POLITICA
La Justicia laboral dio lugar a una medida cautelar presentada contra un decreto del Gobierno

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 63 dio lugar a la medida cautelar que presentó la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FETIA) en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25.
“Desde sus inicios el Gobierno pretendió limitar derechos constitucionales esenciales como el de la libertad sindical y el derecho a huelga de las y los trabajadores. Este nuevo fallo de la justicia laboral que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la FETIA es fundamental para garantizar el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales que rigen en nuestro país en materia laboral y de otros derechos consagrados en nuestra legislación”, sostuvo Wasiejko, secretario general de la federación.
Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del escándalo $LIBRA, como se denominó al negocio cripto que causó pérdidas millonarias a sus inversores, reapareció para promocionar cursos sobre inversiones, que se venden como una forma de “enseñar a pensar”.
“Veíamos cómo personas sin formación recomendaban estrategias que no entendían, y eso nos preocupó; así nació la idea de N&W”, promociona Novelli en una publicidad, con formato de artículo periodístico, publicada el jueves pasado en Crónica.
Fue una mañana única. La lluvia torrencial no impidió que los principales referentes del mundo inmobiliario dijeran presente en el evento más convocante del sector. El encuentro de Real Estate organizado por , festejó su décimo aniversario y reunió a más de 400 referentes del mercado, que aprovecharon para hacer networking y escuchar las charlas en las que se anticipó la agenda del sector.
En plena disputa entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, señalada por el propio mandatario como “traidora” por habilitar la semana pasada una sesión en el Senado en la que se aprobó un aumento jubilatorio, entre otros proyectos, un medio de propaganda del Gobierno salió a la carga contra la titular del Cámara alta y la abordó durante una recorrida en Catamarca. “No sentís que traicionaste a Milei?“, le recriminó un notero de La Derecha Diario.
El incómodo episodio ocurrió este viernes mientras la número dos de Milei se disponía a recorrer el Predio Ferial de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el marco de las celebraciones por la Fiesta del Poncho.
Agosto será un mes político agitado, tanto para el Gobierno como para los gobernadores. No solo porque podrían tratarse en el Congreso los vetos que Javier Milei ya prometió sobre la ley que actualiza jubilaciones y la que declara la emergencia en discapacidad (entre otros proyectos) sino porque, en simultáneo, cierran los frentes electorales y las listas de candidatos nacionales para los comicios de octubre (el 7 y el 17 de ese mes).
Así, lo parlamentario y lo electoral, irrumpirán con fuerza apenas culminen las dos semanas de receso invernal en el Congreso, que se inician hoy.
Si bien la Casa Rosada apunta a estirar los plazos lo máximo posible -y dilatar el tratamiento de los eventuales vetos de Milei a las leyes que salieron del Senado con impulso opositor- ya hay algunos movimientos, sutiles, para romper el hielo con los gobernadores, que hoy están unidos en su reclamo de fondos para las provincias y atraviesan en un pico de tensión con el gobierno nacional.
El 51,21 por ciento de los casos que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia en 2024 son recursos de la Anses contra las demandas de los jubilados que reclaman reajustes de haberes.
Esta es una de las conclusiones del Anuario Estadístico 2024 que presentó hoy la Corte Suprema y que puso a disposición del público en su sitio web.
En 2024 ingresaron a la Corte 45.678 nuevos casos judiciales. Los organismos públicos son los principales recurrentes y, entre ellos, la Anses, que lidera en cantidad de expedientes, con 23.414.
Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) de la ciudad de Salta renunció a su banca luego de haber sido denunciado por su expareja, una militante del partido, que lo acusó en la Justicia de pedir múltiples favores sexuales a cambio de dinero.
El acusado es Pablo Emanuel López. Fue el primero en la lista de La Libertad Avanza para el Concejo Deliberante de la capital en las elecciones de 2023. La denuncia, que relata un cuadro de hostigamiento permanente, fue realizada por la convencional municipal Estela Méndez Valero, séptima en aquella lista.
La diputada nacional libertaria Emilia Orozco confirmó a que López fue expulsado del partido.
El Gobierno anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA). Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según informó, se transferirán el 90% de las acciones que tiene el Estado en la empresa a capitales privados.
“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, detalló el portavoz del presidente Javier Milei ante la prensa.
Luego de que se conociera la noticia de que una empresa de seguridad privada ligada a la familia Menem, y que tuvo a Martín -titular de la cámara de Diputados y uno de los aliados más cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- como accionista hasta diciembre de 2023, ganó una licitación pública multimillonaria, el vocero Manuel Adorni se refirió al tema y destacó que lo ocurrido no es una novedad en tanto la firma trabaja desde hace años con el sector público. En ese marco habló de una “operación mediática”.
“Hace muchos años efectivamente que esta empresa brinda servicios, no tenemos mucho más para decir. Si hay alguna irregularidad, alguien se presentará en la Justicia pero no creemos que sea el caso”, destacó el funcionario de Javier Milei durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.
Tras ello apuntó a los medios al marcar que no debe ser más que “una operación periodística que no tiene demasiada relevancia” y destacó, para justificar lo ocurrido, que la firma que resultó ganadora en el concurso «hace seis o siete años» que presta servicios al Banco Nación. Luego dijo que también trabaja con otros organismos públicos y en el sector privado.
El 51,21 por ciento de los casos que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia en 2024 son recursos de la Anses contra las demandas de los jubilados que reclaman reajustes de haberes.
Esta es una de las conclusiones del Anuario Estadístico 2024 que presentó hoy la Corte Suprema y que puso a disposición del público en su sitio web.
En 2024 ingresaron a la Corte 45.678 nuevos casos judiciales. Los organismos públicos son los principales recurrentes y, entre ellos, la Anses, que lidera en cantidad de expedientes, con 23.414.
Los casos de jubilados se multiplican porque el Estado tiene la política recurrir en todos los casos ante los fallos adversos de la Cámara de la Seguridad Social.
Luego de ocho meses de que salieran a la luz las hipotecas divisibles para proyectos en desarrollo, finalmente el Gobierno reglamentó la implementación de estos préstamos. Se trata de una novedad muy positiva para el mercado, ya que son préstamos dirigidos a financiar la compra de inmuebles en construcción o de lotes, algo que prácticamente todavía no existía en el sector inmobiliario argentino.
A través de la Resolución Conjunta 2/2025 de los Ministerios de Economía y de Justicia, publicada ayer en el Boletín Oficial, se dispone que “podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”.
En otras palabras, tal como difundió la página oficial del Gobierno, la medida permite que, a partir de ahora, «cualquier persona pueda acceder a un crédito a largo plazo, para financiar la compra de un desarrollo inmobiliario en construcción (conocido comúnmente como “pozo”) o de un lote en un barrio, incluso antes de la subdivisión de terrenos». Aseguran que tendrá las mismas condiciones que las de una propiedad terminada, de tal manera que se facilite el acceso a la vivienda desde las primeras etapas de un proyecto.
El Gobierno anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA). Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según informó, se transferirán el 90% de las acciones que tiene el Estado en la empresa a capitales privados.
“El Gobierno tomo la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, detalló el portavoz del presidente Javier Milei ante la prensa.
El Gobierno desplazó al empresario Miguel Blanco de su cargo de titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el máximo organismo de control interno de la administración pública nacional.
Blanco, empresario, estaba desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Antes de asumir había sido muy crítico del kirchnerismo como dirigente de entidades empresariales. Fue director de Swiss Medical y de The Exxel Group, presidente de IDEA y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial (FCE).
La Sigen es un organismo de control y auditoría interno que depende del Poder Ejecutivo.
Por Javier Fuego Simondet y Matías Moreno
Las definiciones de candidaturas en Fuerza Patria, la alianza que conformó el peronismo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre, y La Libertad Avanza, el frente que integran Javier Milei y Pro, están envueltas en especulaciones que anticipan un cierre frenético la medianoche del próximo sábado, cuando vence el plazo para presentar las listas de senadores y diputados provinciales, concejales municipales y consejeros escolares.
En las ocho secciones electorales hay nombres que suenan, condicionados por las negociaciones en toda la provincia entre los principales espacios.
En un nuevo aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos, el titular de la entidad, Osvaldo Armoza, reclamó al Gobierno acciones concretas junto a los países de la región para evitar la “infiltración” de Irán, país al que denunció por lo ocurrido aquel 18 de julio de 1994.
Acompañado por su hermana, la secretaria general, Karina Milei, y parte del Gabinete, el presidente Javier Milei lo escuchó desde la parte delantera del público, rodeado por sus equipos de seguridad.
“Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales“, planteó Armoza.
Tras superar las causas judiciales que enfrentó en el último tiempo, como la investigación por enriquecimiento ilícito, que concluyó con la confirmación de su sobreseimiento por el paso del tiempo, según lo confirmó en marzo la Cámara de Casación, el exjefe militar César Milani mantiene presencias esporádicas en espacios vinculados con el peronismo y con el campo “nacional y popular”. Su expectativa es construir una “causa nacional” que pueda incluir a sectores peronistas y expresiones del campo popular.
Así lo manifestó el exjefe del Ejército y hombre fuerte de la inteligencia militar durante la presidencia de Cristina Kirchner, con quien no tiene contacto alguno, como explicó el propio Milani en recientes apariciones públicas.
El otrora hombre fuerte de la inteligencia militar enfrenta ahora el pedido del fiscal Eduardo Taiano para citar como testigos a un centenar de militares del área de Inteligencia por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este viernes ante la Justicia de ese país el apoyo a la Argentina en la causa YPF. La decisión -que había sido adelantada por – se efectivizó a través de un amicus curiae presentado por la madrugada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Este respaldo, que llega luego de que obligaran al país a entregar 51% de las acciones de la compañía, se suma a otro que el Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la jueza Loretta Preska en defensa de la posición local, que es contraria a ceder la participación en la petrolera.
“El Tribunal debería suspender la orden de transferencia [de las acciones] a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”, pidieron desde el gobierno de Estados Unidos en el documento, al que accedió este medio.
Por Jaime Rosemberg
En la esquina de Pasteur y Viamonte, la comunidad judía conmemorará hoy a las 9.53 el trigésimo primer aniversario del atentado a la sede de la AMIA, y recordará a las 85 víctimas fatales y los centenares de heridos del segundo y más mortífero ataque del terrorismo fundamentalista en suelo argentino.
Al igual que el año pasado, estará entre los asistentes el presidente Javier Milei, acompañado por la mayor parte de su gabinete. Además de homenajear a las víctimas, Milei reafirmará su apoyo al Estado de Israel, que al igual que la Justicia argentina sostiene que Irán estuvo detrás del atentado de julio de 1994, que redujo a escombros el edificio comunitario, causando además cerca de 300 heridos.
Miles de manifestantes se desplazaron desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo en la llamada Marcha Federal de Salud. A las consignas de apoyo al Hospital Garrahan, cuyos residentes, profesionales y empleados reclaman hace meses mejores condiciones, se sumaron otras “en defensa de la salud pública” y de “todos los sectores vulnerados por el gobierno nacional”. Además de los médicos del hospital pediátrico de Parque Patricios, marcharon gremios, agrupaciones políticas y organizaciones. Hacia el cierre de la jornada, mediante la lectura de un documento frente a la Casa Rosada, pidieron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
La licitación pública por $4000 millones en la que resultó preadjudicada la empresa de seguridad privada de los hermanos de Martín Menem para proveer vigilancia privada al Banco Nación no es el único contrato que puede rastrearse entre la administración nacional y el entorno del presidente de la Cámara de Diputados.
Un socio de Menem en el rubro de los suplememtos dietarios obtuvo un contrato para brindar soluciones informáticas en Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está intervenida por el Poder Ejecutivo desde agosto de 2024.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la manera en que se produjo el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) —instrumentos herederos de las Leliq y las Lebac, en las que los bancos depositaban sus excedentes monetarios de corto plazo— produjo “una elevada volatilidad en el mercado”.
Sin embargo, consideró que, con la colocación de deuda extraordinaria que hizo el Tesoro Nacional (la que se liquida este viernes), la economía volverá a estar en un “equilibrio monetario”.
El funcionario se presentó en el canal de streaming oficialista Carajo, en el programa “Las Tres Anclas”, que conducen otros miembros del equipo económico, acompañados por militantes e influencers libertarios, en lo que fue su primera aparición pública en esta semana de turbulencia en el mercado.
Por Alejandro Horvat
Lucía llega al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con una valija amarilla, una mochila al hombro y una bolsa de recuerdos. Su vuelo parte rumbo a Madrid. En el mostrador del check-in una agente le coloca una etiqueta con un código de barras. Parece un trámite menor, pero ese adhesivo activa una maquinaria de precisión que, bajo tierra, cuenta con unos tres kilómetros de cintas, sensores y brazos robóticos. Sin saberlo, Lucía acaba de poner en marcha una secuencia silenciosa que llevará su equipaje hasta el avión y le permitirá encontrarse con sus cosas en el Aeropuerto de Barajas.
Por Hernán Cappiello
El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, la mayor causa de corrupción que se investiga en la Argentina y donde Cristina Kirchner es la principal acusada, no tiene vuelta atrás: el tribunal oral a cargo del proceso convocó para el 24 de septiembre a una audiencia para organizar el debate oral que comenzará el 6 de noviembre.
Con la decisión de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli −a la que accedió − quedó allanado el camino para el juicio que deberán afrontar más de 150 imputados, entre ellos Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, y la mayoría de los empresarios que tenían contratos con el Estado.
Un tribunal laboral ordenó la reincorporación de 85 trabajadores del peaje de la empresa Corredores Viales SA, que habían sido despedidos tras adherirse a una medida de fuerza en el marco de una protesta sindical.
La sentencia fue dictada por la Sala VI de la Cámara del Trabajo, integrada por Graciela Craig, viuda del exdiputado Héctor Recalde, y Gabriela Vázquez, afín al kirchnerismo, con la disidencia de Carlos Ponce.
Derrotado en los tribunales, el Gobierno cargó este jueves contra Emiliana McNamara, la referente gremial que presentó el amparo a partir del cual la justicia federal decidió suspender el decreto que disolvió Vialidad Nacional.
McNamara es pareja de Fernando Raúl Cantín, hijo de Raúl Cantín, exintendente kirchnerista de Río Gallegos, y socio de Martín Báez, hijo mayo de Lázaro Báez, en Northville Fiduciaria, una de las empresas del entramado del clan Báez que quedó bajo la órbita de las investigaciones judiciales.
Por medio de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno prohibió la elaboración, uso y comercialización de un aceite de oliva y una serie de productos para el pelo por no estar registrados sanitariamente en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). En los documentos detallaron que fueron calificados como “ilegales”.
Uno de los elementos prohibidos fue el aceite de oliva extra virgen de la marca “Monte Oliva”, originario de Mendoza, el cual, según establecieron en la Disposición 5040/2025, “carece de registros sanitarios de establecimiento y producto, y está falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.
En medio de las disputas en el Poder Ejecutivo entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la vicepresidenta difundió este jueves en sus redes sociales un nuevo sitio web que comparte exclusivamente noticias de su agenda, transmisiones en vivo de las sesiones en el Senado y otras noticias vinculadas a su cargo.
Desde su entorno aclararon a que la página “Actualidad VEV” [por las siglas de su nombre] no pertenece a la vicepresidenta, sino que fue creado por un grupo de mujeres del interior del país que idearon la aplicación y suben el contenido. En tanto, especificaron que las creadoras no forman parte del equipo de trabajo del Senado ni reciben ningún tipo de remuneración.
actualidad política
POLITICA
ARCA prepara una denuncia contra la AFA por la emisión de presuntas facturas truchas en obras del predio de Ezeiza

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a supuestas obras en el predio de Ezeiza que no se habrían realizado o que habrían sido adjudicadas a empresas sin capacidad operativa ni respaldo económico.
El eje de la nueva presentación judicial que se espera se formule pronto gira en torno a comprobantes emitidos por firmas que facturaron millones de pesos por trabajos en el complejo deportivo. Se trata de sociedades sin bienes registrados, sin empleados o con actividades declaradas que no guardan relación con las tareas facturadas.
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Según pudo saber TN, ARCA formulará la denuncia luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que ingresó al predio para ejecutar las obras.
Desde la entidad del fútbol respondieron que parte de esos ingresos debían catalogarse como “privados confidenciales” y señalaron que “analizar cada personal de las empresas que menciona, dada la confidencialidad de ciertos ingresos, demanda primero determinar qué trabajador realizará esa tarea”.
En enero pasado, ARCA ya había hecho una presentación ante el juez Amarante, en la que aportó información sobre empresas supuestamente falsas que trabajaron con la AFA.
Entre los ejemplos consignados aparece Meroka SRL. La firma facturó $7 millones por obras en el predio de Ezeiza. Sin embargo, figura con actividades tan diversas como fast food, bebidas, reparación de edificios y venta de cereales. No posee bienes registrados, no fue hallada en el domicilio declarado y no presenta actividad económica ni financiera acorde con los servicios facturados.
Otro caso es el de Maxstore SA, que emitió comprobantes por $23 millones por obras y trabajos de pintura. La empresa no fue encontrada en su domicilio fiscal. Declaraba la venta de electrodomésticos, telefonía y equipos de audio. De acuerdo con la información oficial, se trata de una usina sin capacidad económica y financiera compatible con los montos facturados.
También figura Central Hotel SRL. Facturó $9,6 millones por supuestas obras en el predio. Su actividad declarada es alojamiento en hoteles, hosterías y residencias similares, además de servicio de restaurante al público. No registra empleados ni capacidad económica suficiente.
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La denuncia en preparación se sumaría a la causa que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, y les prohibió salir del país. Las audiencias están previstas para el 5 y 6 de marzo, respectivamente.
Según ARCA, la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. El total bajo investigación supera los $19.300 millones, luego de una ampliación que elevó la cifra denunciada a $11.759.643.331,62, sumados a los $7.593.903.512,23 inicialmente señalados.
En un comunicado difundido días atrás, la Asociación del Fútbol Argentino negó “rotundamente” tener deudas fiscales exigibles. Afirmó que el pago voluntario de las obligaciones se realizó antes del vencimiento y cuestionó que el organismo pretenda transformar obligaciones que, según su postura, no estaban vencidas en sustento de un delito penal tributario. Además, sostuvo que es la única entidad sin fines de lucro denunciada penalmente en una situación impositiva similar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en cambio, entiende que la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, ya que el deber jurídico surge de la calidad de agente de retención.
AFA, ARCA
POLITICA
Tras su discurso, Milei define cuándo presentar las reformas y comienza a buscar el apoyo de los gobernadores

Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.
El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.
En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.
Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.
En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.
Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.
El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.
Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.
Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.
Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.
También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.
Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo
En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.
Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.
Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.
De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.
El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.
Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.
Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.
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Comienza en Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan

Comienza este martes el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la Armada Argentina, en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.
En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
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Serán juzgados por el Tribunal Oral de Santa Cruz el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
El juicio, a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, se extenderá por varias semanas e incluirá audiencias donde las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios. Se prevé que el proceso se desarrolle en forma alternada hasta julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas intercaladas.
Los jueces buscarán determinar que fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron contribuir a la tragedia. La causa había generado polémicas previas, como disputas sobre la jurisdicción donde debía celebrarse el juicio.
Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso realice en Río Gallegos.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban que el juicio se realice en Mar del Plata o en Comodoro Py. Sostuvieron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.
“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, explicaron los magistrados.
Los camaristas aseguraron que avanzar con un cambio de sede sería seguir dilatando el proceso. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, explicaron.
Un juicio sin responsables políticos
Días después de la decisión de Casación sobre dónde debía realizarse el juicio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017, habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el contexto de sus reclamos por justicia y respuestas sobre la tragedia.
La investigación se inició tras el descubrimiento de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.
En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados, argumentando que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional del país. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña —con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— revocó los procesamientos, tras considerar que las acciones de la AFI se enmarcaban en tareas de seguridad presidencial.
Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, ratificó esta decisión. Los magistrados sostuvieron que las actividades de inteligencia no constituyeron espionaje ilegal, ya que los datos recopilados eran de carácter público, provenientes de declaraciones de los propios familiares en medios de comunicación o redes sociales.
Además, destacaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri, descartando cualquier extralimitación en las funciones de la AFI.
Finalmente, las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todo fue descartado por el máximo tribunal.
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Ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue citado como testigo.
El trágico hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras una explosión en sus baterías. Los 44 tripulantes a bordo murieron.
ARA San Juan, submarino
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