POLITICA
Axel Kicillof: “Milei es un corso a contramano”

El presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, opinó sobre los incidentes que se dieron afuera del Congreso durante las votaciones de la reforma laboral. «Todas las sesiones son como una película. Desorden afuera: provocan, provocan, provocan y se ejerce la ley, y viene el orden represivo después del desorden. No es que haya orden represivo cuando empiezan a manifestar, sino después de que tiran molotov, tiran piedras, tiran las vallas y ahí quieren parar la sesión adentro. Es algo que ya sabemos que viene».
Hoy vino a verme un empresario argentino serio y avispado. De esos que tienen claro que estamos ante un cambio histórico. Me anunció que van a invertir 4.5 mil millones de dólares adicionales en los próximos 48 meses en dos proyectos energéticos. Van a aplicar al RIGI…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 25, 2026
Nadie lo vio el lunes caminando por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. Fue raro y excepcional. Pero el juez Carlos Mahiques desarmó el misterio cuando anunció, ya en horas de la noche de ese lunes ausente, que se apartaba del caso relacionado con el enorme escándalo de la AFA. Había transcurrido un día y medio desde que , en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, revelara que ese magistrado había celebrado en noviembre pasado sus 74 años en la monumental quinta de Pilar que se atribuye al jefe de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su principal colaborador y tesorero de esa organización, Pablo Toviggino.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó en duros términos la política económica del gobierno nacional y apuntó contra Javier Milei: “Si se perdieron 22 mil empresas, perdiéndose 30 y pico de empresas por día y cada 4 minutos un empleo, la gran pregunta es: ¿a qué se va a dedicar esa gente?“.
Si bien reconoció que la administración libertaria “intentó normalizar” la crisis económica, insistió en que “hay un sector de la prensa, incluso de la sociedad, que parece relativamente anestesiada, mientras estamos viendo un plan de exterminio de la industria nacional”.
Por otro lado, diferenció el plan económico mileista del de Trump en Estados Unidos y planteó: “Lo de Milei es un corso a contramano: el mundo está proteccionista, industrialista”.
“Trump ya no habla de ser los gendarmes y los paladines de la democracia. Que le vaya a decir comunista a Trump, en vez de ir arrodillado, que diga, ahora que tiene el Nobel con Reidel, que es un error industrializar Estados Unidos”, esgrimió.
La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares en casas de cambio, en una operación conocida como “rulo cambiario”. Entre los allanados, se encuentra un local asociado a Sur Finanzas, la empresa del financista ligado al Chiqui Tapia, César Vallejo.
Según la denuncia, las de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.
Los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de César Vallejo, el financista ligado a Chiqui Tapia.
Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A, a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, “accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado ‘dólar blue’”, una maniobra conocida como “rulo cambiario”.
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Carolina Moisés, la peronista que asumió como vicepresidenta en el Senado en una maniobra que dejó al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta, rechazó las críticas que recibió tras conocerse la noticia. Apuntó además contra La Cámpora y Cristina Kirchner. “Las campañas en redes contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó en diálogo con Cristina Pérez para LN+.
Moisés, senadora por Jujuy y alineada con el gobernador de Salta, ahondó en sus diferencias con la dirigente peronista y las razones que la motivaron a tomar distancia del partido conducido por la exvicepresidenta. Si bien destacó su figura como mandataria, cuestionó su apego a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner.
“Admiro a Cristina en un montón de cosas: es un personaje de la historia de la Argentina que va a ser valorizado mucho más adelante, como pasa con todos los presidentes, cuando la objetividad pueda permitir la distancia para analizarla”, expresó en primer lugar. Y luego acotó: “Sí creo que se ha ‘entornado’ con La Cámpora y que eso le ha hecho perder quizás gran parte de la visión política y estratégica, ya durante el gobierno de Alberto».
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En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.

Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.
Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.
Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.
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En tiempo de descuento para el fin del verano político, atravesado por las sesiones extraordinarias, el Gobierno tiene a sus funcionarios abocados en distintos flancos: por un lado, que TMAP (“todo marche acorde al plan”, en lenguaje libertario) y consiga cerrar los días hábiles de esta semana con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobados sin sobresaltos. Por otro, empezaron los preparativos para la Asamblea Legislativa.
Como ya publicó , la apertura de sesiones ordinarias será otra vez por la noche, el próximo domingo 1 de marzo. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, habrá cadena nacional desde las 21.
En el marco de la Asamblea, hubo un pedido de la Casa Rosada a los ministros para que, como cada año, remitan los ejes de su gestión, como así también las proyecciones de cara a 2026. Esto para abonar al discurso que prepara el presidente Javier Milei.

Sin embargo, no fueron todas exigencias. También existió una invitación, a una cena que se hará en la Quinta de Olivos después del inicio de sesiones en el Palacio Legislativo y que reunirá al mundillo libertario.
Por estas horas, desde las carteras ultimaban los detalles que le pasarán a la Jefatura de Gabinete, que coordina Manuel Adorni, para -tamiz de por medio- nutrir la alocución del Presidente. Ministerios como del Interior, de Salud, de Capital Humano y de Seguridad trabajaban este martes en el informe para enviar a Balcarce 50, con medidas y estadísticas de sus distintas áreas.
En tanto, en Diputados, que tiene como titular a Martín Menem, mañana arrancarán formalmente con los preparativos de la jornada del domingo, que incluirán coordinación con el Senado y la Casa Rosada.
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Tras el duro cruce que protagonizaron este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza, el funcionario quedó en el centro de las críticas luego de burlarse de un proyecto kirchnerista tratado en la Legislatura bonaerense que la propia bancada libertaria —integrada por su hermano Francisco— terminó votando.
“Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”, fue el mensaje que Adorni publicó desde su cuenta de X, en el que se refería a un proyecto presentado por Lucía Ianez, diputada de Unión por la Patria, en el que se declaraba a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas.
En plena sesión, el jefe de la bancada kirchnerista, Facundo Tignanelli, tomó la palabra para responderle al jefe de Gabinete. “Quisiera pedirle al secretario administrativo o legislativo, pidiéndole permiso a usted, señor presidente, que me informe cómo fue la votación de ese proyecto. ¿Aprobada, señor diputado? Aprobada por unanimidad, según el plan de labor parlamentaria. Eso quiere decir que todos los bloques que integran a esta Cámara aprobaron ese proyecto», replicó el dirigente de La Cámpora a modo de chicana.
Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin. pic.twitter.com/eHK9d75Hp6
— Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2026
“La verdad, que hay que ser bastante sonso para criticar un proyecto que acabás de votar. Eso nada más ocurre cuando uno es un burro y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la realidad”, apuntó luego.
Rápidamente, varios legisladores de UP salieron a endilgarle al funcionario del Gobierno que su hermano Francisco Adorni, integrante del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, también había respaldado la iniciativa de la que se burló el exvocero.
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El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.
De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.

El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.
De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.
Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.
También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.
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Por el agro, que compensó con su buen rendimiento la caída que tuvieron otros sectores, la actividad económica cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 4,4%. Si bien está por debajo del 4,5% que proyectaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 5% estimado en el presupuesto para este año, este resultado fue mejor de lo que esperaban en el mercado.
Se trata, en efecto, de un dato muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que el freno que se había producido en la economía luego de un buen primer trimestre no invitaba a ser optimista en las previsiones. En se contexto, por ejemplo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA), proyectaba un crecimiento de 3,5%.

El resultado fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe se destacó, además, que diciembre tuvo un fuerte avance de 1,8% desestacionalizado, respecto de noviembre, y de 3,5%, en la comparación con igual mes de 2024.
Estos números fueron celebrados por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento acumulado y el mensual desestacionalizado en su cuenta de la red social X. Además, en el mismo posteo, señaló: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)“.
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Carolina Moisés juró este martes como vicepresidenta del Senado, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los mandatarios provinciales peronistas que lo respaldan. En su caso, está alineada con el salteño Gustavo Sáenz. De perfil díscolo en el peronismo, y crítica del kirchnerismo al que alguna vez adhirió, Moisés tiene una extensa militancia peronista que le llega por mandato familiar. Recientemente fue apartada del PJ jujeño por la intervención ordenada por Cristina Kirchner, en una decisión que afectó a 300 afiliados y fue judicializada.
Moisés, que tiene 50 años, fue la diputada provincial electa más joven del país: asumió una banca en su provincia a los 22 años. Luego, la superó en ese listado Fátima Tisera. Fue presidenta de la Juventud Peronista provincial.

El padre de Moisés,Julio, apodado “El Turco”, es un histórico dirigente del peronismo jujeño. Fue cuatro veces intendente de San Pedro y actualmente es concejal. Fue investigado por administración fraudulenta y estuvo detenido. También fue preso político durante la última dictadura militar (estuvo detenido entre marzo y diciembre de 1976), cuando ejercía como abogado de sindicatos.
Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que abandonaron el lunes el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones peronistas de la Cámara alta y tiene al frente a José Mayans. En la votación de la reforma laboral en la Cámara alta, Moisés votó en contra.
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Una misión del Ministerio de Economía viajó a Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la revisión del programa de deuda y cuando, según contaron fuentes al tanto, el organismo haría sentir su malestar sobre algunos temas puntuales, como la decisión de no actualizar el índice de precios oficial, la compra de reservas del Banco Central (BCRA) y un juicio pendiente.
Aunque no hubo confirmación oficial de los nombres que viajaron a Estados Unidos, trascendió que los encargados de las reuniones son el viceministro José Luis Daza y el director del BCRA, Federico Furiase. El hecho de que la discusión continúe ahora en la sede del Fondo revela que las definiciones centrales no habrían quedado cerradas durante la misión en el país.
En el organismo multilateral entienden que esta es la última instancia relevante en la que pueden exigir definiciones estructurales antes de que el acuerdo entre en una fase con menor capacidad de presión financiera. Por eso concentraron el reclamo en tres frentes concretos: la acumulación genuina de reservas, la credibilidad estadística y la resolución de los juicios que amenazan un eventual regreso a los mercados de crédito.
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“Argentina avanza. A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%. VLLC”, celebró el Presidente en respuesta a un posteo del INDEC que afirmaba que la actividad económica creció un 4,4% respecto de 2024.
ARGENTINA AVANZA
A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%.
VLLC! https://t.co/PJWxC4wkS5— Javier Milei (@JMilei) February 24, 2026
El gobierno nacional busca poner en marcha un programa de retiros voluntarios para empleados de los medios públicos como parte de su estrategia para reducir el gasto y achicar la planta de personal estatal.
La iniciativa se aplica a los organismos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA) (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad Contenidos Públicos, que en conjunto suman más de 2200 empleados. El plan estará abierto hasta fines de marzo y la intención oficial es que entre 500 y 600 personas acepten dejar sus puestos en esa primera etapa.
Desde la Casa Rosada reconocen que no está garantizado alcanzar ese número, ya que muchos empleados tienen más de 20 años de antigüedad, lo que influiría en su decisión de permanecer o no. Incluso admiten que, en algunos casos, podría resultar más conveniente para los trabajadores esperar un despido antes que optar por un retiro voluntario.
Quienes se adhieran al plan «no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años», y algunos podrán cobrar sus compensaciones en hasta tres cuotas si tienen antigüedad.
Esta medida forma parte de la reorganización de los medios públicos, que están intervenidos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y cuya intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Además, desde el oficialismo no descartan la posibilidad de cambiar el nombre de la TV Pública.
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó al peronismo a “estar atentos” frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Tras su reciente acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario kirchnerista sugirió que la oposición debe asumir una “responsabilidad histórica rápidamente”.
“El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado… Guarda, desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia”, deslizó este lunes en diálogo con Radio 10.
Y añadió: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 36 muertos, es cierto, eran ciudadanos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, sino vamos a tener un genocidio social como el que estamos teniendo“.
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En una jugada política que tensó las relaciones entre los bloques del Senado, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), logró imponer a la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.
La jugada es inédita y rompe con una tradición instalada en la Cámara alta de que al principal bloque de oposición le corresponde el tercer escalón de conducción después de la presidencia del cuerpo, que ejerce el vicepresidente de la Nación, y de la presidencia provisional.
“La designación de Moisés fue un ofrecimiento a los gobernadores para consolidar la mayoría de 47 senadores”, justificó Bullrich la decisión de avanzar sobre un cargo que hasta diciembre del año pasado, cuando se le venció el mandato, ocupó la ultrakirchnerista Silvia Sapag.
Los números de la votación que impuso a Moisés en la vicepresidencia del Senado parecen darle la razón a la exministra: el tablero marcó un claro triunfo de 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Como ocurrió en la votación de la reforma laboral, otra vez el peronismo quedó en soledad en el rechazo.
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La producción petrolera volvió a marcar un récord en enero al alcanzar los 882.200 barriles diarios. De ese total, casi 600.000 provinieron de Vaca Muerta, que ya explica el 68% de la oferta nacional. El salto es significativo si se tiene en cuenta que en 2015 el no convencional apenas representaba el 4% de la producción argentina.
El Gobierno celebró el dato y destacó que la producción en Vaca Muerta creció 35,5% interanual, lo que impulsó una suba de 16,5% en la oferta total. En otras palabras, el dinamismo del no convencional continúa compensando la acelerada declinación de los yacimientos maduros, especialmente en provincias como Chubut y Santa Cruz.
“Con reglas claras e inversión privada, el sector energético crece”, publicó la Secretaría de Energía en X. El mensaje fue replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La licitación nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en distintos aeropuertos del país, saldría finalmente el próximo viernes, casi al límite del plazo previsto por la resolución que dio inicio al proceso de privatización.
De acuerdo con la valuación encargada a la consultora Deloitte, el Estado podría recaudar alrededor de US$30 millones. Según el informe al que accedió y circula en despachos oficiales, bajo la metodología de Flujo de Fondos Descontado (DCF, por sus siglas en inglés), la estimación arrojó un valor empresarial de US$30.145.000.
En una jugada política que tensó las relaciones políticas del Senado, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, logró imponer a la peronista Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo, principal bloque de oposición en la Cámara alta.
La jugada fue decidida en un encuentro en el que la exministra le sacó a toda la oposición dialoguista el compromiso de arrebatarle al kirchnerismo el segundo sitial de conducción de la Cámara alta después de la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y del presidente provisional, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis).
El reloj del futuro empieza a correr este viernes en la Argentina de Javier Milei. En apenas dos días, el Gobierno espera, casi con certeza, la sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad de los menores, por un lado y por el otro, la confirmación de la ley de reforma laboral. Detrás de esas leyes, hay implícitas promesas mileístas fundacionales. Por eso el éxito en el Senado implicará una primera consolidación de la visión de país que tiene Milei: una victoria remarcable de su esquema de gobernabilidad en minoría. Pero también significará la desaparición de obstáculos para el cumplimiento de esa visión: es decir, desde este viernes, el Gobierno empezará a quedarse con menos argumentos, o excusas, en el caso de no lograr avanzar en el camino hacia los objetivos prometidos. Al contrario, habrá puesto sobre la mesa una nueva vara contra la que será juzgado: un aumento contante y sonante del empleo formal y una baja efectiva del delito.
A días del llamado a indagatoria por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encolumnó a los principales dirigentes del fútbol argentino y exigió a los clubes de Primera División una acción conjunta para “defender a la AFA” de una supuesta operación del Gobierno, amplificada por los medios de comunicación, que, según su interpretación, busca “desestabilizar” a la conducción de la entidad.
Así, 27 de los 30 equipos de la máxima categoría -cuatro estuvieron ausentes- se alinearon detrás del titular de la casa madre y decretaron un paro de actividades en todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, fecha que coincide con la citación a declarar de “Chiqui” y del tesorero del organismo, Pablo Toviggino, en el marco de esa causa judicial. Un conflicto que nació con el decreto 70/2023 que buscó abrir paso a las sociedades anónimas deportivas, y que, tras más de dos años de tensión permanente, sigue escalando sin mostrar señales de tregua.
La confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alertas sanitarias y comerciales en la cadena avícola. Tras el diagnóstico positivo, se dispuso el cierre temporal de las exportaciones de carne aviar hacia los mercados que exigen el estatus de país libre de la enfermedad.
Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el caso fue detectado en aves reproductoras de un establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Ranchos, luego del análisis de muestras en el laboratorio oficial del organismo.
Los meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.
Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.
Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.
El gobierno de Javier Milei habilitó el lunes un formulario para que cualquier persona pueda denunciar la aplicación de tasas municipales. La iniciativa —promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo— se inscribe en el conflicto abierto entre la Nación y varios intendentes, principalmente de la provincia de Buenos Aires, por la presión tributaria local.
El nuevo mecanismo en el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta oficial que releva y compara la carga impositiva entre distritos de todo el país, fue compartido por el titular del Palacio de Hacienda y difundido luego por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de X. “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el funcionario.
La senadora Patricia Bullrich comunicó, mediante una publicación en su cuenta oficial de X, que Luis Juez pasa a formar parte oficialmente del bloque de senadores de La Libertad Avanza.
“Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar reformas y los cambios que la Argentina necesita”, escribió la exministra de Seguridad Nacional.
La desregulación es eminentemente federal. El vuelo a Perito Moreno de @americanjet anunciado ayer por @ClaudioVidalSer (conecta a BUE con escala en Comodoro) es un ejemplo más. Las próximas décadas van a reconfigurar el país hacia el interior. Esto recién comienza. VLLC! pic.twitter.com/tyTt80lawm
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 24, 2026
El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.
Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.
Por estas horas, y sin dar detalles, el gobierno de Javier Milei avanza en una tercera etapa de reformas en el ámbito de la inteligencia nacional, que sin cargo formal maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las dos anteriores, sería a través del Congreso.
Mientras la administración de Donald Trump avanza con su nueva estrategia arancelaria en respuesta al duro revés que le propinó la Corte Suprema al anular un emblema de su política económica, el gobierno argentino mantuvo en las últimas horas contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse sobre el impacto en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones sellado entre ambos países este mes.
Así lo señalaron a dos fuentes al tanto del asunto. Uno de los consultados indicó que se están programando reuniones entre las partes, pero aclaró que aún es prematuro para tener precisiones sobre cómo podrían afectar al acuerdo tanto el fallo del máximo tribunal norteamericano como el nuevo arancel global temporal del 15% anunciado por Trump.
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura, que estaba prevista a desarrollarse entre el 5 y el 8 de marzo, en represalia a la denuncia de ARCA. La decisión coincide con los días en los que su titular Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declarar.
La entidad emitió este lunes un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo en el que rechazó el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde alega que la AFA incurrió en los delitos de evasión fiscal y retención de aportes. En el escrito, hacen una férrea defensa a la situación de la asociación.
Alegan que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa que derivó en el llamado a indagatoria de sus autoridades, y afirman que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
Javier Milei llegará a la apertura de sesiones del domingo próximo con un dato político que buscará exhibir como propio: el quiebre del peronismo en el Senado. Tres gobernadores alineados en distintos niveles con la Casa Rosada impulsaron la ruptura del interbloque del PJ, después de haber contribuido al avance de la reforma laboral en Diputados.
Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mandatarios que sostienen una relación pragmática con el oficialismo y que resultan claves en la aritmética parlamentaria.
Esta vez, su movimiento impactó en la Cámara alta: tres senadores dejaron este lunes el interbloque Popular que conduce José Mayans y el PJ quedará reducido a 25 integrantes. Los que abandonarán el espacio son Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, se refirió esta noche en diálogo con Luis Majul, en LN+, a la decisión del Gobierno que levantó una medida antidumping para el aluminio, pese al pedido de Aluar. Consultado sobre el tema y si se trata de un ataque contra Javier Madanes Quintanilla -dueño de la empresa y de la recientemente cerrada Fate-, respondió: “Es un embate contra el capitalismo de amigos”.
Además, señaló que “no fue casualidad” que se anuncie lo de Fate el día que se trataba la reforma laboral. “Hay algunos empresarios que se esconden detrás de un grupo de trabajadores y hacen ruido”, dijo.
El reloj del futuro empieza a correr este viernes en la Argentina de Javier Milei. En apenas dos días, el Gobierno espera, casi con certeza, la sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad de los menores, por un lado y por el otro, la confirmación de la ley de reforma laboral. Detrás de esas leyes, hay implícitas promesas mileístas fundacionales. Por eso el éxito en el Senado implicará una primera consolidación de la visión de país que tiene Milei: una victoria remarcable de su esquema de gobernabilidad en minoría. Pero también significará la desaparición de obstáculos para el cumplimiento de esa visión: es decir, desde este viernes, el Gobierno empezará a quedarse con menos argumentos, o excusas, en el caso de no lograr avanzar en el camino hacia los objetivos prometidos. Al contrario, habrá puesto sobre la mesa una nueva vara contra la que será juzgado: un aumento contante y sonante del empleo formal y una baja efectiva del delito.
¿Qué pasa si no lo logra? El Gobierno no sólo necesita de la aprobación de esas leyes. También necesita de su impacto real. La exigencia de la ciudadanía va in crescendo. Ayer se conoció el nuevo Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que publica la Universidad Di Tella. Este mes, alcanza los 6,38 puntos. Representa una caída de 0,6 por ciento respecto del primer mes de 2026, cuando fue de 2,40, una tendencia a la baja gradual que se registra desde diciembre. Pero lo más relevante es que muestra una caída de 6,8 por ciento respecto de febrero de 2025, cuando alcanzó los 2,56 puntos.

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Más allá del ruido que todo cisma peronista suele provocar en el escenario político nacional, la ruptura de tres senadores con el interbloque kirchnerista tendrá un impacto moderado en la relación de fuerzas de la Cámara alta, en donde el oficialismo libertario salió fortalecido tras las elecciones del año pasado, pero que todavía está muy lejos de la deseada mayoría propia.
Por lo pronto, que el Gobierno pueda sancionar leyes seguirá dependiendo en gran medida de las negociaciones que la Casa Rosada lleve adelante con gobernadores provinciales de todas las fuerzas políticas.

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La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.
Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.
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El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.
Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.

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Los efectos judiciales de la denominada “ley de inocencia fiscal” se sienten con fuerza en el fuero penal económico, donde todas las fuentes consultadas por coinciden en señalar la existencia de un cierre masivo de expedientes tras la sanción de la norma y en tan solo 13 días de vigencia.
La ley fue aprobada junto al presupuesto 2026, a fines del año pasado, e incrementó en al menos un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios, por lo que la enorme mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero, afirman las fuentes, quedaron fuera del ámbito penal y comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos.

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Durante una entrevista en un podcast, el expresidente Mauricio Macri habló sobre la actualidad del país y generó controversia al hacer un análisis sobre lo que denominó “la revolución tecnológica” y ahondó sobre los cambios sociales que devienen de este movimiento.
“La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”, cuestionó el líder de Pro.
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alberto weretilneck (ro negro),carlos sadir (jujuy),gustavo senz (salta) y osvaldo jaldo (tucumn),hugo passalacqua (misiones),ral jalil (catamarca),rolando figueroa (neuqun)
POLITICA
Cuándo empieza a regir la ley de modernización laboral: los aspectos constitucionales

Si el Congreso sanciona la llamada ley de modernización laboral, la primera pregunta que surge es sencilla pero decisiva: ¿Desde cuándo se aplica? ¿Rige solo para los contratos de trabajo que se celebren a partir de su entrada en vigencia o también puede impactar sobre relaciones laborales que ya están en curso? La respuesta no es un detalle técnico menor debido a que tiene consecuencias directas para los trabajadores.
El punto de partida intentando obtener una respuesta razonable consiste en recordar que el sistema constitucional argentino establece como pauta de interpretación y aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), entre los que se encuentra el derecho al trabajo, el principio de progresividad y no regresividad.
El principio es claro y concreto: normativamente hablando, los Desca deben avanzar, no retroceder. Esto significa que el Estado puede reformar leyes laborales, pero no puede reducir el nivel de protección sin una justificación fuerte, razonable y proporcionada recayendo siempre la prueba en cabeza del Estado. Los derechos fundamentales y los derechos humanos crecen o se amplían por adición pero nunca disminuyen o se retraen por sustracción. La progresividad se basa en la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria.
La ley de contrato de trabajo (ley 20.744 y sus modificatorias) desarrolló como garantía primaria y general los contenidos constitucionales y convencionales del derecho a trabajar, fijando de esta manera en el campo de la progresividad un parámetro normativo concreto en la tutela de los trabajadores.
La denominada ley de modernización laboral consta de 26 títulos que abarcan diversas temáticas. El título I tiene por objeto modificar numerosos artículos de la LCT a través de 58 artículos que, en su gran mayoría, concretan una objetiva regresión normativa de la protección legal deparada por la LCT al derecho a trabajar.
La LCT no establece en ninguno de sus artículos una regulación específica atinente a su eficacia temporal, o bien a que sucede respecto de su aplicación en el tiempo si la misma es modificada. Por dicho motivo, se aplica en dichos casos, lo estipulado por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que sostiene que las leyes no tienen efecto retroactivo excepto disposición en contrario, pero aunque así se establezca, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales y que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. La confusión surge debido a que en el primer párrafo del artículo 7 expresa que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
La ley de modernización laboral dispone la modificación regresiva de varios artículos de la LCT. Aun dentro de la lógica expuesta, casi la totalidad de las mismas quedan subsumidas en la categoría de las facultades previstas en el contrato celebrado que generaron y mantienen la relación laboral (por ejemplo: el concepto de trabajo del artículo 4, la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo del artículo 66, la jornada laboral del artículo 198, etc.) y, por lo tanto, no pueden quedar sometidas a una aplicación retroactiva de la una ley regresiva.
Ahora bien, la duda surge respecto de la extinción de la relación laboral mediante el despido sin justa causa: ¿Es una de las “consecuencias de las relaciones” a las cuales se le aplicaría retroactivamente la ley de modernización laboral porque implicaría una ruptura del contrato de trabajo oportunamente celebrado? Tomemos un ejemplo concreto: una persona fue contratada en 2022 bajo el actual régimen que establece un determinado cálculo indemnizatorio ante un despido sin causa. Si es despedida en 2026, ¿corresponde aplicarle el nuevo sistema -más restrictivo- o el que estaba vigente cuando inició la relación laboral?
La aplicación inmediata de una ley regresiva a contratos laborales en curso no constituye una simple regulación de efectos futuros, sino una alteración sustancial del marco normativo que estructuró la relación jurídica desde su inicio. El trabajador celebró el contrato bajo una determinada normativa protectora que integró su esfera de previsibilidad jurídica. Esa regulación generó la debida confianza legítima basada en la buena fe y fundada en la vigencia de un orden constitucional y convencional que garantiza la progresividad en materia de Desca. La reducción posterior del estándar protector frustra esa confianza legítima y vulnera la seguridad jurídica material que el Estado debe garantizar. En consecuencia, la regla del artículo 7 del Código Civil y Comercial no puede operar como cláusula habilitante de regresiones de derechos fundamentales y derechos humanos. Debe mantenerse respecto de los contratos en curso el régimen más favorable vigente al momento de su celebración.
El Código Civil y Comercial en el artículo 7 establece una protección especial para el consumidor frente a cambios normativos en contratos en curso cuando la ley nueva no es más favorable. Si el ordenamiento reconoce esa tutela reforzada frente a asimetrías contractuales, con mayor razón debería evitar que una reforma regresiva impacte automáticamente sobre el derecho de los trabajadores que se encuentran en una posición estructuralmente más vulnerable.
Alguien podría argumentar que el artículo 7 se refiere a las “leyes supletorias”, que son aquellas normas complementarias que no abarcan a las “leyes de orden público” (como podría ser considerada la ley de modernización laboral), pero ahí retorna el paradigma constitucional argentino donde el único orden público existente se encuentra en la fuerza normativa que surge de la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Si el principio de no regresividad tiene algún sentido práctico, es impedir que la temporalidad de las leyes se convierta en una herramienta de erosión de derechos. La tutela de los trabajadores no puede quedar librada a una lectura formal del artículo 7 del Código Civil y Comercial que, bajo la apariencia de neutralidad técnica, habilite una disminución sustancial del estándar protector que integró el contrato laboral desde su origen.
La progresividad no es una consigna declamativa, sino por el contrario, una cláusula operativa que impide que el Estado, por vía legislativa, reescriba en perjuicio del trabajador las reglas bajo las cuales este organizó su proyecto de vida y su expectativa indemnizatoria. Defender la no regresividad en materia laboral no es una postura ideológica: es cumplir, con rigor constitucional y compromiso democrático, que el trabajo siga siendo un derecho y no se convierta en una mera variable de ajuste.
ley de modernización laboral,Andrés Gil Domínguez,Reforma laboral,Nota de Opinion,Conforme a,Reforma laboral,,De las reformas a los hechos. La Argentina de Milei, con futuro abierto,,Se fueron tres senadores. La reforma laboral aceleró la fractura del peronismo en el Congreso,,Antes del paro nacional. El sindicato de judiciales tomó un edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad
POLITICA
Milei fijó el horario de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: será el domingo a las 21

El presidente Javier Milei estableció que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará este domingo 1° de marzo a las 21, según lo dispuesto en el Decreto 107/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión fija el horario del acto institucional que inaugura formalmente el período parlamentario y anticipa un mensaje presidencial con fuerte contenido político.
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La exposición de Milei ante la Asamblea Legislativa, que será transmitida por cadena nacional, llegará en un contexto distinto al del año pasado: con un oficialismo que, tras las elecciones de medio término, se siente con mayor capacidad de iniciativa y negociación en ambas cámaras.
Un decreto formal y un mensaje con alto contenido político
El decreto fue dictado en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, y se limita a fijar el horario de la apertura del período ordinario. Sin embargo, más allá del trámite formal, el acto del domingo por la noche se proyecta como uno de los acontecimientos políticos del año.
Como es habitual, el Presidente hablará en el recinto del Senado, desde un atril, frente a diputados y senadores. Según admiten en el oficialismo, no se tratará solo de un balance de gestión, sino de una señal clara sobre los próximos pasos del Gobierno. “El Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026”, anticipó una fuente oficial con acceso a la preparación del discurso.
Las prioridades legislativas y lo que quedará fuera de agenda
Entre los ejes que la Casa Rosada considera centrales para este nuevo período ordinario figuran la reforma política, el nuevo Código Penal —ya presentado públicamente, aunque aún sin ingreso formal al Congreso— y la Ley de Financiamiento Universitario. A ese paquete se suman reformas Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional, además de posibles cambios en la Ley de Salud Mental.
En paralelo, el oficialismo sigue de cerca el futuro de la Ley de Glaciares: si obtiene media sanción en el Senado, el Gobierno espera que comience su debate en la Cámara de Diputados a partir de marzo.
En contraste con esa agenda activa, desde el Ejecutivo aclararon que no avanzarán por ahora con las vacantes en la Corte Suprema ni con los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que aún no fueron enviados al Senado. La definición busca evitar abrir un frente de alto voltaje político en un Congreso que recién inicia su actividad anual.
Un Congreso más favorable y un oficialismo fortalecido
La apertura de sesiones encontrará a La Libertad Avanza en una situación distinta a la de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, un crecimiento que refuerza su peso propio y mejora su capacidad de negociación.
En el entorno presidencial destacan no solo el número, sino también el diálogo con bloques aliados y con legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas, un factor que el Gobierno considera clave para garantizar quórum y avanzar con proyectos sensibles. Ese nuevo equilibrio explica, en parte, el tono que se espera del mensaje presidencial: menos defensivo y más orientado a fijar agenda.
Tras el discurso, Milei encabezará una cena en la Quinta de Olivos con diputados y senadores libertarios y miembros del Gabinete. El encuentro, del que no participarán fuerzas aliadas como el PRO o la UCR, funcionará como gesto de cohesión interna y cierre político de una jornada clave.
Javier Milei, Congreso, sesiones ordinarias
POLITICA
Aceptaron el apartamiento de Mahiques del tribunal que debe decidir sobre la causa de la quinta adjudicada a la AFA

En una reunión general de todos los jueces de la Cámara Federal de Casación, los magistrados le aceptaron a su colega Carlos Mahiques renunciar a la subrogancia de la sala del tribunal que debe decidir en la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de una fastuosa quinta de Pilar valuada en 20 millones de dólares, adjudicada a autoridades de la AFA.
Sin embargo, los jueces no se pudieron poner de acuerdo sobre quien lo reemplazará y aplazaron esa decisión para este jueves.
Mahiques, quien según publicó festejó en esa quinta su último cumpleaños, dijo en una nota elevada a sus colegas que se apartaba de la Sala I de la Casación, donde es juez suplente, porque tiene mucho trabajo en otras salas y además porque debe conseguir la renovación de su pliego de juez en el Senado.
En la reunión de hoy no se habló de la quinta de Pilar ni del supuesto festejo de cumpleaños, al que Mahiques niega haber concurrido, sino que se habló de lo atinado que era aceptar la renuncia a la subrogancia dada la sobrecarga de tareas que debía enfrentar el magistrado.
“Todos fingieron demencia. Todos asumieron que las razones eran las que estaban escritas en el papel. Parece una escena de los Medici en una Florencia del subdesarrollo, manteniendo la armonía”, dijo una fuente al tanto de lo ocurrido en la reunión plenaria.
Las mismas fuentes dijeron que Mahiques pareció sentido, afectado por cómo se había dado esta situación y se mantuvo en silencio.
Asistieron a esta reunión general todos los camaristas Diego Barroetaveña, que preside el tribunal, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y el propio Carlos “Coco” Mahiques.
Pero los jueces de la Casación no lograron ponerse de acuerdo sobre quién sucederá a Mahiques en la suplencia de la Sala I de la Cámara de Casación, donde comparte el tribunal con Daniel Petrone y Javier Carbajo.
Esto es porque hay tres vacantes en el tribunal y se deben designar a jueces suplentes. Y esas suplencias ya se habían repartido a fin del año pasado. Un nuevo reparto desequilibraría las cosas.
Como la jueza Ángela Ledesma no había ocupado ninguna subrogancia, se ofreció a tomar la vacante que dejaba Mahiques, con lo que no había que alterar ningún esquema previo de reparto.
No se llegó a votar esa moción porque el juez Gustavo Hornos propuso realizar un sorteo para decidir quienes podían tomar los tres meses de subrogancia que dejaba Mahiques. Habló de transparencia y de solucionar la vacante de Sala I, como el resto de sus colegas.
Hubo conversaciones y debate, pero no se llegó a un acuerdo, pues había quienes proponían barajar y dar de nuevo con todas las subrogancias.
Alejandro Slokar propuso que lo mejor para preservar la imagen de la Cámara era no desarmar el actual sistema de subrogancias y, en cambio, elegir a Ledesma, que era una manera de evitar “subordinarse a intereses particulares”. Su comentario no cayó bien en algunos de los jueces que proponía otra solución.
Finalmente, no hubo acuerdo, hasta que el juez Carbajo planteó pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves para reflexionar.
Hubo discusión de nuevo, ya que había dos posturas claras para ser votadas, pero el presidente Barroetaveña intervino y entendió que se debía aplazar la discusión, ya que un cuarto intermedio no se le podía negar a un colega, dijo siguiendo una norma no escrita del Consejo de la Magistratura, que él integra.
Así las cosas, el jueves los camaristas volverán a reunirse para definir la integración definitiva de la Sala I de la Cámara de Casación, donde Mahiques dejará de ser subrogante desde el 1 de marzo.
El debate no es solo por el 30% del sueldo que implica tomar una subrogancia, sino que las causas que están en cada tribunal son un capital político, por la gravedad institucional de las decisiones que se deben tomar.
En la Sala I de la Cámara de Casación, además de la causa de la AFA, donde se debe debatir una cuestión de competencia, están radicados el caso Hotesur y Los Sauces, y el caso del Memorándum con Irán, contra Cristina Kirchner, para citar solo algunos ejemplos.
Los jueces que integren esta sala son los que decidirán hasta fin de junio, en las incidencias que se den en estos casos.
La Sala I de la Casación debe decidir además si la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue en la justicia federal de Campana, como quieren los acusados, o regresa a los tribunales en lo penal económico de la Capital.
Daniel Petrone, Javier Carbajo y quien complete la Sala serán los que definan desde el 2 de marzo si abren el recurso de queja que planteó un fiscal federal de San Martín para que el caso regrese a la Capital o si dejan todo en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Quien empuja que la causa regrese al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación había avanzado, es el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras.
La AFA y la defensa de Toviggino prefieren que el caso quede en el juzgado federal de Campana. Es dudoso desde el punto de vista jurídico que un recurso de queja pueda abrirse en este caso para definir una cuestión de competencia, pero nadie lo da por hecho.
renunciar,según publicó,Hernán Cappiello,Conforme a
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