El debate por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores volvió a ocupar el centro de la agenda política. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y buscó despejar críticas sobre su alcance.

El funcionario remarcó que la reforma no apunta a endurecer penas indiscriminadamente, sino a modificar un sistema que —según sostuvo— hoy no logra contener ni reinsertar a los adolescentes en conflicto con la ley. “La idea no es castigar por castigar, sino dar una oportunidad real de recuperación”, planteó en declaraciones radiales.

En ese sentido, explicó que la discusión pública quedó reducida a la edad, cuando el proyecto contempla cambios estructurales más amplios. De acuerdo con el ministro, el régimen vigente termina dejando a muchos menores sin seguimiento estatal efectivo y en condiciones de alojamiento precarias, lo que favorece la reincidencia.

Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad

La iniciativa establece que solo en casos de delitos graves los jóvenes podrán ser privados de la libertad. Para el resto de las situaciones, se prevén medidas alternativas supervisadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo central, insistió, es la reinserción social.

El funcionario libertario aseguró que el Estado creará establecimientos específicos para adolescentes, distintos de las cárceles comunes. Allí, los jóvenes deberán asistir obligatoriamente a la escuela, aprender oficios y participar de actividades deportivas, además de contar con acompañamiento psicológico y control judicial permanente.

“Quien comete un delito tiene que entender que hay consecuencias, pero también necesita herramientas para no volver a hacerlo”, explicó el ministro. Según detalló, el programa incluirá participación activa de las familias y seguimiento posterior para evitar que los menores regresen a entornos delictivos.

El funcionario también adelantó que habrá presupuesto asignado para implementar el nuevo régimen. La administración nacional prevé financiar infraestructura, personal especializado y programas educativos, aspectos que el Gobierno considera clave para que la ley funcione en la práctica.

La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto generó un fuerte cruce político en el Congreso. Sectores de la oposición cuestionaron la medida por considerar que criminaliza la pobreza y no ataca las causas profundas de la violencia juvenil, mientras que el oficialismo sostuvo que la normativa busca cerrar un vacío legal existente y brindar herramientas tanto a la Justicia como a las víctimas.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El resultado será determinante para definir si Argentina modifica uno de los puntos más sensibles de su legislación penal juvenil, un tema que reaparece de manera recurrente cada vez que un delito grave involucra a menores de edad.

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El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.

“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.

En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.

Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.

El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.

Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.

El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar

Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.

Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.

Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.

En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.

Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.

“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.

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