportick, que comercializa entradas para partidos de fútbol. Entre las primeras instituciones con las que trabajó esa firma estuvo el Club Atlético Tigre, en el que Massa tiene fuerte influencia.
Además del vínculo con la AFA a través de la empresa, hay otro lazo de Faroni con la casa madre del fútbol argentino, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la nueva Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino es Manuel Cotado, un hombre vinculado a Faroni en Mar del Plata, que también trabaja en la Cámara de Diputados nacional, donde integra la planta permanente.
consultó a Faroni sobre su vínculo con Massa, pero no obtuvo respuestas. No obstante, tras difundirse la investigación de este diario sobre el presunto desvío de fondos de la AFA a sociedades fantasma desde TourProdEnter, el empresario teatral emitió un comunicado en el que subrayó que “no existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa” que ligue a la empresa o a su titular “con maniobras ilícitas o irregulares”.
TourProdEnter, según el comunicado de Faroni, “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios”.
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La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.
El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.
Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.
El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.
La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.
En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.
El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.
La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.
En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.
El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.
En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.
El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.
La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.
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POLITICA
Diputados de Unión por la Patria proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.
“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.
El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.
Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.
La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.
En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.
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POLITICA
El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en 48 horas
Cancillería declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. La Casa Rosada elevó la tensión con Teherán y le exigió a Mohsen Soltani Tehrani que deje la Argentina.
“La decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las credenciales del diplomático habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
El comunicado fue publicado por el canciller Pablo Quirno y reuiteado por el presidente Javier Milei. Destacó que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
La decisión de la cartera que conduce Pablo Quirno llegó como respuesta a un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
El conflicto con el régimen iraní, de por sí tenso, escaló aún más luego de que la Argentina declarara esta semana como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica. Se trata del poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, sentenció el régimen islámico en un comunicado difundido a través de su embajada en Uruguay.
Allí, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la “acción ilegal” e “inapropiada” del Gobierno libertario, “que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos.
En ese sentido, el régimen sostuvo que la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní“, y advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.
Como respuesta, la Cancillería que comanda Quirno aseguró que “dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento juridico nacional”.
Para el Gobierno, ese agraviante se suma a la “persistente negativa” de Irán de cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, junto con su “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables.
Además, el comunicado argentino destacó como “particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina.
Por eso, el Gobierno enfatizó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y agregó: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, asi como con el pleno respeto del derecho internacional”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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