En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.

A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.

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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».

Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.

Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.

La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.

El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.

La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.

A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.

La denuncia de Fabiola Yáñez

En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.

Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.

La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.

El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.

Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia

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El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, luego de que la Justicia comprobara la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se desarrollan en los distritos de Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares. Entre las empresas alcanzadas por las medidas judiciales figuran RDA y Sur Corralón. Además de las detenciones, el objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.

La Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas, dedicada específicamente a borrar pruebas y ocultar documentación sensible. El expediente, que tramita bajo la órbita de Armella e Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre pasado se activó un protocolo de emergencia orientado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.

La estructura de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de la empresa. La investigación pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien envió un mensaje a “Juan Soler” con una instrucción concreta: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La orden tenía un objetivo preciso: inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de las operaciones financieras que hoy están bajo la lupa judicial.

Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. Ese peritaje forma parte de un trabajo más amplio ordenado por el juez Armella, que involucra a distintas áreas especializadas del sistema judicial: la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.

A partir de allanamientos previos realizados en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, esas operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y a empresas fantasma, utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Hasta esta mañana, los investigadores continuaban analizando el contenido de los teléfonos celulares para determinar si contienen pruebas que confirmen las sospechas sobre el circuito de lavado y la eventual responsabilidad de los principales involucrados. Los allanamientos de hoy siguen en pleno desarrollo y, según indicaron funcionarios judiciales, durante las diligencias se está secuestrando abundante documentación. La causa se inició en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia ante la fiscal Cecilia Incardona por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.

En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con serios problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR, que habrían participado en las operaciones sospechosas que hoy son materia de análisis judicial. Con cuatro detenidos, tres indagatorias en puerta y una estructura interna señalada por la Justicia como pieza clave en el intento de borrar rastros, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación.