La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda que presentó la provincia de Chubut contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de dos leyes centrales del marco regulatorio eléctrico —la 15.336 y la 24.065— que, según la administración local, restringen el dominio provincial sobre sus recursos naturales y condicionan la operación de la central hidroeléctrica Futaleufú.

La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reconoce que el tribunal tiene competencia originaria para intervenir en el expediente —identificado como CSJ 41/2024— y corrió traslado al Estado Nacional para que responda el planteo en un plazo de 60 días. También dejó asentado que tendrá presente el pedido de medida cautelar presentado por la provincia, una vez contestada la demanda.

El gobernador Ignacio Torres, que encabeza la presentación junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, sostiene que las normas cuestionadas lesionan “de forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, incluyendo los cursos de agua.

El planteo cobró dimensión política y económica desde junio de 2025, cuando venció la concesión de la represa Futaleufú, otorgada en 1995 a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por Aluar. La provincia reclama ser reconocida como la única autoridad legitimada para disponer una eventual prórroga o una nueva licitación.

La central fue construida entre 1971 y 1978 en el noroeste del territorio chubutense para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso del tiempo se transformó en una de las principales fuentes de generación de la Patagonia y en un activo estratégico dentro de la transición energética.

El fallo del máximo tribunal implica un aval formal al reclamo de Chubut y deja planteado un escenario con impacto potencial más allá de Futaleufú, en un contexto en el que otras provincias patagónicas también reclaman mayor control sobre la administración de sus represas y recursos naturales.

El juicio por el caso de los cuadernos de la coimas reúne, por primera vez en la historia argentina, a quienes fueron considerados como los funcionarios más poderosos hasta hace 10 años, incluida Cristina Kirchner, con los empresarios que manejaron durante décadas la obra pública en el país.

Entre ellos se cuentan los máximos responsables del ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio De Vido y donde se centralizaba la obra pública, y las concesiones ferroviarias, el transporte y las autopistas.

Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.

En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.

El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.

El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.

Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.

En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime.

Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.

También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.

Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar.

También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.

Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.

Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.

Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.