La reforma laboral impulsada por el Gobierno entra en una etapa clave esta semana, cuando el oficialismo busque avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye cambios en distintos aspectos del régimen laboral y hay varios puntos conflictivos que podrían complicar su aprobación.

Para avanzar con el debate, se convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda. Durante la jornada expondrán especialistas, representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, además de cámaras empresariales, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

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Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.

Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante prácticas deportivas o actividades similares.

En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos- el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.

El nuevo esquema se aplicaría por períodos de tres o seis meses, según la antigüedad y la situación familiar del empleado (si tiene o no familia a cargo), y además incorpora mayores controles. Los trabajadores deberán presentar certificados médicos más detallados y los empleadores podrán solicitar revisiones médicas propias. En caso de discrepancias, podrían intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que amplía la participación del empleador en la determinación de la licencia.

Quienes respaldan la modificación sostienen que apunta a reducir el ausentismo injustificado y a aliviar los costos laborales para las empresas, que actualmente deben afrontar el pago completo del salario durante las licencias. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que el cambio podría implicar una pérdida de derechos para los trabajadores y generar conflictos en la interpretación de las causas de las enfermedades o accidentes.

Otro de los puntos de fricción es la discusión sobre la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara alta.

“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.

El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Esa alternativa había sido incluida en el dictamen original, pero fue retirada tras objeciones de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.

La discusión también expone diferencias dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven posturas dispares sobre el alcance de la reforma. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan el reclamo para reabrir el debate sobre el cobro de salarios mediante plataformas digitales y suman otros planteos.

Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.

El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.

Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.

reforma laboral, licencia, BILLETERAS VIRTUALES

En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.

Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.

Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil

El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.

La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.

La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.

Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.

Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional

El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.

Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.

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Diputados,Reforme Penal Juvenil

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