El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.

Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.

La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.

Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.

Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.

En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.

“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.

“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.

El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.

El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.

Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.

Los archivos de Jeffrey Epstein no solo revelaron detalles y evidencias contundentes sobre la red delictiva de explotación sexual y abuso de menores que rondaba al empresario neoyorkino. También, entre correos y mensajes, se develaron cientos de intercambios de negocios, coordinación de información privilegiada y reportes clasificados que recibía Epstein como parte de la elite mundial. Una serie de documentos confidenciales, analizados por , exponen un plan con aristas sospechosas de una de las empresas de Epstein en Buenos Aires.

Alrededor de 2014, Epstein se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, una empresa asociada a las fuerzas de defensa, la industria militar y a la inteligencia de Israel. De hecho, Ehud Barak, el exprimer ministro de ese país -a quien Epstein le prestaba frecuentemente su departamento de Nueva York-, fue presidente de la compañía. Lo acompañaban en la gerencia exfuncionarios y personal de las fuerzas armadas israelíes.

La empresa se presentaba como la panacea de la seguridad urbana, como parte de un plan de “Ciudades Seguras” (que incluía a otras empresas). Prometían salvar vidas mediante una aplicación móvil. Sin embargo, al escarbar en sus propios planes de negocio y documentos técnicos, surge una realidad mucho más inquietante: la admisión, en múltiples intercambios de los propios oficiales de la compañía, de que se trataba de una herramienta con potencial de vigilancia masiva que convertiría cada smartphone en un sensor de video en tiempo real conectado directamente a centros de control gubernamentales.

Reporty trabajaba sobre el primer sistema de microlocalización exacta (con una precisión de menos de un metro, incluso en interiores). Pero el verdadero negocio parece estar en lo que ocurre cuando no hay una emergencia que es reportada directamente por los usuarios individuales. La empresa admite que, aunque el usuario no esté usando la app, el sistema chequea su posición dos veces al día. Su ambición, de acuerdo a los documentos, era recolectar información de movimientos en espacios cerrados las 24 horas del día, algo que ellos mismos califican como “invaluable” para monetizar con redes sociales y agencias de publicidad. “El santo grial de la información”, le dicen.

Bajo la “gamificación”, Reporty buscaba implementar un sistema de puntuación de credibilidad automática para cada ciudadano. Si alguien reportaba algo que el algoritmo o el despachador consideraran irrelevante, la “nota” de esa persona baja. En un reporte enviado a Epstein el 13 de diciembre de 2014, se describe un esquema de control donde la autoridad no solo recibe ayuda sino que obtiene el poder de “controlar a la masa” en las redes sociales, evitando que los videos de incidentes se vuelvan virales de forma independiente.

En este documento, la empresa se refiere a los reportes de emergencia por video que hagan los ciudadanos y dice: “En lo que respecta al video, no estamos dando a las personas la oportunidad de compartir el video en las redes sociales como ocurre actualmente (al menos no en la primera versión) — nosotros no inventamos la necesidad, esto está ocurriendo en todo el mundo — la gente está tuiteando, enviando mensajes y filmando todo para subirlo a las redes sociales y no hay nada que hacer al respecto, ya que las autoridades no tienen herramientas para controlarlo más allá de limitar el uso de dichas redes (nadie puede detener realmente a la nueva tecnología). Cuando una persona realiza un reporte con Reporty sobre un accidente automovilístico, lo enviamos automáticamente al centro de comando y control pertinente y eso es todo; incluso no le daremos al usuario la oportunidad de guardarlo en su propio teléfono, si fuera necesario. Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la ‘masa’ en la red social, y esta es una gran diferenciación que resulta relevante para la legislación internacional».

¿Qué tiene que ver con la Argentina? Reporty buscaba expandirse principalmente a través de una estrategia de “arriba hacia abajo” (up to bottom strategy), enfocándose en atraer primero a gobiernos y municipalidades para que estas, a su vez, promovieran la aplicación entre sus ciudadanos. Incluso, hablan de que las autoridades “fuercen” a los ciudadanos a bajarse la aplicación. La empresa posicionaba su plataforma como un producto complementario “imprescindible” para los proyectos de ciudades inteligentes y seguras que ya estaban en marcha o planificados a nivel global. Para su expansión internacional, Reporty trató con grandes empresas del sector de la seguridad, actuando como integradores; entre estas compañías aparece Mer Group.

En un reporte confidencial enviado a Epstein en 2014, las autoridades de Reporty vuelcan avances en estrategias, acuerdos con otras empresas y el estado de desarrollo de la instalación de sistemas en distintos lugares del mundo. Expresan: «3.5.6 Argentina (Buenos Aires): Se espera que Mer Group termine la instalación de cámaras, observación y sistemas de inteligencia (cameras, observation and intelligence systems) en Buenos Aires este año para el enorme proyecto de Ciudad Segura, según la empresa. Esto contrasta con varios informes recibidos durante los últimos meses que afirman que el proyecto argentino de la compañía había encontrado numerosos retrasos, e incluso que podría no llevarse a cabo al final. En meses recientes, los periódicos en Argentina publicaron varios informes que afirmaban, entre otras cosas, que el proyecto de 42 millones de dólares había encontrado problemas y se estaba retrasando».

Asimismo, en otro apartado estratégico sobre su expansión global, la compañía menciona: “Ya contamos con algunas asociaciones potenciales con empresas de Ciudad Segura que están buscando ofrecernos como un producto complementario para su solución existente. (Por ejemplo: Mer-group – trabajando en Argentina, África y más)“.

La realidad sobre qué y cuándo se implementó en la Argentina es por ahora parcial. En ese entonces, la Policía Federal no se había aún traspasado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Capital operaba la Federal, comandada por el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Cecilia Rodríguez. Las licitaciones de esa época no están disponibles para su consulta pública y los tiempos de respuesta de pedidos de acceso a la información podrían dar más respuestas en los meses por venir.

Sin embargo, encontró un video institucional, subido por la empresa en julio de 2017, que describe lo siguiente: “Gracias al proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, implementado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, Buenos Aires se suma a las ciudades más desarrolladas del mundo en materia de sistemas de seguridad pública y la Policía Federal se convierte en una de las más avanzadas de Latinoamérica. Pusimos en marcha una red integral de seguridad para que los porteños y los que se encuentran en la ciudad cuenten con tecnologías para su cuidado y protección, mejorando su calidad de vida”. En el video aparecen imágenes de Cristina Fernández de Kirchner saliendo de la Casa Rosada.

En el epígrafe del video, la empresa volcó esta información: “Buenos Aires ciudad segura, proyecto desarrollado por MER GROUP que moderniza sustancialmente los recursos de la policía federal: patrulleros tecnológicos, cámaras on-line, computadora móvil, monitoreo virtual y mucho más. Acercando la ciudad a una Smart City”.

El video describe que se implementaron las siguientes tecnologías: 1200 cámaras de alta definición para patrullaje virtual y control de accesos a la ciudad, cuyas imágenes pueden usarse como prueba judicial; un Centro de Comando y Control y cinco centros regionales de monitoreo; patrulleros tecnológicos equipados con cámaras, computadoras móviles y reconocimiento automático de patentes y 500 kilómetros de red propia de fibra óptica, entre otras.